Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Recuadros:

El fracaso programado de los sindicatos alemanes

A comienzos de 2003 el sindicalismo alemán se precipitó en una crisis sin precedentes, que redujo su influencia política y que marca la ruptura del consenso fundador del sistema social alemán al cual adherían tradicionalmente los sindicatos, las patronales y los grandes partidos políticos, tanto el Partido Social Demócrata (SPD) como el Partido Demócrata Cristiano vinculado al movimiento obrero católico.

El consenso entre trabajadores, patrones y dirigencia política se basaba en tres pilares: a) el Estado de bienestar establecido por Otto von Bismarck en el siglo XIX y luego consolidado por los gobiernos demócrata-cristianos en los años 1950; b) la "autonomía colectiva", un sistema de negociación colectiva en las ramas profesionales establecido a comienzos del siglo XX, cuya autonomía fue plenamente reconocida por el Estado luego de la Segunda Guerra Mundial; y c) el sistema de "codeterminación" en las instituciones y empresas que los gobiernos democristianos concedieron al movimiento sindical en la década del '50 y que reforzó un gobierno socialdemócrata en los años '70. Estos derechos se ejercen principalmente en los consejos de empresa, pero también en los consejos de vigilancia de las grandes empresas.

En la actualidad, el primer pilar está sometido a fuertes ataques de las patronales, de los partidos demócrata cristianos y liberales, e incluso del Partido Social Demócrata Alemán (SPD), después del espectacular viraje de marzo de 2003, cuando el canciller Gerhard Schröder anunció una profunda reestructuración del sistema social.

Sin embargo, Schröder ganó dos veces las elecciones gracias al apoyo de las organizaciones sindicales. En 1998 había cumplido sus promesas electorales al abolir las leyes que el gobierno de Helmut Kohl había hecho votar -a pesar de la fuerte oposición sindical- y que reducían las indemnizaciones por enfermedad y las jubilaciones. Pero poco tiempo después Schröder volvió sobre sus pasos, reformando a su vez el sistema de jubilaciones e introduciendo un componente de capitalización. El movimiento sindical terminó por aceptarlo con el argumento de que se salvaguardaba el principio de distribución y que los fondos de pensión complementarios abrirían un nuevo ámbito para la negociación colectiva.

En forma implícita, esta aceptación era también la contrapartida de una reforma de la ley relativa a los consejos de empresa que debía facilitar la representación de los trabajadores, en particular en las pequeñas empresas. Pero este compromiso no era explícito. En el marco tripartito del "Pacto para el empleo" de 1998, las organizaciones sindicales aceptaron otros acuerdos, en especial en enero de 2000, cuando suscribieron la fórmula de una "política salarial razonable a mediano plazo". Eso se tradujo en una reducción del salario real, sin por ello cumplir con la promesa de crear nuevos empleos, de manera que el IG Metall terminó por decretar el "fin de la razonabilidad salarial" y por reivindicar una recuperación salarial sustancial, que sólo alcanzó de manera parcial.

En agosto de 2003 la Comisión Hartz, encargada por el gobierno de elaborar una reforma de la política de empleo, propuso medidas para mejorar la eficacia de la Oficina Federal del Trabajo, pidiendo al mismo tiempo más sacrificios a los desocupados. Los solteros tendrían que aceptar ofertas de empleos peor pagos y más alejados de sus domicilios. En caso de rechazo insuficientemente justificado se suspenderían los subsidios de desempleo. Estas opciones le fueron arrancadas al movimiento sindical a cambio de la promesa, renovada por el Canciller durante la campaña electoral, de no disminuir ni la duración ni el nivel de los subsidios de desempleo.

