Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Pan para hoy, hambre para mañana

El actual gobierno heredó el grave problema energético generado por las irresponsables y corruptas privatizaciones y desregulaciones de la década de los ‘90 (agravado ahora por el crecimiento económico), pero recién este año asumió la crisis y dispuso algunas medidas importantes. Sin embargo, no hay señales de un cambio de orientación estratégico en la política energética, que apunte a reducir los excesivos privilegios de las compañías privadas, a controlar efectivamente su actividad y obligarlas a cumplir con sus obligaciones de inversión, además de regular las exportaciones en función del interés nacional y permitir al Estado apropiarse de la renta petrolera que le corresponde.

En el contexto del Consenso de Washington, las reformas estructurales iniciadas en Argentina a mediados de los '70 se profundizaron con la sanción de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado de 1989, que en el sector energético se materializó en una serie de decretos y leyes nacionales inmediatamente posteriores, dando lugar a programas de privatización y desregulación económica, con el objeto de transferir las funciones básicas del Estado en materia de gestión, planificación, control y regulación de la cadena energética al capital privado. Por consiguiente, el mercado ampliado de la energía se desenvolvió -y se desenvuelve- de forma anárquica:

  • Los activos estratégicos y económicamente viables del Estado enajenados por la administración Menem (1989/99) fueron dilapidados y/o transferidos al exterior por la gestión privada, al igual que los técnicos altamente calificados.
  • Un puñado de empresas privadas integró vertical y horizontalmente los segmentos de la producción de petróleo, gas y electricidad, participando en cada uno de los eslabones de las cadenas productivas (desde la extracción de la materia prima hasta la comercialización mayorista/minorista y el consumo industrial del producto final), conformando así un mercado extremadamente imperfecto y violando los marcos regulatorios creados durante las reformas estructurales.
  • Los aumentos sistemáticos de combustibles y tarifas de servicios públicos de la energía aplicados en los años '90 violaron el Régimen de Convertibilidad (Ley Nº 23.928, de 1991) y los marcos regulatorios de los segmentos gas (Ley Nº 24.076, de 1992) y electricidad (Ley Nº 24.065, de 1992). Mientras tanto, los correspondientes al período 2002/06 son violatorios de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (de 2002). O sea que la seguridad jurídica de los ciudadanos argentinos ha sido violada con impunidad.
  • La expansión de la red troncal de gasoductos y de las líneas de energía eléctrica de alta, media y baja tensión que abastecen al mercado interno nunca tuvo lugar (en violación de los marcos regulatorios), pese a la captación de rentas extraordinarias (transferidas al exterior). En el caso del gas natural, una parte de esas rentas extraordinaras se destinó a la construcción de gasoductos de exportación (en violación de la Ley de Hidrocarburos y del Marco Regulatorio del Gas, por encontrarse insatisfecho el mercado interno).
  • Los permisos de exploración y concesiones de explotación hidrocarburífera adjudicados con la entrega de las áreas centrales y marginales de las cinco cuencas productivas del país violaron escandalosamente la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos (de 1967). Por ejemplo, el art. 34 señala que una compañía petrolera puede ser titular de hasta 5 concesiones de explotación: Repsol YPF es titular de 86, según la Secretaría de Energía de la Nación (SEN). Cabe destacar el caso de la prórroga correspondiente al yacimiento gasífero Loma de la Lata, en Neuquén, violatoria del artículo 35 de la mencionada legislación, que involucra al ex presidente Fernando De la Rua, al gobernador neuquino Jorge Sobisch y al ex presidente de Repsol YPF S.A., Alfonso Cortina.

Argentina es un país hidrocarburo-dependiente, ya que el petróleo y el gas natural satisfacen el 90,3% de las necesidades energéticas del aparato productivo nacional (Cuadro 1). En base a datos de la SEN, el remanente de reservas comprobadas de petróleo y gas natural registrado al 31/12/05 es de apenas 8,1 y 8,6 años respectivamente, al nivel de extracción de 2005 (Cuadro 2).

Por otra parte, la capacidad instalada de refinación de petróleo crudo se encuentra en la actualidad al borde de la satisfacción de las necesidades de abastecimiento del mercado interno (94%) y no se perciben indicios concretos de que las compañías petroleras planeen construir nuevas refinerías. Por lo tanto, de acuerdo a proyecciones que hemos elaborado en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (IDICSO-USAL), se observa que el país no sólo será un importador neto de petróleo crudo a partir del año 2009, sino también de productos derivados (combustibles líquidos) a partir del año 2011.

Esto es el resultado de la política de explotación irracional (o sobreexplotación) que se practica en el país desde el inicio de las reformas estructurales en el sector hidrocarburífero, y de manera sostenible desde la privatización de YPF: la ecuación de la explotación privada fue y sigue siendo extraer de manera predatoria todo el volumen posible de los pozos descubiertos por la petrolera estatal y no realizar los esfuerzos exploratorios pertinentes para compensar el nivel de reservas a fin de mantener horizontes de vida que aseguren el abastecimiento energético en el largo plazo 1.

