Bolivia en revolución

La nacionalización de los hidrocarburos es la medida más fuerte tomada por el gobierno de Evo Morales, a los cien días de asumir la presidencia, en cumplimiento de la consigna central de su campaña electoral. En materia de política exterior, el presidente de Bolivia firmó el pasado 29 de abril en La Habana la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), promovida por Caracas, constituyéndose así en su tercera pata.

El nuevo escenario político boliviano es descrito con términos como "evismo", "indianismo", "nacionalismo" y hasta "populismo radical", según la procedencia ideológica de los análisis. Si la victoria de Evo Morales con el 53,7% de los votos en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 fue un shock para el establishment político y económico boliviano, hoy cada una de las medidas que el mandatario indígena va asumiendo -en el marco del proceso que el propio Morales denomina "revolución democrática y cultural" ¹- genera remezones políticos y opiniones controvertidas.

En los primeros cuatro meses de gestión, Morales puso en marcha varias de las medidas más importantes de su programa electoral. La convocatoria a una Asamblea Constituyente para "constitucionalizar" y "blindar" los cambios políticos y sociales que promueve el nacionalismo indígena en el gobierno ("los indígenas y sectores populares somos gobierno pero no somos poder", suele señalar Morales); y los primeros cimientos de un nuevo modelo económico que el vicepresidente Álvaro García Linera define como "capitalismo andino-amazónico" ², que consiste en la reconstrucción del Estado, pulverizado por el neoliberalismo, como instancia de ciudadanización y armazón de un nuevo modelo de desarrollo nacional.

En este marco, se decretó el 1º de mayo pasado la nacionalización de los hidrocarburos, se derogaron las disposiciones que legalizaron la flexibilización laboral y se puso en el debate público la necesidad de una reforma agraria que ponga fin a los latifundios improductivos y la necesidad de cambiar el actual régimen jubilatorio de capitalización individual por un nuevo régimen solidario ³.

Después de dos gobiernos consecutivos con escasa iniciativa política y una autoconfianza aun menor, la administración Morales es percibida como un "gobierno fuerte". "Este gobierno ha tomado medidas extremadamente difíciles, como el cobro de impuestos a las grandes empresas del transporte de pasajeros (que nunca los pagaron) o la ya muy publicitada nacionalización del gas", dice un editorial del semanario opositor de centroderecha Pulso ⁴. Y la medida nacionalizadora aparece como el gesto más fuerte del gobierno en dos direcciones: recuperar la riqueza social y recomponer la erosionada autoridad estatal.

La tercera nacionalización

El 1º de mayo, desde muy temprano, grupos de trabajadores y campesinos empezaron a concentrarse frente al Palacio Quemado, en La Paz. El anuncio de que, por primera vez en un acto oficial, se cantaría La Internacional y que se tomarían medidas de protección de los derechos laborales había despertado el entusiasmo popular y de los medios de comunicación. Pero la sorpresa vino desde la Bolivia profunda. A las ocho de la mañana, Evo Morales, acompañado por el Alto Mando Militar y el F-10 (cuerpo de elite del Ejército) voló hasta el campo San Alberto, ubicado en el municipio de Caraparí (Tarija); a las 12:30 del mediodía instruyó a las Fuerzas Armadas para ocupar las instalaciones de todos los campos petroleros, refinerías, ductos y centros de almacenaje y, después de dar lectura del decreto supremo 28701 -denominado "Héroes del Chaco" en referencia a la cruenta guerra entre Bolivia y Paraguay (1932-1935)-, anunció a todo el país: "Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales. Los bolivianos volvemos a ser dueños de nuestro gas y nuestro petróleo" ⁵. Así empezó la tercera nacionalización de los hidrocarburos, la medida más audaz del presidente Evo Morales en sus primeros cuatro meses de gobierno y la más esperada por los movimientos sociales que conforman el Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder.

La disputa por el control de este recurso natural no renovable atraviesa prácticamente todas las luchas sociales que se dieron en Bolivia en los últimos cinco años. En octubre de 2003 -con la denominada "Guerra del gas" y un saldo de más de 60 muertos- el movimiento popular obligó a renunciar y huir del país a Gonzalo Sánchez de Lozada impidiendo que siguiera adelante el proyecto de exportar gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos ⁶. De igual manera, en junio de 2005 el presidente Carlos Mesa tuvo que alejarse del gobierno luego de otra ola de protestas motivada por su negativa a promulgar una ley que subía los impuestos y las regalías a las transnacionales petroleras. Es por eso que, en la campaña electoral de 2005, Evo Morales tomó como consigna central la nacionalización del gas y el petróleo, y cien días después de asumir la presidencia la llevó a cabo.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), los recursos naturales pertenecen al Estado boliviano, pero la primera administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) aprobó la Ley de Capitalización, que otorgaba a las empresas petroleras extranjeras la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo (es decir, al salir a la superficie), lo cual conllevaba el derecho a su libre comercialización. Paralelamente, se fijaron regalías del 18% para los campos "nuevos", descubiertos por las empresas privadas, y 50% para los campos "viejos", descubiertos por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El sustrato ideológico de estas medidas es conocido: que la inversión extranjera es el motor del desarrollo nacional en países en los que el escaso ahorro interno no permite acumular el capital necesario para emprender proyectos de gran envergadura.

