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Recuadros:

El escrutinio absolutista

Las instituciones, engranajes de la democracia, aparecen poco en el actual debate presidencial. André Bellon, parlamentario socialista francés de 1981 a 1993, estima que es momento de restablecer el régimen parlamentario. Considera que la elección del Presidente por sufragio universal directo favorece la personalización de los debates, contribuye a su pobreza y legitima el desvío autoritario de las instituciones.

"Se sabe que" forma parte de las afirmaciones que nos infligen diariamente los voceros del pensamiento oficial (medios de comunicación, especialistas, responsables políticos, etc.). Así, en base a encuestas, nos imponen supuestas evidencias, incluso sobre lo que pensamos ¡antes mismo de que hayamos podido pensarlo!

"Se sabe", por ejemplo, que los franceses están fuertemente apegados a la elección del Presidente de la República por sufragio universal directo. Sin embargo, los resultados electorales, desde el primer escrutinio de este tipo en 1965 hasta las elecciones de 2002, permiten dudarlo. En veintisiete años, el índice de abstención en la primera vuelta de las presidenciales ascendió del 15,3% al 28,4%.

"Se sabe" también que los franceses valoran el equilibrio de poderes instaurado por la Constitución de la V República. Y sin embargo, en el referéndum del 24 de septiembre de 2000 destinado a reducir la duración del mandato presidencial de siete a cinco años, debilitando así el papel de árbitro del jefe de Estado, sólo participó el 30,2% de los electores, de los cuales aproximadamente 2 millones votaron en blanco o nulo.

Finalmente, "se sabe" que "la unción" del sufragio universal directo y la importancia de los poderes confiados al Presidente pusieron fin a los extravíos de los sistemas parlamentarios anteriores. De hecho, esta afirmación, al igual que las precedentes, es más producto de la propaganda y de una historia reconstruida que de un análisis serio. A lo largo de los años, las prácticas democráticas se degradaron y las elecciones representan más gestos de sumisión que actos de libertad. Este desvío proviene en gran parte de los principios constitucionales adoptados en 1958 y reafirmados en 1962 mediante la elección del Presidente de la República por sufragio universal directo 1, decisión avalada por referéndum (el 62% de los electores que representan el 46% del padrón votó a favor).

La trampa de los "se sabe que" reside en el hecho de que los mismos que los instalan definieron previamente las preguntas a formular 2. Así, preguntar a los franceses si están a favor de la elección del Presidente de la República por sufragio universal directo significa dar por hecho que valoran el lugar que éste ocupa en las instituciones de la V República y que, gracias a este escrutinio, aceptan los derrapes muy poco democráticos que esta elección genera.

Falsa interpretación histórica

Para imponer una visión política semejante, se llevó a cabo una intensa propaganda, desde el comienzo de la V República, con el propósito de desacreditar los regímenes parlamentarios e imponer la idea de un presidente árbitro, legitimado por el pueblo, pero sin responsabilidad ante las asambleas. La hipertrofia de los poderes ejecutivos, incluido el gobierno, termina manteniendo a raya al poder legislativo y sus representantes, convertidos en portadores de todos los males.

Así, sin decirlo, esta presentación pone fin a dos siglos de enfrentamientos entre republicanos y monárquicos. Borra alrededor de cien años de régimen parlamentario cuyo balance se presenta como negativo. Desde 1958, el bombardeo es tan violento que hasta algunos radicales, aunque herederos del parlamentarismo, hacen suya esta falsa interpretación histórica. Así, Roger Gérard Schwartzenberg afirma que "salvo este breve período revolucionario (1791-1799) que se extiende de Varennes al 18 Brumario, nuestras sucesivas Constituciones instituyeron siempre un jefe de Estado poderoso, ya sea un rey, un primer cónsul, un emperador o un Presidente de la República 3".

Nada de eso es cierto: desde el comienzo de la Revolución Francesa, la idea de un monarca constitucional fue sostenida por representantes electos como Mirabeau pero combatida por otros como Camille Desmoulins. La lucha a favor o en contra de la República estaba latente en este enfrentamiento. La insurrección del 10 de agosto de 1792, que derrocó a la monarquía, impuso al mismo tiempo el sufragio universal y la soberanía popular. Durante alrededor de un siglo, esta victoria de los principios democráticos sería cuestionada, primero por el Imperio, luego por las restauraciones monárquicas, finalmente por la II República. En efecto, la Constitución de 1848 fue elaborada por el "partido del orden", que dirigió el país tras la derrota del movimiento obrero por parte del general Louis Cavaignac. Los opositores carecieron de medios para resistir y el Presidente de la República fue elegido por sufragio universal directo: se llamaba Luis Napoleón Bonaparte. Esta experiencia terminó con el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851.

