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Recuadros:

Un “No” que redistribuiría las cartas en Europa

En la historia de la construcción europea, el “Tratado que establece una Constitución para Europa” firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, ocupará por cierto un lugar aparte: de ser ratificado por los veinticinco Estados miembros de la UE, será el marco económico, social y –en cierta medida– político, de la “convivencia” de unos 450 millones de habitantes del Viejo Mundo. Sea cual fuere la opinión que se tenga de ese texto –que en esta columna fue y sigue siendo extremadamente crítica 1– no se debe subestimar su importancia, aunque más no fuese en razón de su esperanza de vida (50 años), según lo previsto por Valéry Giscard d’Estaing, presidente de la Comisión que elaboró su primera versión. En cualquier otro contexto histórico, semejante acto fundacional –no es trivial que se autoproclame “Constitución”– hubiera sido objeto de una apropiación común por parte de los pueblos en cuestión, provocado discusiones, desatado pasiones, y quizás celebraciones. Sin embargo, ese texto no generó ningún debate real al nivel en que supuestamente debiera aplicarse: el de toda Europa.

En el seno de cada opinión pública nacional se registran razones específicas, muy diversas y a veces contradictorias entre un país y otro, para interesarse o no en el Tratado, para cuestionarlo o aprobarlo. Desde ese punto de vista, se abre un abismo cada vez mayor entre un dispositivo institucional común a los Veinticinco –en el cual las elites políticas, administrativas e intelectuales se mueven con gran soltura– y pueblos que no sólo no experimentan el sentimiento de “hallarse en el mismo barco” europeo, sino que a menudo consideran a “Europa” o a “Bruselas” como entidades exteriores, e incluso hostiles.

El calendario previsto para la ratificación del Tratado por todos los países, que se extiende a lo largo de casi dos años –desde Lituania el 11-11-04, hasta el Reino Unido en el otoño boreal de 2006– y las diferentes modalidades adoptadas en cada caso (voto del Parlamento, referéndum consultativo o vinculante) no permiten europeizar y clarificar una acción “constituyente” que pretende, entre otras cosas, paliar el persistente déficit democrático en el funcionamiento de la UE. En la mayoría de los casos en que el Parlamento ya ratificó el Tratado de forma contundente (Lituania, Hungría, Eslovenia) o se dispone a ratificarlo (una docena de otros países), el debate europeo fue y sigue siendo inexistente.

 Anticipo de la “Bolkenstein”

En algunos países miembros de la pasada Europa de los Quince, el peso de la historia santifica un europeísmo sin cargos de conciencia y hasta convierte en tabú cualquier cuestionamiento al respecto –y por lo tanto también a la “Constitución”– en el seno de los partidos de gobierno y en la mayor parte de las elites. Así es como las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial siguen pesando con fuerza en Alemania, que se reintegró al concierto de las naciones democráticas gracias a la construcción comunitaria; y en Italia y Finlandia, país este último que quisiera dar vuelta definitivamente la página de la “finlandización” de la época soviética. Para otros tres países (Grecia, España y Portugal) la pertenencia a la UE tiene también una dimensión casi identitaria, vinculada con el fin de dictaduras, y consolidada por la bendición de los fondos estructurales recibidos de Europa. Por lo tanto, la ratificación de un Tratado que se identifica con “Europa” en general, y que prácticamente nadie leyó, es una simple formalidad, ya sea que se cumpla por vía parlamentaria (en Grecia) o a través de un referéndum cuyo resultado se conoce de antemano (en España el 20 de febrero pasado, y en Portugal en diciembre de 2005).

Salvo esas dos excepciones –a las que habría que agregar el caso de Luxemburgo (donde la votación está prevista para el 10 de julio de 2005) y quizás el de Holanda (1° de junio de 2005)–, los referéndum están paradójicamente organizados, como veremos más adelante, en países donde nadie puede garantizar el resultado. Es por ello que dos naciones que pensaban realizar una consulta de ese tipo –Suecia y Bélgica– prefirieron prescindir de dicha operación.