Si bien el Estado había recuperado la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo con la Ley 30358, aprobada en mayo de 2005, en medio de fuertes movilizaciones sociales, el decreto nacionalizador da una vuelta de tuerca más en el control estatal sobre el conjunto de la cadena productiva. Con la nacionalización, el Estado monopoliza la comercialización a través de YPFB (lo que le permite fijar los precios internos y de exportación), eleva regalías, impuestos y participaciones al 82% en los campos que produjeron en promedio más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas en el 2005 (Sábalo y San Alberto) ⁷ y obliga a las administradoras de fondos de pensión -Futuro (Zurich) y Previsión (BBV Argentaria)- a reintegrar al Estado las acciones de las petroleras Chaco (British Petroleum), Andina (Repsol) y Transredes (Shell) que formaban parte de un fondo de capitalización colectiva y que -de acuerdo a la Ley de Capitalización (1996)- son propiedad de todos los ciudadanos bolivianos. "Queremos socios, no dueños", insistió Evo Morales al redefinir la relación de su gobierno con la inversión extranjera.

Según la información vertida por el vicepresidente Álvaro García Linera, el Estado incrementará sus ingresos de 177 millones de dólares anuales (con el régimen de capitalización) a 780 millones. Según el Ministerio de Hidrocarburos, los aportes al Estado provenientes de los campos San Alberto y Sábalo -que representan el 50% de la producción de gas y el 70% de las exportaciones- aumentaron de 16 millones de dólares (antes de la Ley 3058) a 73 millones con el nuevo esquema impositivo.

De las políticas de privatización aplicadas durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) surgieron diez empresas "capitalizadas" que, durante la campaña electoral, Morales prometió nacionalizar. La operación -en la estela del "capitalismo popular" thatcheriano- había entregado el 50% de las empresas estatales a sus "socios" capitalizadores, mientras el resto del paquete accionario se dividía entre los trabajadores (2%) y "los ciudadanos bolivianos" (48%). Las AFPs eran las encargadas de administrar las acciones de ese conjunto difuso de propietarios a través del denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y de representar a los bolivianos en el directorio de las empresas "capitalizadas". La otra pata del sistema privado de jubilación es el Fondo de Capitalización Individual (FCI), compuesto por los aportes previsionales de los trabajadores y equivalente al que existe en Argentina. Con la nacionalización, el gobierno estatizó, a través de YPFB, alrededor del 70% del FCC (las acciones de las petroleras) y, como con eso no alcanza para lograr la mayoría estatal, el decreto "Héroes del Chaco" obliga a las empresas a vender la cantidad necesaria de papeles para que YPFB consiga la mayoría de las sillas del directorio.

"Sólo estamos recuperando parte de las acciones de los bolivianos en manos del FCC, no estamos tocando el FCI, esas acciones no son propiedad de las AFPs que sólo las administraban a cambio de una comisión; ahora YPFB controlará las empresas capitalizadas y pagará el Bonosol", declaró el ministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Villegas, respondiendo a las críticas que hablan de confiscación ⁸.

Al considerar a los actuales contratos de riesgo compartido "ilegales", por no haber sido aprobados por el Congreso (como establece la ley), el decreto de nacionalización ocupará ese vacío legal hasta la firma de nuevos contratos en 180 días. En caso de resistencia de las petroleras, YPFB tomará el control de sus explotaciones. Para tomar el control de las refinerías, el Estado comprará compulsivamente el 51% de las acciones para garantizar una mayoría de YPFB en los directorios y se anunció que YPFB se hará cargo del Bonosol, una renta para los bolivianos mayores de 65 años que se pagaba con el rendimiento del FCC. Con las acciones de las petroleras "capitalizadas" en mano, YPBF, la empresa estatal que el neoliberalismo intentó matar y enterrar es hoy la tercera petrolera del país, después de Petrobras y Repsol. Sus activos ascienden a 750 millones de dólares, con control sobre más del 10% de las reservas de gas y un porcentaje similar de las de petróleo. Según datos oficiales de YPFB, al 1 de enero de 2005, la brasileña Petrobras poseía el 45,9% de las reservas probadas y probables de gas; la española Repsol-YPF el 21,9%. A nivel regional, el departamento de Tarija, fronterizo con Argentina, acapara el 85,7% de las reservas gasíferas, Santa Cruz el 10,6% y Cochabamba el 2,5%, lo que no es ajeno a la densidad de las demandas autonómicas en estos dos departamentos bolivianos.

