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Recuadros:

Al borde del abismo energético

En pocos años Argentina podría afrontar una crisis energética cuya importancia económica y proyección política sería superior al problema de la deuda externa. Se observa que las empresas del área ejercen una condicionalidad interna sobre las posibilidades económicas, la obtención de beneficios y, sobre todo, se apropian de la renta petrolera nacional y explotan los recursos naturales sin otra consideración que maximizar ganancias en el corto plazo 1. Se confunde el beneficio empresario con la renta petrolera nacional; evidentemente distintos.

Además de incidir en el poder real en el presente (y en los medios, a través de la publicidad), el comportamiento predatorio de las empresas y la ausencia de una política energética estatal pueden conducir a una crisis energética estructural en poco más de una década. En el año 2004 el país enfrentó una situación de escasez de energía que, a modo de ensayo general, bien puede servir para identificar actores e intereses en las crisis energéticas.

Para entender esto es preciso echar un vistazo a la situación mundial, que se caracteriza por el fuerte predominio de los hidrocarburos, una fuente no renovable destinada a agotarse un día, lejano en términos de la vida humana e inminente en plazos de generaciones; dos o tres, a lo sumo 2. Ello provoca, por una parte un combate sangriento por el control de la explotación y las reservas; por otra, investigaciones tendientes a reemplazar a los hidrocarburos.

Se trata de una batalla por el poder mundial y por enormes cantidades de dinero, que se expresa en guerras, golpes de Estado, aceleración o retardo de investigaciones. Las empresas petroleras tratarán de ampliar su dominio; los Estados se defenderán como puedan. Se trata de una de las pugnas fundamentales del siglo XXI. Basta pensar en el poder del Estado que controle la mayoría de los yacimientos en un momento de escasez generalizada... los delirios imperiales no están lejos.

La forma en que se genera y distribuye la energía mundial determina en gran medida la política, la economía y el bienestar de los países y sus poblaciones. La International Energy Agency (IEA) -que forma parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE)- ha estimado que en 2030 las necesidades mundiales de energía superarán a las actuales en 60% y que los combustibles fósiles continuarán siendo predominantes: el 85% del aumento de la demanda primaria. Dos terceras partes del incremento de la demanda de energía provendrán de los países subdesarrollados. Las disponibilidades actuales alcanzan, pero a costos cada vez mayores y si se efectúan las inversiones necesarias. Como es un recurso no renovable, se agotará, pero no antes de 30 años.

La actual demanda de gas natural y de electricidad se duplicará de aquí a 2030. Sin embargo, el número de personas sin electricidad disminuirá muy poco: de los 1.600 millones de personas en 2002 a 1.400 millones en 2030; mientras que aquellos que utilizan métodos primitivos (biomasa) para cocinar y calentarse, aumentarán de 2.400 a 2.600 millones en 2030.

Este incremento de las necesidades de energía genera importantes problemas. Ante todo, el medio ambiente se contaminará aun más por las emisiones de dióxido de carbono, aumentando su influencia sobre el clima. En lo económico, para mantener el abastecimiento serán necesarias inversiones de gran magnitud, que entre ahora y 2030 se calculan en 16 billones de dólares en total (568.000 millones por año). Todo ello en un contexto de incertidumbre en los precios (la IEA adopta la hipótesis de un promedio de 35 dólares el barril hasta 2030). Pero no sólo se trata de dificultades técnicas y financieras: la seguridad energética de los países occidentales está amenazada por graves riesgos, ya que las mayores reservas están en los países de Oriente Medio miembros de la OPEP y en Rusia. Además, China e India se incorporarán al consumo en gran escala. La invasión a Irak es un anticipo de lo que puede venir.

 La situación argentina

 El primer hecho sobresaliente es que el 90% de la energía que se produce y consume en Argentina consiste en gas natural y petróleo (Cuadro 1). La dependencia casi total del país de los hidrocarburos pone en evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de energía. En el caso particular de la energía eléctrica, el 60% está abastecido por centrales termoeléctricas (en su mayoría por gas natural y el resto por gasoil y fuel-oil), el 31% por centrales hidroeléctricas y el 9% por centrales nucleoeléctricas (Embalse y Atucha I) 3.

No sólo existe concentración en el tipo de energía, sino en las empresas petroleras. En petróleo, cuatro empresas producen el 78%; en gas natural, también cuatro empresas generan el 81%. Todas actúan sin casi ningún control. Por ejemplo, se llega a la aberración de que los volúmenes producidos y transportados no se controlan por medidores, sino por declaración jurada de las empresas. Es sobre esta base que las empresas pagan sus impuestos...

