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Recuadros:

Liberalización del sector público

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es uno de los muchos acuerdos en los cuales participan los 148 Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 1. Su ambición es llegar al más alto nivel posible de liberalización del comercio internacional de servicios e incluye un cronograma de negociaciones (artículo XIX-1).

El AGCS abarca los 13 sectores, a su vez subdivididos en 163 subsectores, agrupados en la nomenclatura de la OMC: servicios empresariales, comunicaciones, construcción e ingeniería, distribución, educación, medio ambiente, finanzas, salud y servicios sociales, turismo, entretenimientos, transporte. Hay un décimo tercero, para el caso en que algo haya sido olvidado, que se titula "otros". Con excepción de las cuestiones militares, la policía, la justicia y la emisión de moneda -prerrogativas soberanas de los Estados- abarca todas las actividades de prestación de servicios. A partir de este acuerdo, una regla de derecho internacional obliga a los Estados a "liberalizar", es decir, a poner en competencia a los prestatarios de los servicios, incluyendo los que le corresponden al poder público.

Sin embargo, esta inclusión de los servicios públicos no salta a la vista inmediatamente a quien no es avezado en las argucias jurídicas. El texto del AGCS utiliza todas las triquiñuelas del caso: preocupación extrema por el detalle en algunos puntos, imprecisiones que dan lugar a interpretaciones en otros, utilización de términos aparentemente neutros que ocultan realidades precisas, todo siguiendo la técnica habitual de oscilación entre dos tiempos. Así, en un primer momento se afirman grandes principios capaces de tornar al texto políticamente aceptable, mientras que a continuación una precisión "técnica" los vacía totalmente de su contenido. Por ejemplo, el artículo I-3b excluye del campo del acuerdo los "servicios suministrados en el ejercicio del poder gubernamental" (lo que nosotros llamaríamos los "servicios públicos"), pero resulta vaciado por el artículo I-3c que da una definición de esos servicios que no excluye prácticamente a ninguno.

Prohibido obstaculizar 

El corazón del dispositivo del AGCS se encuentra en el artículo VI-4, relativo a las regulaciones internas de los Estados, las cuales no deben constituir "obstáculos innecesarios para el comercio de los servicios". Esta noción de "innecesario" es imprecisa y por otra parte ¿quién es el juez para determinarla? No los propios Estados, sino el Órgano de Solución de Diferencias (ORD) de la OMC, mediante "paneles" de "expertos" internacionales con poder para autorizar represalias 2 contra el Estado al que se considera culpable de haber planteado tales "obstáculos". Como si esto no fuera suficiente, el artículo VI-2 prevé que los Estados signatarios implementen, en su derecho interno, jurisdicciones encargadas de aplicar las reglas del Acuerdo y la posibilidad de demandas contra ellos si no lo hacen.

Liberalización significa puesta en competencia. Como las directivas de la Unión Europea -que también organizan liberalizaciones en todas partes-, el AGCS tampoco exige, en teoría, privatizaciones. Pero llega a ese resultado al prohibir casi completamente los subsidios públicos, por lo menos en los sectores susceptibles de ser rentables porque tienen públicos solventes. La lógica actual, según la cual la colectividad puede decidir qué sectores deben quedar, por lo menos en parte, fuera de las reglas del mercado, con el fin de garantizar un acceso igualitario de los ciudadanos a los servicios, está en vías de ser sustituida por otra lógica, en la cual el mercado es el que decide por sí mismo el perímetro de sus intervenciones, dejando al sector público sólo lo que no es rentable.

En la actualidad, el AGCS no tiene todavía mucha incidencia sobre los Estados miembros de la Unión. Simplemente porque, a iniciativa de la Comisión, los gobiernos no esperaron este Acuerdo para adoptar directivas de liberalización de sectores enteros de sus servicios, que antes eran total o parcialmente públicos: bancos, seguros, telecomunicaciones, correo, transporte ferroviario, aéreo y marítimo 3, y energía. Precisamente, son algunos de estos sectores estructurantes (banca, seguros, telecomunicaciones) y otros (tecnologías de la información y de la comunicación, y la gran distribución) todavía regulados en algunos países del Sur, los que la Unión y Estados Unidos pretenden abrir para sus empresas, en el marco de las grandes negociaciones que están en curso en la OMC: agricultura, acceso al mercado de los productos no agrícolas y servicios.

Aun cuando el AGCS está principalmente dirigido a los mercados del Sur, su profundización no dejaría de tener consecuencias en Europa, donde agravaría los efectos del dumping, ya facilitados por las grandes disparidades dentro del mercado interno europeo. Por ejemplo, una autoridad local que decide lanzar una licitación pública para la realización de una u otra prestación (transporte escolar, tratamiento de la basura domiciliaria, etc.) y que quiere que el prestatario responda a ciertas exigencias sociales, sanitarias o medioambientales, podría ver el procedimiento de licitación anulado por el juez 4.

