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Recuadros:

Un estado de excepción permanente

Entre los años 2000 y 2005 la cantidad de detenidos en cárceles bonaerenses se incrementó en un 65,2%. Este crecimiento sostenido ha llevado a que la tasa de encarcelamiento argentina pasara de 84,2 cada 100.000 habitantes en 1998, a 170 en la actualidad. Las cárceles son espacios de no-derecho. Su control por parte de la sociedad civil es el primer paso hacia su conversión en espacios resocializadores.

En el pasado mes de noviembre fue presentado en el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata un informe sobre las condiciones de detención en cárceles, comisarías e institutos de menores de la Provincia de Buenos Aires 1.

El informe fue elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura y se centra en 151 casos testigo, entre los que se cuentan los de 41 personas que murieron quemadas en sus lugares de detención, 8 que se suicidaron de manera dudosa y 7 que murieron por enfermedades con nula o deficiente asistencia médica. Pero también los de 2 que fueron torturadas con picana eléctrica, 26 que denunciaron maltratos o torturas y 67 niños alojados con sus madres en cárceles.

Los resultados de la investigación indican que entre los años 2000 y 2005 la cantidad de detenidos en cárceles bonaerenses se incrementó en un 65,2%. Concretamente, de 15.012 a 24.802 internos.

Simultáneamente, también en las comisarías aumentó la cantidad de detenidos. En 1998 había 2.866 personas allí alojadas, mientras que para este año sumaban 4.431, lo que representa una suba del 64%. No obstante ello, destaca que en 2002 hubo un pico de detenidos en seccionales, cuando sumaron 7.507, y que actualmente no hay menores en las dependencias policiales.

En su minuciosa enumeración casuística, el informe contextualiza las muertes, los suicidios y la falta de atención médica con el hacinamiento, la violencia y las torturas. Fenómenos todos que forman parte de un sistema marcado por la impunidad y la indiferencia, sostenido también por la inacción judicial.

La crítica al rol desplegado por el aparato penal del Estado se sintetiza en un párrafo que expresa: "Un fallo dictado el 30 de diciembre de 2005 por la Sala II del Tribunal de Casación (...) recalificó un hecho consistente en cubrir la cabeza de la víctima con una bolsa de residuos originando una tortuosa sensación de asfixia, atar sus manos con un cable y propinarle golpes en su cuerpo con la finalidad de obtener datos de un ilícito, como apremios ilegales agravados, dejando sin efecto la calificación de torturas".

El informe tampoco ahorra críticas a la hora de señalar que los jueces de ejecución penal no suelen visitar los establecimientos penitenciarios ni las comisarías en donde se encuentran ubicadas las personas detenidas a su disposición. Y que cuando lo hacen, esas visitas suelen limitarse a una mera formalidad, durante cuyo transcurso sólo ven aquello que les muestran las autoridades penitenciarias 2.

Según un informe oficial presentado en el mes de octubre de 2005, Argentina duplicó el número de presos en los últimos siete años 3. En 1998 el total de la población penitenciaria sumaba 30.145 internos y ahora asciende a 62.500. Lo cierto es, sin embargo, que el 62% de todos los detenidos se encuentra procesado y bajo prisión preventiva, a la espera del juicio que defina su situación procesal y que, eventualmente, revierta su estado constitucional de inocencia.

Ese crecimiento sostenido ha llevado a que la tasa de encarcelamiento argentina pasara de 84,2 cada 100.000 habitantes en 1998, a 170 en la actualidad. Así, de compartir la tasa promedio de Europa, el país se encuentra ahora muy por encima de ella.

Lo que los números no pueden ocultar es que cada nuevo preso, cada persona que ingresa a una institución de secuestro, como es la cárcel, representa un fracaso comunitario. Al menos, de sus redes de contención, de sus mecanismos de inclusión, y de los medios pacíficos con los que resolver las diferentes problemáticas interpersonales.