Nacionalismo y Fuerzas Armadas 

La historia política boliviana ha oscilado entre ciclos de proteccionismo estatal y ciclos de liberalización de su economía. De hecho, en los últimos 70 años, en el rubro hidrocarburos se produjeron ya dos nacionalizaciones. En 1937, el general David Toro ordenó la confiscación de las propiedades de la Standard Oil -acusada de haber incurrido en contrabando a favor de Paraguay durante la guerra del Chaco (1932-1935)-, y en 1969 el general Alfredo Ovando nacionalizó las propiedades de la Gulf Oil Company, "símbolo de la política entreguista" ⁹. Sin embargo, hoy la situación es distinta. "La gran diferencia entre estas dos nacionalizaciones y la de Evo Morales es que anteriormente la industria petrolera en Bolivia era incipiente, en cambio hoy es el principal soporte del Estado, las empresas extranjeras invirtieron unos tres mil millones de dólares y nuestro país es catalogado como una potencia gasífera en Sudamérica, lo que explica la polémica que generó esta nacionalización", explica el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera ¹⁰. De allí la expectativa social de que la renta petrolera sea la palanca que saque a Bolivia del subdesarrollo.

Una de las facetas de la nacionalización capitaneada por Morales fue el papel de las Fuerzas Armadas, aún afectadas por su papel en la masacre de octubre de 2003, cuando ametrallaron a los vecinos de El Alto para defender a un agonizante Sánchez de Lozada. Para los militares -fuertemente dependientes de la cooperación militar estadounidense ¹¹- se trató de una oportunidad para "reconciliarse" con la sociedad y volver a entroncar con las corrientes militares nacionalistas que atraviesan la historia de Bolivia. "La moral entre la tropa hoy en día es alta porque se les devolvió el rol constitucional que deben cumplir en defensa de los intereses del país", dijo el ministro de Defensa Walker San Miguel y convocó a los militares a "participar del desarrollo económico y social, la preservación de la soberanía y la defensa de los recursos naturales" ¹².

La escenificación de la nacionalización, con ocupación militar de pozos y refinerías, incluyendo carteles que rezaban: "nacionalizado propiedad de los bolivianos", pone de relieve los nexos del nacionalismo indígena con el viejo nacionalismo militar que llevó a cabo las anteriores nacionalizaciones y con una lectura de la historia boliviana como una permanente contradicción entre la patria y la antipatria, en una constante lucha por la captura de la renta producida por la explotación de los recursos naturales (plata, caucho, estaño y ahora gas). Por ello, basta reemplazar gas por minas en la consigna del nacionalismo de los años '40 -"Tierras para el indio, minas al Estado"- para aprehender gran parte de los "marcos interpretativos" del nuevo nacionalismo indígena que desplazó del poder a las elites neoliberales. El propio decreto se encarga de dejar claros estos puentes con el pasado nacionalista, al indicar, entre sus considerandos, "que Bolivia ha sido el primer país del continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standard Oil Company, medida heroica que se tomó nuevamente en el año 1969, afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo" ¹³.

Asamblea Constituyente 

El proceso de reformas liderado por Evo Morales enfrenta hoy a una derecha con escasa iniciativa, que aún no ha logrado reponerse del golpe del 18 de diciembre de 2005. Eso ha provocado, en gran medida, un reflujo de la movilización social y una delegación en el mandatario indígena de las iniciativas de "refundación del país". Así, las elecciones para la Asamblea Constituyente del 2 de julio atraen escasas expectativas y varios sectores sociales se preguntan para qué una Constituyente "si ya somos gobierno". Entre las propuestas constitucionales del MAS se incluye el Estado laico, la revocabilidad de todos los cargos públicos y un nuevo armazón institucional multinacional ¹⁴.

Los siguientes desafíos de la izquierda indígena se refieren a la reforma agraria: si bien se afectará solamente al "latifundio improductivo", eso afecta a un pequeño pero poderoso sector de las oligarquías del Oriente del país que posee "tierras de engorde" ¹⁵ destinadas a sostener la especulación financiera. Además, la reacción agroempresarial podría articularse con las demandas autonomistas de Santa Cruz en el referéndum autonómico que, paralelamente a la elección de constituyentes, contribuirá a definir la organización político-institucional del país.

1. Discurso de Evo Morales en Tiwanacu, un día antes de su asunción como presidente, 21-1-06.
2. Álvaro García Linera, "El 'capitalismo andino-amazónico'", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2006.
3. Radio Erbol, www.erbol.com.bo, 24-5-06.
4. Semanario Pulso, Nº 347, La Paz, 12 al 18-5-06.
5. Discurso de Evo Morales, campo San Alberto, 1-5-06.
6. Walter Chávez, "Bolivia, una revolución social democrática", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2003.
7. Decreto Supremo "Héroes del Chaco", Nº 28701.
8. Página/12, Buenos Aires, 17-5-06.
9. Magdalena Cajías, "El petróleo boliviano en el siglo XX", Quincenario Soberanía, Nº 3, La Paz, mayo de 2006.
10. Entrevista con El Dipló, 18-5-06.
11. "Bolivia y los Estados Unidos: 157 años de relaciones bilaterales", ver: documento de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, http://lapaz.usembassy.gov/TEmBi/USABol157.htm
12. Semanario Pulso, Nº 348, La Paz, 19 al 25-5-06.
13. Decreto Supremo "Héroes del Chaco", Nº 28701.
14. "Refundar Bolivia, para vivir bien", Propuesta del MAS para la Asamblea Constituyente, mayo de 2006.
15. Página/12, Buenos Aires, 10-5-06.