Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Recuadros:

La patria paramilitar

En una Colombia sacudida por el escándalo de la llamada “parapolítica”, abril de 2007 marcó el comienzo de lo que podría convertirse en el “paragate”: la oposición acusa al propio presidente Álvaro Uribe de vínculos con los asesinos de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La mano se hunde en una de las dos botas de goma: Alejandro 1, el joven antropólogo jurista, saca con gran delicadeza una media impregnada de tierra y raíces, la anuda y se la alcanza a su colega, anunciando: "metatarsos derechos", y a continuación, después de haber extraído primero de su interior la tibia y el peroné, procede del mismo modo con la segunda bota. Acaba de concluir el mismo camino que había llevado a Andrés hasta el sitio de su ejecución clandestina en 2003, en tanto un segundo equipo sigue buscando, ladera abajo de un camino de montaña, el lugar exacto en que debía encontrarse el cuerpo de su hermano Bernardo, ejecutado minutos antes que él. Harán falta cinco excavaciones para que el equipo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía consiga encontrarlo a su vez, en plena selva tropical, en las montañas que dominan la llanura de Apartado, capital de Uraba, cuarta región exportadora de bananas del mundo, y una de las más devastadas por el conflicto colombiano.

Sobrevuelan estas exhumaciones todas las contradicciones e ironías características no sólo de Colombia, sino también, en términos más generales, de los conflictos de larga duración y las guerras civiles que éstos inevitablemente acarrean. La región se conoce sobre todo por la devastación que sembraron, en conjunto, los grupos paramilitares y la 17ª brigada del ejército con base en Apartado. En este caso particular, la muerte de los dos hermanos cuyos cuerpos son exhumados es obra de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos frentes 5 y 58 están especialmente desplegados en esta serie de valles encajonados que han sido siempre un corredor estratégico para sus desplazamientos.

Exhumaciones entre disparos

Una tarde de julio de 2003, un grupo de guerrilleros vino a buscar a Bernardo, culpable de haber desertado meses antes de sus filas. También se llevaron a su hermano menor Andrés, quien desgraciadamente estaba allí en el momento en que llegaron. A tan sólo unos kilómetros en línea recta de Apartado, capital regional, pero en un mundo olvidado de todos, sin electricidad ni agua corriente, sin más infraestructura para cruzar la selva tropical que unos caminos fangosos y escarpados, más fáciles de recorrer a lomo de mula que a pie, Bernardo no había cumplido 20 años cuando pensó que en las filas de las FARC podría encontrar una respuesta a la injusticia social que había caracterizado siempre a su entorno. Las duras condiciones de vida en el seno de la guerrilla lo impulsaron a desertar y regresar junto a su padre, a la casa sobre pilotes, de chapas decoloradas por la lluvia.

Ironía del destino: no fue a causa de divergencias políticas sino por celos sentimentales que un vecino encontró en la existencia misma del conflicto el arma ideal para vengarse de su rival, y señaló a las FARC la presencia del desertor. Venganza fatal: tras algunos kilómetros de marcha, ambos hermanos fueron abatidos uno tras otro, "ajusticiados". Después la guerrilla indicó al padre dónde hallar los cuerpos. Quedaba en libertad de enterrarlos clandestinamente, pero le prohibían terminantemente presentar la denuncia ante las autoridades.

No obstante, el hombre desobedeció la orden, arriesgando su vida. Unos cuatro años después, el expediente de la investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía está listo para dar curso a la demanda de exhumación de la familia.

