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Golpe de Estado ideológico en Europa

Los juristas adoran los debates, y más aun si son incomprensibles para el común de los mortales. A menudo los resuelven mediante oscuros adagios en latín, menos destinados a esclarecer que a impresionar al adversario. Por ende, sólo podemos esperar de ellos una limitada ayuda para interpretar esta rareza política y jurídica que es el “tratado que establece una Constitución para Europa” firmado el 18 de junio de 2004. La ciencia jurídica, en cambio, podrá brindarnos útiles aclaraciones que sustenten la apreciación, necesariamente política, del ciudadano.

El tratado "constitucional" es un documento híbrido con un alcance excepcional. En efecto, las Constituciones son actos de derecho "interno", nacional, y no pertenecen al campo del derecho internacional, cuya herramienta tradicional es el tratado. Una Constitución es el acto solemne a través del cual una comunidad política (un pueblo o una nación) define sus valores y organiza la creación de las normas jurídicas, especialmente las leyes, a las que se somete 1.

La Constitución es así una de las manifestaciones concretas de la democracia. Hablar de Constitución Europea significaría pues que los 25 Estados miembros de la Unión, y sus pueblos, se reconozcan como una comunidad fundada en el sufragio universal. Ahora bien, éste no es el caso en absoluto. Por eso, la autoproclamación de una Constitución Europea, incluso mediante el subterfugio de un tratado internacional, oculta una intención política ligada al contenido ultraliberal del texto mismo. Porque teniendo en cuenta el carácter fundacional de una Constitución, imponer la palabra sin la realidad implica querer imponer el propio liberalismo ignorando las reglas democráticas fundamentales. Es una suerte de golpe de Estado ideológico.

En cincuenta años de vida, el sistema institucional europeo se tornó sumamente complicado, como consecuencia de la práctica y la superposición de tratados. Sin embargo, no es necesario redactar una Constitución para esclarecer los textos: un tratado clásico puede lograrlo plenamente 2. Porque se trata de mejoras de fondo, no de técnica jurídica. ¿Acaso el mismo Napoleón no pensaba que "las Constituciones deben ser cortas y oscuras"? Por consiguiente, si el tratado brinda precisiones jurídicas útiles, el hecho de recurrir al vocablo "constitucional" reviste otro significado.

Imponer el liberalismo económico

Desde el Congreso de La Haya en 1948 3, la mayoría de los federalistas anhelan la redacción de una Constitució n Europea. En efecto, una Constitución funda un Estado mientras que un tratado puede, a lo sumo, crear una organización internacional (Naciones Unidas, por ejemplo). Puesto que iba en contra de las soberanías, esta idea nunca se concretó; y tanto la Comunidad como la Unión Europea 4 continuaron siendo organizaciones internacionales, a pesar de su gran nivel de integración. Pero el tratado "constitucional", más allá de su fuerte carga simbólica, no podría satisfacer a los federalistas.

Si bien numerosos artículos se refieren abiertamente a "la Constitución" abandonando la referencia al "tratado" y aunque el texto contiene, como todas las Constituciones, una Carta de los Derechos Fundamentales y precisa el papel de las instituciones de la Unión, no se trata sin embargo de una Constitución. En primer lugar, aunque redactado en nombre de los "ciudadanos y los Estados de Europa", sigue siendo un pacto entre los Estados que "atribuyen" facultades a la Unión (principio clásico de derecho internacional). En comparación, la Constitución Federal de Estados Unidos se presenta como un acto soberano del "pueblo de Estados Unidos" ("We the people of the United States"), con el acuerdo de los pueblos federados. Pero, sobre todo, el tratado establece el derecho a retirarse de los Estados miembros. Según el profesor Luis María Diez Picazo del Instituto de la Empresa de Madrid, un derecho semejante es indispensable en una Constitución y "validaría la idea de que los Estados miembros son amos de los tratados constitutivos" 5. La secesión de algunos Estados estadounidenses en 1861 condujo así ineluctablemente a una guerra en la que se impuso la federación 6.

Además, la Unión no dispone de poderes federales tradicionales: la política exterior y la posibilidad de hacer la guerra queda en manos de los Estados que pueden impedir, con su veto, una decisión de la Unión; los Estados conservan la posibilidad de celebrar tratados internacionales, salvo en materia comercial. La sola excepción es la moneda única, que es una competencia federal típica. Sin embargo, este federalismo monetario no es un verdadero contrapeso político. Según Dimitris N. Triantafyllou, miembro del servicio jurídico de la Comisión Europea, el tratado "constitucional" no hizo más que "abordar superficialmente la lógica constitucional privilegiando la lógica internacional" 7.

