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Clientelismo y Justicia

La recuperación del espacio democrático desde 1983 no ha traído consigo mejoras en la actividad política. Al contrario, se han consolidado las prácticas clientelísticas, el transfuguismo y la hipocresía. La economía crece, pero prosiguen las desigualdades y eso hace sospechar al autor que el deterioro político sería requisito de la continuidad económica neoliberal. No es que no haya normas, sino que no se respetan.

Desde que en Argentina se recuperó el espacio democrático, en 1983, se han ido acentuando las prácticas clientelistas. Antes que los cambios drásticos en la distribución de la renta, antes que la restauración de la soberanía sobre los recursos estructurales de la economía, antes que modificar la tendencia neoliberal al crecimiento con altísima desigualdad, se ha ido imponiendo como desideratum político la mera permanencia en el poder por medio del reparto sistemático de bienes en las instancias electorales. Bienes obviamente adquiridos con los recursos del Estado, esto es con el dinero de los contribuyentes, por medio de una trama compleja y eficiente de caudillos y "punteros". Allí donde hay pobreza y desempleo intensos, marginación y analfabetismo, como en todas las provincias, la técnica clientelista permite, con alguna rara excepción, ganar holgadamente las elecciones. En la Capital Federal, donde los bolsones de pobreza son más reducidos y hay una mayoritaria clase media independiente de la asistencia prebendaria del partido gobernante, sus candidatos no son los primeros ni los segundos a la hora de contar los votos.

Esa trama eficiente de dominación clientelista sobre las mayorías empobrecidas, desempleadas y analfabetas o desalfabetizadas de las provincias está al alcance del gobierno de turno, que la expropia con facilidad al grupo gobernante anterior mediante el uso precisamente de la misma materia prima, el dinero público, mediante una suerte de clientelismo de segundo grado. Allí están los mil y un intendentes, concejales, diputados y senadores y sus interminables legiones nepotistas, sus "ñoquis" inextinguibles, los beneficiarios de sinecuras y canonjías burocráticas y legislativas. Todos ellos con "lealtades" transferibles, puestas al día al mejor postor, rápidamente endosadas al nuevo tenedor ocasional.

Se trata de un mecanismo de extrema plasticidad que otorga a la dirigencia política argentina, actualmente hegemonizada quizá como nunca antes por la la version actual del peronismo, su asombrosa flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones. Sus miembros son como bienes fungibles para, preferentemente en las proximidades electorales, ejercer ante la ciudadanía formas típicas de abuso de poder.

El clientelismo necesita de la pobreza. No osaría llevar adelante políticas para su reducción significativa, porque sería una conducta autodestructiva. No ataca a la pobreza; la mantiene y perpetúa. Es un entretenimiento ilimitado de la pobreza. Requiere la pasividad, la abulia y la inferiorización del indigente, al que años de penuria han quitado energías para reaccionar activa, altiva, productiva o creativamente.

El clientelismo requiere de la existencia de un vasto lumpenproletariado. Como se sabe, este concepto fue introducido por Marx y Engels 1 para referirse al segmento del proletariado que se comporta de un modo improductivo y regresivo; desperdicio o rezago de todas las clases productivas y aliado implícito -porque dependiente- de los sectores dominantes. Transpuesto al presente, es la marginalidad social dependiente para su subsistencia del asistencialismo gubernamental. El clientelismo actual no se limita a usufructuar el lumpenproletariado existente. Es promotor de nuevas capas de lo mismo. El clientelismo es en sí mismo lumpenizador, difunde marginalidad, la acrecienta y aprovecha.

A mediados del siglo XIX, en plena demanda de empleo por el desarrollo industrial capitalista, nadie podía imaginar que los sectores marginales, pobres y sin empleo podían llegar a constituir una parte decisiva de la población electoral. Dicho de otro modo, que el tamaño del "margen" fuera mayor que el "centro" del espacio social, resultado de las politicas neoliberales que en lo sustancial no conviene cambiar.

¿Están cambiando en este punto las cosas en la Argentina de hoy? No cambian los servicios publicos privatizados -algunos subsidiados generosamente-; no cambió la enajenacion de YPF y, ahora, la "Repsol-ización" del petróleo de la plataforma continental a través del artilugio de Enarsa; no cambió el trato privilegiado al FMI; ni la minería expoliadora y contaminante ni, en fin, el menemismo estructural residual que nadie cercano al poder se atreve a cuestionar y menos aun a modificar.

No se discute que la economía crezca. Y a un ritmo importante, entre el 8 y el 9% anual. Sin embargo, la concepción de ese crecimiento es la misma que en la década menemista, puesto que incluye muy centralmente la acentuación de los desniveles entre sectores y consiguientemente una marcada injusticia social. En un notable estudio reciente coordinado por el economista Claudio Lozano 2, se demuestra que el actual proceso no sólo no resuelve sino que expande la desigualdad distributiva. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2005 la participación de los sectores populares en el ingreso, ya por debajo de los mínimos, se había reducido en 1,1 puntos porcentuales en relación a finales de 2004, y si se incorporan los ingresos percibidos por los jubilados esa reducción se agrava.