Contrariamente a otros países que atraviesan o atravesaron un conflicto armado, en Colombia las exhumaciones tienen lugar mientras el enfrentamiento prosigue: en la mayor parte de los casos, las tumbas clandestinas y otras fosas comunes se encuentran en medio de las zonas de combate. Peor aun, se convierten en objetivos a ser destruidos, tan grande es el temor de que con la aparición de los cuerpos y la prueba flagrante del delito se abran procesos judiciales por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Hay que precisar además que los responsables del 70% de las fosas comunes que contienen cuerpos correspondientes a desaparecidos a la espera de ser identificados son, mayoritariamente, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), "desmovilizados" en virtud de la muy complaciente ley de "Justicia y Paz" de julio de 2005 2. De ahí que la mayoría de las veces, las excavaciones se lleven a cabo en una carrera contrarreloj. Por otra parte, los paramilitares reabren las fosas cada vez que pueden, queman las osamentas o las arrojan a los ríos más cercanos.

Más perverso aun: algunos integraron seudo-organizaciones no gubernamentales (ONG) e intentaron incluso, sin éxito, recaudar fondos en las embajadas extranjeras para dar una apariencia de legitimidad a su intención de destruir pruebas que les resultan incómodas. Por este motivo, sólo los técnicos, investigadores y jueces de instrucción de la Fiscalía están habilitados para realizar exhumaciones. Tampoco es raro que los equipos de su Unidad de Derechos Humanos se encuentren bajo el fuego de los fusiles. El año pasado, durante la exhumación de los cuerpos de la treintena de víctimas de la masacre de Mapiripán, a quienes paramilitares bajo las órdenes de Carlos Castaño descuartizaron vivos con una sierra mecánica en julio de 1997, uno de esos equipos tuvo que trabajar en medio de tiroteos entre los paramilitares y los soldados de una unidad especial encargados de garantizar su seguridad.

Una vez más, la ironía de la situación hace que, dada la carencia total de medios de la Fiscalía en general, y de la Unidad de Derechos Humanos en particular, el ejército tenga a su cargo el traslado -la mayoría de las veces en helicóptero, dada la falta de acceso por vía terrestre- de los equipos de técnicos y jueces de instrucción lo más cerca posible de los sitios. Luego una unidad especial los acompaña durante el camino que invariablemente queda por recorrer antes de llegar al pie de la obra, y garantiza la seguridad de la zona durante el trabajo, así como en el camino de regreso.

Para los testigos, es decir, para quienes tienen uno o más allegados para exhumar, esta proximidad de las fuerzas armadas en el contexto de un conflicto en curso puede resultar lisa y llanamente amenazadora.

Tumbas clandestinas

En Apartado, la víspera de la expedición, el padre de las dos víctimas no concurrió a la reunión preparatoria del equipo de la Fiscalía. Días antes había recibido amenazas de la guerrilla y, con más de 60 años, verse obligado a abandonar su pedazo de tierra para salvar su vida es superior a sus fuerzas. Así que no quiere ser visto con ninguna persona de la Fiscalía. Su hija nos explica también que la exhumación de los jóvenes es una última prueba insuperable, demasiado dolorosa aunque él haya hecho todo para llegar a ese punto. ¿Pero quién podrá ayudar entonces al equipo a coordinar con las fuerzas armadas la identificación de un punto de aterrizaje, para que el helicóptero acerque a toda la gente a las tumbas clandestinas? Y sobre todo: ¿cómo encontrarlas?

La hija no conoce bien el lugar, pero sí su propio hijo, un chico de apenas 14 años. Con la autorización legal de su madre, la expedición descansará pues completamente sobre los hombros de Carlito. Frágil, pero con una determinación conmovedora, el muchacho responde a las preguntas de todos: "El único lugar posible para el helicóptero es ahí. En todos los otros lugares hay árboles." Justamente... ¿está seguro de poder guiar al equipo a través de esa selva hasta las tumbas clandestinas de sus tíos? "Sí, sin ningún problema. Hace 4 meses, poco antes de Navidad, fui a poner 2 cruces de madera."