El panorama adquiere rasgos angustiantes cuando se examinan las reservas comprobadas y probables, que son mínimas: un horizonte de alrededor de 11 años para petróleo y de 15 años para gas. Sólo un instante en la vida de un país. En 1988 las reservas comprobadas eran de 14 años para petróleo y 34 años para gas; pero con la privatización de YPF aumentó la producción, se comenzó a exportar en gran escala y cayó en picada la exploración (Cuadros 2 y 3).

Las empresas privatizadas viven todavía de las prospecciones realizadas por la estatal YPF. Para evitar la catástrofe energética, debería acelerarse la búsqueda de nuevas áreas petroleras y gasíferas y realizarse una intensificación extraordinaria de las energías hidroeléctrica y atómica.

El agotamiento de las reservas se acelera más aun con el aumento sustancial de las exportaciones: en 1980 se exportaban combustibles por valor de 280 millones de dólares; en 1990 se pasó a 985 millones; en 1995 se llegó a 2.169 millones y en 2004 a 6.171 millones; es decir, en 1990 los combustibles y la energía eran el 8% de las exportaciones totales, y en 2004, el 18%. En un país con muy pocas reservas comprobadas y sin problemas acuciantes de balanza de pagos, se exporta un recurso esencial no renovable; además, se permite que los exportadores no ingresen al país el 70% de esas divisas. Queda claro que el principal objetivo de esas exportaciones es el mayor lucro de las empresas: exportan el petróleo con un valor de referencia de 54 dólares el barril, mientras que en el mercado interno lo venden a 34 dólares.

 La renta petrolera

 El petróleo constituye una riqueza fundamental; de allí que los países lo cuiden y que en la mayoría de los casos sea explotado por empresas estatales o mixtas con mayoría estatal (ver "El ejemplo..."). Para cualquier país esto soluciona el problema fundamental de la energía; en el caso argentino, la explotación genera una renta importante, debido a los bajos costos de producción.

Y aquí es preciso hacer una distinción esencial: por una parte está el legítimo beneficio empresario, incluido en el costo del barril de petróleo. Por otra, está la renta, que es la diferencia entre el costo local y el precio internacional. Se trata de un regalo de la naturaleza, que dotó al país de petróleo de extracción relativamente barata, mientras otros países deben pagar precios mucho mayores. La renta pertenece al país, no al empresario petrolero, que ya ha obtenido su beneficio. El Estado puede captar la renta por diferentes medios. Uno, a través de la explotación directa por una empresa estatal, que cuando cobra en el mercado interno precios internacionales recibe la totalidad de la renta. Si decide cobrar el combustible de acuerdo con los costos internos, el gobierno transfiere esa renta a los consumidores; en Venezuela, por ejemplo, el litro de nafta cuesta el equivalente de 0,15 pesos argentinos; 11 veces menos que la nafta común en Argentina.

En otras situaciones, el Estado absorbe esa renta mediante impuestos a las ganancias, regalías y retenciones a las exportaciones.

Una estimación razonable de la renta petrolera para 2004 realizada por el IEFE 4 la hace ascender a 7.500 millones de dólares, de los cuales las empresas deberían haber pagado al Estado 2.400 millones de dólares por los siguientes conceptos:?impuesto a las ganancias, 1.200 millones; regalías, 700 millones;?y retenciones, 500 millones. Se ha considerado un valor FOB del barril de petróleo de 34,50 dólares, debido a la menor calidad del petróleo con respecto al WTI (West Texas International);?se produjeron 252 millones de barriles a un costo de 4,50 dólares cada uno;?en esa estimación se descuentan parte de los costos de desarrollo y descubrimiento que no se efectuaron (Cuadro 4). En síntesis, se puede estimar que las empresas se quedan con los dos tercios de la renta que perciben. Compárese con los casos de México y Venezuela en donde el Estado capta la totalidad de la renta a través de las empresas estatales; y de Noruega, en donde las empresas pagan el 78% de impuesto a las ganancias (ver "El ejemplo...").

En cuanto a las empresas individuales, Repsol declaró el pago de 700 millones de dólares por impuestos y regalías en Argentina durante 2003. En su Informe Anual 2003 puntualiza también que las retenciones a las exportaciones ascendieron a 136 millones de dólares. En cuanto a los beneficios empresarios, en 2003 Repsol YPF expresó ante la U.S. Securities and Exchange Commission (Forma 20-F, al 31-12-03), que ese año sus ganancias operativas en Argentina fueron de 2.198 millones de dólares. Con anterioridad, en el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Capitales en Argentina de la Cámara de Diputados de la Nación (Comisión Di Cola) referido al año 2001, la compañía aparece transfiriendo al exterior 1.058 millones de dólares.

