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Trabajadores pobres, dirigentes ricos

Las imágenes de Emilio “Madonna” Quiroz, empleado del gremio de camioneros y chofer personal del hijo del secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, disparando su pistola el 17 de octubre pasado, durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente 1, pusieron de manifiesto, una vez más, la naturaleza de un modelo de movimiento sindical que debería estar agotado ya hace bastantes lustros. Sin embargo está presente, no exactamente por la legitimidad que obtienen sus dirigentes en las bases, sino por la anuencia de un Estado que está más dispuesto a tolerar las prácticas “mafiosas” que a llevar adelante las reformas legislativas que, en este tema, la República necesita. Un sistema que perjudica a los trabajadores y al país.

El  movimiento obrero argentino tiene pendientes desde hace mucho tiempo dos materias importantes: la democratización interna y el divorcio definitivo entre "unicidad" sindical (una sola central obrera) y un partido político (el justicialismo), una mixtura que atenta contra la defensa real de los trabajadores.

Las consecuencias del actual modelo son, sin duda, un achicamiento de los márgenes de acción de las bases sindicales y un alineamiento del movimiento obrero con las estrategias partidarias del justicialismo. Si bien nunca fue automático, este alineamiento se mostró lo bastante firme como para permitir, por ejemplo durante el gobierno del justicialista Carlos Menem (1989-99), que los trabajadores toleraran la más brutal caída de sus ingresos y condiciones de trabajo del período democrático 2, mientras la mayoría de los dirigentes sindicales se enriquecía.

Burocracia corrupta

Esos "líderes" sindicales llevan más de una década apoltronados en sus puestos y forman una verdadera casta, herencia de la llamada "burocracia sindical" de los años setenta. Botones de muestra: recientemente, Juan Manuel Palacios, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y mano derecha de Moyano desde hace más de una década, fue denunciado por la compra millonaria de un campo en la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires. Otro ladero de Moyano, Jorge Viviani, secretario general de la Federación Nacional de Peones de Taxis, fue denunciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de detectarse que una gran cantidad de pagos a proveedores de la obra social de los taxistas los cobraban, en realidad, personas allegadas a la cúpula del gremio 3. Las acusaciones, que en este caso apuntan contra Moyano, son un tiro por elevación contra el gobierno nacional y también un intento de los llamados "gordos" (los dirigentes ligados al menemismo en la década del '90, como Luis Barrionuevo, del gremio de los gastronómicos, Mariano West Ocampo, del sindicato de Sanidad, y Armando Cavalieri, de Empleados de Comercio, entre otros), por recuperar el poder perdido y obtener una nueva herramienta de presión para mantener y obtener mayores prebendas por parte del Estado.

Los "gordos" habían sido beneficiados por la política menemista. Como bien explica el economista Mario Rapoport 4, el "gobierno de Menem recurrió a la distribución de incentivos para cooptar a los dirigentes. En momentos en que los quebrantos financieros afectaban a algunos sindicatos u obras sociales, puso en manos de dirigentes adictos el manejo de la ANSSAL, organismo recaudador de los fondos de obras sociales. En otros casos, distribuyó posiciones de poder entre dirigentes de gremios de la administración pública, asignándoles apreciables recursos para pagar indemnizaciones, retiros voluntarios (...) En las privatizaciones, incorporó a los dirigentes al proceso de negociación, como fue el caso de los Programas de Propiedad Participada -es decir, la participación que lograron algunos sindicatos en las empresas del Estado privatizadas en los años noventa-  (...) así logró que varios sindicatos desistieran de la confrontación, optaran por la colaboración y, a la vez, aseguraran su supervivencia como organización".

Parte de los beneficios que obtuvieron los sindicalistas por su apoyo al menemismo fue la Ley 24.070, por la cual el Estado argentino se hizo cargo de todas las deudas de los sindicatos y de las obras sociales contraídas en el período 1989-91. En esos años fueron aprobadas la Ley Nacional de Empleos (Nº 24.013) sancionada en 1991, y la Ley de Reforma Laboral (Nº 25.013) -en la práctica una brutal flexibilización laboral- y una serie de decretos posteriores (supresión de la renovación automática de los convenios colectivos de trabajo y la habilitación para que las Pymes negociaran sus convenios con las comisiones internas, lo que debilitaba la posición de los trabajadores, entre otros), que echaron por tierra los beneficios laborales sancionados por el propio peronismo en sus tres gobiernos anteriores.

