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Recuadros:

Francia, fuera del consenso europeo

De a poco, diversas temáticas fuertemente vinculadas a la cuestión europea, pero no asumidas como tales, irrumpen en el debate electoral francés. Si llevaran su lógica hasta las últimas consecuencias, los candidatos presidenciales que las introducen deberían cuestionar los fundamentos ideológicos de los Tratados existentes. ¿Palabras en el aire o compromisos firmes?

Angela Merkel se muestra empecinada: piensa relanzar el Tratado Constitucional Europeo (TCE) ya ratificado por 18 Estados -entre ellos Bulgaria y Rumania, miembros de la Unión Europea (UE) desde el 1º de enero- pero rechazado por dos países (Francia y Holanda), mientras que otros siete países aún no se pronunciaron. La jefa del gobierno alemán, cuyo país preside la UE durante el primer semestre de 2007, espera lograr antes de fin de junio un acuerdo sobre una "hoja de ruta" que permita adoptar un texto cuyo perfil nadie puede prever: ¿se tratará de la totalidad del texto, de algunas de sus partes o de su sustancia? 1. Por su parte, tomando como nulos y sin valor los resultados de los escrutinios francés y holandés, el Parlamento Europeo no facilita la tarea de los diplomáticos al exigir que se mantenga la totalidad del Tratado, pues "cualquier tentativa dirigida a incitar una aplicación fragmentaria de ciertos elementos del conjunto constitucional puede poner en peligro el compromiso global sobre el que se apoya" 2.

En realidad, la dificultad no viene verdaderamente de los gobiernos actuales, ya que más allá de los relevos registrados en los últimos dos años en tal o cual país, existe una gran estabilidad en su actitud respecto de la UE. La dificultad viene de sus opiniones públicas, pues si se las consulta por referéndum sobre una nueva versión o una versión abreviada de la anterior, pueden votar "no", ya sea por primera vez (Polonia y Reino Unido principalmente) o por segunda vez (Francia y Holanda). El calendario coloca precisamente a Francia en el centro del problema: elecciones presidenciales y legislativas, que producirán una renovación del personal político dirigente en la primavera (boreal) de 2007; presidencia de la UE en el segundo trimestre de 2008. Será en ese túnel de dos años que todo se va a decidir. Ahora bien, en lo que concierne a Francia, las cosas parecen mal encaminadas para los partidarios de un TCE bis, el que -como los precedentes Tratados europeos- debe ser adoptado por unanimidad de los Estados miembros.

Los dos candidatos a la presidencia francesa más destacados por los medios, Ségolène Royal (Partido Socialista, PS) y Nicolas Sarkozy (Unión para un Movimiento Popular, UMP), no sólo no tranquilizan a sus interlocutores sobre el alcance y el modo de ratificación de un eventual futuro Tratado, sino que en sus declaraciones públicas cuestionan -sin decirlo explícitamente- el espíritu del mismo. Sarkozy se manifestó en favor de una versión minimalista del texto, limitado a las disposiciones institucionales, es decir, a una fracción de la primera parte del TCE, que posee cuatro. En cuanto a la señora Royal, al igual que el PS, se comprometió a organizar una nueva consulta popular, lo que implica la posibilidad de un nuevo "29 de mayo".

Pero eso no es lo más importante: en su campaña, ambos candidatos -y no son los únicos- están haciendo suyos los principales argumentos de los partidarios del "no", y justificando así ese voto a posteriori, mientras que anteriormente se habían pronunciado con entusiasmo por el "sí". El 7 de diciembre pasado, durante el Congreso del Partido Socialista Europeo, desarrollado en la ciudad portuguesa de Oporto, Ségolène Royal cuestionó enérgicamente la independencia del Banco Central Europeo (BCE) -núcleo duro del tratado de Maastricht de 1992, retomado por el TCE- al declarar respecto de su presidente: "No es el señor Trichet quien debe decidir el futuro de nuestras economías, sino los dirigentes designados por el pueblo".

A la espera de la traición

Sarkozy, por su parte, reclamó "que se vuelvan a discutir el estatuto y los objetivos del BCE". El 14 de noviembre, para no dejarse aventajar por Sarkozy, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, criticó enérgicamente la alta cotización del euro, defendida por Trichet, y pidió una "clarificación del papel del BCE y de los dirigentes políticos de la zona del euro". Se trata de cartuchos de dinamita lanzados contra Bruselas, Francfort (sede del BCE) y la casi totalidad de los otros gobiernos de los veintisiete miembros de la UE, en primer lugar contra el más ortodoxo de ellos sobre el tema, el de Berlín.

Y eso no es todo: ocurre que los dos principales candidatos ahora cuestionan el principio cardinal de los Tratados europeos y, en general, de las instituciones multilaterales, desde la Organización Mundial del Comercio (OMC), hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): el libre cambio. Ségolène Royal utiliza expresiones muy duras para criticar las deslocalizaciones de empresas, mientras que Sarkozy, mirando con compasión "esa Francia que sufre", declaró el 18 de diciembre en la ciudad francesa de Charleville Mézières, que "La religión del libre cambio absoluto es una renuncia. El libre cambio no puede ser un dogma". ¿Será necesario recordarle que es una de las cuatro "libertades fundamentales" de la UE?