Después de una reunión con los mandos de la 17ª brigada para identificar en los mapas del Estado Mayor el punto exacto de aterrizaje del helicóptero, y del trayecto que a continuación deberá hacerse a pie, Carlito, siempre con la autorización de su madre, conduzca a un grupo de soldados de las unidades especiales que procederán durante toda la noche a demarcar el terreno y dar seguridad a la zona. El procedimiento es similar al de cualquier otra expedición, pero en este caso, se hace incluso más imprescindible: el día anterior, guerrilleros de las FARC enfrentaron a los soldados de las fuerzas armadas, causando varios muertos y heridos en este último bando.

Como suele suceder, esta información no se difunde públicamente. En los medios sólo se informan algunos choques por semana, pero en realidad, los combates son muchos más que los dados a conocer: "La guerra nunca fue tan dura como en este momento, por todas partes, en todos los flancos, y las víctimas son muchas", confiesa uno de los comandantes. Y agrega: "Nosotros hacemos todo lo que podemos para modificar a nuestro favor la relación de fuerzas con la guerrilla, y debilitarla lo bastante como para obligarla a negociar. Lo que suceda después no es resorte nuestro, sino de los políticos". Estas declaraciones sobre la guerra son de una claridad poco habitual, y contrastan particularmente con los discursos sobre el "pos-conflicto" de los políticos mismos, los analistas y otros intelectuales locales. Porque la guerra que libra el presidente Álvaro Uribe en el marco del Plan Colombia 3, luego de su subproducto, el Plan Patriota, no dejó en absoluto fuera de combate a los movimientos de oposición armada.

El día siguiente, luego de ser depositado lo más rápido posible en helicóptero en un pequeño prado, todo el mundo corre hacia Carlito y los soldados, que militarizaron la zona durante la noche. En algunas casas de chapas grises, medio abandonadas, puede verse un graffiti siniestro: "AUC - se alquila". A continuación, varias horas de marcha en silencio, a la vez monótonas y extenuantes, por la dificultad que ofrece un terreno enfangado y que sube y baja todo el tiempo. Finalmente los soldados y el equipo llegan a los sitios de las exhumaciones.

Bajo un cielo denso, en la luz gris de la selva tropical, algunos toman los puntos GPS de las tumbas clandestinas, otros despejan el terreno, los fotógrafos documentan cada etapa de sus exhumaciones. De regreso, el camino será distinto, porque si entrar en una zona de guerra es "fácil", salir de ella puede ser más delicado, y es preferible evitar pasar dos veces por los mismos sitios.

Al rato, todos se encuentran en el caserío de Caracoli, donde pasarán a recogerlos unos camiones del ejército.

Un hombre que hace varios años trabaja con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía señala con la mano el otro extremo del caserío: "Allá, a principios de marzo de 2004, hubo un ataque contra una comisión de derechos humanos; había también varios jueces de instrucción y fiscales. En el atentado mataron a un policía. Esta delegación venía a investigar el asesinato de uno de los líderes de la comunidad de paz de San José de Apartado y su familia, perpetrado una semana antes y en atroces circunstancias, por paramilitares". Silencio. "Yo fui uno de los que sacaron los pedazos de cuerpos de los agujeros cavados en la tierra donde los habían amontonado. De la mujer, sólo encontré un pedazo de la tibia. Por las manchas de sangre, puedo decir que había sido despedazada a hachazos, viva". Otro silencio. "Lo peor es que ninguno de nuestros jefes se interesa en lo que hacemos. Nunca una palabra para nuestro trabajo. Estamos todo el tiempo retirando cuerpos, o exhumándolos. Llega un momento que no podemos más. Pero lo que nos hace seguir es que creemos realmente en lo que hacemos".

En esa matanza, la 17ª brigada del ejército, la misma cuyos últimos conscritos acaban de proteger los trabajos del equipo, había facilitado activamente la tarea de los paramilitares. Por otra parte, el año pasado, a principios de marzo, 59 diputados del Congreso de Estados Unidos denunciaron especialmente el papel secreto de la 17ª brigada en los crímenes cometidos contra la comunidad de paz de San José de Apartado, en particular los asesinatos de más de 160 de sus miembros. 

