En guerra contra el laicismo

El conflicto que estalló entre el gobierno argentino y la Iglesia Católica tiene por supuesto motivaciones locales y varios antecedentes históricos de turbulencias en las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en el país, pero debe comprenderse en el contexto de la “guerra al laicismo” desatada por el Vaticano. La Iglesia enfrenta este año la elección de nuevas autoridades en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con la sucesión del Papa Juan Pablo II en el Vaticano como telón de fondo.

El conflicto entre el gobierno del presidente Néstor Kirchner y la Iglesia Católica a partir del affaire Baseotto ¹ no es un simple eslabón en la cadena de mutuas desconfianzas entre los actores políticos locales. Es, por sobre todo, un síntoma vinculado a un proceso final de desgarramiento de estructuras políticas y culturales que hunden sus raíces en el modelo constantineano de Estado confesional. Se trata, en última instancia, de un choque más entre la espada terrenal y la espada celestial, es decir, de la pelea de fondo entre el Estado y la Iglesia Católica.

El Vaticano tiene claro que ese es el desafío que debe afrontar en estos tiempos. Y que ese reto va más allá de la salud del Papa Juan Pablo II o de su sucesión. Quien lanzó la nueva cruzada contra un viejo enemigo no podía ser otro que el ultra ortodoxo cardenal Joseph Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (la ex Inquisición). El panzer kardinal, como lo llaman incluso en la curia romana, lanzó el grito de guerra en noviembre del año pasado en una conferencia ofrecida en la Sala Roja del Santo Oficio. "Hay una agresividad ideológica secular que puede ser preocupante. El laicismo ya no es ese elemento de neutralidad que abre espacios de libertad para todos. Empieza a transformarse en una ideología que se impone por la política y no concede espacio público a la visión católica y cristiana, que corre así el riesgo de convertirse en algo estrictamente privado y, en el fondo, mutilado. En tal sentido, hay una lucha y debemos defender la libertad religiosa contra la imposición de una ideología que se presenta como si fuera la única voz de la racionalidad, cuando no es sino la expresión de cierto racionalismo" ².

No quedan dudas de que el Vaticano es consciente del avance del Estado moderno sobre la religión. Y está dispuesto a frenarlo por todos los medios. La discusión por la declaración de la confesionalidad de la Unión Europea en su Carta Magna (el Vaticano pretendió sin éxito que se mencionaran "las raíces cristianas" de Europa, como si éstas fueran las únicas) fue una muestra más de ese combate que ya lleva casi 2.000 años. Y el último campo de batalla fue España, donde el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero lleva adelante una reforma de neto corte progresista en materia de derechos civiles y que amplía la brecha entre Estado e Iglesia. El proyecto de ley de matrimonio civil entre homosexuales, la reducción de la religión en la educación y los probables planes para facilitar la eutanasia y poner menos trabas al aborto produjeron escozor en la Iglesia española y alertaron al Vaticano, quien ya ve con buenos ojos el concepto de "guerra preventiva" ideado por los halcones de George W. Bush. De hecho los capitostes de Roma ya han salido a ponerla en práctica.

No sólo Ratzinger saltó al ruedo. El 24 de enero pasado, trémulo y alicaído, el mismo Juan Pablo II sermoneó a los obispos españoles adoctrinándolos: "Existe una propagación de la ideología laicista que lleva gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública... Hay una diferencia entre el legítimo principio de laicidad -comprendido como la distinción entre la comunidad política y las religiones- y el laicismo" ³.

 "La venganza de Dios"

 Si bien el clivaje Iglesia versus laicismo tiene siglos de historia, en las últimas décadas hubo un recrudecimiento del conflicto, desde que se produjo el resurgimiento de las identidades religiosas, tales como los movimientos de renovación cristiana y el fundamentalismo islámico. En Occidente este proceso se registra en forma de tenaza: por un lado, con el protestantismo estadounidense -cuya hipérbole es la política cuasi mesiánica de Bush- y por otro con la restauración ortodoxa en el Vaticano y su intento de rebautizar Europa.