En Suecia, el gobierno socialdemócrata de Goran Persson no quiso correr el riesgo de una nueva consulta popular, luego del fracaso de la de septiembre de 2003 sobre el ingreso a la “zona euro”, que sin embargo era apoyada por casi todos los partidos. El Primer Ministro enfrenta un brote de euroescepticismo de izquierda y de derecha, que se materializó con el éxito (14,4%) de la llamada lista “de junio” en las elecciones europeas de 2004. Esa tendencia se nutre del temor al dumping social generado por el ingreso de los países bálticos a la UE. Al respecto, los trabajadores suecos ya tuvieron un anticipo de la llamada directiva Bolkestein, con el proyecto –por ahora bloqueado– de construcción de una escuela por parte de una empresa letona… con salarios letones, lo que viola las convenciones colectivas suecas. Es por eso que, a pesar del apoyo de los sindicatos, la ratificación del Tratado Constitucional que erige la “competencia libre y auténtica” en norma suprema y se opone a la armonización de la legislación social y fiscal, no estaba en absoluto garantizada.

 Recorrido continental

En Bélgica, los partidos de gobierno prefirieron ahorrarse la contrariedad que podría depararles un referéndum, incluso teniendo en cuenta que sólo hubiera tenido un carácter consultivo. De todas maneras, para llevarlo a cabo hubiera sido necesario reformar previamente la Constitución. El Partido Socialista belga (PS) y los ecologistas del grupo Ecolo –del mismo modo que el PS y los verdes franceses– se pronunciaron por un “Sí combativo”. La respuesta fue un “No combativo” de la plataforma que propone “decir no al Tratado Constitucional, para construir otra Europa”. Ese documento cuenta con la firma –entre otros– de George Debunne, ex presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la Federación General de Trabajadores de Bélgica (FGTB), cercana al PS; de Jean-Maurice Dehousse, ex vicepresidente del grupo socialista en el Parlamento europeo; de parlamentarios de Ecolo y de responsables de la asociación Attac. Por motivos totalmente diferentes (igual que en Francia), el Tratado también genera oposición en la extrema derecha populista, en este caso, la del Vlaams Belang (ex-Vlaams Blok).

Hay dos países en donde prevalece una situación exactamente contraria, es decir, que un referéndum finalmente resultaría menos peligroso para obtener la ratificación que un voto parlamentario: son la República Checa y Polonia. En Praga, el gobierno no posee en el Parlamento la mayoría del 60% necesaria para aprobar el Tratado. Se oponen, fundamentalmente, el partido conservador ODS y el Partido Comunista, al igual que el presidente de la República, Vaclav Klaus. De modo que está previsto un referéndum para junio de 2006.

Lo mismo ocurre en Polonia, donde la mayoría parlamentaria requerida es aun mayor: dos tercios en cada una de las dos cámaras. Allí, la consulta popular se realizará el 25 de septiembre de 2005, al mismo tiempo que la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Teniendo en cuenta el desencanto que experimenta la población de ambos países respecto de una Europa “rica” y considerada egoísta, lo cual favorece al “no” (ver Samary, pág. 28), ambos gobiernos consideraron urgente no apresurarse.

Todo el mundo percibe claramente que será el 29 de mayo en París donde se va a decidir en buena medida la suerte del Tratado. El resultado francés influirá en los resultados del referéndum previsto tres días después (el 1° de junio) en Holanda, y en los que deben realizarse en dos países que ya dijeron “No” en el pasado: Dinamarca, que había rechazado una primera vez el tratado de Maastricht en 1992 (la nueva consulta se realizará el 27 de septiembre de 2005), e Irlanda, que en 2001 no ratificó el tratado de Niza, y cuyos electores serán consultados antes del fin de 2005.

Es preciso recordar que en ambos países se organizó una “segunda vuelta” de aquellos referéndum, con la justificación –en Dinamarca– de algunas derogaciones (euro, defensa, justicia y policía) al tratado de Maastricht. Esta vez se han tomado todas las precauciones para que esas dos sociedades no vuelvan a decir “No”.