En lo sustancial, esto se debe a que el incremento de los procesos de criminalización tan solo sirven, en el mejor de los casos, para administrar los efectos de las injusticias y de los agravios. Pero muy difícilmente ayudan a enfocar sus causas, y mucho menos aún, a minimizar las violencias que tanto parecen preocupar a la sociedad argentina.

Espacio de no-derecho

Es ya un lugar común señalar el estado deplorable que presentan las prisiones de América del Sur. Otro tanto resulta de afirmar el incumplimiento, en dicho ámbito, de las normas nacionales y de los estándares internacionales, así como el carácter mayoritariamente degradante que la experiencia carcelaria representa.

Un lugar común, es cierto, aunque difícilmente falso o alejado de la realidad. En todo caso, se trata de una descripción valorativa formulada por todos aquellos que sabemos que hablamos de un espacio de crisis y conocemos sus presupuestos teóricos, los saberes que la fundamentan y la escasísima praxis positiva que se produce en su interior y que apenas disimula lo que en realidad es la cárcel: un depósito de seres humanos castigados por la ley penal del Estado y la acción de sus tribunales. Y no necesariamente en un marco de igualdad ante la ley.

La cárcel es un espacio social abandonado, esquivo a los ojos de las clases dirigentes, tanto política como jurisdiccionalmente. Y lo que es más llamativo aún: la cárcel es un espacio de no-derecho. Una suerte de ámbito donde rige un estado de excepción permanente que lo excluye de la vigencia formal de la ley del Estado.

El filósofo y jurista italiano Giorgio Agamben describió la genealogía y sustancia de los estados de excepción 4. Entre otros conceptos, afirmó que se trata de un momento en el cual el derecho dispone su propia suspensión, al punto tal de quedar temporalmente excluida su aplicación.

Así sucede con los presos de la base militar de Guantánamo y de otros tantos centros clandestinos de detención dispersos por Europa, donde se aloja a personas sospechadas de mantener vínculos con redes terroristas. Los detenidos son allí objeto de una pura señoría de hecho, en la que la vigencia de la ley y el control jurídico están sencillamente ausentes.

Pero otro tanto se puede afirmar respecto de los presos cotidianos y de la realidad que esconden los muros de las prisiones de nuestro entorno social y cultural. ¿No está acaso también ese ámbito sujeto a un estado de excepción en el que las reglas que lo rigen apenas guardan relación con las expectativas legalmente consagradas?

La tesis de Agamben podría formularse también de la siguiente manera: la cárcel, en tanto espacio social abandonado por los poderes públicos y por la comunidad, transita por una deriva ajena a la lógica inherente al Estado de derecho. Y ello porque las reglas que rigen su cotidianeidad han perdido, si es que alguna vez lo tuvieron, el sentido otorgado por la Carta Magna.

Lo cual concluye en una verdadera paradoja: el Estado respondiendo a una acción antijurídica con una nueva violación al derecho que, en muchos casos, será más grave que el hecho ilícito al que se pretende responder.

Volver a prisión

Es sabido que nuestras cárceles tienen un nulo carácter resocializador y que si muchas de las personas que por allí han pasado no han vuelto en lo sucesivo a delinquir ello se debe, en lo fundamental, no a lo que el Estado ha invertido en ellas, sino a otros factores. Se sabe igualmente de las pésimas prestaciones que en materia de salud y alimentación se ofrecen. Por lo tanto, apenas tiene sentido referirse a la existencia de lugares dignos de habitación.

Si la experiencia carcelaria se inscribe así dentro de un régimen de distribución asimétrica del dolor 5, para trascender el mero diagnóstico es necesario darle un nombre. La prisión, entonces, es depósito y segregación, consecuencia silenciosa de un puro retribucionismo que no conlleva otra finalidad que el mero castigo.