El mismo escenario estuvo a punto de repetirse tras la caída del Segundo Imperio y la masacre de la Comuna de París en mayo de 1871. Pero la cuestión del tipo de régimen permaneció durante un tiempo en suspenso, al ser esta vez incierta la relación de fuerzas entre republicanos y monárquicos. Finalmente se resolvió en beneficio de los republicanos, bajo la presidencia de Patrice de Mac-Mahon quien, tras algunos intentos de imponer un régimen autoritario, fue obligado a renunciar cuando la mayoría de los electores se pronunció en favor de la República en 1879.

 Este último, asimilando "régimen de partidos" y sistema parlamentario, amalgamando parlamentarismo y debilidad del Estado, se benefició del rechazo a las guerras coloniales en las que se empantanó la IV República, olvidando sus propias responsabilidades en la materia. En efecto, fue bajo el gobierno provisorio que dirigía Charles de Gaulle que tuvo lugar la sangrienta represión de Sétif el 8 de mayo de 1945, hoy considerada como el preludio de la guerra de Argelia. Fue también De Gaulle quien, el 16 de agosto de 1945, prefirió -conociéndose el carácter y las posturas intransigentes del hombre- al almirante Thierry d'Argenlieu al general Philippe Leclerc, para administrar Indochina. D'Argenlieu, cuya misión era restablecer el orden y la soberanía francesa en los territorios de la Unión Indochina, será el principal responsable del bombardeo a Haiphong y del inicio de la guerra de Indochina.

Si bien es injusto atribuir a la IV República la total responsabilidad de las guerras coloniales que generaron su caída, ésta fue sin embargo plenamente responsable de haber continuado con estos conflictos durante más de diez años, de haber renegado de sus fundamentos humanistas. Es inconcebible que un republicano, socialista por añadidura, como Guy Mollet, haya capitulado ante el lobby colonial y transferido, en consecuencia, el poder al ejército, y luego ocultado las violaciones a los derechos fundamentales que éste perpetraba. Otros, como el ministro Alain Savary 4, renunciaron. Abdicando, negándose a defender los principios en base a los cuales supuestamente se los elegía, se cavaban la tumba de su legitimidad.

La muerte de la IV República se parece más a un escenario de descomposición de la dirigencia política que al de un sistema. Verdaderos demócratas nunca hubieran aceptado, por ejemplo, la vergonzosa reforma electoral que constituían las coaliciones 5. A través de este tipo de reformas, los responsables buscaban más defender su poder que ejercerlo y presentaron sus incapacidades individuales condenando un sistema del que sólo eran sus mandatarios. El funcionamiento natural de la democracia fallaba entonces, siendo de hecho la famosa inestabilidad de los gobiernos en los años '50 sólo la manifestación final de la ilegitimidad de los dirigentes que arrastraban al régimen en su caída.

"Soberano cautivo"

Con lucidez, el ex presidente del Consejo Pierre Mendès France hizo su balance en el discurso que pronunció el 1 de junio de 1958 contra la investidura del general De Gaulle: "La IV República muere por sus propios errores. Este régimen desaparece porque no supo resolver los problemas a los que se enfrentaba. (...) El ‘sistema' que tanto criticó el general De Gaulle y que, en efecto, merecía muchas críticas, fracasó. Pero no es la República, ni tampoco el sistema parlamentario, los que merecen ser condenados. Sólo el mal uso que se hizo de ellos nos redujo a la impotencia y nos condujo a tantos desengaños".

No se puede pues juzgar a la IV República únicamente a través de su caída, y mucho menos condenar, a partir de allí, un siglo de parlamentarismo. La IV República produjo, al igual que la III, muchos grandes personajes históricos y la historia recordará a las figuras y el papel de Jean Jaurès, Georges Clemenceau, Aristide Briand o Pierre Mendès France, mientras que numerosos responsables de la V habrán sido olvidados. En su haber, el régimen parlamentario permitió el desarrollo de los grandes servicios públicos y particularmente la educación, la instauración del principio de laicidad y el impuesto a las ganancias, la creación del ministerio de trabajo y la adopción de las principales leyes sociales.

