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Recuadros:

Hacia un máximo de Estado de derecho

El pasado 12 de julio, el ministro de Justicia argentino, Alberto Iribarne, anunció la postergación del envío al Congreso para su debate del Proyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal, elaborado a partir de diciembre de 2004 por una Comisión de diez expertos coordinados por el secretario de Política Criminal Alejandro Slokar y sometido a consulta pública hasta el 15 de agosto. Lo que está en juego es una idea de lo penal inscripta en una concepción del orden social y de las competencias del Estado.

No hay objeciones a la idea de la necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal acorde a los tiempos. El vigente data del año 1921, y en el curso de 85 años se le han hecho cientos de modificaciones asistemáticas que resultan en un conjunto incongruente. Más difícil es consensuar en qué sentido ha de innovarse.

El proyecto de reforma dado a conocer el 18 de mayo pasado por el Ministerio de Justicia navega contra la corriente global de "tolerancia cero" y el avance del Estado de policía, cuyo modelo es la administración neo-conservadora de Estados Unidos. Sustituye el código vigente, de inspiración napoleónica, que pivotea sobre los valores de propiedad y libertad, por un código diseñado a partir de la protección de los derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales), según sintetiza David Baigún, uno de los miembros de la Comisión que lo elaboró 1. A diferencia del criterio represivo, que ve en las penas la solución para los delitos y les otorga un carácter preventivo y disuasor, este proyecto se funda en la noción de que los efectos preventivos, así como la protección de las potenciales víctimas, son resorte de políticas de seguridad ciudadana implementadas por un Estado social. "Está probado que el impacto de una reforma penal en la seguridad es relativo", dice Daniel Erbetta, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y miembro de la Comisión. "Si fuera por las reformas penales que se han hecho, deberíamos estar muy seguros." La política criminal es "parte de la política social, (...) su planificación no puede prescindir de las medidas económico-sociales destinadas a reducir el fenómeno de la criminalidad..."; la seguridad no se reduce a que la población esté a resguardo de comportamientos delictivos violentos, sino que consiste en "efectivización de los derechos individuales y sociales... derechos políticos, a la salud, al trabajo, a la educación, a una jubilación justa...", según los Fundamentos del Proyecto de Reforma.

Los crímenes del poder

El proyecto implica una concepción del recurso penal como última instancia, cuya función es minimizar la dimensión policial del Estado y lograr que la ejerza con la mayor racionalidad posible, propiciando así el máximo de Estado de derecho 2. Así es como en el proyecto en discusión, el Libro Segundo de los Delitos está encabezado por Delitos contra la Humanidad. Incorpora también delitos económicos (tributarios, cambiarios, aduaneros, de desabastecimiento, contra la competencia) y delitos contra el medio ambiente. La responsabilidad penal de personas jurídicas allana el camino para perseguir la corrupción. En grandes líneas, el proyecto se orienta a perseguir los crímenes del poder y contribuir a la vigencia efectiva de las libertades y derechos individuales. A la eliminación de la prisión perpetua, la consiguiente reducción de las penas, el cuidado por su proporcionalidad (un secuestro extorsivo está más penado en el código actual que un homicidio), la promoción de penas alternativas a la cárcel, subyace el propósito de que las penas sean efectivas, además de la convicción del fracaso del sistema carcelario como método de rehabilitación. De ahí la ampliación de las zonas de instancia y acción privada, la revalorización del papel de la víctima (a quien se da intervención y protagonismo), la despenalización de conductas individuales que competen a la autonomía personal (consumo de drogas, recurso al aborto) y el reconocimiento del "homicidio piadoso".

Los promotores del Estado penal, los que habían logrado la aprobación de las "leyes Blumberg" por el Congreso de la Nación en abril de 2004 3, oponen una resistencia feroz al proyecto. Lo que terminó de sacarlos de quicio fue la exclusión de los menores de 18 años del proyecto de reforma: en efecto, el proyecto establece que una ley especial contemplará el régimen para menores en conflicto con la ley, cuando uno de los objetivos del criterio represivo es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 y aun a los 12 años. Nadie podría llamar coincidencia al furor mediático de los últimos meses, que no deja de magnificar crímenes y episodios violentos, difunde artículos del proyecto aislados de su contexto, interpreta la postergación como una admisión de que el proyecto era inaceptable y lo da por muerto. "Este país tiene mucha dinámica. Los muertos de ayer resucitan rápido", se ríe Erbetta, para quien era quimérico enviar el texto del proyecto de ley al Congreso en el plazo previsto. "Es imposible un cambio tan profundo y radical en un tiempo tan corto", insiste. "Lo que se eleve al Congreso tal vez no sea este proyecto. Pero será el punto de referencia obligado de toda futura reforma", anticipa.

