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Peligroso conflicto entre Bolivia y ChileEntre el norte de Chile, el sur de Perú y el suroeste de Bolivia se extiende un triángulo geográfico conflictivo. La oposición boliviana ha hecho de una reivindicación histórica un estandarte de política interna, al tiempo que el gobierno chileno se muestra rígido y las consignas e invectivas nacionalistas y populistas ganan terreno. Los autores de los dos artículos que siguen desarrollan argumentaciones distintas, que prueban que el tema es complejo y debe ser encarado con la mayor serenidad tanto por los gobiernos concernidos como por los de otros países de la región, que podría desestabilizarse ante una eventual confrontación.Las secuelas de la Guerra del Pacífico librada en 1879 entre Chile y la alianza peruano-boliviana, que privó a Bolivia de unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, incluida una franja de 400 kilómetros que le daba acceso al Pacífico, han vuelto a recrudecer. Sobre esos territorios actualmente se lleva adelante un tour de force político y comercial que ha sembrado un germen de inestabilidad en la región. Bolivia reclama, una vez más, su acceso soberano al Pacífico y el gobierno de Chile sigue negando esa posibilidad, atreviéndose apenas a hablar de relaciones comerciales. El 13 de enero, en la Cumbre de Monterrey, el presidente chileno Ricardo Lagos expresó que su país está "esperando a tener respuesta (de Bolivia) en el ámbito comercial, pero no nos parece que podamos comenzar a discutir temas de soberanía, porque no tenemos temas de soberanía pendientes" 1. Esa frase revela la clave del conflicto diplomático. Detrás de la guerra verbal entre los presidentes Carlos Mesa y Ricardo Lagos se agita un conjunto de intereses comerciales que básicamente se pueden resumir en tres grandes áreas: a) El negocio del gas natural boliviano promovido por el consorcio Pacific LNG (conformado por la española Repsol, British Energy y Panamerican Energy); b) la exportación del agua dulce boliviana para la minería chilena; y c) el potenciamiento de la pujante zona comercial que se extiende desde Iquique (Chile) hacia el altiplano boliviano. Si no fuera por la confluencia de estos tres factores, es casi seguro que el reclamo de Bolivia no habría tenido la suficiente repercusión internacional, y que ni el gobierno ni los medios chilenos le habrían dado la importancia que tiene. Hasta antes de la insurrección popular boliviana de octubre 2, el conflicto diplomático entre Bolivia y Chile no existía, puesto que extraoficialmente se sabía que el gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada tenía decidido exportar el gas natural boliviano por un puerto chileno. Además, contemplaba firmar, en noviembre de 2003, un Tratado de Libre Comercio con Chile. Ampliamente resistido por los movimientos sociales bolivianos, ese tratado viabilizaba las aspiraciones comerciales chilenas respecto de Bolivia 3 y retrataba de manera fiel las expectativas de las elites gobernantes bolivianas, que prácticamente renunciaban a la reivindicación marítima a cambio de hacer negocios. Gonzalo Sánchez de Lozada lo había dicho en 1994, durante su primer mandato como presidente de Bolivia: antes que ocuparse de los problemas históricos, a él le interesaba "hacer buenos negocios con Chile". Esta forma de entender y manejar los asuntos del Estado boliviano no era nueva. Los liberales de principios del siglo XX consagraron el despojo del litoral boliviano a cambio de algunas ventajas mercantiles, como la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, que les permitía exportar sus minerales, y el pago por parte de Chile de 300.000 libras esterlinas de entonces. El actual presidente Carlos Mesa, que es historiador y periodista de profesión, escribió en su Historia de Bolivia que "la mentalidad empresarial condujo a pensar (a los liberales liderados por Ismael Montes) que el desarrollo de los ferrocarriles y el libre tránsito, eran compensaciones que valían la pena" 4. Así fue que suscribieron con Chile el Tratado de Paz y Amistad de 1904, con el que concluía para Bolivia la Guerra del Pacífico. No al Tratado de Libre ComercioLa insurrección de octubre, que derroca a Gonzalo Sánchez de Lozada, impone otra lógica de negociación con Chile. El gobierno de Carlos Mesa, presionado por los movimientos sociales, se ve obligado a trazar una nueva política respecto del gas y de los recursos naturales