Por más inestable que haya sido, especialmente al final, la IV República reconstruyó el país al salir de la guerra y mantuvo la paz en Europa. Supo incluso poner en marcha la descolonización en Túnez y Marruecos e implementar la ley marco en el conjunto de las colonias, condición previa al proceso de independencia.

Sin embargo, en 1958, la relación de fuerzas ya no permitía resistir a la mayoría de los defensores del sistema parlamentario, ni tampoco desempeñar un papel honorable. El régimen, salvo algunas individualidades, carecía ya de la fuerza moral para resistir los ataques de De Gaulle y el cambio de régimen que proponía. La Constitución de la V República convirtió pues al jefe de Estado en los cimientos del poder. El restablecimiento en 1962 de la elección del presidente por sufragio universal directo vino a confirmar totalmente este papel confiriéndole la unción popular.

Algunas personalidades libraron hasta el final una batalla en favor del parlamentarismo. Se recordará el combate librado por el presidente del Senado, Gaston Monnerville y, por supuesto, los anatemas lanzados por un tal François Mitterrand en su célebre panfleto El golpe de Estado permanente 6. Pero su elección como presidente en 1981 significó una negación absoluta. Su primera declaración marcó la tónica: "Estas instituciones eran peligrosas antes de mí, lo serán después de mí. Por el momento, me adapto a ellas" 7. Su administración monárquica del poder desgraciadamente duró bastante. Mucho más prolongada que la del fundador de la V República, otorgó a este poder personal una lamentable garantía de izquierda que contribuye a oscurecer el debate.

Porque la situación actual es la de una aparente unanimidad que desdibuja una profunda crisis institucional. La Constitución de 1958 pretende permitir la continuidad del poder en pos de una eficacia política. De hecho, permite asegurar esta continuidad contra la soberanía popular. La irresponsabilidad política del presidente contribuye a ello. Durante su mandato, éste ejerce sin control los poderes esenciales; el gobierno que designa soberanamente (ya no existe investidura formal por parte de la Asamblea) le sirve de fusible mientras que el escrutinio mayoritario erige un cordón sanitario en torno a sus partidarios.

Porque ésta es la naturaleza de todo sistema presidencial. Incluso el sistema estadounidense, aunque más equilibrado, implica esta negación de democracia. ¿Cómo no alarmarse, cuando sus instituciones permiten al jefe del Estado enviar nuevas tropas a Irak cuando la voluntad popular, afirmada en las elecciones legislativas de noviembre de 2006, expresa lo contrario? Una democracia parlamentaria habría permitido derrocar al gobierno de George W. Bush. Es más simple entonces iniciar un cambio de política deseado por el pueblo que oponerse a aquélla querida por un presidente con poderes todavía legítimos. La soberanía popular reclama, según la expresión de André Tardieu, un "soberano cautivo".

En realidad, lo que se presenta como la capacidad de las instituciones francesas de resistir a las tormentas sociales, se trate de Mayo de 1968 o de los disturbios del invierno de 2005, refleja más bien el hecho de que las contradicciones sociales ya no pueden traducirse de manera institucional. Entusiasmarse por la estabilidad política significa pues invertir los efectos y las causas, ya que la calle se convierte en el exutorio de las aspiraciones democráticas. Además, la estabilidad gubernamental tan alabada contra los regímenes parlamentarios suele ser la consecuencia de actitudes antidemocráticas. Cuando el gobierno socialista de Pierre Mauroy abrió, en 1983, el "paréntesis del rigor", colocó la continuidad del poder por encima de la soberanía popular que se había pronunciado en favor de una política opuesta en 1981. Evitó de esta manera volver a colocarse frente a los electores. La estabilidad se logra contra la democracia.

La paradoja reside, además, en que la Constitución de la V República, que garantiza supuestamente la fuerza del Estado, facilitó la sumisión del poder político a los intereses económicos y financieros mundializados. La voluntad nacional, en efecto, se volvió inoperante a falta de apoyo popular. Y sólo una expresión democrática contraria a los deseos de la clase dirigente pudo impedir un tratado constitucional europeo que valoraba los intereses particulares en detrimento del espacio público.

Personalización del poder

En cuanto al Parlamento que, en un marco democrático, debería haber representado los enfrentamientos filosóficos y sociales que atraviesa la nación, desempeña el mero papel de cámara de transcripción de decisiones avasallada y uniforme. Sumisos a la Presidencia o a los potenciales candidatos, los parlamentarios expresan más el consenso que las opiniones divergentes. Toda la vida política está sujeta a la elección presidencial.