Esto generó un movimiento obrero pauperizado y flexibilizado y, por otro lado, dirigentes gremiales enriquecidos, los mismos que defeccionaban frente al poder: Jorge Triaca, del sindicato plástico; Naldo Brunelli, de metalúrgicos; Oscar Lascano,  de Luz y Fuerza; Julio Guillán, de telefónicos; Diego Ibáñez y Antonio Cassia, de petroleros; Rodolfo Daer, de alimentación, más los mencionados Barrionuevo y Cavalieri, entre tantos otros.

Una fuente muy cercana al sindicalismo consultada para esta nota, pero que pidió el más estricto anonimato a cambio de información, asegura que "las fortunas de los dirigentes sindicales que sobrevivieron a los años '90 oscila entre los 20 y los 50 millones de dólares. Es lo necesario para poder mantenerse fuerte dentro del movimiento obrero" 5.

Relaciones peligrosas

El maridaje político entre justicialismo y movimiento obrero tiene más de 60 años. Comenzó en 1943, con la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, tras un golpe de Estado de corte nacionalista. El movimiento obrero fue intervenido por el Estado; disuelta la CGT número 2, integrada por socialistas y comunistas, y cooptada la CGT número 1, liderada por las corrientes socialista y "sindicalista". Este acuerdo fue posible gracias a la política implementada desde la Secretaría: una legislación laboral que incluía aumentos salariales, la firma de centenares de convenios colectivos de trabajo, indemnizaciones, aguinaldo, recorte de la jornada laboral, sanción del Estatuto del Peón -regulación de las relaciones entre patrones y trabajadores del campo- entre otras medidas. Pero la norma fundamental sancionada por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fue el decreto 23.852, promulgado en octubre de 1945, que reglamentó el funcionamiento de las Asociaciones Profesionales, hasta la promulgación de la Ley 14.250, de 1953.

El Estado incluyó así a los sindicatos en el ordenamiento legal, a cambio de su renuncia a una orientación clasista. A partir de allí, reguló su organización por rama de industria (un gremio por rama), mediante el otorgamiento de la personería gremial al sindicato que consideraba más representativo. El Estado se inhibió de intervenir las organizaciones obreras, pero les dio vía libre para que actuaran en política.

Pero la llave que garantizaba el control del movimiento obrero era la disposición de otorgar la personería gremial a un sindicato por rama. La existencia de otras organizaciones estaba permitida, pero éstas no obtenían el reconocimiento legal para llevar adelante cualquier negociación ni llevar adelante medidas de fuerza. Estas cláusulas, más la represión a los sindicatos dominados por el comunismo y el socialismo, desplazó a los dirigentes de la izquierda tradicional. El proceso de alineación entre Estado y sindicatos se cristalizó durante la década de gobierno peronista (1945/55), durante la cual -no sin tironeos y conflictos- el gobierno fue "domesticando" a la CGT.

El momento más difícil para el sindicalismo peronista se produjo tras el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955: una severa represión contra el peronismo, intervención de los sindicatos, detenciones masivas y un nuevo régimen de Asociaciones Profesionales, mediante una serie de decretos firmados en 1956, fueron algunas de las medidas adoptadas para disciplinar al movimiento obrero. La nueva normativa prohibía expresamente la participación política de las entidades gremiales, preveía la formación de varias centrales obreras y el establecimiento de distintos sindicatos por rama de actividad, medidas que en la práctica disminuían el poder de negociación de las organizaciones obreras. El mapa quedó entonces dividido entre los "32 Gremios democráticos", alumbrados por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu; las "62 Organizaciones", que nucleaban al peronismo; y el sector de "los 19", una posición intermedia, integrado por una minoría comunista que luego formaría el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical.

