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Seguridad e igualdad ciudadana

La fuerza de derecha Propuesta Republicana (PRO), que ganó las recientes elecciones a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cabalgó sobre la obsesión securitaria para vencer. Con la inestimable colaboración de los medios de comunicación, instaló una expectativa inmediatista de “ciudad en orden”, imposible de ser satisfecha a corto plazo en un marco democrático de respeto a los derechos y garantías.

La reciente y exitosa campaña electoral por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevada a cabo por la derecha política se caracterizó por despolitizar sus términos, incluido su caballito de batalla predilecto, la seguridad. Esta noción fue presentada como aséptica, sólo necesitada de un abordaje técnicamente adecuado y de una voluntad de eficiencia. Se diría que la seguridad es una cuestión obvia, unificadora de las demandas del conjunto social más allá de sus intereses en conflicto. "El nuestro no es un problema de derecha o de izquierda, sino de orden y paz social contra anarquía", escribe el gobernador de Neuquén Jorge Sobisch 1.

Sin embargo, se trata de una noción profundamente política. Lejos de tener un referente inequívoco, según quién la usa y cómo, tras de esa noción se perfila la aspiración a un estado policial o a un pleno estado de derecho; a una sociedad desigual cristalizada, con sus privilegiados y sus excluidos, o a una sociedad de tendencia igualitaria.

No por casualidad, la obsesión securitaria se convirtió en bandera favorita de la derecha política occidental en los últimos 25 años, a partir del gradual desmantelamiento de los Estados sociales con su simultáneo y consiguiente desprestigio ideológico. En efecto, la importancia de la seguridad, entendida como protección del individuo propietario de algún bien contra el delincuente común, es inversamente proporcional a la importancia de la seguridad en los terrenos de la salud, el trabajo, la vivienda. La ironía está entonces en que la derecha, que encarece las cuestiones de seguridad, es la que ha impulsado con mayor entusiasmo las políticas de desquiciamiento social que constituyen uno de los factores que inciden en la extensión de la violencia. De la que hace responsable a la ruptura del orden y a la declinación de los valores tradicionales.

También es inversamente proporcional a la importancia otorgada a proteger las libertades y derechos personales del ciudadano de pocos recursos, especialmente al miembro de grupos estigmatizados (habitantes de villas miseria, personas que ejercen la prostitución, inmigrantes de países limítrofes), frente a la impunidad de los poderosos, a los grandes hechos de corrupción y a las redes del crimen organizado.

La noción de seguridad machacada hasta el hartazgo por los grandes medios de comunicación se reduce a la necesidad de prevenir ataques violentos contra la propiedad y los bienes, que eventualmente pueden poner en riesgo también la vida.

Del delincuente al excluido

En los discursos securitarios esta noción se desliza fácilmente hacia la necesidad de evitar la afectación de derechos como la libre circulación y el confort en general, puesto en riesgo por manifestantes con reclamos sociales, gremiales u otros.

Este típico deslizamiento del delincuente al excluido o al contestatario, traslada el supuesto conflicto entre "derechos de los delincuentes y derechos de la gente decente" inmortalizado por Carlos Ruckauf durante su gobernación de la provincia de Buenos Aires (1999-2002), al conflicto entre el derecho de protesta de desocupados, trabajadores con distintos reclamos, y el derecho de los demás a circular libremente, a no ser molestados por los niños mendigos, a la estética de sus calles arruinada por la presencia de los cartoneros, etc.

El caso extremo del asesinato del profesor Carlos Fuentealba el pasado 4 de abril fue presentado como efecto de este conflicto por su responsable político, el gobernador Sobisch: el policía Darío Poblete (libre y en funciones pese a haber recibido dos condenas judiciales por torturador), asesinó a Fuentealba descargándole en la nuca una granada de gases lacrimógenos, cuando se procedía al desalojo de la ruta nacional 22, provincia de Neuquén, cortada por docentes en conflicto salarial. El Gobernador defendió su decisión de ordenar la represión policial ("Lo volvería a hacer", insistió), y argumentó su obligación de garantizar la libre circulación por la ruta. "...En Argentina terminan gobernando las minorías (...) a través del uso de la fuerza del escrache, la amenaza, la descalificación y la presión (...) Defenderemos el derecho de huelga ante los reclamos genuinos de los trabajadores, pero (...) ningún sector tiene derecho a alterar la normalidad de la convivencia ciudadana a través de la usurpación del espacio público...", se defendió Sobisch en una solicitada personal publicada en los diarios el 13-4-07, después de que nutridas manifestaciones lo sitiaran en la sede gubernamental exigiendo su renuncia. Sin embargo, Sobisch no pagó ningún costo político por su responsabilidad en el hecho.

La otra ironía es que la derecha, que cabalgó sobre la obsesión securitaria para obtener su triunfo electoral en la ciudad, es la que ha creado una expectativa inmediatista de "ciudad en orden", imposible de ser satisfecha no sólo de atenerse a las argumentaciones del especialista en seguridad Marcelo Saín, identificado con el Frente para la Victoria -FV- 2, sino también a las del diputado Eugenio Burzaco, experto en seguridad del PRO.