En cuanto a la receptividad de esa campaña de la derecha securitaria por parte de sectores de la opinión pública, Erbetta admite que "en el ámbito de lo social la percepción de los problemas se convierte en parte del problema. Lo que se toma por real tiene consecuencias reales. Sobre la seguridad hay percepciones falsas pero muy fuertes. La primera de ellas es que la seguridad se resuelve aumentando las penas...". La comunicación a la sociedad de una concepción de seguridad no mágica y ajustada a la información es para Erbetta una de las funciones y ventajas de la discusión pública en torno del proyecto de reforma: "Es importante que la discusión pública instale la posibilidad de un debate serio que tiene que ver con la reforma pero también con una demanda social legítima de seguridad", concluye.

  1. Conferencia del profesor David Baigún en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el 12-7-06.
  2. Cfr. Eugenio R. Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 2006.
  3. Rubén Alderete Lobo, "Presos por las dudas", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2006.

Una perspectiva ausente

Vassallo, Marta

Entre las organizaciones que se ocuparon de evaluar el proyecto y acercar sus propuestas, se contaron algunas de carácter feminista que, acordes en general con los principios del documento en discusión, señalaron sin embargo su disconformidad con la ausencia de perspectiva de género.
Principios progresivos como el de oportunidad, que concede al fiscal la posibilidad de desistir de la acción cuando ella sea juzgada “insignificante”, precisan atención a sus efectos en la realidad según el género: el sentido común judicial bien podría hacer entrar en la categoría de “insignificante”, por ejemplo, episodios de violencia conyugal, apunta la diputada Marcela Rodríguez, integrante del Grupo Justicia y Género en el CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas).  
Las organizaciones feministas aprecian en el proyecto la reincorporación de la figura de infanticidio, la ampliación de los casos de despenalización del aborto, incluido el que se realiza en el primer trimestre de gestación, pero con la condición de que se elimine lo de “siempre que las circunstancias lo hicieran excusable”, que en realidad devuelve la decisión a los jueces y la sustrae a la mujer. También consideran que el artículo sobre daños al feto debería integrarse entre los artículos sobre mala praxis médica.
Coinciden en el rechazo de la formulación de los artículos 154 y 155 (Título V, Delitos contra la integridad y la libertad sexual), donde el concepto de violación ha desaparecido, sustituido por la noción de “relación sexual contra la voluntad”, reducida a la penetración vaginal o anal, mientras la violación oral, incorporada en la reforma de 1999 1, pasa a revistar entre “abusos sexuales”, un delito de menor categoría.
El proyecto conserva, en cambio, de la reforma de 1999 la posibilidad de “avenimiento” en casos de víctimas de violación mayores de 16 años, “en consideración a la especial y comprobada relación afectiva precedente”, esto es, cuando el responsable de la violación es familiar, allegado, marido o novio de la denunciante, las violaciones más frecuentes y menos denunciadas. Se trata más de una rémora del matrimonio como solución a la violación en tanto delito contra el honor de los códigos tradicionales que de una aplicación  del principio de revalorización del papel de la víctima.
Brilla por su ausencia en el proyecto una definición del delito de proxenetismo, o explotación de la prostitución ajena, considerado tal sólo en caso de que las víctimas sean menores de 18 años o actúen bajo coacción, siguiendo la tendencia mundial al enmascaramiento de este delito tras un supuesto derecho de la víctima a decidir su propia esclavitud; la existencia del delito se hace depender de la edad de la víctima o de su consentimiento, cuando “un principio elemental de derechos humanos es que nadie puede consentir su propia explotación”, apunta la abogada Marta Fontenla, de ATEM 25 de noviembre y Red no a la trata.

  1. Silvia Chejter, “Del honor masculino a la integridad sexual”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 1999.


Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 86 - Agosto 2006
Páginas:12
Temas Ciencias Políticas
Países Argentina