Pero en 1958, tras el pacto entre Perón y Arturo Frondizi que posibilitó el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), el nuevo gobierno sancionó una Ley de Asociaciones Profesionales, la Nº 14.455, del 27-8-58, que no sólo reconocía a los sindicatos peronistas, sino que devolvía al movimiento obrero el marco diseñado entre 1943-1955. Los sindicatos peronistas tornaban así a controlar al movimiento obrero.

La década del '60 alumbró un nuevo tipo de gremialismo, que poco a poco fue conocido como la "burocracia sindical", por la falta absoluta de democracia interna (control de las Comisiones Internas y, sobre todo, de las Comisiones Directivas), y por su comportamiento pactista con los empresarios y el Estado. El arquetipo de esta dirigencia, que se reproduce hasta hoy, fue el sector conocido como "el vandorismo" 6, por su comportamiento ante la dictadura iniciada por el general Juan Carlos Onganía (1966/73). La complicidad de la CGT peronista con el golpe de Estado de 1966 fue explícita, a punto que acabó provocando su ruptura en el curso de las luchas antidictatoriales.

Esa complicidad no fue gratuita: los burócratas sindicales arrancaron a la dictadura el decreto ley 18.160, de febrero de 1970, que estableció un aporte del 2% a cargo del empleador y del 1% sobre los salarios de los trabajadores, destinado a las obras sociales, luego reformado. Una multimillonaria masa de fondos pasó así a ser administrada por la dirigencia sindical. Esa suma, según estimaciones extraoficiales, ronda actualmente los 5.000 millones de dólares anuales.

Naturalmente, a medida que el sindicalismo peronista se burocratizaba, la presión de los sectores más conscientes acabó en deserciones y rupturas, como la protagonizada por la CGT de los Argentinos y las experiencias de los sindicatos clasistas y democráticos mediterráneos (como el SITRAC y el SITRAM) que concluyeron en el Cordobazo (pág. 8) y otras grandes asonadas contra la dictadura.

El del tercer gobierno peronista (1973/76) fue el momento de mayor esplendor de la burocracia sindical argentina. Una nueva Ley de Asociaciones Profesionales, la Nº 20.615, de diciembre de 1973 -fuertemente criticada por la oposición, como el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen 7- permitió cerrar el círculo del monopolio peronista sobre las organizaciones gremiales. Entre otras cosas, concedía a las dirigencias sindicales la posibilidad de "unirse a un partido político; que no estuvieran representadas las minorías y además un arma fundamental: la intervención vertical de la CGT a las Federaciones, de éstas a los gremios y de los sindicatos a las comisiones internas. Así, se logró la eliminación de la oposición interna" 8.

Esta legislación, sumada a las prácticas de corte mafioso -como la toma de sindicatos a punta de metralleta- y la posterior represión durante la última dictadura militar (1976-83), segaron definitivamente cualquier intento de democratización del movimiento obrero.

Viejos vicios

Durante la última dictadura militar, uno de los pocos sectores que intentó -aunque tibiamente- un plan de lucha fue el movimiento obrero organizado. Aun intervenido y dividido, en 1979 inició la convocatoria de huelgas generales que desembocaron en la populosa marcha del 30 de marzo de 1982. La CGT-Brasil, liderada por el líder cervecero, Saúl Ubaldini, encabezó esas luchas, mientras el sector "dialoguista" -la CGT-Azopardo, comandada por Jorge Triaca- no rompía relaciones con la dictadura.