Es por esto que conviene traer a la memoria una reciente sentencia del Tribunal Electoral 3, que recuerda que "las prácticas clientelares -entre las que se encuentra la denominada ‘compra de votos'- conspiran precisamente contra la expresión de la libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio". También señala que "el concepto general de clientelismo político está acotado en nuestra sociedad a una mera permuta de favores entre jefes partidarios y potenciales electores provenientes en su mayoría de clases bajas y desamparadas. Sin embargo, la lógica del poder que responde a su raíz profunda va más allá de un simple intercambio de mercaderías por votos. El esquema desplegado es mucho más complejo y aquél es, en última instancia, el resultante final de una larga cadena". Recuerda asimismo que "la compra de votos (...) se presenta entonces como la práctica típica del clientelismo político- electoral, pues -aun cuando aquella puede presentarse como fenómeno autónomo- éste constituye su contexto natural". En efecto, la compra de votos ha sido definida como el mecanismo en el que los votantes son "sobornados para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral" 4.

El fallo, dictado por los jueces Rodolfo E. Munné, Alberto Ricardo Dalla Vía y Santiago H. Corcuera, fue resultado de una denuncia por prácticas de adulteración electoral en las elecciones internas de un partido político, que la jueza federal electoral de la Capital había desestimado y que la Cámara Electoral le ordenó continuar investigando.

Las imprescindibles reformas

Pero a pesar de una excelente sentencia de la Cámara Nacional Electoral como la citada, en el estado actual de cosas no se pueden alentar expectativas sobre una corrección judicial del clientelismo. La referida cámara actúa como tribunal de apelaciones respecto de las decisiones de los jueces electorales de primera instancia, quienes, como se sabe, son hijos notorios del poder (Szmukler, pág. 6) y tienden a consolidar la técnica del hecho consumado y del dejar hacer. Por otro lado, el matonismo preelectoral, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, aleja la posibilidad de denuncias oportunas y documentadas de las conductas clientelistas.

Para que pueda funcionar un control judicial del clientelismo, hace falta una reforma drástica de la Justicia Electoral. No es que falten normas, tanto en el derecho comparado como en la legislación local ("Un fallo ejemplificador", pág. 5). Es en el momento de la vigilancia inmediata, de la comprobación oportuna, de la aplicación efectiva y circunstanciada de esas normas (el enforcement de los anglosajones), cuando se produce la gran laguna sobre la que flotan los usos y abusos destructores de la autenticidad electoral.

La reforma implicaría algunos elementos esenciales. Por un lado, la Justicia Electoral. Los jueces con competencia en la materia deben ser designados por medio de un procedimiento que de ningún modo incluya miembros de la clase política. Ni representantes del Ejecutivo, ni de las Cámaras Legislativas, cuyas mayorías son prolongación automática de la voluntad de aquél, debieran integrar el Consejo de la Magistratura en ocasión de tratar esas designaciones.

Por otra parte, es necesario dotar a los jueces de primera instancia de facultades muy precisas y amplias para controlar, sobre el terreno, las etapas preelectorales desde el mismo comienzo. Para lo cual habría que otorgarles el auxilio de una amplia dotación de veedores judiciales competentes, decididos y comprometidos con el bien público, capaces de comprobar y documentar -sin prescindir de los modernos elementos audiovisuales- las infracciones a las normas; las intimidaciones y/o la compra o permuta de votos a cambio de bienes de toda especie. Sería decisivo que una institución prestigiosa como la Federación Argentina de Colegios de Abogados quedara asociada por ley a esta tarea y que ella fuese la que en cada rincón del país asumiera la responsabilidad de proponer a los jueces electorales la designación de esos veedores con amplias facultades para realizar todos los actos probatorios de las conductas de falseamiento electoral. También debe protegerse de represalias a quienes denuncian esas prácticas, mediante los mecanismos procesales que ayudan a la preservación de testigos.

Por supuesto que eso sería insuficiente si no se encarase de una vez la tan postergada -y tan temida por el partido único del poder- reforma política, que debería apuntar a articular mecanismos que hagan a la rectitud cívica, a la decencia ciudadana y a la transparencia de los partidos políticos: de su financiamiento; de su democracia interna; de la confección de sus listas electorales. Sería importante que la reforma avanzase sobre un aspecto decisivo del clientelismo: si la formulación de los presupuestos nacional y provinciales -sobre todo su ejecución- fueran tales que el uso de los dineros públicos para comprar votos o conciencias tendiera a ser muy difícil, muy arriesgado ante severas normas represivas (que incluyesen la nulidad de las elecciones), el clientelismo sería mucho menos frecuentado. Los actuales presupuestos con partidas difusas, de una gran generalidad, o de una dimensión exorbitante (como las que recibe el Servicio de Informaciones del Estado, SIDE), o "reservadas" (es decir sin control ciudadano alguno) y la total falta de control parlamentario sobre la conducta del Poder Ejecutivo en el uso de esas partidas, son fuentes precisas e inagotables del clientelismo, con la consecuencia de que la democracia tiende peligrosamente a perder legitimidad de origen.

  1. Karl Marx, Friedrich Engels, La ideología alemana, Editorial Pueblos Unidos, Montevideo, 1971, y Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2003.
  2. Claudio Lozano, "Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en la Argentina", 18-9-05.
  3. Fallo del 10-11-05 de la Cámara Nacional Electoral en la causa: "Hectór T. Polino y otros por la Lista N º 1 ‘Conducción Socialista' del Partido Socialista distrito Cap.Fed. s/queja" (Expte. N° 4058/05 CNE), Capital Federal, fallo Nº 3605/2005.
  4. Ibid.
Autor/es Salvador María Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 81 - Marzo 2006
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Estado (Política)
Países Argentina