El investigador francés Gilles Kepel denomina a este proceso "la venganza de Dios" y explica que es en la década del '70 cuando, frente al predominio del criterio de la modernidad laica que restringe la religión a una instancia privada, toma forma un nuevo discurso religioso para devolver el fundamento sacro a la organización de la sociedad, discurso que propone la superación de una modernidad fallida a la que atribuye los fracasos y las frustraciones provenientes del alejamiento de Dios. Esta perspectiva se vio alimentada con el derrumbe del bloque soviético y el resurgimiento de tendencias religiosas latentes y sepultadas durante mucho tiempo en los países del Este. No es causal que el adalid de ese proceso sea justamente Karol Wojtyla, un hombre proveniente de Cracovia, la región más ortodoxa del catolicismo polaco. Kepel considera a esta tendencia como una "recristianización", cuyo objetivo prioritario es la lucha por el retorno de lo religioso a la esfera del derecho público ⁴.

El Vaticano comprendió así que la "recristianización" tiene, más allá de las estructuras políticas, un campo cultural mucho más amplio -y de neto corte civilizatorio, como el tema de la reproducción- donde hincar sus dientes. El decálogo wojtiliano consistió, entre otras cosas, en la negativa al divorcio, a los anticonceptivos, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, a la homosexualidad, al aborto y a la eutanasia. Roma cree que para controlar la política es necesario controlar la vida en su concepto más extendido y la reproducción es una herramienta insustituible para ello. Las víctimas de esta nueva estrategia no son otras que las miles de mujeres, sobre todo las más pobres, que afrontan esta avanzada exponiendo sus cuerpos.

 La conexión local

 Como no podía ser de otra manera, Argentina no podía quedar afuera de esta nueva cruzada contra el laicismo. Los últimos movimientos de la Iglesia local son espasmódicos en ese sentido. En los últimos tiempos, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no sigue al pie de la letra los dictados de Roma. Y eso ya le produjo a las autoridades más de un dolor de cabeza. Sobre todo porque la conexión local de la restauración -como es el caso de Baseotto y el arzobispo de La Plata Héctor Aguer- pone con sus dichos en jaque a sus propias jerarquías.

La avanzada del obispo castrense Antonio Baseotto contra el ministro de Salud Ginés González García por el tema del aborto alcanzó un nivel de tensión no registrado desde hace por lo menos dos décadas. El pedido público y a viva voz por parte del gobierno de remoción de Baseotto, la posterior confirmación de éste por parte de Roma y la doble apuesta de Kirchner de retirarle el sueldo y el cargo al obispo dejaron heridas difíciles de cerrar dentro de la Iglesia local. Pero no sólo el gobierno quedó desairado por la decisión vaticana: el mismo Episcopado quedó entre dos fuegos y se vio obligado a intervenir en un conflicto que no le interesaba en lo más mínimo. El enfrentamiento obliga, entonces, a repensar también en el nivel local las relaciones entre Estado e Iglesia. Las preguntas caen de maduras: ¿deben los argentinos (todos, católicos o no) pagar un sueldo de subsecretario de Estado, es decir, de 5.000 pesos, a un obispo castrense? ¿deben pagar los sueldos de los obispos en general? ¿puede la Iglesia inmiscuirse en temas que son propios de la cosa pública? ¿cómo deben ser las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica? ¿por qué el Estado debe disponer de casi 14 millones de pesos anuales para sostener el culto católico? ¿por qué se excluye a otros cultos, de profunda y extendida raigambre en el país?

Por otra parte, ¿para qué sirve el vicariato castrense? La figura tiene su pecado original. Nació el 28 de junio de 1957 tras un acuerdo entre la Santa Sede y gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. Allí se estableció que el vicario sería un obispo designado por el Papa con acuerdo del Presidente de la Nación. El primero en ocupar ese cargo fue el arzobispo de Buenos Aires Fermín Laffite, sucedido al poco tiempo por el cardenal Antonio Caggiano, un hombre del nacional catolicismo, es decir del torreón conservador. La línea se profundizó aun más con la llegada del arzobispo de Paraná Adolfo Tortolo, quien entre otras cosas dio el visto bueno para el golpe de Estado de 1976 a los integrantes de la primera junta militar en una reunión que se realizó el 23 de marzo de ese año en la sede del Episcopado. Pero no sólo eso. Durante años fue una pieza clave de la dictadura para conseguir el apoyo dentro de la Iglesia Católica. Finalmente, en 1981, fue reemplazado por José Miguel Medina ⁵.