La "parapolítica"

Durante su reciente estadía en Colombia, en el marco de una gira por América Latina que se desarrolló entre el 8 y 12 de marzo 4, George W. Bush manifestó sin empacho al presidente Uribe: "Estoy orgulloso de llamarlo amigo y aliado estratégico" 5. No obstante, el país vive al ritmo de los sucesivos episodios enmarcados en el escándalo así llamado "de la parapolítica"; en el núcleo mismo de las prácticas del asesinato y la desaparición.

La "parapolítica": ese sistema de alianzas estratégicas entre la clase política, ciertos sectores económicos y los grupos paramilitares, ha permitido que estos últimos y sus aliados controlen con total impunidad muchas regiones y penetren en todos los niveles de la administración pública con el fin de consolidar su poder y desviar los fondos destinados a la salud, la educación y las infraestructuras. En cuanto al financiamiento de los grupos de extrema derecha, la mayoría de las veces se mencionan únicamente las vías ilícitas, como el tráfico de droga y la apropiación por la fuerza de bienes como tierras y ganado.

No obstante, tanto a nivel local como regional, surgen claramente ciertos mecanismos de financiamiento mediante el desvío de fondos públicos y legales: por un lado los presupuestos que ponen a disposición los poderes locales para satisfacer las necesidades de algunos sectores como los ya mencionados de la salud, la educación y las infraestructuras, y por el otro, las rentas directas e indirectas ligadas a los recursos naturales tales como el petróleo y el gas, el carbón, el oro y otros minerales preciosos. Dentro de este juego del saqueo de los recursos del Estado, intendentes y consejeros municipales bajo influencia adjudican contratos jugosos a sociedades pantalla y otras seudo ONG paramilitares, que a cambio retribuyen a los representantes complacientes.

Una vez así controlado el ámbito local mediante la fuerza y la corrupción, esta dinámica se orienta hacia otros horizontes económicos y políticos. Vemos pues hasta qué punto ha sido y sigue siendo esencial el ámbito local como plataforma de lanzamiento de los grupos paramilitares, sus organizaciones pantalla y los políticos aliados, hacia las más altas esferas del poder y la administración pública.

Para alcanzar ese nivel de penetración de la administración pública, los paramilitares tuvieron que diseñar una estrategia política a largo plazo 6. La elaboración de un discurso que justifica este proyecto económico-político-militar comenzó en 1999, en paralelo a las entrevistas a Carlos Castaño 7, por entonces jefe de las AUC, complacientemente difundidas por los medios colombianos: presentó allí al paramilitarismo atribuyéndole el objetivo de llenar el vacío y la ineficacia del Estado central, dentro del contexto de una lucha anti-insurreccional contra la guerrilla. Corolario de este decisivo impacto mediático, los paramilitares se aliaron a las diversas élites locales y regionales del país. Procedieron entonces a la constitución de múltiples movimientos políticos estrictamente locales que les permitieron acceder, directamente o a través de interpósitos "amigos", a los cargos de intendentes o consejeros municipales, y en general, penetrar en las administraciones locales y regionales del Estado.

La ausencia de un estudio acerca de la magnitud de la malversación de fondos públicos por parte de los actores de la "parapolítica" refleja la peligrosidad del tema. De todos modos, desde cierta perspectiva es posible empezar a localizar los puntos salientes de este saqueo organizado: los expedientes de los procesos por corrupción y desvío de fondos contra diversas personalidades en todos los niveles del Estado colombiano. Estos expedientes están relacionados con los innumerables contratos fraudulentos nunca concretados, tanto a nivel local como regional, en las zonas controladas por los paramilitares. En otros casos, se trata de sonados escándalos en los que están implicadas muchas personalidades de la clase política colombiana.