Uno y otro coinciden en que el incremento del delito en el país es un fenómeno de causas múltiples, que no puede abordarse exclusivamente desde el ángulo penal: esto significa que aspectos cruciales de la denominada inseguridad están fuera de alcance del área de políticas de seguridad. Saín enumera entre esas causas "la enorme cultura de la ilegalidad del país, la endeblez institucional y la profunda crisis social". Burzaco se refiere a fallas de los sistemas judicial y penal, pero también a cuestiones sociales como desigualdad de ingresos, marginalidad, falta de oportunidades. Según él "la penetración del crimen organizado no sólo aumentó la cantidad de delitos sino que empeoró su calidad, con niveles de violencia y ensañamiento...". Ambos expertos coinciden también en el proyecto de creación de un Ministerio de Seguridad en la ciudad, que dé mando civil a la gestión de seguridad.

La urgencia impresa por el jefe de gobierno ganador Mauricio Macri a la operación de traspaso de parte de la Policía Federal a la ciudad es relativizada en la visión de Saín, pero también, objetivamente, en la de Burzaco.

Saín considera que la creación de una policía porteña es una oportunidad de oro para concebir e implementar "un nuevo modelo policial adecuado a un sistema democrático", una policía entendida como "herramienta de protección de los derechos de los ciudadanos". Nuevo modelo que debiera ser definido en una ley orgánica. Y explica que la idea de la creación de un Ministerio de Seguridad de la ciudad anunciada en la campaña del Frente para la Victoria remite a la verdadera cuestión a discutir: "Quién conduce Seguridad en la ciudad, y dentro de ella quién diseña y conduce a la policía, quién negocia el eventual traspaso...".

Burzaco dice por una parte: "Hay que arrancar trabajando con lo que hoy está presente en la ciudad, con una nueva ley orgánica, un nuevo marco de incentivos, una nueva estructura salarial..." y por otra: "Aspiro a una policía nueva, con una nueva ley orgánica, una nueva lógica de trabajo, una nueva carrera... Vamos a tener que trabajar con el tiempo detectando comisarios que quieran trabajar de manera distinta para que lideren el proceso...". Califica a la regulación por el Estado de los derechos en conflicto (manifestantes frente a quienes padecen el consiguiente colapso del tránsito, por ejemplo) como "un elemento clave de nuestra gestión". Pero al mismo tiempo reconoce que el entrenamiento de la policía en el control del orden público "es el más difícil... lleva mucho tiempo (...) Aquí pendulamos entre la inacción total y la acción desmedida", apunta, para marcar la distancia que separa a la policía real de una policía "a la altura de la función que la Seguridad cumple hoy en el mundo". "Es uno de los temas que nos desvelan, insiste, porque la Ciudad de Buenos Aires al ser epicentro del gobierno nacional, está sujeta a manifestaciones, lo que nos va a llevar buena parte de recursos y tiempo..."

Se invoca un modelo policial de países desarrollados, una policía profesionalizada y desmilitarizada, muy bien entrenada y remunerada, que implica una cultura ciudadana y una cuota de recursos presupuestarios ajena a la realidad nacional, y cuya realización sería una meta de largo plazo, que llevaría generaciones. Al mismo tiempo que se ha incentivado la exigencia de supuestas soluciones drásticas sin demora.

Cultura de los derechos humanos

A la tradicional concepción meramente punitiva de la seguridad, indiferente cuando no hostil a la vigencia de los derechos humanos, la campaña del PRO en la ciudad, al menos en su retórica, incorporó llamativamente nociones no asimilables a la derecha, como "inclusión social" o "derechos de todos". Burzaco admite el carácter "fundamental" de la cultura de los derechos humanos, del respeto a los derechos y garantías en el área de seguridad. Sin embargo, el primer discurso de Macri ganador opuso "derechos", valor del siglo pasado, a "obligaciones" ciudadanas. Y llamó al olvido del pasado como un modo de superar el "resentimiento". Claro que en el pasado que se alienta a olvidar está el reservorio de experiencias traumáticas nacionales que indican de qué es capaz la derecha en la prosecución de sus intereses.

Los organismos de derechos humanos sustentan una noción de seguridad como bien común, cuya distribución es desigual en la medida en que lo es la sociedad. La seguridad es entendida como ampliación de los derechos de todos, nunca como la promoción de los derechos de unos en menoscabo de los de otros, que dada la estructura social siempre es en menoscabo de quienes tienen menos o nulo acceso a los bienes, entre ellos la seguridad. Y la primera condición que exigen de las políticas de seguridad es su carácter inclusivo: "Las políticas de seguridad son de las más discriminatorias del aparato estatal, es propio de ellas segregar...", dice el abogado Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para él, la disminución de la violencia institucional a partir de 2002 es un avance en el terreno de la seguridad, mientras que para la Fundación Creer y Crecer (presidida por Mauricio Macri y cuyo coordinador del área Seguridad y Justicia es Eugenio Burzaco) lo que denomina "El desborde piquetero" es "símbolo de impunidad" 3.

