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Recuadros:

Guantánamo, la “legalidad” imperial

Tras un largo período de silencio, la Casa Blanca parece estar perdiendo la batalla con la prensa y la justicia estadounidenses respecto de los rehenes que el Pentágono mantiene en la base militar de Guantánamo. Poco a poco, amplios sectores de la opinión pública conocen las atrocidades perpetradas contra prisioneros de la invasión a Afganistán y comienzan a denunciarlas. El hecho relevante es que Estados Unidos ya no se considera sujeto a los principios que durante mucho tiempo constituyeron la base de su predominio ideológico en buena parte del mundo, aunque se esboza una reacción interna.

Desde hace cerca de dos años, unos 600 "combatientes enemigos" capturados en Afganistán y en Pakistán, o entregados por terceros países, están detenidos en secreto en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), en violación de todas las leyes internacionales y las propias de Estados Unidos. Sólo los decretos firmados por el Presidente de Estados Unidos en nombre del "estado de guerra contra el terrorismo" justifican supuestamente esa detención. Hasta la fecha no existe ninguna acusación oficial contra los detenidos, ni se pusieron en función las comisiones militares ad hoc anunciadas en 2001.

A pesar de haber pasado varios días en la base de Guantánamo, no pudimos entrar en contacto con ninguno de los prisioneros debido a la férrea vigilancia de los hombres del general Geoffrey Miller, comandante del centro de detención y jefe de la Joint Task Force (JTF), que depende directamente del Pentágono. Mantenidos a distancia de los pabellones de alta seguridad, los periodistas que visitan las instalaciones sólo pueden ver a los prisioneros del centro de detención N°4, es decir, los que se muestran "cooperativos", que por otra parte tienen prohibido dirigirles la palabra o responder a sus preguntas.

La base de Guantánamo, cuya importancia declinaba, fue ampliada a partir de 2001 y de la guerra de Afganistán. Su población militar y civil se triplicó y ya supera las 6.000 personas. Los efectivos de la JTF y la prisión se hallan en una zona descampada. En los mapas de la base, el centro de detención y los numerosos edificios que lo rodean ni siquiera figuran.

En las cercanías de la zona de alta seguridad, una serie de barreras de color anaranjado obligan a los autos a circular en zigzag, para facilitar la tarea de los centinelas, que verifican cada uno de los vehículos. Las medidas de seguridad fueron reforzadas luego de la detención del capellán musulmán de esa cárcel y de dos traductores, acusados -injustamente- de espionaje 1.

El centro de detención Delta, dividido en cuatro zonas, puede albergar a 1.000 prisioneros. Durante nuestra visita había 660, de 42 nacionalidades diferentes. El sitio está rodeado por varios cercos metálicos enrejados, cubiertos por un plástico verde y coronados de alambres de púas electrificados a alta tensión. Los detenidos, cuyas celdas permanecen iluminadas durante toda la noche, viven bajo la permanente vigilancia de guardias que efectúan rondas y de otros instalados en lo alto de torres de observación.

Las condiciones de vida son tales que ya se registraron 32 tentativas de suicidio (de parte de 21 detenidos). Según el capitán John Edmondson, un cirujano que dirige el hospital del centro de detención, 110 prisioneros -uno de cada seis- padecen problemas psicológicos, en general depresión. Veinticinco están bajo tratamiento psiquiátrico. Otro detenido, en huelga de hambre intermitente desde hace un año, estaba internado y era alimentado por vía endovenosa.

En al menos tres de los cuatro centros de detención, las condiciones en que viven los prisioneros son preocupantes. Los pabellones se componen de dos hileras de veinticuatro celdas de apenas dos metros por dos metros y medio cada una. Como las divisiones entre ellas y las puertas son de rejas, no existe la menor intimidad. La rutina de los detenidos sólo se altera por una caminata solitaria de veinte minutos dentro de una gran jaula instalada sobre una loza de cemento. Tres veces por semana los prisioneros toman una ducha de cinco minutos, para lo cual se los traslada con el arnés reglamentario: esposas en las manos y grilletes con cadenas en los pies.