Algunos documentos incautados en marzo de 2006 provocaron la detención de diputados y senadores de la costa atlántica -Álvaro García, Jairo Merlano, Erick Morris-, vinculados a los partidos que apoyan a Uribe, así como del ex jefe de los servicios de información -Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)-, Jorge Noguera, uno de los protegidos del Jefe de Estado. El 15 de febrero, la Suprema Corte de Justicia ordenó la detención de otros seis congresistas, fieles partidarios del Presidente, entre ellos el senador Álvaro Araújo Castro, hermano de la ministra de Relaciones Exteriores María Consuelo Araújo, que debió renunciar. Bajo el efecto de una orden de captura, el gobernador del departamento de Magdalena se presentó en la Fiscalía el 13 de marzo...

Mientras tanto, aparecen nuevos grupos paramilitares que o bien nunca se desmovilizan, o bien reanudan el servicio luego de haberlo hecho. Según la comisión de los juristas colombianos 8, durante el primer mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), 11.300 civiles fueron ejecutados por motivos políticos. El 14% de estos asesinatos fueron perpetrados por agentes del Estado, el 60% por paramilitares "tolerados por el Estado". 

  1. Todos los nombres fueron cambiados por razones de seguridad.
  2. Instrumento cortado a medida para los paramilitares por el gobierno de Uribe, la Ley Justicia y Paz hace posible que, sin importar cuál sea su crimen, las condenas de sus miembros sean de cinco a ocho años, y no se cumplan necesariamente en una cárcel (por ejemplo, en una "granja modelo").
  3. El Plan Colombia fue elaborado en 1999, bajo las presidencias de William Clinton (Estados Unidos) y Andrés Pastrana (Colombia). Para financiarlo, Washington ya desembolsó 4.000 millones de dólares y continuará su "esfuerzo" con 700 millones de dólares por año.
  4. Bush visitó, sucesivamente, Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México.
  5. BBCMundo, Londres, 12-3-07.
  6. La Corporación Nuevo Arco Iris de León Valencia acaba de dedicar un informe a la consolidación del poder paramilitar a nivel local, regional y nacional desde 1999. Si bien este documento no aborda el tema de las motivaciones económicas de esta empresa, detalla las grandes etapas de la conquista del poder por parte de los grupos paramilitares; Documento.
  7. Carlos Castaño desapareció misteriosamente en abril de 2004.
  8. BBCMundo, Londres, 2-2-02.

