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Reparto desigual de beneficios

Es sabido que tanto la población como los niveles de producción están desigualmente repartidos en el territorio argentino. A falta de un plan abarcador, se pueden mejorar muchos aspectos mediante la aplicación de una serie de medidas que protejan a pequeños y medianos productores del poder de empresas integradas, tradings y grupos de productores con estructuras reconvertidas y nuevas variedades.

Según el INDEC 1, en la primera mitad de este año la economía argentina creció cerca del 8% respecto del mismo período de 2005, mientras el desempleo ronda el 10%. Por otra parte, en los últimos dos años las exportaciones argentinas experimentaron un fuerte crecimiento en todos los rubros. Previsiblemente, los valores de las principales exportaciones de productos de origen agropecuario (subproductos y aceite de soja, trigo y maíz, aceite de girasol y carne bovina deshuesada) representan aproximadamente un tercio de los 34.000 millones de dólares en exportaciones totales registradas en los primeros nueve meses del año 2. Algunos rubros, como carnes blancas, lácteos, aceites y subproductos, harina de trigo, azúcar, bebidas y cigarrillos, acumulan crecimientos de producción que promedian un 12% en cada caso.

No obstante, interpretar el proceso de desarrollo basándose en los datos agregados de la evolución de las cuentas nacionales en general, o por medio de un indicador como el Producto Bruto Interno (PBI), es por lo menos insuficiente. Ocurre que estos indicadores no necesariamente reflejan la realidad social y la apropiación desigual del crecimiento. El incremento de la capacidad productiva nacional de bienes y servicios se distribuye de manera muy heterogénea, tanto en términos humanos como territoriales.

Es por esto que ciertas cifras poco nos dicen sobre quién y cómo se apropia del crecimiento y dónde se lo disfruta; quién consume, invierte y ahorra y dónde. No son cuestiones menores, porque ¿qué sentido tiene hablar de recomposición paulatina del proceso económico si éste no se refleja en la diferenciada situación social de los habitantes de las diversas zonas "reactivadas"? ¿Qué caso tiene observar los principales rubros de exportaciones si no se consideran las condiciones en que se desenvuelven las personas que con su trabajo las hacen posibles? ¿No se tratará, una vez más, de la reiteración de las contradicciones propias del desarrollo capitalista en una formación económico-social con escasa o nula regulación estatal y con cobertura parcial o insuficiente de las demandas básicas de la población? ¿Es posible acaso seguir deslumbrándose con las puras cifras de crecimiento sin preguntarse quiénes y cómo se apropian de sus beneficios?

Un breve repaso, identificando las principales situaciones problemáticas de algunas economías regionales, puede servir para avanzar en el análisis de los procesos socialmente contrastantes que pueden observarse a lo largo y a lo ancho del país, al margen de la Pampa Húmeda. Aproximarse de este modo a la realidad es una condición previa para la definición de políticas adecuadas para estimular la actividad productiva y pagar al mismo tiempo la abrumadora deuda social acumulada hasta el quiebre de la convertibilidad y su ulterior efecto regresivo.

Las economías extra-pampeanas 

Como el resto de la formación económico-social, los actores del sector agropecuario argentino han asistido a importantes procesos de transformación en las últimas décadas, particularmente desde 1990 en adelante. La política económica basada en el tipo de cambio fijo impuso -al compás de las directivas del Consenso de Washington- estrategias conducentes a asegurar el éxito de dicho modelo, que fue el principal catalizador de la modernización acelerada de la agroindustria y el campo argentinos, junto con su inserción en la economía global.

Sin embargo, la modernización e inserción competitiva en el comercio internacional no implicaron beneficios para el conjunto de los productores agrícolas y agroindustriales. Un análisis de los últimos censos agropecuarios, los de 1988 y 2002 3, demuestra que hubo una expulsión masiva de productores, pero no ocurrió lo mismo con el factor tierra, que se redujo en menor proporción o incluso aumentó en algunas regiones. Esto redundó en el crecimiento de la escala de las explotaciones que resistieron a la década de 1990. En términos agregados la reducción de explotaciones fue protagonizada casi exclusivamente por las de 500 hectáreas o menos, aunque existieron variantes regionales.