El grupo que podemos ver en el centro de detención N°4 parece homogéneo, hombres de menos de treinta años, con barba poblada y la cabeza cubierta por un birrete redondo. Esos 129 detenidos viven en pequeños grupos: las celdas más grandes tienen hasta diez camas. Comen juntos y varias veces por día pueden deambular por los espacios que rodean sus celdas, donde se ven unos afiches sobre la tarea de reconstrucción de Afganistán.

A diferencia de los prisioneros de los otros centros de detención, que llevan un uniforme anaranjado, los del centro N°4 están vestidos de blanco, "el color de la pureza en el islam", explica orgulloso uno de los guardias. El mismo guardia nos informa que esos prisioneros disponen de verdaderos tapices para arrodillarse a rezar, además del Corán que se les entregó a todos los detenidos a raíz de la huelga de hambre que habían comenzado en las primeras semanas tras su llegada 2.

Al aceptar las visitas de la prensa, el Pentágono parece querer corregir la imagen muy negativa que tenía Guantánamo en los primeros meses. Así es que se nos muestra el "Centro de detención Iguana", una casa en lo alto de un acantilado frente al mar, rodeada de un cerco metálico de seguridad. Allí están encerrados desde hace más de un año tres menores "combatientes enemigos" ¡de 13 a 15 años de edad! Se nos informa que reciben cursos de inglés, juegan un poco al fútbol y tienen a su disposición algunos casetes de video. Pero resulta imposible verlos o siquiera conocer su nacionalidad.

Por último, el programa de la visita incluye una incursión en el "centro de detención X Ray". Ese fue el primer lugar de detención de los prisioneros. El mundo entero pudo ver las insoportables imágenes de los deportados arrodillados, con su uniforme anaranjado, bajo la amenaza de las armas de sus carceleros, encadenados, mantenidos en total aislamiento, cubiertos con capuchas y con tapones en los oídos.

El "centro de detención X Ray" había sido originalmente concebido para encerrar a los "boat people" haitianos más turbulentos o enfermos de sida. Hoy, definitivamente abandonado, está invadido por una espesa vegetación. La misma suerte correrá próximamente el centro Delta, pues ya se está edificando el centro N° 5, cuya primera parte debería estar terminada para julio de 2004. La nueva prisión será construida en cemento y tendrá capacidad para unos cien detenidos. Estará destinada a los que sean definitivamente condenados por las "comisiones militares" y contará con una cámara de ejecuciones...

 Cinismo y silencio

 El 13 de noviembre de 2001, el día en que la Alianza del Norte tomó el control de Kabul, fue publicada la orden del Presidente estadounidense para crear un centro de detención en Guantánamo. Era necesario hallar una argucia para recibir a esos hombres que Bush calificaría más tarde de "combatientes enemigos", inaugurando así un nuevo "concepto", inexistente en la ley estadounidense y en la legislación internacional 3.

"La administración Bush no acepta considerar a los ‘combatientes enemigos' como prisioneros de guerra, a la vez que les niega el derecho a ser juzgados por otros tribunales competentes para decidir cuál es su estatuto, como lo exige la tercera convención de Ginebra ratificada por Estados Unidos", afirma Wendy Patten, directora de la sección justicia de Human Rights Watch 4. Y añade: "Las comisiones militares, que no permiten apelar ante una corte independiente, no garantizan un proceso justo". Por su parte, la administración sostiene que la opción de las comisiones militares tiene por objeto evitar que se divulguen informaciones sensibles.

Ese punto de vista es refutado por Eugène Fidell, ex abogado militar y presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar: "Existían al menos dos opciones: las cortes penales, que en el pasado juzgaron casos de terrorismo, como el del atentado contra las torres del World Trade Center en 1993, y las cortes marciales, como la que juzgó al presidente panameño Manuel Noriega" 5.