Pero no sólo Tortolo tiene responsabilidades en la última dictadura. Decenas de capellanes militares están acusados de haber prestado servicios espirituales y materiales en centros clandestinos de detención y sesiones de torturas. Es decir, el vicariato siempre funcionó como reducto de los sectores más reaccionarios de la Iglesia y desde allí siempre se atentó contra la democracia. Baseotto no es una excepción en el cargo. A sus declaraciones antisemitas vertidas en televisión en la década del ochenta y publicadas por la prensa ⁶, se suman sus pregones en favor del "olvido del pasado" y "la reconciliación entre los argentinos" y su férrea oposición frente a la política de derechos humanos que propicia el presidente Kirchner.

 El combate perpetuo

 Contrariamente al pensamiento del tradicionalismo argentino, que afirma que la construcción de la Nación ha ido siempre emparentada a la religión católica, lo cierto es que el contenido republicano de la Revolución de Mayo inició un arduo combate entre la tradición secular y los intentos de confesionalizar el Estado argentino. Los constituyentes de 1853 encontraron una fórmula mixta para zanjar un problema irresuelto desde 1810: sostenimiento del culto católico pero, al mismo tiempo, libertad religiosa absoluta para los demás cultos. Puesto que muchos de ellos estaban influenciados por el espíritu de la masonería o eran masones, sujetaron a la Iglesia Católica al Estado por medio del Patronato, una figura legal heredada de los tiempos de la Colonia y que consistía en que el Presidente elegía las ternas de candidatos a obispos para que el Papa finalmente diera el visto bueno.

El sistema de Patronato fue anulado en 1966 tras un acuerdo entre la Santa Sede y la dictadura de Juan Carlos Onganía, en el que se creó la figura del Concordato, que otorga al Vaticano la facultad de nombrar y remover a los obispos sin necesidad de acuerdo con el Presidente de la Nación, que sólo se reserva el derecho de objetar las designaciones. Es decir que todo el cuerpo eclesiástico depende desde esa fecha de una autoridad extranjera y el Estado argentino no tiene ningún derecho sobre él. Con la reforma de 1994, el Concordato alcanzó rango de tratado internacional y fue colocado por encima de las leyes nacionales, aunque según la misma Carta Magna el Congreso puede reformularlo.

Los conflictos del siglo XIX marcarían una tendencia a lo largo de la historia. Estado e Iglesia se enfrentaron siempre para delimitar e interferir en las distintas áreas de incumbencia. La Iglesia pugnó siempre por influenciar en las decisiones políticas de los gobiernos de turno; casi siempre con un espíritu retrógrado. Por supuesto, las intromisiones menos felices fueron aquellas en las que las jerarquías eclesiásticas apoyaron a las dictaduras de turno, dentro de las cuales la complicidad con la de 1976-1983, debido a la represión ilegal y asesinato de 30 mil personas, abrió una brecha con la sociedad civil muy difícil de cerrar.

El primer gran conflicto se produjo en 1884, cuando el por entonces presidente Julio Argentino Roca impulsó las leyes de educación laica y matrimonio civil y la Iglesia se opuso terminantemente. Como respuesta, Roca expulsó al Nuncio y rompió con el Vaticano. Las relaciones se restablecieron durante la segunda presidencia del tucumano.

Setenta años después, un nuevo enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia tendría otra vez como origen el intento de un gobierno -esta vez de Juan Domingo Perón- de sancionar leyes de neto corte progresista, como la fallida ley de divorcio, la supresión de la educación religiosa en los colegios y el proyecto de reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado. Más allá de las verdaderas intenciones del entonces Presidente, quien tenía un conflicto de intereses con el catolicismo, lo cierto es que una vez más la Iglesia optó por el peor camino. Un año después, el 14 de junio de 1955, los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa atacaron al gobierno en la procesión de Corpus Christi. Al día siguiente, Perón le exigió al Vaticano la remoción de los obispos. El 16, los aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y asesinaron a medio millar de personas. El lema de los militares golpistas era más que significativo: "Cristo vence" ⁷.