Pero con la instauración democrática, en 1983, los viejos vicios del sindicalismo afloraron nuevamente. Apenas llegado al gobierno, Raúl Alfonsín -el primer líder político que derrotó al peronismo en elecciones libres- entendió que no había democracia posible si, entre otras cosas, no se iniciaba un profundo proceso de cambio al interior del movimiento obrero sindicalizado. Para ello, designó al dirigente gráfico Antonio Mucci ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de lograr un reordenamiento sindical. El correspondiente proyecto de ley, conocido como "Ley Mucci", fue un intento honesto y democrático de acabar con la situación. "En una de sus pautas más trascendentes, la propuesta establece la participación de las minorías en los gremios: cualquier fracción que lograra un 25% de los votos tendría representación en la conducción. Fija, además, el voto directo, obligatorio y secreto y, según su artículo 41, no se requerirá, por esa única vez, antigüedad sindical para ser candidato en todas las elecciones previstas, al tiempo que determina la duración máxima del mandato en tres años con una sola posibilidad de reelección inmediata" 9. La "Ley Mucci" no preveía la desestructuración del sindicato único por rama, sino simplemente una mayor y mejor representatividad de las organizaciones, pero fue duramente combatida por las dos CGT peronistas, que encontraron en el proyecto la excusa ideal para volver a unificarse e iniciar un plan de alerta y movilización, obviamente apoyado por el peronismo político. El 14-3-1984, en sesión ordinaria, el Senado rechazó la Ley por la diferencia de dos votos -24 a 22- y días después Mucci se vio obligado a renunciar. La República perdió entonces una excelente oportunidad para democratizar uno de los tantos focos de autoritarismo y corrupción que aún carcomen el sistema institucional argentino. No es ocioso recordar que tras ese episodio la CGT comenzó un plan de hostigamiento al gobierno radical, que incluyó 14 huelgas generales entre 1985 y 1989. Obviamente, esta dureza no se verificó durante el gobierno peronista posterior, durante el cual se produjo la mayor regresión del ingreso y pauperización de los sectores del trabajo y las desnacionalización de la industria.

En 1988 el gobierno radical, vencido, sancionó una Ley de Asociaciones Profesionales (Nº 23.551) que reguló los sindicatos a medida de los dirigentes peronistas.

Necesidad de democracia

La década menemista originó luego una nueva fractura dentro de la CGT, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), y sobre todo de una central sindical, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que actualmente tiene ya 15 años de existencia y no ha conseguido de ningún gobierno, incluyendo al actual, el reconocimiento de su personería gremial. Esta anacrónica, antidemocrática y corrupta estructura legal del movimiento obrero argentino hace que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclame anualmente a Argentina por la apertura de un proceso de democratización.

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron en 2004 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de que la legislación argentina viola los derechos humanos en lo correspondiente a los artículos de libertad sindical 10.

Los argumentos son contundentes: si bien en Argentina se admite la coexistencia de varias asociaciones sindicales con ámbitos de actuación espacial y personal superpuestos, sólo la más representativa puede acceder a la personería gremial y sólo se otorga personería gremial a un sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación de primer grado o unión. Los representantes de las asociaciones sindicales con personería gremial poseen protección especial frente a despidos, suspensiones y/o modificaciones de las condiciones de trabajo. Los representantes de los sindicatos simplemente inscriptos carecen de toda protección legal. Las asociaciones sindicales simplemente inscriptas tienen vedada la representación de los intereses colectivos de sus afiliados cuando existiere en la misma actividad o categoría una asociación sindical con personería gremial. Las asociaciones con personería gremial tienen derecho a que los empleadores actúen como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes, deben tributar los trabajadores a las asociaciones. Los sindicatos simplemente inscriptos no poseen este derecho. Las asociaciones simplemente inscriptas pueden disputar la condición de más representativas a la asociación que posee personería gremial. Para ello, deben demostrar que poseen una cantidad de afiliados "considerablemente superior" durante un período mínimo y continuado de seis meses anteriores a la solicitud. Por eso, la regulación de la actividad sindical en Argentina es indudablemente violatoria de los derechos a asociarse libremente con fines laborales, a la libertad sindical y a la huelga, a un trato igualitario, y a un recurso judicial efectivo.

El documento del CELS asegura que "el estado de desprotección en que se encuentran los representantes de los sindicatos meramente inscriptos constituye una grave violación al derecho a la libertad sindical. En efecto, es irrazonable suponer que una asociación sindical puede subsistir y desarrollar su plan de acción si sus representantes carecen de un mínimo grado de protección frente a posibles represalias de sus empleadores. La Ley 23.551 otorga esta protección únicamente a los representantes de la asociación sindical con personería gremial. En efecto, dispone que estos trabajadores no podrán ser despedidos, suspendidos, ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, y que frente a una violación de esta garantía podrá demandarse judicialmente la reinstalación en el puesto o el restablecimiento de las condiciones de trabajo. (...) Nos encontramos frente a una restricción que implica directamente la negación absoluta de un elemento constitutivo del derecho a la libertad sindical, y no se condice con los propósitos y finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico internacional para la determinación de restricciones a este derecho. (...) En otras palabras, llevando el razonamiento al extremo, la ley 23.551 posibilita que un empleador desarticule un sindicato sin personería gremial a través del despido de todos sus representantes, estableciendo como única sanción la indemnización por despido prevista en el régimen general".