En su forma y contenido, el tratado sólo tiene la apariencia de una Constitución. Sin embargo, es falso afirmar que este tratado sería un simple "reglamento interno" 8, sugiriendo su escasa obligatoriedad, tal como lo hizo el ex primer ministro Lionel Jospin. Es un tratado y, como todo tratado, será obligatorio y aplicado por el conjunto de las instituciones europeas y nacionales. La condena, en nombre del pacto de estabilidad presupuestaria, impuesta a Alemania y Francia por la Corte de Luxemburgo, el 13 de julio de 2004, muestra la "flexibilidad" de los supuestos "reglamentos internos".

Mediante un "tratado constitucional", los gobiernos esperan ganar en todos los frentes: mantener -al menos en apariencia- su poder político, imponiendo una elección ideológica. En efecto, el tratado contiene disposiciones que no se encuentran comúnmente en una Constitución. Más allá de la definición clásica de los derechos fundamentales, confiere a la Unión la implementación de políticas de fondo cuyo objetivo es la instauración de una "economía social de mercado" donde la "competencia es libre y no distorsionada". Ahora bien, el objeto esencial de una Constitución es organizar los "poderes públicos", dejando las decisiones de fondo en manos de los electores. Así, recurrir a un "tratado que establece una Constitución" significa intentar pasar por alto la soberanía popular para imponer, mediante un acto solemne, los principios del liberalismo económico.

Progresivamente, con el uso, la referencia al tratado desaparecerá en beneficio del término "Constitución". Un documento semejante será prácticamente imposible de modificar en una Europa de 25 (¿o incluso más?) Estados miembros. Yves Salesse, presidente de la Fundación Copernic, advierte: "La solemnidad de las tratativas de la Convención y la utilización abusiva del término ‘Constitución' no deben tomarse a la ligera. (...) La sanción de la Constitución pretende ser un acto fundacional. (...) Lo importante no es poner de un lado de la balanza los avances y del otro los retrocesos. Se trata de decir si queremos que este texto sea la piedra fundamental de Europa para el período que se inicia" 9.

Conglomerado 

El alcance del perjuicio infligido a la democracia es proporcional a la intención de imponer una Constitución a través de un tratado. En efecto, la aprobación de una convención internacional resulta de procedimientos diplomáticos, intergubernamentales, clásicos, y puede efectuarse mediante el voto parlamentario sin recurrir al referéndum. La sanción de una Constitución proviene siempre de la soberanía popular, ya sea directamente (tradición francesa del referéndum, especialmente), ya sea a través de un procedimiento parlamentario más riguroso que el habitual: elección de una Asamblea especial denominada "Constituyente" o reunión solemne del Parlamento.

La Convención sobre el futuro de Europa ha sido a veces comparada con una Asamblea Constituyente 10. El modelo era por supuesto la Convención Constitucional de Filadelfia que dio origen, en 1787, a la Constitución de Estados Unidos. Si bien la Convención presidida por Valéry Giscard d'Estaing representa una interesante ampliación del proceso de redacción de los tratados más allá de las esferas diplomáticas, la comparación con una constituyente es abusiva en más de un aspecto. Primero, una constituyente emana directamente del pueblo. Lo que se ha dado en llamar "constitucionalismo" surgió con la filosofía del Iluminismo para luchar contra la arbitrariedad de los poderes monárquicos. A través de la redacción de una Constitución, el pueblo controla a sus dirigentes y protege sus libertades. Las dos primeras Constituciones escritas son las de Estados Unidos de América (1787) y Francia (1791).

El pueblo no puede ser privado de ese poder que los juristas califican de "originario". Si bien en el siglo XVIII el sufragio universal estaba poco difundido, nada podría justificar que hoy se lo deje de lado. Ahora bien, la Convención sobre el futuro de Europa tenía sólo un vínculo lejano con los pueblos. Estaba compuesta por miembros nombrados (presidente y vicepresidente designados por el Consejo Europeo; representantes de los gobiernos), miembros de la Comisión Europea y representantes elegidos por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. Los diez países candidatos admitidos el 1º de mayo de 2004, así como Turquía, Rumania y Bulgaria, fueron invitados a participar de los debates (39 representantes de los 105 miembros de la Convención). Esta instancia constituía pues un conglomerado y no una asamblea representativa 11. Finalmente, la Convención sólo podía proponer; el poder de decisión correspondía a una conferencia intergubernamental clásica que tenía la posibilidad, que utilizó moderadamente, de modificar el texto propuesto. Por ahora, sólo 11 países anunciaron la celebración de un referéndum para la ratificación del tratado "constitucional" celebrado "por un tiempo ilimitado".