Allí aparece en toda su magnitud la situación de los pequeños productores rurales, afectados por la vigencia de un proyecto de política económica que los marginó, condenando a muchos a la desaparición. Estos efectos pueden comprobarse si se indaga en las relaciones de la pequeña producción agrícola con la agroindustria y la regulación estatal en el caso de tres economías regionales: tabaco, fruticultura y algodón. Es allí donde se advierte cómo el crecimiento de los más grandes se contrapone al retroceso de los pequeños.

En Misiones, el proceso productivo del tabaco es organizado y controlado por un reducido grupo de empresas, que entablan relaciones contractuales con los miles de productores primarios. Éstos suelen ser propietarios u ocupantes de pequeñas extensiones de tierra, emplean mano de obra familiar y el promedio de superficie que dedican al tabaco raramente supera las 5 hectáreas. El área privilegiada para el cultivo es el nordeste, ya que constituye una frontera agrícola con tierras disponibles, lo que permite a los agricultores estabilizar las nuevas explotaciones y contar con efectivo que posibilite un consumo e inversión elementales entre las familias.

A mediados de la década de 1980, la agricultura de contrato se consolida con el denominado boom del tabaco tipo Burley. Y se reproduce cuando las empresas financian insumos hasta la cosecha -materiales para galpones, fertilizantes, semillas, plaguicidas- y el agricultor vende la producción clasificada. Este control del proceso productivo se logra supervisando parte de la organización del trabajo e imponiendo precios de acopio y condiciones de entrega del producto.

De este modo, el productor se inserta en la agricultura de contrato en condiciones asimétricas, ya que los insumos adelantados por la empresa poseen precios onerosos para su economía, cuestión que además contrasta con los precios más bajos de los mismos en el mercado local o regional. El productor recibe los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) a través del sistema bancario, contra entrega al Ministerio provincial del Agro del recibo de venta al acopiador, en el que se especifican cantidades y calidades. La ausencia de inspectores en el momento de la transacción productor-acopiador genera normalmente pérdidas al primero, puesto que debido a su posición desfavorable en el mercado es condicionado a ceder renta a favor del segundo.

En Río Negro, por otra parte, la dinámica de acumulación en los diferentes procesos comercializadores de la manzana y la pera contribuye a la conformación y reproducción de dos circuitos, uno integrado y otro marginal.

El primero es el de empresas, agentes comerciales y productores independientes, que tras la caída de la convertibilidad han asistido a un potencial proceso de acumulación debido a su mayor fortaleza comercial y productiva. Este grupo se compone de empresas integradas -principalmente de capital extranjero- tradings y grupos de productores con estructuras reconvertidas y nuevas variedades. Si se considera que el potencial de acumulación se liga estrechamente con el acceso y control de los mercados (sobre todo externos), son las empresas integradas y los agentes comerciales los que predominan sobre el productor independiente.

El segundo es el circuito de los que quedaron "fuera del sistema". Se trata de un universo heterogéneo de empresas integradas que poseen cadenas de comercialización frágiles, productores integrados sin inserción estable en tramas asociativas para unificar las ofertas y sostener un mayor poder de negociación, y productores independientes sin estructuras productivas reconvertidas.

Al analizarse ambos circuitos de agentes económicos, es simple definir el espacio de los "ganadores" y los "perdedores". El sector social que mejor explotó las nuevas condiciones del mercado a partir del cambio de precios relativos fue el de los exportadores, representado por las grandes empacadoras, especialmente las integradas.