En ese sentido, se podría afirmar que la cárcel representa la muerte del ciudadano y de las prerrogativas con las que éste ha sido investido a lo largo de toda la modernidad. Despojo de los atributos personales, degradación y, en síntesis, un marcado y progresivo proceso de deshumanización. Todo ello no resulta de la finalidad constitucional que tiene asignada la pena privativa de la libertad, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional.

La crisis que atraviesa la compleja realidad carcelaria, y en particular el paradigma resocializador, conduce a la necesidad de profundizar la implementación de las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Su articulación permitiría reducir la inflación carcelaria que experimenta la mayor parte de los establecimientos del país, y simultáneamente, aliviar las tensiones generadas por la superpoblación, limitando su aplicación a los casos de mayor gravedad.

Entre tanto, es posible apelar a la "estrategia de la visibilidad": la eficacia de un sistema de garantías descansa en el grado de visibilidad del destinatario de protección. De modo que, cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, más fácil será el control de lo que sucede en su interior.

Así fue entendido por la Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar el texto del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en diciembre de 2002. Su objetivo es posibilitar un sistema regular de visitas a los lugares de detención sin la necesidad de contar con el consentimiento previo de sus autoridades: tomar contacto privado con los detenidos; inspeccionar las instalaciones y revisar la reglamentación vigente y la imposición de sanciones administrativas. Se trata, en síntesis, de una estrategia de acción tendiente a monitorear el día a día de esos establecimientos y a denunciar la existencia de las irregularidades y abusos advertidos 6.

La idea es poblar el interior de la realidad carcelaria. Pero no a partir de un incremento de detenidos, sino mediante su escrutinio por parte de la sociedad civil, a través de mecanismos similares a los previstos por el Protocolo Facultativo mencionado.

Se trata nuevamente del panóptico formulado por Jeremías Bentham, que Michel Foucault describiera en su ya clásico Vigilar y Castigar 7. Pero de un panóptico invertido, que no se halla dirigido a invadir el milimétrico desplazamiento del castigado, sino, justamente, a observar las dinámicas que allí se producen y el modo en que la pena privativa de libertad es ejecutada por las autoridades penitenciarias.

Claro está que la aplicación de esos mecanismos dependerá de una adecuada coordinación entre la sociedad civil, organizada generalmente alrededor de Organizaciones No Gubernamentales, y los órganos ejecutivos del Estado.

Se dirá que esta estrategia de visibilidad o proximidad no es suficiente para paliar el déficit estructural carcelario. Sin embargo, puede colaborar al menos en un aspecto fundamental: aquel que se refiere al acercamiento de la prisión y sus habitantes a la sociedad. En tornarla un lugar visible para el ciudadano interesado, permitiendo la comprensión de que también la cárcel, como otros sectores de la vida pública y las instituciones, reclama su protagonismo organizado.

Esta estrategia debería coexistir con una urgente "normalización" de las pésimas condiciones carcelarias actuales. La creencia en que no hay para las cárceles otro destino que la alienación constitucional, aceptada de modo sumiso, pacífico y generalizado, muy poco favor le ha hecho a la modificación de una realidad que demanda, entre otros valores, creatividad y audacia. 

  1. El informe Ojos que no ven fue presentado el 21-11-06. Véase también Horacio Cecchi "Una radiografía sobre las cárceles del horror", en Página 12, Buenos Aires, 21-11-06.
  2. Roberto Gargarella ha explicado el origen de algunas inercias y atavismos de nuestros jueces en Carta abierta sobre la intolerancia, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.
  3. Laura Zommer, "Se duplicó en 7 años la población carcelaria", La Nación, Buenos Aires, 23-10-06.
  4. Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2004.
  5. Nils Christie, Una sensata cantidad de delito, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004.
  6. Francisco Mugnolo, "Una herramienta innovadora", en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2006.
  7. Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 1976.