Dominique de Villepin subió la apuesta al invitar el 14 de diciembre al demógrafo Emmanuel Todd a dirigir la palabra a los sindicatos y la patronal, reunidos con motivo de una conferencia sobre el empleo y los ingresos, para decirles que el libre cambio era "el cerrojo intelectual de la sociedad francesa" y para alabar los méritos de un "proteccionismo europeo razonable". Por su parte, Hakim El Karoui, un consejero del ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin, dedicó un libro y un espacio en la prensa 3, ¡a elogiar el proteccionismo! Y la campaña presidencial recién comienza...

El "cerrojo intelectual" que evoca Todd parece efectivamente haber cedido dentro de la dirigencia política francesa, y eso es lo que preocupa a Bruselas, pero también a todas las figuras eminentes entre los economistas franceses. Tal es el caso de Elie Cohen: "Lo que está en cuestión es la misma creencia en la división del trabajo y el libre cambio (...) Las tesis económicas de esos dos candidatos -Royal y Sarkozy- particularmente sobre el euro, la mundialización, la armonización fiscal y social, no coinciden con el consenso europeo" 4.

Cohen, como la mayoría de los observadores, tiene sin embargo excelentes razones para esperanzarse: "Las declaraciones de campaña comprometen poco y son indicios débiles de la política de gestión o de reforma que realmente se aplican una vez conquistado el poder. De la misma forma, la astucia, el disimulo, la adaptación del discurso según el público, son parte de las reglas del oficio". Y concluye afirmando que "si la distancia entre los programas y las políticas a aplicar luego de llegar al poder es máxima, entonces hay muchas posibilidades de que la alternativa, como ocurrió luego de 1981, 1986 y 1995, sea traicionar los compromisos asumidos o caer en el inmovilismo" 5. Buen demócrata, pero aun mejor enemigo del inmovilismo, y sobre todo europeo convencido, Cohen desea evidentemente la traición de las promesas electorales. ¿Pero qué piensan los candidatos y, aun más grave, qué pensarían, en esa hipótesis, los ciudadanos que hubieran creído en los méritos de la "ruptura tranquila" (Sarkozy), de la necesidad de "cambiar en serio" (Royal) y en las virtudes de los "foros participativos"?

El fundamentalismo mercantil

El tema europeo, hasta ahora sólo abordado tangencialmente en la campaña, y relegado a un lugar lejano en los programas de los partidos de gobierno (recién aparece en la página 23 de las 26 que cuenta El Proyecto Socialista para Francia. Lograr juntos el cambio, adoptado por el PS el 8-6-06), aparece efectivamente como el que domina todos los otros, en la medida en que permite o no márgenes de maniobra para la aplicación de las políticas nacionales, que -todavía- son objeto de elecciones. Por lo tanto, estamos en condiciones de exigir a quienes aspiran obtener los sufragios de los ciudadanos, que previamente a cualquier toma de posición, expliquen cómo van a manejar la "limitación" que implican los Tratados europeos actuales o futuros.

En lo que concierne a la política cambiaria del BCE (un euro fuerte respecto de las otras monedas, es decir, del dólar) las modestas posibilidades que dejan los textos en vigor no son siquiera utilizadas. El artículo 109 del Tratado de Maastricht, que es retomado por el artículo III 326 del TCE, precisa que "el Consejo (...) puede formular las orientaciones generales de política cambiaria respecto de esas monedas". Aún estamos esperando esas orientaciones de los gobiernos... Pero modificar los estatutos y la misión del BCE, exigir una armonización fiscal y social europea, dar marcha atrás en las disposiciones ultra-libre-cambistas del TCE para frenar la ola de deslocalizaciones que se desencadena casi a diario, es una cuestión totalmente diferente: ni más ni menos que la negociación de un nuevo Tratado en total ruptura con ese otro, cuya sustancia quiere salvaguardar a cualquier precio la presidencia alemana de la UE.

No existe estrictamente ninguna posibilidad de que tal proyecto obtenga, en frío, el acuerdo de cualquier otro gobierno. Incluso si Martin Schulz, presidente del grupo socialista en el Parlamento Europeo, y cuyo partido, el SPD, participa de la coalición en el poder en Berlín, llegó a declarar que el mercado único europeo está socavando "lo que el movimiento obrero logró en 140 años de lucha" 6. Si los candidatos de las próximas elecciones son serios deben decir a los ciudadanos cómo responderán a esa negativa anunciada. Pues -sino para elaborar un nuevo Tratado, al menos para impedir que los logros de "140 años de lucha" no sean totalmente desmantelados, y para que se abra una saludable crisis europea que permita volver a discutir desde cero todos los temas- disponen de un instrumento jurídico olvidado, pero nunca declarado caduco: el "compromiso de Luxemburgo"

A la sola mención de ese episodio histórico, todos los "europeístas" van a indignarse. No obstante, sigamos adelante. Se trata de la "política de la silla vacía" decidida por el general Charles de Gaulle para exigir que la Política Agrícola Común (PAC) dispusiera de un financiamiento apropiado, pero sobre todo basado en la contribución de los Estados, lo que no era aceptado por el presidente de la Comisión de entonces, Walter Hallstein.