En efecto, si bien entre 2001 y 2003 el precio de exportación disminuyó en dólares -de 0,50 a 0,41 y de 0,53 a 0,45 por kilo de manzana y pera respectivamente 4-, representa una importante opción comercial debido a que parte de los costos internos crecieron en pesos. A este nuevo escenario debe agregarse la licuación de los pasivos financieros de las empresas integradas, por el doble fenómeno de la pesificación de sus créditos en moneda extranjera y la cancelación con bonos de sus acreencias. Esto recompuso la estructura financiera de la mayoría de estas empresas, a partir del subsidio significativo que supusieron ambas decisiones oficiales. Además, la revaluación del euro es otro factor adicional de incremento de ingresos y sostenimiento de la rentabilidad del negocio exportador, dado que cerca del 80% de la manzana y el 50% de la pera se comercializan en mercados que operan con dicha moneda.

Sin embargo, el agricultor frutícola independiente no logra captar todo el beneficio que podría obtener si el empacador no ejerciera relaciones de dominación en el interior de la cadena frutícola. Mucho más dañado resultó el pequeño productor independiente tradicional, mayoría en la región dentro del circuito de acumulación, ya que ni siquiera obtuvo ingresos suficientes como para reproducir la fuerza de trabajo propia y la de sus familiares.

En Chaco, por último, el algodón es considerado un cultivo social, debido a la integración productiva que permitió durante décadas. Hasta 1996, y pese al retraso cambiario que engendró la convertibilidad, los precios internacionales colocaron a las grandes empresas elaboradoras de fibra en condición de exportarla. No obstante, los beneficios del crecimiento de producción y precios no alcanzaron al pequeño productor algodonero. Éste no obtenía buenos precios ni disponía de créditos a tasa baja, por lo que estaba incapacitado para tornar más eficiente su producción y reducir costos. En el quinquenio 1992-1997 la producción algodonera chaqueña casi se triplicó, y el pasaje de 256.000 a 712.000 hectáreas significó la mayor expansión mundial del área de dicho cultivo en ese decenio 5.

Pero la mayoría de los protagonistas de ese boom afrontaban una situación altamente crítica. Cuando en la última parte de la década de 1990 y en los primeros años de la actual los precios internacionales se derrumbaron, la situación devino desesperante. Hasta los grandes desmotadores discontinuaron la actividad o trabajaron con alta capacidad ociosa.

Estos procesos impactaron en la estructura de la producción primaria. Una de las principales secuelas fue la reconfiguración del patrón urbano-rural de poblamiento. En efecto, en el período ínter-censal 1991-2001 6, se registró una disminución de la población rural y su envejecimiento, cuestión que afectó no solamente aspectos productivos como la organización del trabajo, sino también la trama social. Mientras la emigración hacia las ciudades y pueblos crecía por expulsión de los pequeños productores (embargados, descapitalizados y endeudados), los cosecheros manuales, desplazados por la mecanización agraria, también fueron a ocupar los espacios periurbanos como ejército de reserva.

Aunque el precio -en pesos reales de 1999- para la campaña 2002/03 7 mejoró respecto del de las campañas 1999/2000 y 2000/01, debe considerarse que durante éstas se desarrolló la crisis de precios internacionales. La reciente fijación de un precio mínimo por parte del Estado provincial apenas ha amortiguado la exposición a la variación del mercado, de modo que no representa más que un paliativo ante la descapitalización y el oneroso e insuficiente crédito.

Después de la convertibilidad, el incremento de ingresos derivado de la devaluación de 2002 no mejoró la situación general, pues no compensó la caída de los precios y el algodón dejó de ser el cultivo central para amplias zonas de Chaco. En las explotaciones medianas y grandes, la soja ha reemplazado al algodón, aunque no requiere mano de obra intensiva ni se industrializa en la región. Además, la producción de soja suele estar controlada por empresas de origen transregional, con lo cual el excedente difícilmente sea reinvertido, consumido o ahorrado en las áreas de producción.

