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El archipiélago de las prisiones secretas de la CIA

El hecho de que la CIA haya secuestrado, con la complicidad de gobiernos europeos, a personas sospechadas de terrorismo para detenerlas sin juicio previo, incluso torturarlas, suscita un gran alboroto. En Italia, dos magistrados interrogaron al jefe de los servicios secretos, implicado en el secuestro de un imán egipcio en Milán. Polonia y Rumania habrían alojado a detenidos secuestrados en las mismas condiciones.

Hace tres años, el politólogo neoconservador estadounidense Robert Kagan hizo pública en los medios de comunicación europeos su tesis de los "dos Occidentes" 1: el "poderoso" Estados Unidos y la "débil" Europa. Utilizando el áspero registro al que son tan afectos los "neocons", sin consideración por sus amigos del Viejo Continente, Kagan afirmó que los europeos se encontraban actualmente "fuera de la historia", demasiado apegados a los anticuados valores "tolerantes" del Estado de derecho.

El 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados en Nueva York y Washington, marca el antes y el después de la "revolución imperial". En tanto miembro de la Comisión Especial de Investigación del Parlamento Europeo sobre "la supuesta utilización por parte de la CIA de países europeos para el transporte y la detención ilegal de personas" 2, en cada entrevista escuché repetir que el 11 de septiembre imponía "cambios necesarios" en las reglas de juego internacionales.

En síntesis, tal como lo afirma Dan Fried, subsecretario de Estado estadounidense encargado de los asuntos europeos y euroasiáticos, Estados Unidos "enfrenta una nueva amenaza" y todos deben comprender que "el sistema legal vigente es incompatible con la nueva batalla que exige esta guerra" 3. Empleando tonos más o menos diferentes, Richard Durbin, senador demócrata de Illinois, Arlen Specter, senador republicano de Pensilvania, así como el representante demócrata de Florida, Robert Wexler, retomaron esta argumentación ante los parlamentarios europeos.

En Europa es habitual afirmar que la tortura es ilegal, injustificada y también inútil para establecer la culpabilidad de un acusado. En cambio, el discurso público estadounidense, incluso en los medios de comunicación más serios, derrapó seriamente sobre esta cuestión. Autores prestigiosos no dudaron en establecer distinciones, a veces escabrosas, entre la "tortura a secas", los "grados de tortura" y la tortura en "ciertas circunstancias".

Miembros del gobierno de Estados Unidos (entre quienes se cuentan el vicepresidente Richard Cheney y el ministro de Defensa Donald Rumsfeld), así como funcionarios de todos los niveles de la administración Bush, juzgaron "inaceptable" la invocación de los derechos humanos cuando se trata de supuestos terroristas. Juristas conservadores -entre ellos el actual ministro de Justicia Alberto Gonzáles- elaboraron nuevas categorías jurídicas, como la de "enemigos combatientes", para negar a los sospechosos de complicidad con el terrorismo la aplicación de los derechos que garantizan las convenciones internacionales. Según John Billinger, asesor jurídico de Condoleezza Rice, la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra es una lex specialis. Lo que equivale a decir una "anomalía", una "excepción" que no cabe ya aplicar después del 11 de septiembre.

Wexler refutó con vehemencia la objeción según la cual las extraordinary renditions ("detenciones extraordinarias" o la interpelación clandestina de sospechosos en cualquier parte del mundo por parte de agentes secretos sin orden judicial de detención, para conducirlos a prisiones ocultas donde pueden ser sometidos a tortura) podrían asimilarse al terrorismo de Estado. Declaró que "aunque cometamos actos ilegales, aunque hagamos daño -y sé que a veces puede tratarse de cosas horribles- nadie puede colocarnos en el mismo nivel que a los terroristas".

En suma, Abu Ghraib, la tortura, Guantánamo, las extraordinary renditions y las violaciones de los derechos humanos en Irak o Afganistán sólo serían "simples excesos", "efectos colaterales" secundarios que no deben sancionarse dado que cualquier Estado comprometido en la lucha contra el terrorismo tendría el derecho de sustraerse al ámbito de aplicación de las normas jurídicas anteriores al 11 de septiembre. Ahora estamos mucho más allá de la argumentación de Washington que sustrae a Estados Unidos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional 4.