Tendencia inquietante 

Servicios todavía formalmente excluidos del mandato de negociación de la Comisión Europea en la OMC -educación, salud, cultura, servicios audiovisuales, servicios sociales 5- podrían muy bien entrar en esa negociación mediante rodeos; por ejemplo, la enseñanza superior a distancia (e-learning) que le interesa mucho a Estados Unidos. El comisario europeo Peter Mandelson se manifiesta muy tentado de incorporarlos, aunque de manera indirecta, cuando propone que las ofertas de liberalización de los países desarrollados (por lo tanto, de la Unión Europea) incluyan "nuevas y serias aperturas" en por lo menos 139 subsectores (o sea, el 85% de los 163 subsectores de servicios), a cambio de ofertas sustanciales de liberalización de los países en vías de desarrollo en por lo menos 93 subsectores (es decir, dos tercios de los 139) 6. Sin embargo, hay que señalar que esta propuesta es generosa sólo en apariencia porque, de los 139 subsectores mencionados, alrededor de 120 ya han sido "ofrecidos" por la Unión y más o menos liberalizados, lo que no ocurre con los 93 exigidos a los países en desarrollo.

En dos de los cuatro modos de prestación de servicios 7, la Comisión hace demandas y ofertas de liberalización que resultan inquietantes. Así, en el modo 3, que define las condiciones de presencia comercial de una empresa de un Estado miembro en otro Estado miembro, retoma por su cuenta, para exigírselas al Sur, una buena cantidad de las disposiciones del tristemente célebre Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI) 8, que preparado en el seno de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE), debió ser archivado en octubre de 1998 por un tardío pedido de Francia 9.

En el modo 4, la separación temporaria de los trabajadores migrantes 10, la Comisión anuncia que está dispuesta a hacer concesiones importantes, relativas, por lo menos, a los prestatarios de servicios a las empresas y a los trabajadores independientes. Respondiendo con esto a los pedidos de países del Sur como India, Pakistán, Bangladesh y Tailandia, deseosos de "exportar" trabajadores calificados (por lo menos en un primer momento) en el marco de prestaciones transfronterizas de servicios, la Comisión espera irlos llevando hacia los otros tres modos. Ampliaría así a escala planetaria las posibilidades de dumping social que el proyecto de directiva Bolkestein organiza sólo a nivel europeo.

Las políticas de liberalización funcionan siempre en sentido único: tanto las reglas de la Unión Europea como las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, Bendesky, pág. 10) prohíben cualquier vuelta atrás. El AGCS, como todos los demás acuerdos de la OMC, no es una excepción a la regla: su artículo XXI-2 (párrafos a y b) marca una irreversibilidad de hecho, porque un Estado que luego de un cambio de orientación gubernamental quisiera volver a la situación anterior a las liberalizaciones que había aceptado, debería pagar compensaciones a sus asociados...

  1. El Acuerdo y la nomenclatura de los servicios involucrados pueden consultarse en el sitio oficial de la OMC.
  2. El ORD puede autorizar a un Estado que ha ganado un pleito en esa instancia a gravar los productos provenientes del Estado sancionado, por todo el tiempo que dure la "infracción". Es lo que ocurrió con el asunto de la carne con hormonas cuando la Unión Europea fue condenada por su rechazo a importar ese tipo de productos de Estados Unidos y Canadá.
  3. François Ruffin, "Naufrage industriel pour la marine marchande", Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2005.
  4. Se han reunido ejemplos en el folleto Ma commune en 2015... après le passage de l'AGCS, publicado luego de los estados generales de las colectividades contra el AGCS, realizados en Bobigny (Seine-Saint-Denis) en noviembre de 2004, y retomado por la Convención Europea de Lieja del 22 y 23 de noviembre de 2005.
  5. En los términos del Tratado de Niza actualmente vigente, las decisiones de liberalización de estos sectores deben tomarse por unanimidad, por los Veinticinco.
  6. Comisión Europea, documento OMC: "Eléments pour une approche compémentaire (Elementos para un enfoque complementario)", TN/S/W/55, 27-10-05.
  7. Para la definición de los cuatro modos de prestación de servicios, véase Bernard Cassen, "La OMC amplía la directiva Bolkestein", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2005.
  8. Nuri Albala, "Un verrou juridique contre les Etats", Le Monde diplomatique, París, marzo de 1998.
  9. La Comisión pide, en los sectores significativos, la reducción o la supresión de limitaciones claves especialmente las relativas a los tipos de formas legales de empresas y a la nacionalidad de sus dirigentes.
  10. Véase "La OMC amplía la directiva Bolkestein", op. cit.