Poco después de haber obtenido el apoyo sindical para las elecciones de octubre de 2002, el Canciller presentó en el Parlamento, el 14 de marzo de 2003, un extenso proyecto de reforma del Estado de bienestar, denominado Agenda 2010 (ver recuadro). Este proyecto contradice sus promesas y preanuncia una reducción de las prestaciones de los seguros de desempleo, enfermedad y vejez, al igual que una flexibilización del derecho laboral, destinada en particular a facilitar los despidos en las pequeñas empresas y a derogar los convenios colectivos por rama. De esa manera satisface ampliamente las reivindicaciones patronales, al disminuir el coeficiente de los aportes sociales y ampliar la desregulación del derecho del trabajo 1.

Este viraje político es el resultado de un cambio profundo del entorno ideológico alemán. Después de la victoria electoral de la coalición verdirroja del canciller Schröder, el neoliberalismo recuperó rapidamente su hegemonía cultural en la prensa y en el sector audiovisual. Mediante una campaña de descrédito sin precedentes, los medios de comunicación, incluidos aquellos que en general se consideran de centroizquierda, denunciaron el excesivo poder político del "lobby sindical", factor que bloquearía las reformas del Estado de bienestar necesarias para recuperar la competitividad de la economía germana y condición previa a un nuevo crecimiento y a la creación de empleo.

Afiliación en retroceso

Más que nunca, los sindicatos se encuentran casi completamente aislados y en dificultades para contrarrestar las tesis de la vulgata neoliberal sobre las razones de los malos resultados de la economía alemana, que se deberían a un costo laboral demasiado elevado y a una legislación laboral demasiado rígida (ver Ganssmann, pág. 22). Las tesis no son nuevas, pero lograron influir sobre los discursos de los dirigentes del SPD y de los Verdes y terminaron por establecer un nuevo patrón de justicia social: se considera justo lo que crea empleo. La creación de empleos requeriría la moderación salarial y la reducción de las cargas sociales, es decir, recortar el Estado de bienestar.

Estos ataques afectaron a un sindicalismo inmerso en una crisis estructural profunda y cuya base viene achicándose desde hace una década. Partiendo de una cifra récord de 12 millones de miembros en 1991, en razón de la reunificación política y sindical, los sindicatos afiliados a la confederación sindical DGB sólo representaban a 7,7 millones de adherentes a fines de 2002, y esto a pesar de que el año anterior absorbieron al sindicato de empleados DAG. La tasa de sindicalización en la DGB, que durante mucho tiempo se mantuvo por sobre el 30%, cayó ahora al 20%.

Estas pérdidas resultan principalmente de cambios económicos como la caída del empleo en Alemania del Este y el crecimiento del sector terciario, pero también revelan un cierto desinterés de los asalariados, que se traduce en la ausencia de nuevas afiliaciones, en particular de jóvenes, y en una pérdida de audiencia. Durante las elecciones de los consejos de empresa de 1998, dos tercios de los votados eran miembros de un sindicato de la DGB. En las elecciones de 2002 representaban apenas un 58%.

Más dramático aun, esta reducida base sindical ya no parece compartir las convicciones de sus líderes. Según un sondeo de opinión financiado por la DGB, el 48% de los afiliados considera que los recortes en el presupuesto social preconizados por el gobierno de Schröder son justos, sólo un 37% los considera excesivos.

Esta diferencia interna explica el escaso éxito entre los sindicalizados de la movilización contra la Agenda 2010 iniciada por el IG Metall y el sindicato de servicios Verdi, que representan por sí solos a más de dos tercios de los afiliados de la DGB. Así, sólo 90.000 personas participaron en las doce manifestaciones públicas que tuvieron lugar en la jornada de acción nacional del 24 de mayo de 2003. Cifra modesta si se la compara con la manifestación del 1 de noviembre de 2003, organizada sobre el mismo tema por Attac, el Partido Demócrata Socialista (PDS, ex comunista) y algunas organizaciones sociales, a la cual varios sindicatos terminaron por sumarse: nada más que en Berlín se movilizaron 100.000 personas 2. Es demasiado pronto aún para saber si ello representa una erupción transitoria o si marca el inicio de una política común de movilización de los sindicatos y de las organizaciones sociales, hoy divididas.