Ésta conduce, en efecto, a la personalización del poder con todo lo que ello supone de reductor en los debates y objetivos. Así, se observa a los partidos funcionar "como escuderías"; la competencia de las personas reemplaza, esencialmente, los debates de ideas y las visiones de sociedad. Los militantes se encuentran alineados detrás de los candidatos reducidos al rango de figuras mediáticas juguetes de los comunicadores. El sistema presidencial vehiculiza una visión "mágica" e infantil de la política, ya que hace descansar el destino de la colectividad sobre una individualidad. En este marco, la elección presidencial se asemeja cada vez más a un plebiscito.

La concepción de hombre -o mujer- providencial impregna tanto más las mentes cuanto que corresponde a un sistema mediático que se concibe como parte interesada de las clases dirigentes y ya no vector de una información crítica, expresiones de los objetivos de la política exterior o social. Los cambios bruscos de humor de Nicolas Sarkozy, la blancura de los sacos de Ségolène Royal o los conflictos personales en el seno del partido ecologista, parecen más fáciles de contar que la injusticia sufrida por los empleados de un supermercado obligados a trabajar fuera de las normas legales y encerrados en el sótano del establecimiento durante la visita del inspector de trabajo, hecho ocurrido en octubre de 2006, que los medios ignoraron durante más de quince días. La elección presidencial facilita lo que se denomina actualmente la "peopolisation" de la vida política.

La falla -y el peligro- del sistema presidencial residen en la idea de que la diversidad de un pueblo se reduce a una expresión particular. Ahora bien, el pueblo -del que emana en democracia la legitimidad de los poderes públicos- no puede, salvo en circunstancias excepcionales, encarnarse en una persona, salvo que se reduzca a su más simple expresión. La personalización del poder, incluso constitucional, incluso electiva, otorga a la función presidencial un valor trascendental que, por su dimensión irrazonable, empobrece el debate. Ahora bien, las contradicciones de intereses y las luchas sociales deben encontrar su traducción política y sólo el Parlamento puede y debe representar estas contradicciones. No existe contrato social sin contradicciones. No existe democracia sin enfrentamientos.

Además, ¿cómo seguir presentando hoy la elección presidencial como el "encuentro entre una persona y el pueblo", cuando la elección en curso hace que compitan esencialmente candidatos partidarios de un tratado constitucional europeo rechazado, por amplia mayoría, por los electores el 29 de mayo de 2005? ¿No es acaso el sentido profundo del 29 de mayo, más allá de la división derecha-izquierda, el rechazo a un juego político cada vez más perverso que ya no permite una verdadera representación del cuerpo social? Y es sin duda el error de los llamados colectivos antiliberales, que deseaban la candidatura del "no", haber quedado atrapados ellos mismos en el juego de la encarnación, haber entrado en el juego reductor de la personalización. Hubiera sido más lógico que reivindicaran la inversión del calendario electoral (más bien su restablecimiento), haciendo que las legislativas precedieran a las presidenciales.

En un régimen parlamentario, el interés general debe expresarse en la constitución de las mayorías y de gobiernos responsables frente a los representantes del pueblo. Así como la mundialización impone redinamizar los combates sociales, la disolución de lo político impone luchar por la confrontación de las ideas, por el poder colectivo. Tanto el 21 de abril de 2002 como el 29 de mayo de 2005 traducen la necesidad de adecuar las instituciones al pueblo, fuente de la legitimidad política. Una vez más en la historia, el Tercer Estado no es nada y debe ser todo. Una vez más, las instituciones deben reconstruirse. Una Constituyente está en el orden del día.

  1. Anteriormente, el presidente había sido designado por un colegio de grandes electores a un mandato eletivo.
  2. Alain Garrigou, "Infernal manège des sondages", Le Monde diplomatique, París, junio de 2006.
  3. Roger Gérard Schwartzenberg, 1788: Essai sur la maldémocratie, Fayard, París, 2006.
  4. Alain Savary renunció al gobierno en octubre de 1956 en protesta contra el endurecimiento de la política colonial de Guy Mollet.
  5. Se trata de un modo de escrutinio efímero, circunstancial, implementado en vísperas de las elecciones legislativas de 1951 por los partidos en el poder, a fin de contar con la mayoría en la Asamblea Nacional. En los departamentos donde los partidos que habían formado coaliciones electorales en vísperas del escrutinio lograban la mayoría de los votos, disponían de la totalidad de los escaños y podían repartírselos.
  6. François Mitterrand, El golpe de Estado permanente, Plon, París, 1964.
  7. Primera conferencia de prensa en el Eliseo, Le Monde, París, 26-9-81.