Inteligencia económica, connivencias e imprudencias

Mazure, Laurence

El escándalo de la parapolítica plantea la cuestión de los apoyos internacionales con que se benefician los paramilitares. El caso de Francia incluido. En oportunidad de una reunión ilegal y clandestina, en Ralito, en julio de 2001, comprometidas personalidades colombianas, entre ellas el senador Miguel de la Espriella y Carlos Ordosgoitía, funcionario del gobierno y director del organismo estatal INCO (Instituto Nacional de Concesiones), destacaron la presencia de “dos universitarios de la Sorbona” de origen argentino, que actuarían como consejeros políticos de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
Según De la Espriella, los “universitarios” propusieron “la creación de un movimiento comunitario y político que de algún modo defendería las ideas de las autodefensas, y conduciría a un proceso de paz 1”. Dos días después, el director del INCO declaró: “Tomaron la palabra dos profesores de la Universidad de la Sorbona, cuyos nombres no recuerdo, pero que ya habían sido vistos en la universidad militar por algunos diputados (...) En primer lugar dieron su visión de lo que significaba el conflicto colombiano (...) y explicaron cómo veía el resto del mundo a Colombia. Después expusieron una estrategia, cuyo objetivo era convertir a las Autodefensas en un ‘actor político reconocido del conflicto interno’, para decirlo en los términos de uno de ellos.”
En realidad, el día anterior, en una entrevista de Radio Caracol, el mismo funcionario recordaba perfectamente el nombre de uno de los oradores: un tal Mario Sandoval, que estuvo vinculado con el Instituto de Altos Estudios para América Latina (IHEAL; París), con la Universidad de la Sorbona Nueva y con la Universidad de Marne-la-Vallée. Últimamente, el argentino desarrolla su actividad en el ámbito de la así llamada “inteligencia económica”: a fines de noviembre de 2006, en la sede de la embajada de Francia en Chile señalaban que Sandoval, “universitario encargado de misión en la Dirección de Inteligencia Económica de la ACFCI (Asamblea de las Cámaras Francesas de Comercio e Industria)”, integraba una “importante delegación” en torno a la persona de Alain Juillet –sobrino de Pierre Juillet, ex consejero de Jacques Chirac–, prominente empresario, allegado a los ámbitos de la defensa, director de la Dirección General de la Seguridad Exterior (DGSE) en 2002, y más recientemente, designado por Nicolas Sarkozy para el cargo de director de Inteligencia Económica, colaborador directo del primer ministro.
Tuvo lugar entonces un coloquio en el Museo Militar de Santiago –“Inteligencia económica, defensa y seguridad”– organizado por la Universidad Bernardo O’Higgins y el señor Sandoval. Allí “representó” a la sociedad civil colombiana una “organización no gubernamental” (ONG), Verdad Colombia, más específicamente una para-ONG, cuyos objetivos se enuncian claramente en su sitio: “Apoyar a las instituciones y los sectores democráticos que luchan contra los grupos armados de ideología marxista, tanto dentro como fuera del país”. Los miembros de Verdad Colombia hacen suyo el discurso propagandístico utilizado entre 1999 y 2000 por el paramilitar Carlos Castaño, y se infiltran en organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnesty International y el Washington Office for Latin America.
Tras varios contactos infructuosos, el IHEAL confirmó que Sandoval había sido “uno de los tantos encargados de curso, y no profesor, hasta 2004” 2. Sin embargo, el 21 de junio de 2006, al final del coloquio “Francia-América Latina: Competencia y Cooperación”, que tuvo lugar en la Casa de América Latina en presencia de Alain Juillet, Sandoval fue elogiado por Stéphane Witowski, presidente del Consejo de Gestión del IHEAL y director de Asuntos Europeos del ACFCI, donde también un tal Philippe Clerc se desempeña en el área de inteligencia económica: “Con su cuadro de situación en materia de inteligencia económica en América Latina, Mario Sandoval, docente universitario y que junto a Philippe Clerc ha sido el hombre orquesta de este coloquio, demostró las analogías con los otros sistemas existentes.”
El segundo “profesor” develó su identidad en una entrevista otorgada el 24 de febrero al semanario El Espectador, y carece de todo vínculo con la Sorbona o el IHEAL, pese a haber asistido en compañía de Sandoval a la reunión de Ralito: Juan Antonio Rubbini Melato, argentino de 57 años convertido desde 1999 en asesor político de los jefes paramilitares Castaño y Mancuso, conocido también como “El Profesor”, pero sobre todo, como “Rubbiño”. Los textos de su “blog” –“La paz en Colombia”– expresan un total desprecio por las instituciones democráticas y la clase política colombiana, en contraste con la exaltación fascistizante de un proyecto en el que “la visión de un [presidente] Uribe, ligada a la intuición política de las AUC están a punto de obrar un milagro”.

  1. El Tiempo, Bogotá, 26-11-06.
  2. En un intento de demostrar su buena fe, Georges Couffignal, director del IHEAL nos aclaró, el 17 de abril: “Nosotros sólo tenemos 12 docentes investigadores en ejercicio y más de 60 encargados de curso. Contratamos a estos últimos en base a sus competencias –no estamos equipados para realizar una ‘investigación policial’– y únicamente para enseñar, durante un tiempo limitado. Nunca se ha asignado a ninguno de ellos más cometido que el de dar sus clases. Que un encargado de curso utilice el título de ‘profesor’ constituye un abuso; sólo los docentes que ganan sus cargos por concurso pueden valerse de ese título”.


Autor/es Laurence Mazure
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 95 - Mayo 2007
Páginas:18,19
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Ultraderecha, Política, Sociedad
Países Colombia