"Simples excesos"

A partir del 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush instituyó por decreto los tribunales militares de excepción 5 que, según el jurista Antonio Cassese, "hicieron que la sociedad estadounidense retrocediera 50 años" 6. William Safire, uno de los editorialistas más conservadores, apuntó que "mal aconsejado por un ministro de Justicia presa del pánico, el Presidente se adjudicó poderes dictatoriales" 7.

Sobre la base de informaciones en poder del Presidente de Estados Unidos, tribunales militares de excepción pueden juzgar a ciudadanos extranjeros sospechosos de haber participado o cooperado en acciones contra Estados Unidos, o de haber afectado seriamente o dañado sus intereses políticos y económicos. No hace falta sustentar tales acusaciones mediante pruebas, ni siquiera acusar o informar al acusado. La presencia de un abogado no es obligatoria, el habeas corpus está suspendido, los procesos pueden ser secretos. Aquí se aceptan las pruebas y las confesiones obtenidas bajo tortura, no válidas en los juicios habituales. Se puede condenar a muerte por mayoría de los dos tercios (dos de cada tres jueces militares) y no por unanimidad, como es el caso en los tribunales de justicia ordinaria. Tampoco tienen que hacer valer su "íntima convicción" de la culpabilidad del acusado, que no dispone de ninguna posibilidad de apelar su veredicto.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 29 de junio pasado, de declarar ilegales los tribunales que debían juzgar a los prisioneros de Guantánamo, el gobierno estadounidense busca alcanzar un acuerdo con el Congreso para establecer un marco de funcionamiento para esos tribunales, manteniendo sin embargo su carácter de excepción.

Se sabe que existen prisiones secretas fuera de Europa (Afganistán, Siria, Marruecos, Egipto, etc.), así como otros centros de detención en lugares aún ignorados donde, por ejemplo, desde 2003 permanecen encarcelados Khaled Cheikh Mohammed y Ramzi Ben Al-Shaiba, dos de los presuntos organizadores del 11 de septiembre (que habrían confesado, según informaciones proporcionadas por la CIA). Nunca fueron juzgados, nunca reaparecieron, ¿viven todavía?

El 4 de octubre de 2001, el ex-secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Lord Robertson hizo pública la solicitud del embajador extraordinario de Estados Unidos en Bruselas -Franck Taylor- de aplicar el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica 8. Un tratado renovado en ocasión de la celebración del quincuagésimo aniversario de la OTAN en Washington -en 1999, en plena guerra contra Yugoslavia- y que transformaba a la OTAN, alianza defensiva, en una alianza "preventiva" cuya zona de intervención se extendía a todo el planeta.

La amplitud de las obligaciones europeas de asistencia a Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, tal como fueron aceptadas por los países miembros de la OTAN, es enorme. Entre otros compromisos, el de "reforzar el intercambio de informaciones, sea en forma bilateral o a nivel de las estructuras competentes de la OTAN"; "la concesión de medios aliados necesarios para apoyar directamente las operaciones contra el terrorismo"; "la autorización para los aviones militares de Estados Unidos y de los países aliados que operen contra el terrorismo de sobrevolar el territorio"; el permiso otorgado "a Estados Unidos y a sus aliados de acceder a los puertos y aeropuertos de los países de la OTAN para operaciones de lucha contra el terrorismo, en especial para el suministro de combustible, de acuerdo con los procedimientos nacionales" 9.

Complicidades europeas

Por cierto, los compromisos en la OTAN no autorizaban las violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales por parte de Washington y de los servicios secretos estadounidenses. Pero según el informe de Dick Marty, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, muchos Estados de la Unión Europea "no fueron víctimas de maquinaciones estadounidenses", puesto que habrían "participado voluntariamente" en diferentes grados.

Por estas razones y con distintos pretextos, los gobiernos y las autoridades europeas que hasta hoy se hicieron escuchar en la Comisión, o bien se negaron a colaborar en la investigación o bien negaron u opusieron desmentidas poco creíbles. Es el caso especialmente de los gobiernos de Polonia y Rumania, dos Estados respecto de los que existen serias sospechas de que albergan o han albergado, en prisiones secretas, a detenidos capturados clandestinamente por la CIA en distintas regiones del mundo. Los adversarios de la investigación, en particular un sector de la derecha del Parlamento Europeo, diputados polacos, bálticos, británicos y alemanes a la cabeza, afirmaron que las dos comisiones de investigación (la del Consejo de Europa y la del Parlamento Europeo) no habían establecido la culpabilidad de gobiernos europeos (o de otros niveles de la administración). Algunos incluso agradecieron a Washington su "gran contribución a la seguridad".