Obviamente, la cuestión no es sencilla. Existen en el país más de 3.000 sindicatos y 85 federaciones. De este conjunto solamente 11 entidades cuentan con más de 100.000 afiliados, y 15 entre 50.000 y 100.000 afiliados. Sin embargo aproximadamente 1.000 entidades tienen entre 100 y 499 afiliados. Como correlato de esta dispersión, 1.792 sindicatos carecen de personería gremial, es decir, son simplemente inscriptos (frente a 1.357 sindicatos que poseen personería). Por ende, la sola razón de pertenecer a estas organizaciones se convierte en un criterio de discriminación -por cierto ilegítimo- ya que sus integrantes no pueden acceder a la protección que la ley otorga, con exclusividad, a las asociaciones dotadas de personería gremial. Además 1.678 expedientes de personería gremial y 93 solicitudes de inscripción en trámite, prueban la necesidad de constituir nuevos colectivos y la obstrucción por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Trabajadores rehenes

Uno de los argumentos más utilizados contra la democratización sindical y la libertad de asociación es que el modelo de sindicato por rama fortalece la posición de los trabajadores respecto de las patronales en una negociación. Este argumento es sólido, ya que una simple comisión interna siempre está en desventaja frente a una empresa con mayor poder. Además, se trata de un principio adquirido y de una bandera defendida por los mismos sindicatos. Sin embargo, la experiencia de los '90 prueba que muchas veces esa centralización y monopolización acaba por convertir a los trabajadores en rehenes de sus dirigentes. En la mayoría de los países europeos hay más de una central sindical y todos, en mayor o menor medida, favorecen la libertad de asociación y la democratización interna.

Por el momento, nada indica que el Estado argentino lleve adelante las reformas que el movimiento obrero necesita para modernizarse y dejar de ser un coto de caza de los aparatos sindicales y de líderes gremiales afectos a las prácticas mafiosas y autoritarias, que constituyen un núcleo duro de autoritarismo dentro de nuestra sociedad. El presidente Néstor Kirchner parece más predispuesto a pactar con los capitostes sindicales que a propiciar un nuevo andamiaje institucional que garantice a los trabajadores la defensa de sus propios intereses. Una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que regule las prácticas internas, que favorezca la democratización interna y esté en congruencia con la modernización que los trabajadores necesitan es una de las grandes deudas pendientes de la democracia argentina.

  1. Las imágenes fueron tomadas por las cámaras del canal Todo Noticias (TN) y luego reproducidas por los principales medios de comunicación argentina.
  2. Durante los primeros cinco años del menemismo, la tasa de desocupación creció del 6% al 16,6%. Además, el 30% más pobre pasó de percibir el 9,6% del ingreso al 8,3%, mientras que el 10% más rico pasó del 35% al 37,3% y la participación de los trabajadores en el ingreso se redujo del 36% al 22%, según los datos suministrados por el INDEC.
  3. Clarín, Buenos Aires, 15-9-06.
  4. Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2000.
  5. Entrevista personal con una fuente especialista en el tema que pidió expresamente que su nombre quedara en el anonimato.
  6. Augusto Timoteo Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, asesinado en junio de 1969. Fue considerado un emblema del participacionismo -anuencia con la dictadura de Onganía- y de la burocracia sindical.
  7. Hipólito Solari Yrigoyen, Defensa del Movimiento Obrero. Debate de la Ley de Asociaciones Profesionales, Ediciones Librería Congreso, Buenos Aires, 1985.
  8. Entrevista con el ex senador H. Solari Yrigoyen.
  9. Santiago Senén González y Fabián Bosoer, La trama gremial 1983-1989, Corregidor, Buenos Aires, 1993.
  10. Denuncia del CELS y la CTA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5-3-04.
Autor/es Hernán Brienza
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 91 - Enero 2007
Páginas:4,5
Temas Ciencias Políticas, Corrupción
Países Argentina