Por último, el antecedente más inmediato del affaire Baseotto fue el enfrentamiento que el ex presidente Raúl Alfonsín mantuvo con la Iglesia a mediados de la década del '80, con la sanción definitiva de la ley de divorcio vincular, el Congreso Pedagógico y la política de juzgamiento a las juntas militares por la conculcación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. El momento más pintoresco de esa pelea se dio justamente en la capilla Stella Maris, sede del obispado castrense, cuando el ex mandatario subió al púlpito para responder los cuestionamientos políticos que le hacía un capellán militar, quien exigía la impunidad de los represores.

 Relaciones peligrosas

 La historia muestra que las relaciones entre Estado e Iglesia siempre fueron incómodas. Y con el gobierno de Kirchner esa característica se acentuó. Si bien desde la asunción de Estanislao Karlic al frente del Episcopado, a mediados de los '90, la Iglesia optó por una política de alejamiento del poder y busca de diálogo, en los últimos tiempos se produjeron cortocircuitos que no estaban en los cálculos de nadie. Eso se debe, por un lado, a que las autoridades eclesiásticas tienen una política agresiva en materia de educación sexual en las escuelas (fue clara la oposición e intromisión de la Iglesia al proyecto de ley de la legisladora porteña macrista Florencia Polimeni al respecto), la insistencia en la imposición de la educación religiosa, las constantes campañas contra el uso de anticonceptivos y sobre todo contra el aborto. Por otro lado, las causas también pueden encontrarse en la propia dinámica interna del Episcopado. Los sectores más ortodoxos y reaccionarios -ligados al ex secretario de Culto menemista Esteban "Cacho" Caselli y a través de éste al poderoso secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano- avivan el fuego para poner contra la espada y la pared a la conducción de la CEA, a la que acusan de tibia. En este frente militan, entre otros, el arzobispo de La Plata Héctor Aguer y el vicario castrense Baseotto.

La última perla del Episcopado fue el documento de la Comisión Permanente titulado "Apostemos siempre a la vida", que vio la luz en plena crisis Baseotto y resultó un apoyo doctrinal a los exabruptos del vicario castrense. Allí, los obispos afirman que la "destrucción voluntaria que se desarrolla en el seno materno es un crimen porque el primero de los derechos humanos es precisamente el derecho a la vida, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte". Los obispos llamaron también a la reflexión a los legisladores que en abril estudiarán la adhesión al Protocolo del Comité sobre la eliminación de "toda forma de discriminación contra la mujer" (CEDAW), porque recomienda que el Estado garantice el acceso a los servicios del aborto en los hospitales públicos.

Es obvio que lo que está en discusión no es sólo una política de Estado, como el aborto o la reproducción sexual. El Vaticano pelea por recuperar el timón de la civilización occidental. Para eso debe recuperar poder en su propio terreno. Esa es la razón por la cual el discurso que más se escucha intramuros es aquel que reduce el mundo no religioso a una gran campaña anticatólica. La Iglesia se prueba una vez más las ropas de combate y ya encontró un viejo nuevo enemigo: el laicismo. La flamante cruzada, entonces, es recuperar el Estado. Urbi et Orbi.

1. En febrero pasado el obispo castrense Antonio Baseotto envió una carta al ministro de Salud Ginés González García en la que manifestaba su oposición al aborto en términos durísimos. Entre otras cosas, decía que "cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que ‘los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los arrojen al mar'". El gobierno pidió al Vaticano la remoción de Baseotto, pero el Vaticano no sólo se la negó sino que acusó al gobierno de poner en peligro la libertad religiosa.
2. El País, Madrid, 20-11-04.
3. El Mundo, Madrid, 25-01-05.
4. Citado en Marta Vassallo, En nombre de la vida, Católicas por el Derecho a Decidir, Córdoba, 2005, de próxima aparición.
5. Emilio Mignone, Iglesia y dictadura. El papel de la iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1986.
6. Página/12, Buenos Aires, 6-3-05.
7. Sobre la relación entre el Estado y la Iglesia, consultar R. Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX, Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires, 2000.