La creación de las comisiones militares es obra de un hombre: Paul Wolfowitz, viceministro de Defensa. Será él quien elegirá los jueces y el fiscal, quien establecerá los cargos contra los acusados, quien designará los tres miembros del panel ante el cual los condenados podrán apelar, quien examinará las recomendaciones de ese panel y quien decidirá en última instancia.

"Los militares actuarán como interrogadores, fiscales, consejeros de la defensa, jueces y -si se dictan penas de muerte- también como verdugos. (...) Sólo responderán ante el presidente Bush", declaró el magistrado británico Lord Johan Steyn durante un vigoroso alegato contra lo que llamó "el agujero negro de Guantánamo" 6.

Veinte meses después de la creación del presidio de Guantánamo, y cuando la administración estadounidense se muestra intransigente ante los pedidos de los abogados y de los gobiernos occidentales -entre ellos el de Francia- que cuentan con ciudadanos propios entre los detenidos, el caso tomó un giro inesperado.

En primer lugar, la sorpresiva decisión de la Corte Suprema de examinar los recursos presentados por las familias de 16 detenidos (12 kuwaitíes, dos británicos y dos australianos). En efecto, el 10 de noviembre de 2003, la más alta jurisdicción de Estados Unidos aceptó pronunciarse sobre la eventual competencia de ese país "para decidir sobre la legalidad de la detención de extranjeros, capturados fuera de sus fronteras, en relación con las hostilidades, y que se hallan detenidos en la base naval de Guantánamo". Sin embargo, David Cole, profesor de derecho en Georgetown (Washington) y autor de varios libros sobre los excesos autoritarios posteriores al 11 de septiembre en Estados Unidos 7, nos había manifestado su escepticismo pocos días antes: "Sólo el 2% de los recursos presentados ante la Corte Suprema son aceptados, y en general esa instancia sólo examina los casos en que otros tribunales de menor jerarquía hubieran mostrado divergencias". Las dos cortes de menor jerarquía que se habían pronunciado sobre el tema habían respaldado la posición del gobierno, afirmando que "la base de Guantánamo se halla en un territorio de soberanía cubana, por lo que la justicia estadounidense no puede intervenir", hasta que, el 18 de diciembre pasado, en un fallo que constituyó una verdadera derrota para la administración Bush, un tribunal de apelación federal sentenció que el gobierno de Estados Unidos no puede encarcelar indefinidamente a los "combatientes enemigos" y afirmó que las detenciones de Guantánamo son contrarias a los ideales de Estados Unidos y que los reos deben tener acceso a un abogado y a los tribunales de justicia 8.

Por su parte, Albert Gore rompió el silencio en que se habían encerrado los principales dirigentes demócratas, y declaró el 9 de noviembre, en una conferencia en el Centro de derechos constitucionales de Washington: "El tema de los prisioneros de Guantánamo dañó seriamente la imagen de Estados Unidos en el mundo, incluso ante sus aliados. (...) Los extranjeros detenidos en Guantánamo deben poder expresarse ante la justicia para que se determine su estatuto, como lo prevé la Convención de Ginebra. (...) La forma en que el secretario Rumsfeld manejó el asunto de los prisioneros fue tan poco meditada como su plan para la posguerra en Irak...".

Antes de Gore algunos senadores demócratas, como Patrick Leahy 9, habían interrogado repetidamente al ejecutivo sobre las acusaciones de torturas a prisioneros (incluso las que pudieron sufrir al extraditarlos sin procedimiento previo desde Guantánamo hacia países de Medio Oriente, donde esa práctica es corriente); sobre la muerte sospechosa de dos afganos detenidos en la base de Bagram en Afganistán y sobre el empleo de interrogatorios enérgicos, denominados en lenguaje militar "stress and duress" (presión y apremios) 10. Leahy nos dijo sin rodeos que "los detenidos de Guantánamo deben ser considerados como prisioneros de guerra" y "tratados de forma humanitaria, según las directivas de la Convención de derechos humanos". Durante mucho tiempo su firme posición fue la excepción en la clase política estadounidense.