 Ancla liberal y atlantista

 En esos dos países, casi todos los partidos tomaron posición a favor del Tratado, hasta el Partido de los socialistas de izquierda de Dinamarca, que hasta entonces se oponía incluso al ingreso del reino a la UE, y que luego de un referéndum interno se pronunció por el “Sí”. A pesar de todo, como se ha visto en el pasado, una opinión pública rebelde puede ignorar ampliamente las indicaciones de las elites...

En medio de las diversas campañas que se desarrollan en Europa, Francia ocupa un lugar especial. Junto a Bélgica, es el único país donde la “Constitución” fue analizada artículo por artículo, y donde la esencia del texto –la cuestión del liberalismo– está en el centro del debate público. A tal punto, que los partidarios del “Sí” –las cúpulas de los partidos de gobierno, es decir, del PS, los Verdes, la Unión para la Democracia Francesa (UDF) y la Unión para un Movimiento Popular (UMP)– están a la defensiva 2. Esas formaciones, se reivindiquen de izquierda, de centro o de derecha, se esfuerzan por tratar de demostrar –con muy escaso éxito hasta ahora– que la “Constitución” no es ultraliberal, que garantiza los derechos sociales y los servicios públicos, que impedirá las futuras directivas Bolkestein, que promueve la autonomía de la UE frente a Estados Unidos, etc. Esa actitud provoca estupefacción, cuando no carcajadas, entre los observadores y en la mayoría de los gobiernos extranjeros. Las cartas están tan mezcladas que el semanario liberal británico The Economist 3 llegó incluso a afirmar que ¡Jacques Chirac es uno de los dirigentes más a la izquierda en Europa!

Anthony Blair y su ministro de Relaciones Exteriores, Jack Straw, son mucho más consecuentes cuando utilizan los argumentos exactamente inversos para elogiar un Tratado que organiza la desregulación social y la flexibilización, que sólo confía en la competencia y en el mercado en todos los terrenos y que ancla a la UE en una política atlantista. Las organizaciones empresariales –el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Unide a nivel europeo– muestran una prudente discreción, pero tampoco disimulan su admiración por ese texto, que responde a sus principales exigencias. La Comisión Europea, presidida por José Barroso, funcionario cuyas cartas credenciales son igualmente liberales y atlantistas, no se queda atrás en su propaganda a favor de una “Constitución” acorde con su filosofía.

Desde que no cabe excluir la posibilidad de un triunfo del “No”, todas las miradas europeas convergen hacia Francia. Miradas muy inquietas en el caso de casi todos los otros gobiernos, la mayoría de los cuales hubiera preferido evitar que se ponga bajo la lupa el contenido de un Tratado casi desconocido por sus respectivos pueblos. Aun antes del Consejo Europeo del 22 de marzo, que respondió en parte al S.O.S. lanzado por Jacques Chirac, hubo quienes hicieron lo posible por ayudar a su colega francés, especulando sobre un efecto de arrastre en la perspectiva del 29 de mayo: José Luis Rodríguez Zapatero organizó en España su propio referéndum el 20 de febrero pasado, y Gerhard Schröder fijó la fecha del 12 de mayo para su ratificación alemana por parte del Bundestag. El analista francés Alain Duhamel, conmocionado por el avance del “No” en las encuestas francesas, evoca de esta manera esas evidentes maniobras tácticas: “España acaba de votar por referéndum, y lo hizo en torno a temas positivos y a demostraciones racionales. Alemania e Italia se aprestan a ratificar el Tratado Constitucional por vía parlamentaria, para lo que se preparan de manera seria y pragmática” 4.

Pero otros ojos europeos también miran hacia Francia: son los de países donde el agobiante consenso de las elites impidió cualquier discusión, donde la cuestión del liberalismo fue cuidadosamente ocultada. Esas personas esperan que un “No” en Francia genere una ola capaz de reactivar el debate a nivel continental sobre las otras formas que podría adoptar la construcción europea. Y esperan poder expresarse a través del voto de los electores franceses... Por una vez coincidirán con Blair, que quisiera que algún país, preferentemente Francia, frene el proceso de ratificación del Tratado. Eso le evitaría tener que organizar el referéndum que prometió a sus compatriotas para fines de 2006, y en el cual, según todos los analistas, también se impondría el “No”.