pretendidos por ese país. Mientras Chile no ceda a Bolivia una salida soberana al Pacífico, no habrá ninguna posibilidad de que el gas natural boliviano sea exportado a través de un puerto chileno, como quiere el consorcio Pacific LNG 5. Por otra parte, la presión popular hizo que el 30 de octubre pasado el canciller boliviano, Juan Ignacio Siles del Valle, anunciase que el Tratado de Libre Comercio a punto de firmarse con Chile y Bolivia queda suspendido indefinidamente. De haberse firmado, la expansión de la economía chilena sobre la boliviana se habría visto favorecida, pues desde los puertos chilenos de Arica e Iquique se extiende hacia el altiplano peruano y boliviano un pujante corredor comercial que prácticamente invade los mercados del occidente boliviano con productos chilenos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, este país tiene un saldo negativo promedio en su balanza comercial con Chile de aproximadamente 90 millones de dólares. Por otra parte, de acuerdo a cálculos de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, el comercio ilegal desde Chile hacia Bolivia durante el año 2003 totalizó 304,5 millones de dólares 6. Considerando las dimensiones de la economía boliviana, el segundo país más pobre de todo el continente, estas cifras son importantes. Y precisamente éste es el mercado que el frustrado Tratado de Libre Comercio pretendía normar y controlar. Por otra parte, este Tratado de Libre Comercio, además de ser una extensión de los tratados bilaterales que intentan abrir cabeceras de playa para el ALCA, también pretendía ser un antecedente para futuras negociaciones sobre recursos naturales bolivianos, específicamente el negocio del gas natural y el agua dulce, según alertó Wilson Magne, presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de Bolivia 7. El norte de Chile es una región desértica. Según revela el historiador Cástulo Martínez 8, en más de una ocasión Chile ha tenido que echar mano de los manantiales y vertientes que corren en el suroeste boliviano, ya sea para impulsar su industria azucarera (desviación del río Mauri, en 1919), impulsar sus ferrocarriles (aprovechamiento de las vertientes del Siloli), o el intento actual de beneficiarse con la explotación de las aguas subterráneas del norte de Potosí. De acuerdo con un documento presentado a la bancada parlamentaria de Potosí por la empresa Coboreh, la minería chilena estaría dispuesta a comprar el agua dulce de Potosí para emplearla en sus operaciones. Según los datos proporcionados por Coboreh, las empresas mineras Inés de Collahuasi (Falconbridge Ltd., Minorco y Mitsui & Co. Ltd.), La Escondida, Río Chilex SA, Codelco -la mayor empresa estatal chilena-, Essan y otras menores habrían invertido 6.000 millones de dólares y precisarían un flujo de agua de hasta tres mil litros por segundo para garantizar la explotación. No al negocio del gasDespués de fracasar en su intento de dinamizar sus relaciones comerciales con Bolivia -obviando las relaciones diplomáticas, pues Bolivia tiene como política de Estado restablecer estas relaciones sólo si se le concede acceso soberano al Pacífico- Chile empieza a hablar de mar para Bolivia, aunque de manera reticente o negativa. Es que, si bien los productos comerciales que exporta a Bolivia siguen un curso propio y el negocio del agua puede esperar un poco, no pasa lo mismo con sus necesidades de gas natural. Actualmente Chile consume gas argentino, pero el gobierno de Néstor Kirchner habría decidido dar prioridad al consumo interno, por lo cual la exportación de gas hacia Chile podría suspenderse en 2006 9. Según el ex ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Fernando Illanes, las actuales autoridades chilenas -específicamente el presidente de la Comisión de Energía- habrían expresado que si Bolivia decide no vender su gas a Chile, éste país podría tomar las siguientes alternativas: 1) incrementar el uso de carbón; 2) desarrollar su potencial geotérmico; 3) intensificar la construcción de plantas hidroeléctricas; y 4) construir una planta de regasificación de LNG importado de Perú, Indonesia o Australia 10. Resulta pues evidente que la posibilidad de contar con el gas boliviano resulta sumamente atractiva para Chile. En 1991, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora recibió una propuesta chilena para la construcción de un oleoducto entre Villamontes (Bolivia) y Antofagasta (Chile). "La propuesta fue presentada