La soberanía es indelegable

Raúl Prebisch afirmaba que el problema fundamental de la economía es saber quiénes producen el excedente económico, quiénes se lo apropian y qué hacen con él. Desde 1976, este problema fue resuelto en Argentina a través del mecanismo del endeudamiento externo. El excedente producido por el agro y la industria era captado y evadido por el sector financiero, que reemplazaba el ahorro nacional por deuda.

Mediante este mecanismo, el sector financiero no sólo hacía buenos negocios, sino que implantaba un modo de funcionamiento del poder en el país. En efecto, como la economía dependía del endeudamiento permanente, eran los acreedores, locales y extranjeros, quienes fijaban las pautas básicas de funcionamiento tanto en la economía (concentración del ingreso y extranjerización masiva), como en la sociedad (flexibilización laboral) y en las instituciones (desguace del Estado y corrupción). Cada vez que alguien intentó cuestionar este régimen, aparecieron los sofismas ("nos caemos del mundo"); las presiones ("habrá represalias"); las amenazas ("malvinización"). Y los golpes de mercado...

Este modelo basado en la deuda eterna logró desarticular la Argentina industrial, pero fue incapaz de sobrevivir: culmina en diciembre de 2001. Al cabo de aquella debacle, ha perdido también la batalla ideológica: nadie cree más, por ejemplo, en que las privatizadas vinieron a proveer un buen servicio antes que a obtener ganancias extraordinarias por una bicoca. Y fue políticamente derrotado cuando tuvo que retirar a Carlos Menem en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para no sufrir una paliza histórica.

Este modelo llevó al país a su peor crisis económica y social, pero cuando la economía nacional vuelve al crecimiento -contra todas las previsiones de los gurúes y en total oposición a las recetas del FMI- reaparece el tema de la deuda externa.

Es normal que los opinadores del establishment aparezcan en todos los medios que poseen: la deuda externa es el eje del poder financiero, por encima de gobiernos y elecciones. Por eso exigen mayor pago a los acreedores, aunque los argumentos esgrimidos carecen de fundamento. "Hay un amplio campo para pasar del 3% al 4,25% el superávit fiscal -dicen- sin afectar en lo más mínimo la reactivación económica ni los planes sociales auténticos" ¹. No se toman el trabajo de calcular que 1,25% del PBI representa 5.200 millones de pesos y que los 4,25 puntos de excedente fiscal destinados a los acreedores representan 17.600 millones. Los gastos totales del gobierno nacional asignados en 2004 para educación, salud, vivienda, agua potable, defensa y seguridad suman 11.500 millones de pesos; los planes Jefes de Hogar, 3.400 millones. ¿Qué gastos presupuestarios sugieren suprimir para liberar los 5.200 millones suplementarios? ¿O aceptará el establishment aumentar el impuesto a la renta, a las ganancias, y una tasa a la renta financiera? ¿O quizá pretende cubrir 5.200 millones de pesos con un aumento en el IVA, que pagan todos los argentinos?

Otra propuesta es asegurar el pago de la deuda externa, al margen de "populismos" y "demagogos". Leemos: "garantías posibles son: ceder la cobranza de una parte de los impuestos al comercio exterior, que se depositarían en un fideicomiso fuera del país, administrado por alguna entidad internacional" ². Este es el trato habitual que existió durante el siglo XIX, cuando los países deudores sufrían la ocupación militar, con el manejo extranjero de las aduanas nacionales. Ahora, ni siquiera necesitarían mandar tropas; les bastaría con que gobiernen sus asociados locales.

La respuesta a estas exigencias la dio el presidente Kirchner: "El país no puede pagar más porque sacrificaría su crecimiento".

Al menos, la cuestión de la deuda tiene la ventaja de clarificar cada posición, mostrar qué intereses están en presencia, y permitir un debate acerca de algunos puntos fundamentales.

Reglas de juego

En primer lugar, el tema de la soberanía, de la capacidad del Estado para autodeterminarse, que es irrenunciable: ningún Estado puede someterse a las decisiones de otro Estado, institución o grupo de intereses que contradigan su poder soberano ³. Los jueces extranjeros no pueden juzgar en temas de derecho público de otro país. La legislación de Estados Unidos exceptúa el caso de que ese país renuncie a tal inmunidad; el gobierno argentino de la época lo hizo, pero esa renuncia es nula. No es válido renunciar a la soberanía: es como renunciar a la calidad de ciudadano libre y comprometerse a ser esclavo de otra persona. No corresponde que jueces extranjeros juzguen temas como los contratos de deuda y la emisión de bonos.

En segundo lugar está el 75% de quita en los bonos de la deuda externa argentina sometidos a negociación. Antes, los acreedores ganaban siempre. Cuando alguien desea colocar dinero en bonos o acciones, lo primero que le pregunta el banco o la entidad financiera es si privilegia la seguridad o la rentabilidad; no puede quejarse quien eligió la alta rentabilidad con alto riesgo y perdió. En nuestro caso, las calificadoras de riesgo, como Standard & Poors, evaluaban a los bonos argentinos como una colocación "especulativa". Lo que ocurre es que antes el FMI cubría las pérdidas dándole un préstamo al gobierno para que pagara a los acreedores; después el gobierno le pagaba al FMI y todos quedaban contentos, excepto el país deudor, que tenía que hacerse cargo de la especulación de los acreedores, que percibían altísimos intereses y cobraban la totalidad de la deuda. Ahora el FMI no rescata más: ese es el problema de los acreedores privados. Entonces protestan por la quita, que es absolutamente legal. El porcentaje que ofrece el gobierno es razonable: por una parte, aplica la rebaja que ya decidió el mercado; por la otra, está en el máximo de lo que el país puede pagar sin dejar de crecer. En cuanto a su legalidad, no puede hablarse de porcentaje confiscatorio, puesto que no se trata de un impuesto; en una renegociación de la deuda, la figura jurídica equivalente es la convocatoria de acreedores, en donde la quita resulta de la posibilidad de pago del deudor y puede consistir en cualquier porcentaje.

El tercer tema se refiere a la permanencia del país en el mundo: se lo amenaza con el trágico destino de los navegantes precolombinos en la era de la Tierra plana, que caían en el vacío al acabarse el mar. El ministro de Finanzas de Alemania afirmó que "si el país se aísla sería un desastre: no podrá mantener el nivel de inversión directa que necesita para consolidar su crecimiento económico" ⁴, falacia repetida a coro por el establishment local. El capital externo no es un requisito para el desarrollo, ni en los '90 ni en la actualidad. La inserción irrestricta en el sistema financiero internacional significó la actual deuda externa y una fuga de 30 mil millones de dólares en 2001, pese a la sumisión frente a los acreedores (ley de déficit cero, megacanje).

Vendrán capitales si el país crece. Y crecerá si es capaz de captar el excedente económico que produce: un superávit fiscal primario mayor al esperado debe financiar la inversión pública y apoyar la privada. Ya se conocen los resultados del endeudamiento perpetuo y el ajuste permanente. Ha llegado el momento de explorar otros caminos.

1. Mariano Grondona, La Nación, 15-02-04.
2. Daniel Artana, La Nación, 17-02-04.
3. Entre la copiosa jurisprudencia, véase el caso Andrea Goldoni, Tribunal de Milán, 10 de marzo de 2003.
4. Hans Eichel, Página/12, 20-02-04.