 El poder de la energía

 La energía, además de electricidad y fuerza motriz, genera poder político y económico (y financia el militar). Su propiedad y disponibilidad constituye un requisito para la hegemonía de las potencias y la independencia de los países normales y es un objetivo a obtener a toda costa. Es evidente que los países medianos como Argentina deben procurar mantener el autoabastecimiento, para no entrar en una dependencia ruinosa e innecesaria: cuando se dispone de los recursos, la primera obligación es no dilapidarlos.

No corresponde aquí diseñar un programa energético sino enunciar algunos principios generales, cuyo primer tema es el de los hidrocarburos. En primer lugar, es imperioso aumentar las exploraciones. Las empresas concesionarias no lo hacen porque es caro y sólo les interesa la rentabilidad a corto plazo; el Estado debe por lo tanto hacerse cargo de áreas para explorar y explotar. La ley 17.319 establece que ninguna empresa puede ser titular de más de 5 permisos de exploración simultáneamente (art. 25) y de más de 5 concesiones de explotación. Repsol YPF, por ejemplo, tiene 30 bloques de exploración y 88 bloques de explotación. Sería lógico que se atribuyeran a Enarsa -empresa estatal- las áreas concedidas en violación de la ley, para que ésta sea la nueva titular de la exploración y explotación, ya que sería absurdo esperar a que se agoten las reservas y las empresas se vayan; o que sea Enarsa la que explore y luego ceda sus áreas. Como esas tareas demandan tiempo, habría que comenzarlas sin demora. También es urgente disminuir las exportaciones de petróleo y gas: Argentina no dispone de reservas para ser un país exportador.

El segundo asunto esencial es la diversificación de las fuentes de energía. Frente a la escasez de reservas, es suicida que los hidrocarburos constituyan el 90% del consumo. Ante todo, deben completarse las obras previstas en el Plan Energético Nacional 2004-2008, que prevé la ejecución de varios emprendimientos de importancia. En hidroelectricidad, asigna fondos para terminar el proyecto de Yacyretá, que elevará la potencia de 1.700 MW a 3.180 MW, y la energía generada aumentará de 11.450 a 18.500 GWh. Además, deberá acelerarse la iniciación de los proyectos hidroeléctricos de Garabí (con Brasil) y Corpus Christi (con Paraguay).

También deberá plantearse en otra escala la utilización de la energía atómica. El Plan Nacional incluye la terminación de la central nuclear Atucha II, con una potencia instalada de 692 MW. Además, podría utilizarse la capacidad técnica y la experiencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del IDEVI para programar una serie de usinas nucleares en diferentes puntos del país. En otro ámbito, después de más de medio siglo de estudio y acción, la CNEA está en condiciones de participar en las investigaciones que se realizan a escala internacional sobre nuevas fuentes de energía.  

Es necesario tomar conciencia: si la explotación continúa con las características actuales, en 11 años Argentina no tendrá más petróleo y en 15 años se quedará sin gas; es decir que en el espacio de una generación se puede producir una crisis que dejaría al país a merced de sus proveedores energéticos y de los precios internacionales. Es apocalíptico imaginar lo que significaría para Argentina la necesidad de comprar el petróleo a precios internacionales de una riqueza que se agota a escala mundial. La ruinosa hipoteca de la deuda externa sería una bagatela comparada con la carga energética.

Pero aún es posible ejecutar una vigorosa política de producción de energía, que incluso puede financiarse con la renta del petróleo y del gas. En ese caso se habrá cumplido con una de las funciones del Estado, que consiste en prever las crisis, resolverlas y -si no pudieran evitarse- solucionarlas de acuerdo con el interés nacional.

  1. "Azaroso destino de YPF", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2001.
  2. Para la British Petroleum, con el actual ritmo de producción, las reservas petroleras mundiales equivalen a 41 años y las de gas a 67 años de abastecimiento. Statistical Review of World Energy, Londres, 2004.
  3. Ricardo A. De Dicco, "La crisis energética y el problema de Orwell en Argentina", MORENO, Buenos Aires, 2004.
  4. Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), La Plata, sobre datos de la Secretaría de Energía y de balances de las empresas presentados a la Bolsa de Valores.