por la empresa Tras Andean Parteners Inc., un holding de capitales norteamericanos que contaba con la asesoría legal de la firma Carey y Cía... La propuesta consideraba la compra de un volumen de gas natural al norte de Chile para sus empresas mineras y para la distribución domiciliaria" 11. En 1994, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y un consorcio formado por la empresa petrolera BHP (Australia) y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP, Chile) logran firmar un memorándum de entendimiento para un proyecto de exportación de gas a Chile, especialmente a la región norte de ese país. Las fuerzas armadas bolivianas rechazaron esta iniciativa 12. Al no prosperar ninguno de esos proyectos, el Gobierno de Sánchez de Lozada establece en 1996, en el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos 1689 13, la necesidad nacional de construir un gasoducto a Chile. Todos estos intentos, impulsados por los gobiernos chilenos con el visto bueno de los grupos de poder bolivianos, siempre fueron hechos casi clandestinamente, de espaldas a la opinión pública boliviana. Y aquí aparece una insalvable paradoja: durante un siglo, las oligarquías bolivianas promovieron en el sistema educativo y en el servicio militar (que en general sólo es cumplido por los sectores populares) un sentimiento de oposición y revancha con "el usurpador del Litoral" (Chile). ¿Cómo convencer ahora entonces al movimiento social de que es conveniente hacer "buenos negocios" con el enemigo histórico? A pesar de sus esfuerzos, los sucesivos gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada, no consiguieron impedir que el "no" a la venta del gas natural a Chile prendiera como consigna. La reivindicación marítima anhelada por generaciones se impuso a la lógica mercantil de los grupos oligárquicos que hasta octubre pasado tenían control absoluto del Estado boliviano. Esto ha sido comprendido por Carlos Mesa y por los otros poderes que pugnan por llevar adelante el negocio del gas, fundamentalmente las transnacionales de Pacific LNG. Es por eso que se congelaron todos los acuerdos realizados en secreto y se decidió emprender las negociaciones desde otra perspectiva: primero se negocia la salida soberana de Bolivia al mar y luego los negocios posibles con Chile. Desde 1979, año en que la Organización de Estados Americanos (OEA) emite una resolución apoyando la reivindicación boliviana de una salida al mar, Bolivia no había obtenido el apoyo multilateral que se ha manifestado estas últimas semanas. Esto puede entenderse como el ejercicio de una política regional promovida por países alineados en el bloque "progresista latnoamericano": Venezuela, Brasil, Cuba y, en cierta medida, Argentina. El primer espaldarazo internacional a la causa boliviana proviene del presidente venezolano Hugo Chávez, en su discurso en la Cumbre Social realizada en Santa Cruz de la Sierra, en noviembre del 2003. "Quiero bañarme en una playa boliviana", dijo Chávez. Dentro del concepto de "desarrollo soberano", la necesidad de contar con una salida al mar es clave para Bolivia. John Gallup y Jeffrey Sachs, economistas del Instituto Harvard para el Desarrollo Regional, calcularon en 1998 que los países sin puertos propios y sin posibilidad de acceder libremente a los mercados pierden cada año entre el 0,6 y el 1% de su PIB 14. Aplicada esta tasa al caso boliviano, este país habría perdido alrededor de 4.000 millones de dólares sólo en la última década. De acuerdo al Tratado de 1904, Bolivia goza de algunas ventajas en su "libre tránsito" hacia los puertos chilenos, que es la vía principal por donde exporta e importa sus productos. Ricardo Lagos manifestó en Monterrey que su país ofrece garantías "extremadamente favorables" para los bolivianos, pero la realidad dice otra cosa, pues a lo largo de todo el siglo XX el "libre tránsito" se ha ido restringiendo de acuerdo a las políticas de control y seguridad impuestas por Chile. La reivindicación marítima de Bolivia resulta legítima, en tanto no pretende que se le restituya la totalidad de los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, sino tan sólo un puerto soberano que le permita apoyar su desarrollo sin barreras, de acuerdo a los principios de quienes impulsan la conformación de una comunidad hemisférica donde todos sus integrantes tengan posibilidades equivalentes y no se perpetúen injusticias.
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