De su lado, los abogados de las familias de detenidos no ahorraron esfuerzos. Tom Wilner, miembro de Shearman & Sterling, un prestigioso estudio de Washington, y defensor de las familias de los kuwaitíes, había alertado a los medios de comunicación y nucleado a numerosas personalidades políticas.

William Rogers, uno de los dos ex secretarios de Estado adjuntos 11 que presentaron un recurso "amistoso" ante la Corte Suprema, lamentó cuando lo entrevistamos en Washington a comienzos de noviembre "la falta de conciencia de la sociedad estadounidense sobre la gravedad de esos hechos. El derecho constitucional no puede ser pisoteado con la excusa de que estamos en guerra contra el terrorismo. Al contrario, debemos defender los principios y encarnar el derecho internacional ante ese tipo de desviaciones".

 Macartismo siglo XXI

 Rogers, cuya última participación en el gobierno data de la presidencia de Gerald Ford, critica con suma dureza los métodos de la actual administración: "Este es uno de los períodos más sombríos de nuestra historia desde el macartismo. Hoy en día se utilizan los mismos métodos arbitrarios y represivos". También firmó el citado recurso el contralmirante Donald Guter, que el año pasado se jubiló como jefe de la justicia militar de la marina. En tal calidad había participado de la decisión de utilizar la base de Guantánamo para interrogar a los detenidos. "Llevar a los prisioneros a Guantánamo tenía sentido por razones de seguridad, pero ahora puede ocurrir que algunos de ellos sean condenados a cadena perpetua sin que exista un proceso justo", declaró el 9 de octubre de 2003 12. Ex jueces y ex fiscales también recordaron a la Corte Suprema que los términos de la Convención de Ginebra están incorporados en el reglamento del ejército estadounidense y que es ilegal ignorarlos.

Por último, cabe señalar la iniciativa de un estadounidense de ascendencia japonesa, Fred Korematsu, que en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, había cuestionado la constitucionalidad del decreto que autorizó el confinamiento de 120.000 ciudadanos de origen japonés. Korematsu también presentó un recurso en esta ocasión pues -afirmó- se había comprometido a hacer todo lo que pudiera para que los estadounidenses no olvidaran un período turbio de su propia historia.

Por otra parte, en la argumentación del fiscal general, Theodore Olson, dirigida a la Corte, el gobierno le había solicitado, de manera algo torpe, que directamente se niegue a estudiar los recursos, dado que "en tiempos de guerra la justicia tiene la costumbre de no interferir en las decisiones del ejecutivo...". Sin prejuzgar sobre la "sentencia" final, que será dada a conocer en junio de 2004, la Corte quiso afirmar que sólo ella puede "enunciar la ley" y no la administración.

Desde noviembre pasado, el caso Guantánamo comienza a salir de su silencio, a hacerse público. En Estados Unidos, la opinión pública fue sorprendida por la enérgica queja del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que dejando de lado su habitual deber de reserva denunció la desesperanza que engendra en los detenidos la total falta de perspectivas.

La administración no pudo mantenerse indiferente a esa avalancha de críticas. A fin de noviembre el Pentágono anunció la próxima liberación de 100 a 140 detenidos -que sigue sin concretarse- y designó al mismo tiempo a un abogado militar como defensor de oficio del detenido australiano David Hicks. Sometido a malos tratos, éste había iniciado una huelga de hambre ampliamente difundida por la prensa. Contrariamente a las disposiciones inicialmente fijadas por las Comisiones militares, el Pentágono lo autorizó a ser asistido por un abogado civil de su elección y garantizó la confidencialidad de las entrevistas del mismo con su cliente. Eso fue posible gracias a un acuerdo firmado por Estados Unidos con Australia, similar al concretado pocos meses antes con el Reino Unido, que entre otras cosas excluye la condena a muerte de los ciudadanos de esos dos países. Los abogados de cuatro de los seis detenidos franceses, letrados entre los cuales se halla el decano parisino, Paul-Albert Iweins, esperaban que Francia obtuviera "al menos" garantías similares para sus clientes. Pero las gestiones de la cancillería francesa resultaron infructuosas.