"Mal menor"

Unos días antes de la manifestación del 24 de mayo, los dirigentes del sindicato de químicos IG BCE y de otros dos pequeños sindicatos habían hecho pública una declaración común que reconocía la "necesidad de las reformas" de Schröder, y afirmaban estar dispuestos a participar en ellas. Si bien este punto de vista es minoritario en el aparato sindical, sin duda muchos afiliados lo comparten, de ahí su escasa participación en la manifestación. Como consecuencia de estos desacuerdos internos acerca de la estrategia a seguir, las direcciones sindicales decidieron "suspender" la movilización de los afiliados y dar prioridad a la negociación con el gobierno, con la esperanza de poder modificar algunos detalles del proyecto.

Hasta el congreso extraordinario del SPD en junio de 2003, que terminó por adoptar la Agenda 2010 casi por unanimidad (un 90% de los votos), los sindicatos apostaron a su influencia indirecta sobre el partido. Según recuentos efectuados tanto por la prensa como por los sindicatos, tres cuartas partes de los diputados socialdemócratas son miembros de la DGB. Aun sin alcanzar este porcentaje, el grado de sindicalización de los miembros del partido es también considerable. A pesar de esta influencia numérica, los sindicatos no consiguieron que el partido rechazara el plan del gobierno de Schröder. A lo sumo obtuvieron algunas mejoras parciales, que el gobierno liquidó en el posterior regateo con la oposición demócrata cristiana con vistas a obtener un voto favorable en la Bundesrat (segunda Cámara legislativa), para lograr la definitiva adopción integral del proyecto de la Agenda 2010 3.

¿Cómo explicar este fracaso? Tal como habían hecho los sindicatos con las recomendaciones de la Comisión Hartz, el ala izquierda del partido parece haber elegido, por un reflejo de supervivencia, lo que considera el mal menor: es preferible aceptar el proyecto Schröder, mejorándolo en lo posible, que favorecer la victoria de los demócrata cristianos y su proyecto de desregulación social, juzgado mucho más radical y abiertamente antisindical.

Los sindicatos son en parte responsables del deterioro de su imagen, puesto que siempre descuidaron definir los principios teóricos que justificaran los compromisos que solían asumir en las negociaciones, tanto a nivel nacional como sectorial o empresarial. Al limitarse a encubrir estas prácticas mediante una retórica maximalista, los dirigentes sindicales ven aumentar sus dificultades para comunicarse con la masa de trabajadores e incluso con sus propios afiliados, por lo general más moderados. El movimiento sindical carece de un proyecto alternativo creíble, de una nueva síntesis capaz de superar las divergencias internas. Ni siquiera los escasos intelectuales que permanecen cerca de los sindicatos proponen nuevas recetas 4. Algunos les recomiendan abandonar la acción política y concentrarse en su ocupación tradicional: la negociación colectiva.

Sin embargo, en la actualidad los sindicatos experimentan una dificultad creciente para cumplir esa función. En junio de 2003, por primera vez en cincuenta años, el IG Metall fue obligado a desistir de una huelga que no obtuvo resultados positivos. En verdad, se trataba de una situación particular: un movimiento para la adopción de las 35 horas en Alemania del Este. Pero allí se reveló también una fractura entre sus afiliados del Este y del Oeste. Fueron los consejos de empresa de los grandes establecimientos del Oeste los que rechazaron solidaridarizarse con sus colegas del Este, por temor a causar dificultades a sus empresas y a poner en peligro sus empleos. Eso pone de relieve la vulnerabilidad de los sindicatos frente al corporativismo de empresa y al chantaje del empleo.

Al reivindicar una mayor descentralización de la negociación colectiva, los empleadores piensan explotar aun más esas posibilidades. No contentos con las cláusulas de apertura ya introducidas en muchos convenios colectivos por rama, reclamaron una ley que las hiciera obligatorias. Eso provocaría un cuestionamiento del segundo pilar del sistema social alemán -la negociación por rama- y un debilitamiento suplementario de los sindicatos. El propio Schröder abrió la caja de Pandora al incluir en su Agenda 2010 la amenaza de una intervención legislativa si los interlocutores sociales no alcanzaran un acuerdo sobre la cuestión. La oposición demócrata cristiana aprovechó la oportunidad para presentar a la Bundesrat un proyecto de ley para abolir parcialmente el "principio de preferencia" que prioriza el convenio por rama y prohíbe acuerdos derogatorios negociados por los consejos de empresa.