Descenso de la exploración

Un dato que explica la drástica caída del horizonte de vida de las reservas de petróleo y gas natural a partir de la privatización de YPF es el concerniente a las bajas inversiones de capital de riesgo en exploración realizadas por las compañías petroleras extractoras que, si bien tuvieron cierto protagonismo durante el período 1993-1996 2, como se puede observar en el Gráfico 1, desde 1997 vienen disminuyendo drásticamente.

En base a datos de la SEN, durante el período 1980-1989 se registró un promedio anual de 117 pozos exploratorios; durante el período 1990-1999 el promedio descendió a 94 pozos (casi un 20% inferior al decenio anterior) y en el quinquenio 2000-2004 fue de apenas 23 pozos anuales (un 76% inferior al registrado durante los años '90 y un 80% inferior al de los años '80).

La baja inversión en exploración registrada en el quinquenio 2000-2004 es imposible de explicar desde la óptica empresarial si se comparan los precios del barril de crudo en este período con respecto al de los '90. Sobre fines de esa década, cuando el barril de crudo había descendido por debajo de los 11 dólares (en 1998), el argumento de las compañías petroleras era que los esfuerzos exploratorios serían significativos una vez que el barril superase la barrera de los 25 o 30 dólares (entre los lobbystas nunca se ponen de acuerdo sobre este punto).

En el primer trimestre de 2002 -devaluación mediante- la administración Duhalde pactó con las compañías petroleras un precio para el barril de crudo en el mercado interno de US$ 28,5; éste se alineaba con el precio internacional de referencia de Argentina, el WTI (West Texas Intermediate) 3. Sin embargo, al año siguiente se realizaron apenas 19 pozos exploratorios, cantidad similar a la de 2002; en 2004, con un precio internacional promedio del barril de crudo por encima de los 41,4 dólares (WTI) y con un precio para el mercado interno de 34,5 dólares, apenas se realizaron, según la SEN, 25 pozos exploratorios: 16 de petróleo y 9 de gas natural. Es en el año 2005, las compañías realizaron un esfuerzo mayor al promedio anual de los últimos años, pero muy inferior al de decenios pasados, considerando que el precio internacional promedio del barril de petróleo (referencia WTI) fue de 56,6 dólares y el del mercado interno, de 45,2 dólares: apenas 53 pozos de exploración; 43 de petróleo y 10 de gas natural, según la SEN.

Aumento de la renta

Repsol YPF ostenta un liderazgo indiscutible en el control de las reservas y en la extracción. Gracias a la concentración económica de reservas de hidrocarburos; al precio promedio internacional del barril de petróleo durante el ejercicio 2004 (superior a los 41 dólares), y al costo total de producción -apenas 6,1 dólares el barril-, los resultados operativos acumulados ese año por Repsol YPF fueron de 2.638 millones de euros (unos 3.298 millones de dólares), de los cuales el 64% provinieron de Argentina 4. Pero se observa que las inversiones resultantes de tales ganancias extraordinarias realizadas en el país se orientaron al desarrollo de pozos existentes (que habían sido descubiertos por la petrolera estatal argentina), ya que las inversiones de capital de riesgo fueron casi nulas: apenas 6 pozos de exploración (1 de gas natural y 5 de petróleo), mientras que los pozos de hidrocarburos en desarrollo totalizaron 308 (284 de petróleo y 24 de gas natural) y los de avanzada, 65 (2 de gas natural y 63 de petróleo). En 2005, con un precio promedio del barril de petróleo (referencia WTI) de 56,6 dólares, Repsol YPF realizó sólo 14 pozos de exploración (2 de gas natural y 12 de petróleo).

Los datos geológicos, en base a estudios sísmicos realizados por el Estado nacional durante las décadas del '60, '70 y '80, indican que prácticamente no hay nuevos reservorios hidrocarburíferos de importancia por descubrir. Ésta es una información de origen estatal que también aprovechan las compañías privadas, que no tienen en cuenta en sus planes de negocios los pequeños yacimientos que sí ofrecen buenas perspectivas. Pero los importantes esfuerzos exploratorios que requieren quedarán en stand by hasta tanto el Estado no realice las inversiones de capital de riesgo pertinentes.

¿Cuál es la renta por barril que obtienen las compañías extractoras de petróleo en Argentina? En el Cuadro 3 se presenta la renta petrolera (sólo la de extracción, excluyendo las etapas de refinación y comercialización) generada por las compañías extractoras durante el período 1999-2005 5.

Según la SEN, en 2004 Argentina tuvo un nivel de extracción petrolera equivalente a 254 millones de barriles (40,4 millones de m3), un 18% menos que en 1998 (pico de extracción). La suba del precio del petróleo ha más que compensado esa declinación, considerando que la devaluación de la moneda en el año 2002 redujo drásticamente los costos de exploración, desarrollo y extracción a un estimado total de 6,1 dólares por barril. Así, la renta petrolera se incrementó significativamente, alcanzando los 7.214 millones de dólares en 2004. En 2005, el nivel de extracción disminuyó a 243 millones de barriles (38,5 millones de m3), casi un 5% inferior al año anterior. Los costos operativos se mantuvieron, pero el precio del barril comercializado en el mercado interno se incrementó drásticamente, obteniéndose una renta petrolera de casi 8.800 millones de dólares (Cuadro 3).