Luego de Hicks, un ciudadano estadounidense también fue autorizado a contactar un abogado. Se trata de Yaser Hamdi, que fue detenido en Afganistán y trasladado inicialmente a Guantánamo. En abril de 2002, luego de que los militares se enteraran que era estadounidense, fue transferido a la prisión de la base naval de Norfolk, en Virginia, donde está detenido e incomunicado desde entonces. El gobierno, que había decretado que las Comisiones militares estaban reservadas únicamente a los extranjeros, rápidamente "extendió el concepto de justicia militar a ciudadanos estadounidenses, a los que calificó unilateralmente como ‘combatientes enemigos'" 13. De esa manera, la Casa Blanca se adjudica el derecho de mantenerlos detenidos indefinidamente en cárceles militares, privados de todo contacto con el exterior.

 Poder discrecional

 Sin embargo, Walker Lindh, "el talibán estadounidense" capturado en Afganistán al mismo tiempo que Hamdi, había sido juzgado por una corte penal en Alexandrie (Virginia) con todas las prerrogativas que la Constitución brinda a la defensa 14.

Hamdi terminó por obtener derecho a un consejo jurídico, un día antes de la fecha límite para presentar a la Corte Suprema los últimos recursos relativos precisamente a sus derechos... Es evidente que su detención secreta, al igual que la de otro ciudadano estadounidense, José Padilla 15 incomodan al entorno del ministro de Justicia, John Ashcroft. Uno de sus antiguos asistentes, el profesor Viet Dinh, que había jugado un papel preponderante en la redacción de la legislación anti-terrorista, había manifestado su desacuerdo en cuanto al tratamiento reservado a los ciudadanos estadounidenses y se alegró del cambio. Por su parte, Dennis Archer, presidente de la Asociación Estadounidense de Colegios de Abogados, que cuenta con 400.000 miembros, lamentó que el Pentágono no haya decidido transformar lo ocurrido con ese caso en un principio general.

"En esta circunstancia, la administración ejerció un poder discrecional", explica Wendy Patten, de Humans Right Watch. Y agrega: "En efecto, el Pentágono sigue afirmando que los ‘combatientes enemigos' detenidos en Estados Unidos no tienen ningún derecho a disponer de un abogado. Y que en el caso citado, dicha concesión sólo fue posible porque los interrogatorios del prisionero ya habían terminado. En síntesis, se mantiene la negativa a reconocer que el derecho a la defensa es imprescriptible y no depende de una decisión de la Administración".

La Casa Blanca parece estar perdiendo la batalla en la prensa estadounidense, pero cuenta aún con algunos apoyos incondicionales, como The Wall Street Journal. Este diario financiero reaccionó ante las críticas del CICR, reprochándole al mismo "haber dejado de lado la regla de la confidencialidad y haberse comprometido deliberadamente en el plano político" 16. Según el periódico, los "combatientes enemigos" deben "ser mantenidos en detención hasta el fin de la guerra contra el terrorismo", que "no es una lucha sin fin como la guerra contra el crimen o la pobreza. Es un conflicto donde Estados Unidos combate contra Al-Qaeda, contra los grupos que le son fieles y contra los Estados que decidieron apoyarla. Ese conflicto terminará cuando Al-Qaeda sea aplastada, cuando no tenga más los medios necesarios para atacar objetivos estadounidenses...".

Muy diferente es la opinión de la delegada general del CICR para Europa y las Américas, Béatrice Mégevand-Roggo. Para ella, dentro de la "guerra" entre Estados Unidos y Al-Qaeda, sólo el conflicto en Afganistán es un verdadero conflicto armado internacional: "Ese conflicto, regido por la 3° Convención de Ginebra, concluyó el 19 de junio de 2002, con la asamblea de la Loya Jirga que legitimó el gobierno del presidente Karzai. El derecho humanitario internacional 17 prevé la posibilidad de prolongar la detención de los prisioneros, a condición de que sean acusados por hechos precisos y sometidos a un proceso judicial cuyas garantías mínimas están previstas por la 3° Convención. Respecto de todos aquellos que fueron detenidos luego del 19 de junio de 2002 en el marco del conflicto interno que prosigue en Afganistán, también existen disposiciones del derecho humanitario internacional, a la vez que las garantías fundamentales se aplican plenamente a los detenidos en Guantánamo. En conclusión, si bien no existe obligación de liberar a todos los detenidos de Guantánamo, existe en cambio una clara obligación de someterlos a juicio, según las reglas del derecho, internacional o interno. Actualmente, esas personas permanecen en un vacío jurídico total desde hace meses o años: es precisamente eso lo que consideramos inaceptable. Decirlo no tiene nada de político, y corresponde perfectamente a nuestro papel humanitario".