Esas patentes que matan

Lecourieux, Alain

El espectro de una epidemia mundial de gripe aviar –ineluctable según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que evoca cientos de millones de muertos– acaba de provocar en Estados Unidos el renacimiento de los debates sobre la necesidad de eludir las patentes de medicamentos. En efecto, las autoridades temen que el laboratorio suizo Roche, dueño de la exclusividad mundial sobre la producción de Tamiflu, se revele incapaz de asegurar el aprovisionamiento suficiente de este antiviral potencialmente eficaz contra el virus H5N1.
Pero estas epidemias virtuales (recordemos que en octubre de 2001, después del episodio bioterrorista de los sobres contaminados con bacilo de carbón, Washington había evocado también la suspensión de las patentes del laboratorio alemán Bayer sobre la ciprofloxacina), tienden a enmascarar las enfermedades reales que por sí solas demuestran la iniquidad del actual régimen de patentes.
En efecto, para luchar contra el sida, la tuberculosis, el paludismo y la gran cantidad de enfermedades crónicas que afectan la salud mundial, los países del Sur ven sus opciones cada vez más estrictamente enmarcadas a partir de la firma del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC, en inglés TRIPS). Firmado el 15 de abril de 1994, este acuerdo establece una reglamentación de vocación universal; su plena entrada en vigor a comienzos de 2005, después del final de un período transitorio de 10 años, prohíbe producir copias genéricas de los medicamentos recientes.
En Doha (Qatar) en 2001, después de una fuerte movilización internacional, se llegó a un compromiso: en caso de urgencia sanitaria, se hacía posible para un país hacer fabricar medicamentos genéricos recurriendo a “licencias obligatorias”, un instrumento jurídico que permite suspender la exclusividad de la patente en contrapartida de una transferencia de regalías de aproximadamente un 5%.
Sin embargo, ese compromiso sólo concernía a los países que disponen de capacidad industrial en el sector farmacéutico : Sudáfrica, Brasil, India, Kenia, Tailandia. Para los demás había que proponer una solución antes de fines de 2002. Las multinacionales farmacéuticas hicieron presión entonces sobre el gobierno de Estados Unidos para que volviera sobre los términos de esa declaración. El 20-12-02 Supachai Panitchpakdi, por entonces director general de la OMC, constataba que “los Estados miembros de la OMC no llegaron a un acuerdo sobre el acceso a los medicamentos en los países pobres que no tienen capacidad industrial”.
Sin embargo, un acuerdo temporario firmado el 30-8-03 en la OMC eliminaba algunos obstáculos, al menos en el papel: derogando las reglas del ADPIC, se le reconocía a un país no productor el derecho a “importaciones paralelas” de genéricos procedentes de un país que los fabricaba. Para lo cual hacían falta dos licencias obligatorias: una en cada uno de los países involucrados. Con excepción de Canadá (donde hay una importante industria de genéricos), ningún país exportador se comprometió en ese sentido.
En lugar de eso, Estados Unidos multiplicó los acuerdos comerciales bilaterales llamados “ADPIC+”, que limitan sistemáticamente el recurso a los genéricos y van más allá de las cláusulas de la OMC en materia de protección de patentes. Al fin, vaciado de su sustancia, el acuerdo de 2003 resultó sin efecto. Razón por la cual el grupo de países africanos de la OMC reclamó que la conferencia de Hong Kong adopte una reforma del ADPIC que permita salir del régimen de las cláusulas derogatorias –cuya ineficacia ya ha sido demostrada– para instaurar un sistema de reglas estables para importar y exportar medicamentos genéricos. En ocasión de la reunión del Consejo de ADPIC del 25 de octubre último, Estados Unidos se negó a ir más allá de las transposiciones técnicas del acuerdo de 2003. La misma posición adoptaron Australia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea. En cambio, los africanos recibieron el apoyo de Brasil, China, India, Jamaica y Filipinas.
Más allá de los aspectos sanitarios, muchos países del Sur ven los acuerdos de propiedad intelectual como otros tantos instrumentos de dominación. En efecto, incluyen cláusulas leoninas: obligación de compra al dueño (ventas vinculadas); determinación por el dueño de los modos de producción; el receptor se obliga a comunicarle al dueño todos los perfeccionamientos realizados sobre los procedimientos; limitación o prohibición de las exportaciones.
La industria farmacéutica no tiene interés en los pacientes no rentables (sólo el 10% de las investigaciones médicas concierne a las enfermedades que afectan al 90% de la población mundial) y dedica al marketing y a la publicidad sumas a menudo superiores a las que asigna a los trabajos científicos. Cada año, 11 millones de personas mueren de enfermedades infecciosas por falta de acceso a medicamentos esenciales y 2.000 millones no tienen acceso a la atención sanitaria. La conferencia de Hong Kong dirá si esas cifras son tan pertinentes como las de los beneficios del complejo médico-industrial.


Autor/es Frédéric Viale
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 78 - Diciembre 2005
Páginas:16,17
Traducción Lucía Vera
Temas Desarrollo, Mundialización (Economía)