Al borde del abismo

El Estado obtiene parte de las ganancias de la industria petrolera mediante regalías, impuestos a las ganancias y retenciones a la exportación. Las provincias "productoras" reciben regalías en concepto de explotación hidrocarburífera, que en la actualidad representan un 12% del valor en boca de pozo, en dólares.

El Estado recauda impuestos sobre las ganancias (35%) y sobre las exportaciones (entre un 25% y un 45%, dependiendo del precio internacional, aunque las retenciones efectivas corresponden al 31%). Los ingresos totales del Estado se han incrementado considerablemente en términos absolutos en estos últimos años, debido a la expansión de la renta total y a la introducción de impuestos a las exportaciones. Entre 2002 y 2004 se exportó en promedio el 30,5% de la extracción. En 2005 las exportaciones de crudo representaron el 22,6% del total de extracción.

Según un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 6, la participación del Estado en la renta petrolera decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004 y 2005, mientras el resto fue acumulado por las empresas privadas. Al momento de la privatización total de YPF en 1999, el Estado participaba con casi el 42% de la renta petrolera.

Los precios internos fueron similares a los precios de exportación, por lo que los consumidores domésticos no se beneficiaron de esta renta. A modo comparativo, mientras que en Argentina el Estado participa con el 36% de la renta petrolera, en Ecuador y en Venezuela la participación del Estado fue de casi un 67%. Ello no sólo se debe al bajo porcentaje de las regalías (12% cuando deberían ser del 50% para las provincias y 25% para el Estado nacional), sino a la inexistencia de una petrolera estatal.

Con respecto a las exportaciones de hidrocarburos, según la SEN, en 2005 se reportaron alrededor de 5.695 millones de dólares FOB, de los cuales 2.145 millones correspondieron a petróleo crudo; 3.117 millones a productos derivados y 433 millones a gas natural. Cabe destacar que las compañías petroleras exportadoras gozan de un 70% de libre disponibilidad de las divisas. Es evidente, pues, que el país no se ha visto beneficiado para nada, pero se ha acelerado el agotamiento de las reservas de estos recursos estratégicos.

En suma, la alta dependencia hidrocarburífera, la nula inversión de capital de riesgo en exploración, la sobreexplotación de los yacimientos de hidrocarburos, el escaso desarrollo de fuentes alternativas de energía y las exportaciones violatorias (de hidrocarburos y productos derivados), así como el divorcio del Estado de sus funciones básicas, han dejado al país al borde del abismo energético. Para el año 2013, la importación neta de petróleo crudo impactará negativamente en el país. En las condiciones actuales (sin contar los planes de desarrollo energético anunciados por el gobierno) y suponiendo un precio internacional del barril en 60 dólares (algunas previsiones lo ubican por encima de 100 para esas fechas), la factura anual a abonar será de casi 10.000 millones de dólares.

Es responsabilidad de la actual administración pública recuperar el control del subsuelo por la vía legal para captar su renta y desarrollar, a través de ésta, fuentes de energía primaria alternativas a los hidrocarburos (nuclear, hidroenergía y eólica) y combustibles alternativos a los derivados del crudo (biocombustibles, hidrógeno, etc.). En caso contrario, no habrá posibilidad de lograr un desarrollo económico autónomo por medio de un proceso de reindustrialización y avance científico-técnico. Quedarán hipotecadas las oportunidades de participar de la integración regional sudamericana, así como cualquier posibilidad de construir un país soberano.

  1. Véanse los informes del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO-USAL.
  2. Cabe señalar la existencia de manipulación de datos en el registro de las reservas certificadas, en la extracción, exportación y exploración de hidrocarburos, durante los años '90, debido a que el Estado no controlaba -y no controla- al sector energético en general y a la gran cadena hidrocarburífera en particular.
  3. Resulta muy absurdo que un país con reservas petroleras que podrían lograr el autoabastecimiento si la prohibición de exportar crudo y derivados se practicara, tal como lo establece la Ley Nº 17.319 (cuando el mercado interno está insatisfecho), deba tener como "precio de referencia" un precio internacional.
  4. Repsol YPF, "Informe Anual 2004".
  5. Se entiende por renta petrolera a la diferencia entre los valores de producción al correspondiente precio internacional y el costo total de producción (que incluye los costos de exploración, desarrollo y extracción).
  6. United Nations Conference on Trade and Development (2005), Trade and Development Report, UNCTAD, Nueva York y Ginebra, 2005.
Autor/es Federico Bernal, Ricardo De Dicco, Gustavo Lahoud
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 88 - Octubre 2006
Páginas:4,5
Temas Corrupción, Desarrollo, Privatizaciones, Estado (Política)
Países Argentina