Los hijos de la prisión brasileña

A mediados del año 2006 se hizo visible la existencia del llamado Primer Comando de la Capital (PCC) en San Pablo, Brasil. Dicho grupo de acción produjo en pocos días el incendio de más de cien ómnibus y decenas de casas bancarias, así como más de un centenar de muertos. Todo ello en el seno de la más grande ciudad brasileña y a la sombra de una realidad penitenciaria cuyas estadísticas realmente asustan.
El PCC surgió en agosto de 1993 en la cárcel Casa de Custodia de Taubate, con el objetivo de “combatir la opresión dentro del sistema penitenciario”. Había entonces un hecho que justificaba esa intención: la muerte de 111 presos, el 2 de octubre de 1992, en la cárcel de Carandirú.
En la actualidad, el PCC cuenta con casi 800 reclusos, más de 100.000 simpatizantes en las cárceles, y entre 8.000 y 10.000 afiliados en la calle. En la cúspide de la organización se encuentran los denominados Torres, seis personas subordinadas a Marcola, su jefe, que forman parte de la dirección del PCC.
Sus instrucciones son transmitidas a los pilotos, ubicados tanto en el interior como en el exterior de las cárceles, que a su vez las replican a los soldados, encargados de ejecutarlas. Con este sistema, el PCC se ha mostrado capaz de coordinar ataques en masa contra comisarías de policía o decenas de motines por todo el Estado.
El presupuesto que posee la organización se calcula en 40 millones de euros, y es el resultado de su exitosa inserción en el mercado de la droga. Dinero con el cual otorga asistencia jurídica a los reclusos, compra equipos de televisión para las cárceles e incluso paga estudios universitarios para generar abogados aliados.
Su jefe es Marcos William Herbas Camacho, alias “Marcola”, un emblemático personaje de origen humilde, de 39 años de edad, de los cuales ha pasado más de la mitad en prisión. Actualmente cumple una pena de 44 años por el asalto a un banco.
Se le atribuye el haber afirmado que “... no hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruso Alien escondido en los rincones de la ciudad...”.
El PCC, en efecto, es un fiel producto de la endémica inequidad brasileña, la que ha llevado al historiador Eric Hobsbawm a calificar a esa nación como un “monumento de desidia social” 1. Pero también resultado de una afincada corrupción que azota la estructura política y económica del país, a punto tal de ceder y permitir el avance de una organización tan peculiar.
No es un dato menor, por supuesto, que su lugar de nacimiento y centro de gravedad sean los espacios carcelarios brasileños. Prodigando la crueldad que efectivamente prodigan, y siendo tan altas las cuotas de inhumanidad que pagan los reclusos allí alojados, resulta esperable que la arcilla que cohesiona a la organización sea el caos y la rebelión organizada.  

  1. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1995.


Arquitectura penitenciaria

Firvida, Carlos

El 19 y 20 de octubre de 2006 se desarrolló en Buenos Aires el Primer Congreso de Arquitectura Penitenciaria, organizado por Arquijus (Asociación Argentina de Arquitectura para la Justicia), reuniendo por primera vez a los distintos servicios penitenciarios del país, federal y provinciales, con el PRONIPE (Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria), y con fiscales, defensores y jueces de ejecución penal. También sociólogos, psiquiatras y arquitectos con experiencia en el área. El objetivo del congreso fue hacer un balance de lo hecho hasta el momento en el país y en el exterior, contrastando lo positivo y negativo de estas experiencias y encontrando pautas que sirvan para la construcción de cárceles en el futuro; plantear qué modelos de cárceles conviene proyectar, integrando a todos los actores que intervienen en el proceso de diseño y construcción, y establecer estándares mínimos para sus espacios, así como las relaciones entre ellos.
Los arquitectos de diferentes servicios penitenciarios presentaron un panorama del actual estado de las penitenciarías: edificios obsoletos, en un 80% excedidos en población, poco flexibles a los cambios metodológicos, donde cohabitan procesados y condenados, donde a los procesos de deculturización a través de la pérdida del habitat, de los roles sociales y la ruptura con el pasado, los presos oponen sus esfuerzos de adquisición de identidad, una de cuyas manifestaciones es la voluntad de reacomodar los espacios a sus experiencias del “afuera” y de llenarlos con expresiones propias.
Los altos costos de mantenimiento y su dificultad fueron enfatizados por el ingeniero Ernesto Villamayor, del Servicio Penitenciario Federal, de donde se concluye que el mantenimiento debe ser concebido por el proyectista al diseñar el edificio.
Mi propuesta fue un Instituto Judicial de la Salud, dirigido a todos quienes estén en un trámite judicial, compuesto por un sector hospitalario, un sector psiquiátrico y un tercero de asistencia psicológica.
Se propuso también la elaboración de un Manual de Construcción de Cárceles, sobre la base de reglamentaciones y recomendaciones nacionales e internacionales.
La arquitectura judicial, de la que forma parte específica la arquitectura penitenciaria, muestra claramente el desajuste espacio-tiempo que implican las cárceles actuales: la cárcel es por definición una reducción al mínimo del espacio vital, es una segregación del espacio y a mayor tiempo de condena, mayor reducción vivencial del espacio. Esta distorsión hace de la arquitectura penitenciaria una pena suplementaria a la de reclusión. Así es como desde la arquitectura cabe contribuir a la priorización del rol de reinserción social que debiera cumplir la cárcel por sobre el rol de penalización.