Hoy, aunque tímidamente aún, crece la oposición de los estadounidenses a las leyes de excepción de la administración Bush. A la vez, aumentan las críticas de un sector creciente del establishment judicial, de las organizaciones humanitarias y de los medios, por la falta de justicia de que son víctima los detenidos en Guantánamo.

  1. Las acusaciones fueron redefinidas y la de espionaje desapareció. El capellán fue liberado a la espera del juicio.
  2. Algunos se declararon no creyentes y uno dijo ser católico.
  3. Ver Olivier Audeoud, "Prisioneros sin derecho en Guantánamo", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002. Ver también el estudio de la Asociación estadounidense de abogados, sobre el trato dado a los "combatientes enemigos".
  4. Esta organización humanitaria estadounidense analiza las leyes promulgadas luego del los atentados del 11 de septiembre y los derechos de los detenidos en Guantánamo (www.hrw.org).
  5. James Meek, "People the law forgot", The Guardian, Londres, 3-12-03.
  6. Lord Steyn había jugado un papel fundamental en la suspensión de la inmunidad de Augusto Pinochet. Ver Johan Steyn, "Guantánamo: a monstrous failure of justice", The International Herald Tribune, New York, 26-11-03.
  7. Enemy Aliens, The New Press, Nueva York, 2003; y, junto a James Dempsey, Terrorism and Constitution, The New Press, Nueva York, 2002.
  8. "Un tribunal de Estados Unidos concede derechos a los reos de Guantánamo", El País, Madrid, 19-12-03.
  9. El senador Leahy (Vermont), presidente del comité presupuestario del Senado, se cuenta entre los 12 senadores que votaron contra la ley de octubre de 2003, que autorizaban una partida de 87.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irak.
  10. Ver los informes de HRW y "US decries abuse but defends interrogations", The Washington Post, 26-12-02.
  11. El otro es Alexander Watson. Se presentaron seis recursos, sin contar los de los abogados de las familias de detenidos.
  12. Kingt Ridder Neswpapers, 9-10-03.
  13. Ver David Cole, Enemy Aliens, op.cit.
  14. Lindh, acusado al principio de haber conspirado y ayudado a Al-Qaeda, fue juzgado por haber "violado el embargo contra los talibanes" y por portación de armas. Fue condenado a veinte años de cárcel.
  15. Detenido en el aeropuerto de Chicago en mayo de 2002, José Padilla está acusado de haber reunido informaciones a pedido de Al-Qaeda para construir una bomba radioactiva. Un tribunal intimó al Ministerio de Justicia para que levante al acusado la prohibición de disponer de un abogado, pero la orden nunca fue ejecutada, a pesar de los recursos presentados por el Comité de Abogados para los Derechos Humanos (LCHR).
  16. "Guantánamo on trial", The Wall Street Journal, Nueva York, 19-11-03.
  17. Que surge de la Convención de Ginebra del 2 de agosto de 1949, ratificada por 191 Estados.

Leyes “patrióticas”...

