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Estándares ambientales

Desde hace 250 años la civilización industrial se expande con una dinámica desigual y combinada. Sus consecuencias sobre el medio ambiente son motivo de preocupación en los últimos 30 años. En materia de explotación forestal, Argentina cuenta con una excelente legislación, pero su cumplimiento es deficiente.

Fenómenos como el efecto invernadero y el calentamiento global, el agujero en la capa de ozono, la reducción de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos naturales no renovables, la escasez de agua, la desertificación de los suelos y la polución en las grandes ciudades plantean dos problemas básicos a la humanidad: ¿cuánta contaminación resulta aceptable, para nosotros y las futuras generaciones, a cambio de los beneficios que produce la civilización industrial? y ¿podría el medio ambiente natural soportar un acceso igualitario de todos los habitantes del planeta a los beneficios de la civilización industrial?

La primera pregunta nos coloca frente a la certeza de que todas las actividades humanas, y especialmente las productivas, en la medida que transforman la naturaleza, tienen un impacto "contaminante". El segundo interrogante nos recuerda que el carácter desigual de nuestra civilización industrial es una condición de su "sustentabilidad" actual.

En definitiva, un desarrollo sustentable e igualitario exigiría sacrificar algunas pautas de consumo y consentir determinados niveles de contaminación: en Estados Unidos se consumen 300 kilogramos de papel al año per cápita, en Europa Occidental 150, en Argentina 50 y en muchos países en desarrollo sólo 10 kilogramos per cápita al año. En cualquier caso, producir papel insume grandes cantidades de madera y agua, consume mucha energía y descarga sustancias nocivas en el agua y en el aire.

La fijación de estándares de protección ambiental es una actividad consensual, y por lo tanto dinámica, en la que se combinan los conocimientos disponibles y los valores predominantes en, por lo menos, tres dimensiones: económica, técnica y normativa.

Económicos

Las oportunidades de maximización de la ganancia empresaria dependen de minimizar costos y de conquistar mercados, en el mundo contemporáneo estos dos aspectos reciben el nombre de "competitividad" y "libre comercio", respectivamente.

Por el lado de la competitividad, si las normas de protección ambiental son muy exigentes, aumentan los costos y por lo tanto peligra el objetivo de colocar la producción. Además, esas normas pueden convertirse en barreras para-arancelarias que obstaculicen el libre comercio. No obstante, la ausencia de normas de protección ambiental, o su inobservancia evidente, pueden chocar con las preferencias de consumidores preocupados por la sustentabilidad ambiental del desarrollo, ocasionando pérdidas de mercado.

Técnicos

Los conocimientos aplicables al proceso productivo determinan los tipos y niveles de protección ambiental posibles. En la industria de la celulosa y el papel el foco de atención se concentra en: las fuentes de aprovisionamiento de madera, el uso y contaminación del agua, el uso de energía.

Una tonelada de celulosa química requiere entre 4 y 6,6 m3 de madera. Las alternativas de provisión son el bosque nativo o el implantado. Si bien este último provee sólo el 20% de la oferta de productos forestales a nivel mundial, en algunos países, como Finlandia, Nueva Zelanda y Chile, existen fuertes restricciones a la explotación del bosque nativo y la industria se alimenta exclusivamente de madera cultivada.

Aunque persiste un debate acerca del impacto ambiental del "monocultivo" de especies exóticas, existen numerosas normas técnicas de manejo sustentable de las forestaciones que aumentan el rendimiento económico y protegen el medio ambiente.

El reciclado de papel y cartón como materia prima resulta positivo en términos ambientales, tanto por el ahorro de celulosa virgen como por los menores requerimientos de energía para su procesamiento. En algunos países como Estados Unidos y España, el papel producido con recortes y rezagos alcanza al 50% de la oferta total de papel.

Los requerimientos de agua para el proceso productivo y el vertido de desechos son dos aspectos críticos de la producción de pasta celulosa. En función de las diferentes tecnologías utilizadas y la prudencia en el uso, el requerimiento de agua potable en el proceso de separación de la corteza, en la cocción y en el lavado de la pulpa para separar la lignina, varía entre 2 m3 y 150 m3 por tonelada de producto.

El volumen de aguas residuales es prácticamente el mismo que el de agua potable utilizada, y contienen sustancias disueltas y no disueltas que pueden modificar el ph, colorear el agua y volverla turbia, consumir oxígeno y ser tóxicas. Para el tratamiento de los efluentes líquidos se utilizan instalaciones de clarificación y depuración secundaria mecánica, biológica y química que permiten recircular el agua dentro de la planta, disminuyendo las extracciones de las fuentes utilizadas y las descargas de residuos en los cuerpos de agua.

El blanqueo de las pulpas químicas es uno de los procesos de mayor peligrosidad ambiental en la industria de la celulosa y el papel. La evolución tecnológica en este aspecto ha sido muy importante en los últimos veinte años, permitiendo una gradual sustitución del cloro elemental que, en contacto con la lignina, produce cantidades significativas de dioxinas y furanos.