Una nueva agenda pública 8

En esta suscinta exposición hemos indagado las relaciones de la pequeña producción agrícola con la agroindustria y la regulación estatal para el caso de tres economías regionales. Uno de los aspectos que puede rescatarse de este análisis es que el efecto de la devaluación ha sido en gran parte favorable para aquellos actores que poseían una situación dominante previa en sus respectivos circuitos, pues han tenido la capacidad de apropiarse de los beneficios de la devaluación, la licuación de pasivos, el moderado incremento de costos de operación y la mayor demanda interna y externa.

Del análisis surge el interrogante sobre la situación de los actores subordinados y sobre las posibilidades de revertir las tendencias concentradoras. Esto es posible, como demuestra el accionar estatal en países tan indudablemente capitalistas como Australia, Estados Unidos y Canadá. Allí existen antiguos y complejos sistemas de regulación de precios y mercados agrícolas, lo que evita precisamente que se produzcan situaciones de alto crecimiento sin desarrollo.

En Argentina comienzan a vislumbrarse instrumentos de política económica potencialmente valiosos en tanto formas de regulación de la producción y el comercio (el Instituto Nacional de la Yerba Mate es un incipiente ensayo). Intentan ir más allá de los acotados programas focalizados de alivio a la pobreza, que durante los últimos 15 años se encargaron de remediar la expulsión de vastos sectores de la producción, pero que no fueron más allá de la contención.

Para cambiar realmente las cosas es preciso formular una estrategia que considere entre sus postulados metodológicos el diseño de un instrumento flexible y participativo, en permanente revisión, capaz de adaptarse a la multiplicidad de cambios externos e internos de cada región, y en el que el criterio de solidaridad socio-territorial del federalismo tendrá que ser ejercido plenamente. Deberá contener objetivos básicos, plantear prioridades y tener como finalidad el incremento sustancial de la calidad de vida de la mayoría de la población. Cuanto más flexible sea esta herramienta, mayor será la posibilidad de que las sociedades locales la tomen como propia, la defiendan y actualicen en función de las aspiraciones de los sectores populares de cada región.

El diseño de un Plan Estratégico de Desarrollo Regional debe concordar con los principios fundamentales del Plan Fénix y reconocer la especificidad de cada ámbito regional. La región no puede ser entendida como un objeto en sí mismo; su existencia es sólo función de objetivos y metodologías que tiendan a agrupar producciones y actores, pues éstos son los verdaderos sujetos de una política pública con estas características.

Específicamente, entre los postulados básicos de dicho Plan deberán establecerse acciones imperativas. Mediante una metodología participativa se intentará que, a través de su experiencia propia, la formación económico-social de cada región y ámbito local discuta y defina un programa de acción. Éste deberá atender la especificidad de las distintas regiones, así como considerar el contenido particular del Plan Fénix. Los postulados básicos de los programas de acción serían:

