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Las necesarias coimas en el Senado

Bien mirado, el caso de las coimas en el Senado argentino es uno más de los que vienen salpicando a la dirigencia política. Pero resulta particularmente importante entender a qué lógica respondió que fuese necesario distribuir tanto dinero entre un puñado de legisladores para votar una ley que desprotegía a millones de ciudadanos y facilitaba la continuidad de un modelo económico. A esa lógica laboral debe oponérsele la del aumento sistemático del nivel salarial de los trabajadores.

Para saber a quién beneficia un modelo económico debe determinarse quiénes captan los frutos de la mayor productividad y de la renta monopólica o de los recursos naturales. En la Argentina de hoy, resulta obvio que son los dueños del capital y no los asalariados. Para ello han ejercido el gobierno y utilizado todos los medios, desde la privatización de las empresas públicas hasta el régimen fiscal, que hace pagar más a los que menos tienen. También han utilizado otros instrumentos, como la flexibilización laboral.

Los resultados fueron desastrosos. En el conjunto de la economía, la caída de los salarios reales fue enorme: con base en 1988=100, en 2002 se situaban en 59,0. Este deterioro exorbitante tiene más de medio siglo, ya que el porcentaje de los salarios en el ingreso nacional cayó del 51,9% en 1950 al 24,0% en 1998. Aquí se advierte con claridad la creciente y permanente captación de ingresos por el sector del capital en perjuicio de los asalariados. Además se plantea un aumento dramático del desempleo abierto, que en las áreas urbanas subió del 2,6% en 1980 al 21,5% en 2002. Todos estos factores determinaron que la población pobre del Gran Buenos Aires se elevara del 4,7% en 1974 al 54,3% en 2002. Las cifras de los cuadros adjuntos muestran una verdadera catástrofe.

Uno de los instrumentos utilizados para apropiarse de los beneficios de la mayor productividad es la rebaja de los salarios, que se obtiene de varias maneras. Ante todo, la desocupación masiva hace que los trabajadores terminen aceptando cualquier restricción con tal de conseguir trabajo (en particular el trabajo en negro), haciendo desaparecer así rápidamente los derechos de los asalariados. Creadas estas condiciones, el paso siguiente es legalizar la baja de salarios. Es entonces que el sector patronal y el propio FMI exigen la flexibilización laboral, aunque este tipo de exigencias nada tengan que ver con las funciones de un organismo internacional. En el caso argentino así ocurrió y el gobierno accedió a ese requerimiento, tal como lo declaró el entonces viceministro de Trabajo 1.

Se sancionó así la ley 25.250, que implanta modificaciones importantes en las relaciones laborales, todas en contra de los asalariados: amplía el período de prueba de 1 a 3 meses, prorrogables a 6 y 12 meses (art. 1); reduce los aportes patronales a la seguridad social para los nuevos trabajadores (art. 2); hace prevalecer los convenios de ámbito menor sobre los de ámbito mayor, de modo que un convenio regional o de empresa puede negar derechos concedidos en la jurisdicción nacional (art. 10); los convenios colectivos nuevos pueden desconocer los derechos reconocidos en el convenio anterior (art. 26); los sindicatos que tienen convenios vencidos deberán renegociarlos en el plazo de 2 años y, si no hubiese acuerdo, cae el convenio y rige sólo la ley de contratos de trabajo (arts. 28 y 29). Aun en un sistema político y sindical que hace rato ha olvidado su obligación de defender a los trabajadores, era demasiado como negación de sus derechos y se esbozó una resistencia a votarlo en el Senado. Así surgió la "solución" de las coimas.

En esta ley se manifiestan tres de las peores taras del modelo neoliberal. Primero, marca con claridad el propósito de que el sector empresario se apropie de la renta generada por la mayor productividad del trabajo. Segundo, implica la total sujeción a los dictados del FMI. Tercero, genera una de las formas más burdas de la corrupción: el Poder Ejecutivo corrompe al Legislativo para satisfacer al FMI.

Pero también el sector asalariado puede apropiarse de las ganancias de la productividad. Es lo que ocurre en el modelo basado en el consumo masivo. El tema se está discutiendo a escala internacional y se han diseñado propuestas para conseguirlo. Una de ellas es la del Estado como "empleador en última instancia", por analogía con la función financiera de "prestamistas en última instancia" que se asigna a los bancos centrales (este último no es un gasto menor: en diciembre de 2003 el saldo de los redescuentos otorgados por el Banco Central de la República Argentina a los bancos privados como prestamista en última instancia ascendía a 21.400 millones de pesos).

Las tareas de empleador en última instancia corresponden al Estado, que las pagaría con recursos genuinos. Las fuentes financieras serían: primero, los fondos que ya existen para asistencia social y seguro de desempleo; segundo, programas educacionales; y tercero, impuestos que financien la provisión de trabajos a tiempo parcial o completo. La característica principal es que establece el derecho a trabajar y la obligación estatal de dar trabajo. En varias universidades de Estados Unidos se discute actualmente el tema y se han elaborado propuestas de financiamiento que reducen el costo, a causa de los efectos multiplicadores y fiscales que provocan los nuevos empleos 2. No se trata de un tema nuevo. La estrategia del gobierno para asegurar el pleno empleo ya la fundamentaron, entre otros, Michal Kalecki en 1944 y Hyman Minsky en 1986 3.

El consumo masivo y el pleno empleo pueden ser los ejes del nuevo modelo de desarrollo. Es indispensable estudiarlos y elaborar soluciones, mientras haya tiempo y voluntad para reencarrilar al país.

  1. Entrevista a Jorge Sappia, Clarín, Buenos Aires, 13-1-00.
  2. En particular, el Center for Full Employment and Price Stability de la Universidad de Missouri-Kansas City.
  3. Michal Kalecki, Three ways to full employment, Oxford University, Institute of Statistics, 1944; y Hyman Minsky, Stabilizing an unstable economy, New Haven, CT, Yale University Press, 1986.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 55 - Enero 2004
Páginas:7
Temas Ciencias Políticas, Corrupción, Estado (Política)
Países Argentina