  1. Anne-Cécile Robert, “Golpe de Estado ideológico en Europa”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2004. También, B. Cassen, “Debate engañoso sobre el Tratado Constitucional”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2005.
  2. El tema del eventual ingreso de Turquía a la UE, utilizado por una parte de la derecha y por la extrema derecha para incitar a votar “No”, es también una particularidad francesa, pero ese asunto no es el que estructura actualmente el debate público.
  3. “Jacques Chirac, socialist”, The Economist, Londres, 19-3-04.
  4. “Les peurs françaises”, Libération, París, 16-3-05.

A la francesa…

Cassen, Bernard

Las cohortes de partidarios del “Sí” en el referéndum, que saturan sin vergüenza las columnas de la prensa escrita y los tiempos de antena en radio y televisión, se atribuyen el monopolio del apoyo a una “Europa” que por otra parte no nunca definen. Señalémosles una Europa concreta, la de las buenas prácticas de debate democrático. Tres países entre otros pueden suministrar algunas ideas: Irlanda, Holanda y el Reino Unido.
En Irlanda, después del “No” al primer referéndum sobre el tratado de Niza en 2001, el gobierno creó un Foro nacional sobre Europa que sirvió de marco a debates abiertos y equilibrados sobre las cuestiones europeas. Como preparativo del referéndum previsto para el corriente año de 2005, el pasado 27 de enero tuvo lugar una primera sesión pública, en la que participaron el eurodiputado irlandés Richard Corbett, partidario del “Sí”, y el eurodiputado finlandés Esko Seppanen, favorable al “No”.
En Holanda, el gobierno decidió asignar 400.000 euros a los partidos que preconizan el “Sí”, y otro tanto a los que hacen campaña por el “No” (aunque son muy minoritarios en el Parlamento), así como 200.000 euros para la organización de debates. Se reserva, eso sí, una suma de 2,5 millones de euros para su propia campaña del “Sí”, pero al menos hizo un gesto a favor del pluralismo…
En el Reino Unido merece celebrarse una iniciativa en la que debieran inspirarse las autoridades del audiovisual público francés: una auditoría de la cobertura de las cuestiones europeas por la BBC, lanzada en otoño de 2004 y dada a conocer en enero de 2005. Este informe afirma sobre todo que “en toda la cobertura de la Constitución que hemos escuchado o visto, no había explicaciones sobre el contenido de esa Constitución, o había muy pocas”. Y lo que es más grave, “hay que abordar con urgencia el problema de la ignorancia de los periodistas de la BBC sobre la Unión Europea”.
Con ese criterio, ni France-Culture ni France-Inter aprobarían el examen, debido a la presentación partidaria a ultranza, y por consiguiente muy incompleta, del Tratado Constitucional por sus editorialistas, y a la muy sesgada selección de los invitados a la redacción. En FR3, Christine Ockrent, supuestamente la gran especialista en Europa, sería objeto de críticas por su militancia a favor del “Sí”. En su programa France Europe Express del martes 1 de marzo, sobre un tema candente – la directiva Bolkestein – no corrigió un grosero error enunciado con aplomo por Francois Bayrou: el presidente de UDF pretendía que según las disposiciones de la “Constitución” el voto del Consejo Europeo sobre esta directiva sería unánime, cuando todos los que leyeron el texto saben que se remite a la mayoría calificada.
De todos modos, ninguno de los dos señaló una evidencia: si es ratificada por los Veinticinco, la “Constitución” entrará en vigor en noviembre de 2006, mientras que la directiva debe adoptarse antes de que termine el año 2005 a partir de las bases jurídicas existentes, que por otra parte se encuentran sin modificación en el texto sometido a referéndum en Francia. 


Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 70 - Abril 2005
Páginas:26,27
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Ciencias Políticas, Política, Unión Europea
Países Italia