Para entrar en un verdadero proceso constituyente sería necesario el nacimiento de un pueblo europeo que se reconozca como una comunidad de destino. Ahora bien, este "querer vivir juntos" parece todavía lejano, sobre todo en la Europa ampliada. La noción de interés general europeo, tal como se desprende de los tratados y los discursos de los gobernantes, se limita a preocupaciones comerciales y contables. Así, la Carta de los Derechos Fundamentales incluida en el tratado "constitucional" es menos exigente que la Carta Social del Consejo de Europa aprobada en 1961. Y no es mediante fórmulas ingenuas tales como "Europa se convertirá en una gran familia" (Consejo Europeo de Laeken) o declaraciones de principios no seguidas por efectos -sobre la contribución de Europa a la paz, por ejemplo- que se afirmarán los valores fundacionales de una nueva comunidad democrática.

Varios juristas eminentes consideran que la Unión Europea es una construcción política y jurídica nueva que implica renunciar a las figuras tradicionales del derecho. Según ellos, sería necesario dar muestras de imaginación y abandonar las "referencias míticas" del constitucionalismo del siglo de las Luces 12. Sin embargo, si bien la amplitud de miras puede considerarse una cualidad democrática, no podría conducir al cierre de la democracia misma. La Unión Europea, cuyo funcionamiento tecnócrata y opaco lesiona estos principios, se convertiría entonces en el instrumento de una destrucción subrepticia del sufragio universal en nombre del gobierno "iluminado" de los especialistas.

¿No serán los propios responsables de la Unión Europea quienes carecen de imaginación? Así, el jurista belga Renaud Dehousse, militante europeo convencido, pregunta: "Si la construcción europea representa en gran medida una innovación política, ¿por qué intentar a toda costa volcarla en el molde tradicional de las Constituciones?" 13. La democratización de las instituciones europeas puede hacerse en el marco de un tratado y el federalismo no constituye la única forma de solidaridad transnacional: el internacionalismo no ha muerto.

  1. Olivier Beaud, "Constitution", Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-Presses universitaires de France, París, 2003, pág. 257.
  2. Dieter Grimm, "Le moment est-il venu d'élaborer une Constitution européenne?", Une Constitution pour l'Europe, bajo la dirección de Renaud Dehousse, Presses de Sciences-Po, París, 2003, pág. 39.
  3. En mayo de 1948, alrededor de 1.000 delegados de asociaciones pro europeas se reunieron en La Haya.
  4. La Unión Europea, creada por el Tratado de Maastricht del 6 de febrero de 1992, corona a la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA) creadas en Roma el 25 de marzo de 1957.
  5. Luis María Diez Picazo, "Les pièges de la souveraineté", Une Constitution pour l'Europe, op. cit., pág. 58.
  6. Sólo las Constituciones soviética y yugoslava preveían expresamente el derecho a retirarse, nunca llevado a la práctica.
  7. Dimitris N. Triantafyllou, Le projet constitutionnel de la convention européenne, Bruylant, Bruselas, 2003, pág. 129.
  8. Lionel Jospin, "Pour moi, c'est oui", Le Nouvel Observateur, París, 23-09-04.
  9. Yves Salesse, "Dire non à la ‘Constitution' européenne pour construire l'Europe".
  10. Bernard Cassen, "Una convención europea convencional", Informe-Dipló, 12-7-04.
  11. Vers une Constitution européenne, texto del proyecto comentado por Etienne de Poncins, 10/18, París, 2003.
  12. Stéphane Rials y Denis Alland, Constitution de l'Union européenne, Que sais-je?, París, 2003.
  13. Une Constitution pour l'Europe, op. cit., pág. 37.
Autor/es Anne-Cécile Robert
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 65 - Noviembre 2004
Páginas:24,25
Traducción Gustavo Recalde
Temas Política, Estado (Justicia)