El precio de la garrafa de gas

De Dicco, Ricardo

De acuerdo con datos del INDEC, en 2004 alrededor de 13,5 millones de ciudadanos argentinos no tenían acceso al gas natural por redes. Es decir que más del 36% de la población carecía de ese servicio. Cerca del 58% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza –algo más de 10 millones de personas– carece de provisión de gas natural y consume otros energéticos alternativos: 80% utiliza gas licuado de petróleo (GLP) envasado y 20% quema plásticos, residuos vegetales o animales, cartón, papel, kerosén o leña.
Desde la devaluación, el precio del GLP envasado en garrafas de 10 kg aumentó más del 180%; para el total del país es en promedio de 25 pesos (en algunos lugares se la vende a 32 pesos). Del total de 95.000 puntos de venta, sólo 606 comercializan la garrafa con “tarifa social”, que oscila entre 18 y 19 pesos en diferentes provincias.
El mercado argentino de GLP está muy concentrado. Repsol YPF –por sí o por empresas controladas– tiene el 55%; el resto corresponde a TGS, Total Austral, Esso, Shell Gas y Wintershall. En la comercialización, tres empresas concentran alrededor del 63% del mercado: YPF Gas participa con 34,5%, Total Gas con 20,5% y Shell Gas con 7,8%.
El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (IDICSO) ha estimado en 7 pesos el costo de producción de una garrafa de 10 kg; el precio que paga el distribuidor es de 15 pesos y el correspondiente a los puntos de venta es de 19 pesos (estas estimaciones surgen de datos de las empresas productoras). Si el Poder Ejecutivo Nacional fijara precios máximos y las productoras y distribuidoras redujeran sus márgenes de ganancia, las garrafas de 10 kg podrían ser comercializadas con un precio final que no supere los 12 pesos la unidad, sobre todo cuando todavía sigue vigente la ley de emergencia económica.


El ejemplo de Noruega

Calcagno, Alfredo Eric y Calcagno, Eric

En la mayoría de los países el Estado maneja la energía. En el caso particular del petróleo está a cargo de empresas estatales o mixtas con mayoría estatal, que de modo directo o por medio de contratistas o licenciatarios lo exploran y extraen; así fijan los precios, captan gran parte de los beneficios y toda la renta. Un caso típico es el de Noruega.
Al cabo de tres décadas de fuerte crecimiento petrolero, Noruega es hoy el tercer exportador mundial de crudo, después de Arabia Saudita y Rusia. En la economía nacional, los hidrocarburos generan el 19% del PBI, el 46% de las exportaciones y el 25% de los ingresos fiscales. Se extraen alrededor de 3,4 millones de barriles de petróleo por día, y en gas se generan 60 millones anuales de toneladas equivalentes de petróleo (TEP). Para los próximos años se espera un estancamiento de la producción de petróleo y un fuerte aumento de la de gas.
El gobierno noruego maneja la explotación petrolera y gasífera por medio del Ministerio de Petróleo y Energía. El aspecto fiscal está a cargo del Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección Estatal de Intereses Financieros (SDFI). En 1972 el Parlamento creó una empresa estatal de petróleo (Statoil) para realizar por sí o en forma participada todas las operaciones petroleras. En 2001, el Parlamento resolvió vender el 15% de las acciones de SDFI a Statoil y privatizar el 18,2% de Statoil. Al mismo tiempo se crearon dos empresas estatales, Petoro AS y Gassco AS. Petoro es una empresa estatal que maneja los intereses accionarios estatales, controla las ventas de petróleo de Statoil y lleva las cuentas de SDFI. Gassco es otra empresa estatal que se encarga del transporte de gas.
A su vez, en 1990 el Parlamento estableció el Fondo Gubernamental del Petróleo, que recibe los flujos de caja del petróleo y el retorno por sus inversiones, y transfiere esos ingresos al Ministerio de Finanzas, que los afecta al presupuesto; en diciembre de 2003 su patrimonio ascendía a cerca del 54% del PBI nacional.
Existen dos regímenes de explotación y fiscal con las empresas privadas. El primero consiste en acuerdos de participación con las empresas licenciatarias, por los cuales la empresa privada explora a su costa y si encuentra petróleo comparte los beneficios; la tasa de impuestos oscila entre el 25 y el 50% y una participación en las ganancias. En el segundo régimen, la empresa licenciataria corre con todos los costos y paga 78% de impuesto a las ganancias; además, hasta 2005 paga un royalty entre 8 y 16% sobre la producción bruta. Existe además un impuesto fijo de 75 centavos de corona noruega sobre cada metro cúbico de gas carbónico emitido.
Noruega es un ejemplo de gerenciamiento de una riqueza nacional por el Estado o bajo su control, en beneficio de la población. No obstante sus elevados costos de extracción, el petróleo y el gas generan el 25% de los ingresos fiscales, a través del pago de impuestos y regalías, el flujo de fondos a SDFI y los dividendos pagados por la empresa estatal Statoil.
El criterio de explotación fue expresado por el gobierno: “Los recursos de petróleo y de gas de Noruega pertenecen a la comunidad noruega y deben ser administrados para el máximo beneficio de la presente y las futuras generaciones. Un objetivo mayor de la política de petróleo y gas del gobierno consiste en asegurar la mayor creación de valor para la comunidad”. En 2002 el PBI por habitante de Noruega era de 48.400 dólares anuales (en Bélgica, Holanda y los Países Bajos era de cerca de 29.000 dólares).


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 70 - Abril 2005
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Estado (Política)
Países Argentina