Conchiglia, Augusta

Desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los musulmanes originarios de países árabes y del sudeste asiático son las primeras víctimas de las medidas liberticidas adoptadas por la administración de George W. Bush. Más de un millar fueron detenidos a causa de su religión o de sus orígenes étnicos. Luego de permanecer detenidos durante semanas o meses enteros ninguno fue acusado de crímenes terroristas.
En nombre de la lucha contra el terrorismo, la administración puede efectuar operaciones secretas, reprimir delitos de opinión, hacer seguir o vigilar a las personas –aunque no existan elementos de sospecha de actividades criminales– obtener informaciones sobre la vida privada de los ciudadanos o de los extranjeros residentes en Estados Unidos, para iniciar investigaciones.
Las leyes más conocidas de ese arsenal son la USA Patriot Act y la Homeland Security Act (ley de seguridad interna) adoptadas el 26-10-01. A las mismas se suma una serie de otras medidas y decretos anti-terroristas decididos por la administración, que por ese medio se atribuye poderes que el Congreso le había negado.
La Carta de derechos civiles (Bill of Rights) es la última víctima de la guerra contra el terrorismo 1. El vicepresidente Richard Cheney dio una idea de lo que se preparaba cuando, poco después del 11 de septiembre de 2001, declaró: “Muchas de las medidas que nos vimos obligados a adoptar serán permanentes en la vida estadounidense y formarán parte de una nueva ‘normalidad’”. Para la abogada Deborah Pearlstein se trata de una perspectiva espantosa, pues –afirma– esa “normalidad” consiste en realidad en “un alejamiento del Estado de derecho. Estados Unidos no se considera más sujeto a los principios que durante mucho tiempo constituyeron sus bases” 2.
“Hace seis meses, señala David Cole, el porcentaje de estadounidenses preocupados por las restricciones de las libertades individuales era del 7%, hoy en día, según la CBS, es del 52%”. Todos los candidatos demócratas cuestionaron la USA Patriot Act, exigiendo su anulación o la introducción enmiendas en su texto. “Hubo un gran debate sobre la necesidad de sacrificar los derechos a la libertad a cambio de la seguridad. Sin embargo, en la práctica, el gobierno había sacrificado sobre todo las libertades de los extranjeros. Pero como lo demostraron los casos Hamdi y Padilla (ver artículo central), lo que se les hace a los extranjeros naturalizados posiblemente abrirá la vía a lo que se les hará a los ciudadanos estadounidenses mañana”.
Las excepciones a los derechos constitucionales no comenzaron con Bush. Como consecuencia del primer atentado contra el World Trade Center, en 1993, y del que destruyó la oficina federal de Oklahoma en 1995, el Congreso aprobó la Anti-Terrorism Act “uno de los peores ataques a la Constitución en varias décadas” 3. Esa ley resucitó el delito de asociación y creó una corte especial que tiene acceso a informaciones clasificadas (secreto de defensa) para deportar extranjeros sospechosos de terrorismo. Pero sobre todo, esa medida suprimió la ley –que tenía apenas unos pocos años de vida– que prohibía al FBI investigar sobre las actividades relativas a la Primera Enmienda (libertad de expresión, de asociación política, de culto y de prensa).
Actualmente el Ministerio de Justicia tiene en sus cajones otros proyectos de ley de ese tipo. Estaría preparando la Domestic Security Enhancement Act, que según Jack Balkin, profesor de derecho de la Universidad de Yale, otorga al Estado “el derecho a quitarle la nacionalidad a una persona que esté vinculada con alguna de las organizaciones que figuran en la lista negra del Ministerio de Justicia, aun si la persona no está al corriente de ello”. En síntesis, escribe Noam Chomsky 4, “basta con dar unos pocos dólares a una entidad caritativa islámica que figure en la lista Ashcroft como organización terrorista, para verse expulsado del país en el primer avión, sin posibilidad de regresar”.

  1. Ver Nancy Chang, miembro del Centro para los derechos constitucionales, Lost Liberties, The New Press, Nueva York, 2003.
  2. “Assessing the New Normal”, 2003.
  3. Terrorism and Constitution, The New Press, Nueva York, 2002.
  4. Hegemony of Survival, America’s Quest for Global Dominance, Ediciones American Empire Project, 2003.


Autor/es Augusta Conchiglia
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 55 - Enero 2004
Páginas:24,25,26
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Derechos Humanos
Países Estados Unidos