Como la PAC dependía del procedimiento de voto por mayoría calificada, la posición de Francia estaba derrotada de antemano. Así fue que desde junio de 1965 hasta enero de 1966 suspendió su participación, tanto de ministros como de funcionarios, en todas las reuniones comunitarias. De Gaulle logró finalmente lo que deseaba, el "compromiso de Luxemburgo" del 30 de enero de 1966, donde se especificaba que, cuando los intereses "muy importantes" de un Estado están en juego en un sector en que existe el voto por mayoría, la discusión debe continuar para, "en un plazo razonable", llegar a una posición unánime. En otras palabras, restablecer la regla de la unanimidad allí donde la misma no estaba prevista.

¿Quién duda de que los intereses de la democracia representativa son "muy importantes"? Por otra parte, resulta que todas las medidas de liberalización del mercado interno, las que tienen un mayor impacto negativo sobre los ciudadanos, dependen del voto por mayoría calificada. Si un gobierno francés esgrimiera el "compromiso de Luxemburgo" para frenarlas, seguramente se ganaría el odio de todos los bien pensantes, pero también el respeto de los electores. Y crearía una nueva relación de fuerzas, no sólo en Francia, sino en el resto de Europa, donde decenas de millones de ciudadanos esperan otra cosa de la UE que su actual fundamentalismo mercantil.

  1. Entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Franck Walter Steinmeier, Le Monde, París, 21-12-06.
  2. Resolución del 13-12-06.
  3. Hakim El Karoui, L'Avenir d'une exception, Flammarion, París, 2006, Le Monde, 13-12- 06.
  4. Le Nouvel Economiste, suplemento "Le programme commun de la France" , París, 14-12-06.
  5. Ibid.
  6. Le Monde, París, 11-12-06.

Fuga hacia adelante

Cassen, Bernard

Desde el 1º de enero de 2007 la Unión Europea (UE) cuenta con veintisiete Estados miembros. El ingreso de Bulgaria y Rumania completa la ampliación de mayo de 2004, cuando diez países –dos insulares (Chipre y Malta) y ocho europeos y ex comunistas del Este (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa)– se habían sumado a los quince miembros de entonces.
A pesar de que las consecuencias económicas, sociales y geopolíticas del ingreso en la UE de doce nuevos Estados son considerables, prácticamente no fueron objeto de ningún debate público serio en la “Vieja Europa”. El hecho no despertó ninguna pasión, ni a favor ni en contra, mientras que la eventualidad del ingreso de Turquía –¡en 2020!– se convirtió en terreno de enfrentamientos tanto en el seno de las opiniones públicas nacionales como entre los gobiernos.
Para los europeos del Oeste todo ocurrió como si, antes de ocuparse de las cosas serias, se tratara –sin mirar mucho los detalles– de pagar lo antes posible una vieja deuda histórica, quince años después de la caída del muro de Berlín. Esa actitud, que llega casi a la indiferencia, salvo para denunciar las mayores posibilidades de dumping social, fiscal y ecológico dentro de la UE, es particularmente flagrante en el caso de los dos últimos países que ingresaron: Bulgaria y Rumania.

Déficit estratégico.El informe del Tribunal de Cuentas de la UE 1 publicado el 26-7-06 sobre la ejecución del programa comunitario Faro 2 en esos dos países, estima que “los bienes no fueron afectados al uso al que estaban siendo destinados” y ello principalmente a causa “de un déficit constante de las capacidades administrativas, pero también de los recursos nacionales”. En otras palabras, eso significa que ni Bulgaria ni Rumania, a falta de capacidades administrativas adecuadas, están aún listas a integrar en su legislación nacional las cerca de 80.000 páginas de los “logros comunitarios”: Tratados, decisiones de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, directivas, reglamentos, decisiones.
Sin embargo, por temor de pasar por un “mal” europeo, ningún gobierno de los veinticinco se atrevió a poner en tela de juicio el ingreso de esos dos países en enero de 2007. Eso no tiene nada de sorprendente, pues el Consejo se había ocupado en lugar de la Comisión de la gestión no sólo técnica sino también política de ambas carpetas de adhesión. Por falta de visión estratégica (Thibaud, pág. 26), una nueva fuga hacia adelante sobre un tema, sin embargo, muy delicado.

  1. Paul Verluise, “Le programme Phare en Bulgarie et en Roumanie. Que dit la Cour des comptes ?” , informe “Bulgarie, Roumanie : enjeux d'une nouvelle adhesión” , http://www.regard-est.com/home/
  2. Para el período 2000-2004, el presupuesto de ese programa fue de 511 millones de euros para Bulgaria y de 1.400 millones para Rumania.


Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 91 - Enero 2007
Páginas:29,30
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Ciencias Políticas, Unión Europea
Países Francia