Sin embargo, estas tesis, que ponen de manifiesto que en Europa hay diputados "más estadounidenses" que los propios estadounidenses, fueron rechazadas por la Comisión del Parlamento Europeo. Una mayoría de 25 votos (socialistas, liberales demócratas y verdes) contra 14, y 7 abstenciones, se pronunció a favor de que la investigación continuara.

El trabajo de investigación fue más allá de las suposiciones e indicios. Actualmente existe una documentación precisa sobre los 1.080 vuelos de la CIA que hicieron escala en aeropuertos europeos entre el 11 de septiembre de 2001 y finales de 2005. Se probó que 14 países -entre ellos Alemania, Suecia, Italia, Bélgica y España- acogieron detenciones ilegales. Otros dos Estados miembros de la Unión Europea, Polonia y Rumania, albergaron durante un período que queda por determinar verdaderos centros de detención temporal e ilegal de presuntos terroristas. Se trata de violaciones del artículo 6 del Tratado de la Unión, así como de la Convención Europea de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Fueron probados entre 30 y 50 secuestros y las consiguientes detenciones ilegales. En un único caso la magistratura (italiana) realizó una investigación completa, como resultado de la cual detectó y acusó a 22 agentes de la CIA que intervinieron en Milán en el secuestro del imán Abou Omar, transferido a una prisión egipcia donde fue torturado. Uno de los jefes del espionaje italiano, Marco Mancini, fue detenido el 5 de julio pasado "por haber cooperado" en este secuestro 10.

Testimonios de personas capturadas y torturadas, y también de sus abogados y numerosos representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sin olvidar a algunos altos funcionarios (estadounidenses y europeos), permitieron romper la omertà. Así es como pudo conocerse el caso de la deportación de dos ciudadanos egipcios, Mohammed Al Zary y Amed Giza, detenidos en Suecia y transferidos a Egipto; de Maher Arar, ciudadano canadiense detenido en Nueva York y enviado a Ammán (Jordania), a través del aeropuerto de Roma-Ciampino, luego torturado durante más de diez meses en una prisión siria; del ciudadano alemán de origen libanés Khaled El Masri, secuestrado en Macedonia y trasladado a Afganistán, donde también se lo torturó.

Los ejemplos de este tipo son numerosos y prosiguen las investigaciones. Algo es seguro: varios gobiernos europeos actuaron a espaldas de sus ciudadanos, como supletorios de Washington o como Estados satélites. Así es como volvemos, por una curiosa pirueta de la historia, a la época de la "soberanía limitada" tan cara al soviético Leónidas Brejnev, pero esta vez impuesta por el estadounidense George W. Bush... 

  1. R. Kagan, La Puissance et la faiblesse, Plon, París, 2003.
  2. Comisión instituida por el voto del 15-12-05.
  3. Entrevista en Washington en el Departamento de Estado el 11-5-06.
  4. La Corte Penal Internacional fue creada el 18 de julio de 1998 y entró en funciones el 1 de julio de 2002; primera jurisdicción universal y permanente, tiene como misión juzgar a individuos acusados de los crímenes internacionales más graves (crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad). EE.UU., al igual que China e Israel, se negaron a ratificar el Estatuto de la CPI y se oponen a que sus connacionales sean juzgados por este Tribunal Penal.
  5. Por ejemplo, Ignacio Ramonet, "Adiós libertades", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2002.
  6. La Repubblica, Roma, 21-11-01.
  7. William Safire, The New York Times, 16-11-01.
  8. "Las partes convienen en que si se produjera en Europa o Estados Unidos un ataque armado contra  una o varias de entre ellas se considerará como un ataque dirigido contra todas las partes  [...] y en consecuencia convienen en que, si tal ataque se produce, cada una ellas [...] asistirá a la parte o a "las partes así atacadas  [...]".
  9. OTAN
  10. The International Herald Tribune, París, 11-7-06.
Autor/es Giulietto Chiesa
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 86 - Agosto 2006
Páginas:22,23
Traducción Teresa Garufi
Temas Política, Justicia Internacional