  • Reforzar y agregar valor a las cadenas productivas en el origen, apoyando la recuperación de los pequeños y medianos productores y su integración a las mismas. Ésta es una condición necesaria para posibilitar a estos sectores sociales el acceso a niveles de eficiencia y eficacia en los mercados internos y externos.
  • Beneficiar a los actores más débiles y/o con menor poder negociador dentro de las cadenas productivas, a partir de una creciente captación de excedentes. El logro de este postulado hace imprescindible la presencia del Estado, en especial en la defensa activa de los precios de los pequeños y medianos productores frente al mayor poder negociador de los grandes intermediarios y de los grupos económicos.
  • Fortalecer los mecanismos de asociación y cooperativismo de los actores subordinados con menor capacidad protagónica. Para esto, es preciso consolidar acuerdos para distribuir equitativamente los frutos del crecimiento y absorber en forma cooperativa y participativa los beneficios de los nuevos aportes en tecnología apropiada y sustentable. Para el logro de lo anterior es requisito fundamental la formación de empresas de carácter autogestionario, solidarias y cooperativas, vinculadas entre sí, que logren modificar gradualmente el perfil empresarial hacia iniciativas de corte asociativo, que prioricen la distribución de los excedentes con criterios de igualdad social y posean un manejo participativo de su gestión. Distintas experiencias demuestran las dificultades económicas, culturales y legales con las que tropiezan intentos de este estilo. No obstante, la educación cooperativa y el paulatino éxito de aquel tipo de empresa podrán ampliar este estilo de gestión.
  • Reforzar el ingreso de los actores sociales locales. Esto se deduce de los puntos anteriores. El diseño de políticas activas para fortalecer, completar y ampliar el valor agregado que generan las cadenas productivas en las diversas regiones apunta decididamente a distribuir el ingreso equitativamente en el interior de las distintas regiones y evitar que la mayor parte del excedente generado en la producción emigre de la región. Asimismo, esto deberá ser acompañado por la inversión de bienes públicos (infraestructura, educación, salud, vivienda, etc.), con el propósito de disminuir las desigualdades sociales interpersonales. El esfuerzo mancomunado, junto con el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida, serán alicientes a la reproducción de las acciones en esta dirección.
  • Transformación estructural en el plano político-institucional. Las iniciativas de crecimiento con equidad social propuestas para las diferentes regiones del país suponen una intervención amplia y sistemática del Estado, que debe jugar un rol clave en la puesta en marcha de las políticas diseñadas por las sociedades locales. Sin embargo, por sobradas experiencias, una de las principales barreras para este cambio institucional se encuentra en la falta de confianza social en el modelo institucional y político. Esto ocurre no sólo por motivos económicos, sino también por cuestiones que se relacionan con móviles político-culturales. Para que las propuestas de políticas públicas alternativas sean viables, deben ser aplicadas por instituciones y estrategias de planificación que tiendan a desarticular las prácticas económicas y políticas corruptas, prebendarias y clientelísticas. Es preciso entonces alentar las alianzas entre el Estado y la sociedad local para que, en conjunto, diseñen, implementen y controlen las iniciativas de cambio.
  1. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Informe del Avance del Nivel de Actividad, Ministerio de Economía y Producción, Buenos Aires, 14-9-06: http://www.indec.gov
  2. INDEC, Exportación de productos: diferencias de valor significativas, Ministerio de Economía y Producción, Buenos Aires, 2006: http://www.indec.gov.ar/14/11/2006. También INDEC, Análisis sectorial. Tendencias de una serie de productos representativos de cada bloque de la estructura de ponderaciones del EMI, Ministerio de Economía y Producción, Buenos Aires, 2006: http://www.indec.gov.ar/14/11/2006.
  3. INDEC, Censo Nacional Agropecuario, Secretaría de Política Económica, Buenos Aires, 1988. También INDEC, Censo Nacional Agropecuario, Secretaría de Política Económica, Buenos Aires, 2002, y O. Barsky y L. Fernández, "Tendencias actuales de las economías extrapampeanas, con especial referencia a la situación del empleo rural", SAGPyA-RIMISP, Buenos Aires, 2005.
  4. Dirección General de Estadística y Censos, Provincia de Río Negro, 30-10-06: http://www.spi.rionegro.gov.ar/Modo-web/index_2.html.
  5. Dirección Nacional de Coordinación de Delegaciones, 30-10-06: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/scripts/0-2/icultind.idc.
  6. INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados definitivos-características seleccionadas, Buenos Aires, 1991. También INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Secretaría de Hacienda, Buenos Aires, 2001.
  7. Ministerio de Producción, Provincia de Chaco, 6-11-06: http://produccion.chaco.gov.ar/Estadisticas%20Algodoneras.pdf
  8. Este apartado retoma los aportes del Plan Fénix II, 2006. El Plan Fénix es una iniciativa de un grupo de profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que produjo una propuesta económico-social alternativa a la del neoliberalismo en el año 2001 y preparó una segunda versión para el quinquenio 2006-2010, recientemente dada a conocer.
Autor/es Ariel O. García, Alejandro Rofman
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 90 - Diciembre 2006
Páginas:10,11
Temas Desarrollo, Estado (Política), Economía
Países Argentina