Los demócrata cristianos esperaban obtener el apoyo de los socialdemócratas para este proyecto de ley, a cambio de su consentimiento para la adopción integral de la Agenda 2010. En el compromiso final del 15 de diciembre de 2003, los socialdemócratas hicieron muchas concesiones, sobre todo al aceptar elevar el umbral para la aplicación de la ley sobre despidos, pero rechazaron toda ley que destruyera la prioridad del convenio por rama. Finalmente, ese fue el único éxito que obtuvieron los sindicatos. Un pobre resultado, que no permite ocultar en el balance un importante fracaso. 

  1. Para un análisis detallado de la Agenda 2010 y de su aplicación, véase Udo Rehfeldt, "Allemagne: Poursuite de la réforme de l'Etat-providence", Chronique Internationale de l'IRES, N° 85, noviembre de 2003, Noisy-le-Grand.
  2. Es difícil explicar las razones de este (relativo) éxito. Aparentemente, muchos jubilados se unieron al cortejo para expresar su cólera contra los proyectos gubernamentales. Para un análisis de los disensos entre las organizaciones sindicales y sociales, véase el artículo de Anne Allex, "Wem gehört die Demo?" en la revista de la izquierda sindical Express, N° 11, diciembre de 2003.
  3. Los demócrata cristianos son mayoría en la Bundesrat, la segunda Cámara legislativa alemana, y pueden bloquear gran parte de los proyectos de ley del gobierno.
  4. Como contribución al debate, véase Frank Deppe, "Gewerkschaften unter Druck", suplemento de Sozialismuus, septiembre de 2003; y también Gewerkschaftliche Monatshefte, la revista teórica de la DGB, mayo de 2003.

La Agenda 2010

Rehfeldt, Udo

Entre las medidas de la Agenda 2010 adoptadas por el Parlamento en 2003 luego de las concesiones acordadas a la oposición el 19 de diciembre, figuran:

Desempleo: el período de indemnización se acorta de 32 a 12 meses (18 meses para los mayores de 55 años); tras ese lapso, los desocupados, que podían cobrar en promedio un 67% de sus ingresos anteriores, sólo percibirán un subsidio del orden de los 345 euros por mes; aquellos que permanezcan desocupados por mucho tiempo se verán obligados a aceptar una oferta de empleo cualquiera sea su nivel de remuneración; en caso de rechazo, sus subsidios podrán ser reducidos o incluso suprimidos; algunas agencias de empleo temporario han sido autorizadas a instalarse en las agencias de empleo, denominadas en adelante "Job centers"; se flexibilizan las condiciones de licenciamiento para las empresas de 5 a 10 asalariados.

Seguro médico: se creará un cupón moderador para las consultas médicas (10 euros por trimestre; 10 euros suplementarios en caso de visita a un especialista), para la compra de medicamentos (10% del precio con un mínimo de 5 euros y un máximo de 10 euros) y para las internaciones hospitalarias; los gastos por anteojos y dentistas, para adultos, no serán reintegrados; las cotizaciones para los resarcimientos por licencia sólo se aplicarán a los asalariados.

Jubilaciones: las pensiones se congelan y sufrirán un aumento de las deducciones para pagar el subsidio familiar; a partir de 2006 las jubilaciones anticipadas se postergarán progresivamente de los 60 a los 63 años; la capitalización, favorecida en 1998, obtendrá una nueva ayuda fiscal.


Autor/es Udo Rehfeldt
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 56 - Febrero 2004
Páginas:20,21,22
Traducción Teresa Garufi
Temas Políticas Locales
Países Alemania (ex RDA y RFA)