Apertura a la comunidad. Es de destacar que en este Primer Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria, los jueces plantearon que los detenidos no hacen reclamos puntuales sobre la arquitectura penitenciaria, lo que hizo pensar a los profesionales reunidos en el congreso que los detenidos suelen venir de villas miseria donde no hay privacidad, y donde el conocimiento de lo que es una cárcel corre de boca en boca. No se encuentran con algo que nunca habían imaginado. Pero la brecha espacial estaba en las visitas: no había un espacio adecuado contemplado para ellas.
De ahí la importancia de que la evolución histórica de las cárceles, que fue uno de los aspectos del congreso, permitiera destacar dos antecedentes precursores en cuanto a la necesidad de que el espacio penitenciario dé cabida a la comunidad: uno de ellos se remonta a 1951, cuando el entonces director general de Institutos Penales de la Nación, Roberto Pettinato, diseñó para la cárcel de Las Heras un sector para visitas íntimas con una circulación perimetral de las visitas y una circulación interna en forma de espina de pescado para los detenidos, circulaciones ambas que se unen en las habitaciones. La otra solución práctica novedosa fue la de los arquitectos Claudio y Esteban Caveri, que en 1989 diseñaron una ampliación de la cárcel de Olmos, en la provincia de Buenos Aires. Se trataba de levantar junto a la antigua cárcel una pequeña para recuperación de jóvenes; contaba con un espacio común, un patio para tomar mate y las celdas que dan a ese patio, cuidando la privacidad de las visuales de modo que desde las ventanas no se viera el interior del resto de las celdas. Fue concretado por 80 de los detenidos, elegidos entre quienes tenían buena conducta y un régimen de semi libertad, instruidos por oficiales albañiles del Servicio Penitenciario.
Otro punto sobre el que generalmente se centra el estudio del espacio carcelario es el tamaño de las celdas, pero habría que agregar a esto el estudio de la disposición interna de su equipamiento, de manera que permita al preso reacomodar sus muebles, y así variar las medidas internas ocupables.
La cárcel no es un producto exclusivo de un servicio penitenciario federal o provincial, sino que se trata de un producto cultural que refleja la ambigüedad de la sociedad respecto de la delincuencia, su oscilación entre su reclamo de un mayor endurecimiento de las penas por una parte y la conciencia incipiente de los derechos de los presos por otra.
Esos lugares oscuros de la sociedad que son las cárceles, los institutos de menores, los neuropsiquiátricos, deberían estar abiertos a la comunidad, y su arquitectura contemplar esa necesidad.


Autor/es Martín Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 95 - Mayo 2007
Páginas:44,45
Temas Política, Sociedad, Seguridad
Países Argentina