De Gaulle y la V República

Bellon, André

“Monarca republicano” para unos, “guardián de la estabilidad institucional” para otros, el Presidente de la República es también la “piedra angular” de la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958. Ahora bien, esta democracia atraviesa una crisis.
Muy marcado por la impotencia del presidente Albert Lebrun en 1940 y el rápido derrumbe de las instituciones de la III República, Charles De Gaulle deseaba garantizar la continuidad del Estado contra los avatares de la vida política y los acontecimientos internacionales. Por eso sostenía que el Presidente, considerado árbitro, debía tener un mandato más extenso que el de los diputados (7 años contra 5 años) y facultades propias. El general fue el primer Presidente de la V República.
Híbrida, la V República conserva elementos claves del sistema parlamentario (la responsabilidad del gobierno frente a los diputados y, como contrapartida, la posibilidad del jefe de Estado de disolver la Asamblea Nacional), pero también los toma del régimen presidencial. Confiere al presidente facultades propias (organización de un referéndum, elección del primer ministro, disolución) a las que la práctica sumó un “campo reservado” en materia de política exterior. El artículo 16 permite incluso al jefe de Estado, en caso de grave crisis, concentrar todos los poderes durante un período determinado (posibilidad utilizada en el golpe de Estado de los generales en Argel, en 1961).
En esa época, François Mitterrand, Pierre Mendès-France y el Partido Comunista se habían opuesto fervientemente a un régimen calificado de “cesarista”. Principales puntos discutidos: el artículo 16, la sumisión de la representación nacional (el “parlamentarismo racionalizado” deseado por Michel Debré) y el bicefalismo del ejecutivo que permite al presidente escapar al control de una asamblea que puede disolver. Más tarde, la cohabitación mostrará que el jefe de Estado puede permanecer en funciones pese al rechazo popular.
En 1962, la idea de elegir además al presidente por sufragio universal directo –y ya no designarlo mediante un colegio de grandes electores– debía reavivar el debate institucional. Las responsabilidades políticas del Presidente de la República imponían, a los ojos del general De Gaulle, que fuera elegido directamente por los franceses. Le parecía importante, además, que quien podía encender el fuego nuclear fuera responsable ante la nación. Decidida tras el atentado de Petit Clamart donde De Gaulle casi pierde la vida, esta reforma se adoptó eludiendo la representación nacional. Fuera de los procedimientos constitucionales previstos, se sometió a referéndum: triunfó el sí (62%). Acusado por algunos parlamentarios de haber violado la ley fundamental y tildado de bonapartista, el jefe de Estado recibía la aprobación del pueblo.
Las instituciones de la V República son producto de las circunstancias (crisis argelina) y el pensamiento de un hombre, el general De Gaulle, marcado por una visión bastante trascendental de Francia. Pero también forman parte de la búsqueda del régimen ideal que Francia inició en 1791. ¿Cómo conciliar representación del pueblo con estabilidad del poder? Ninguna respuesta simple puede darse a estos interrogantes. Desde la Revolución, el país conoció catorce regímenes constitucionales. Esto puede parecer mucho, pero, si bien Estados Unidos se jacta de tener sólo una Constitución, ésta tuvo muchas enmiendas.
Todos los sucesores del general De Gaulle, incluso François Mitterrand, se adaptaron al régimen. Y el primer ministro socialista Lionel Jospin, invirtiendo el calendario presidencial en 2002, al hacer que las legislativas se celebraran después de las presidenciales, confirmó la preeminencia institucional del Jefe de Estado. Sin embargo, las instituciones de la V República son actualmente objeto de reiteradas críticas. Sus detractores consideran que de los regímenes presidencial y parlamentario sólo conserva sus defectos. Y que instauraría especialmente un poder personal irresponsable, fuera del alcance de los representantes electos de la nación. El hecho de que haya sido revisada diecinueve veces es tal vez la señal de una creciente insatisfacción.


Autor/es André Bellon
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 93 - Marzo 2007
Páginas:12,13
Traducción Gustavo Recalde
Temas Ciencias Políticas, Estado (Política)