Los métodos alternativos, libres de cloro elemental (EFC) y totalmente libres de cloro (TFC), han permitido reducir las emisiones contaminantes en forma contundente. Aunque la tecnología TFC ha sido adoptada como estándar recomendable por la Unión Europea (UE), todavía el 80% de la producción mundial de celulosa se realiza con el método EFC.

Las emisiones gaseosas hacia la atmósfera y los residuos sólidos constituyen menos del 10% de las descargas contaminantes de la industria de la celulosa y el papel. Sin embargo, esas emisiones pueden ser riesgosas para la salud con importantes niveles de toxicidad, riesgo de incendio y generación de olores desagradables. La industria también libera gases de efecto invernadero.

Todos estos riesgos dependen de una variedad de factores y son atenuados por medio de métodos que permiten su transformación y absorción en el interior del establecimiento fabril. Los desechos sólidos están formados en gran parte por restos de madera que se reutilizan en la generación de energía.

El consumo de energía es el otro aspecto crítico de la producción de celulosa y papel, en especial en la producción de pulpas mecánicas, debido a los altos consumos de combustibles fósiles y energía eléctrica, con sus consecuencias ambientales típicas.

Normativos

Los estándares económicos y técnicos pueden estar consagrados en cuerpos normativos de carácter legal o voluntario. Entre las normas voluntarias están, por ejemplo, las certificaciones otorgadas por el Forest Stewardship Council, con sede en Bonn, Alemania, para el manejo de bosques implantados y la serie normativa sobre gestión ambiental ISO14.000 de la Organización Internacional para la Estandarización.

La adopción de recomendaciones sobre mejores prácticas disponibles (normas BAT, según la sigla en inglés), aun cuando sean emitidas por órganos gubernamentales o supranacionales, como en el caso de la UE, suponen el cumplimiento voluntario por parte de las empresas.

En el plano jurídico, resulta conveniente identificar algunas cuestiones genéricas fundamentales para realizar un análisis comparado:

consagración del derecho a un ambiente sano; competencias de gobierno para el dictado de normas de protección ambiental; determinación de la responsabilidad específica por daño ambiental; incorporación del principio precautorio; legitimación activa de la sociedad civil para accionar contra particulares que desarrollen actividades contaminantes y contra el Estado; participación ciudadana en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas de protección ambiental; obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental previos a la inversión; reglamentación de máximos técnicos de contaminación permitida en cada actividad; capacidad de los organismos públicos para garantizar la aplicación y el cumplimiento de la normativa ambiental.

En el dispositivo constitucional argentino, las Provincias detentan la responsabilidad originaria de legislar en materia de ambiente, aunque el Congreso Nacional puede introducir normas de protección ambiental mediante la legislación de fondo que está facultado para sancionar. La aplicación de estas normas corresponde a los tribunales locales o federales, según los casos.

El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo". En el mismo artículo, la Constitución faculta al Congreso Nacional para sancionar los presupuestos mínimos para la protección del ambiente sin alterar las jurisdicciones locales. Las legislaturas provinciales, por su parte, deben establecer las normas complementarias.

La responsabilidad por daño ambiental está regulada por la norma constitucional y por la Ley General del Ambiente Nº 25.675, que impone la obligación de recomponer y, en el caso de que no fuere factible, indemnizar. La ley también establece que la competencia judicial ambiental será la que corresponda según las reglas ordinarias.

En el conjunto de principios consagrados por la Ley General del Ambiente sobresalen el principio preventivo y su complemento indispensable: el principio precautorio. Por el primero se establece la obligación de abordar en forma prioritaria e integrada las causas que pudieran producir un perjuicio al medio ambiente; por el segundo se autoriza la adopción de medidas para evitar el peligro de un daño ambiental grave o irreversible, aun cuando no hubiera información o certezas científicas suficientes para fundamentar la decisión.

La Constitución Nacional establece la posibilidad de que el afectado, el Defensor del Pueblo o las asociaciones de protección del medio ambiente soliciten, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Los mismos sujetos están habilitados por la Ley General del Ambiente para demandar la recomposición del ambiente dañado, además del Estado nacional, provincial o municipal.

La participación ciudadana, especialmente en las etapas de formulación y evaluación de políticas y programas de protección ambiental, establecida por la Ley General del Ambiente, obliga a las autoridades a instrumentar mecanismos de consulta y audiencia pública para informar y conocer las opiniones de los ciudadanos.

La Ley Nº 25.675 establece además la obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental en aquellas actividades con peligro de daño e indica los contenidos mínimos que debe contener esa evaluación, aunque la reglamentación deberá especificar sus particularidades.

Este conjunto de normas jurídicas coloca a Argentina entre los países más avanzados en materia de legislación ambiental, comparable a Estados Unidos y la UE. No obstante quedan por establecer, mediante el procedimiento de los "presupuestos mínimos" a cargo del Congreso Nacional o mediante legislaciones provinciales, los máximos de carga permitidos en cada actividad específica, adoptando los estándares técnicos más avanzados para cada caso.

La otra asignatura pendiente es la de fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Autor/es Pablo Belardinelli, Diego Caballero
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 95 - Mayo 2007
Páginas:43
Temas Desarrollo, Política, Políticas Locales, Medioambiente
Países Argentina