Lugares comunes agitados como solución a la "inseguridad": multiplicación de policías, urbanización de villas, son relativizados desde la concepción de protección de los derechos de todos: "Si no se modifica la manera en que las agencias de seguridad se relacionan con ciertos sectores de población, su presencia va a ser persecutoria, excluyente...", "La urbanización es beneficiosa per se, pero la inseguridad o falta de derechos respecto del espacio de los pobladores de villas miseria no es sólo por la mala calidad de la vivienda. Es también porque el lugar está estigmatizado...".

En cuanto a la incorporación (¿o cooptación?) por la derecha de conceptos del discurso de derechos humanos, Palmieri dice que se lo puede interpretar como un vaciamiento de sentido. "No se puede reclamar derechos humanos para todos (esto es, protección contra la violencia institucional) y ser custodiado por policías exonerados de la bonaerense por protagonizar casos de gatillo fácil", dice en alusión a Juan Carlos Blumberg; pero "aun su uso espurio reconoce la importancia de los derechos humanos en la política argentina".

"El discurso de derechos humanos tiene sus debilidades", admite Palmieri. "Siempre fue un discurso contestatario de las políticas de seguridad" dado que "las agencias de seguridad son parte de la situación de violencia... Las instituciones de seguridad siempre fueron vistas con desconfianza por los organismos de derechos humanos, y éstos vistos con enemistad y desconfianza por las instituciones de seguridad, independientemente de la cantidad de cursos de derechos humanos que tengan en la currícula..."

Una concepción alternativa

Este vacío en las concepciones de políticas de seguridad que se diferencien de las concepciones de la derecha política es señalado también, desde otro ángulo, por Marcelo Saín. Acusa a la centroizquierda que gobernó la ciudad en los dos últimos períodos de "negar y sacar de la agenda política el tema de la construcción de un modelo policial propio, y al mismo tiempo gestionarlo con los mismos parámetros de la derecha". Una gestión de Seguridad supone en la concepción de Saín dos dimensiones: 1) La gestión de la prevención social de la violencia y el delito, y 2) Un servicio de policía de seguridad compleja. Esta dimensión policial de la gestión política de la Seguridad no se puede limitar a las 53 comisarías en juego en el traspaso policial, sino que es preciso desarrollar unidades de investigación del crimen organizado, como el tráfico de personas, la industria de la prostitución, el narcotráfico...

Para Burzaco, la presencia del "paco" es indicadora de la instalación de laboratorios de producción de coca en el país, algo imposible sin la connivencia de instancias del Estado. En cuanto a la impactante admisión del fracaso en la lucha antidroga centrado en la penalización del consumidor y el pequeño traficante, dada a conocer por el Ministerio del Interior el 12 de junio pasado, Burzaco considera que hay que dar un debate sobre la penalización del consumo, pero hay que ser inflexible con el tráfico, porque sería ingenuo pretender acceder a las grandes bandas desde la nada.

Saín considera en segundo lugar la necesidad de crear un régimen especial de personal civil que desarrolle las múltiples tareas administrativas que hoy desempeñan del 30 al 40% de policías armados.

Por último, un nuevo sistema de ascensos y selección para ocupar cargos orgánicos. "Rigen reglamentaciones antiguas, que giran en torno de la preservación del bien superior de subordinación a la superioridad", apunta Saín.

Señala la inconsistencia de la propuesta macrista, que presenta como panacea un banco de datos de ADN, un instrumento útil, que no viola per se ningún derecho, pero que se limita al eventual esclarecimiento de delitos de homicidio y violación, y sólo puede ser utilizado por la justicia criminal y la policía de investigación, no por el personal de las comisarías, incluido en la Superintendencia de Seguridad metropolitana de la Policía Federal, que es lo que Macri se plantea traspasar.

En cuanto a la formación policial, Saín evalúa como ineficaz la iniciativa de impartir cursos de derechos humanos en las escuelas de formación: "El policía recita de memoria el Pacto de San José de Costa Rica, pero cuando tiene que hacer un procedimiento considera válido torturar a un detenido para sacarle información...". Según él "las principales instancias de transmisión de valores y prácticas, ideología y cultura institucional se dan en las propias unidades operativas de la policía y no en las escuelas de formación...".

La dificultad de concebir y promover una noción alternativa de seguridad se corresponde con la ausencia de "una estrategia comunicacional, que traduzca al lenguaje lego las iniciativas, al tiempo que construya sentido común y marcos de referencia que generen condiciones favorables para los cambios institucionales". Es decir, la opinión pública se ve librada al discurso mediático que se caracteriza por amalgamar en un mismo tono alarmista y coactivo hechos catástrofe de variada índole, reforzando en el público la ansiedad por una solución inmediata de situaciones que no tienen soluciones de fondo rápidas. Así, entre las falacias de la mano dura, que se ha visto obligada a temperar y matizar su discurso, y la negativa horrorizada a considerar la Seguridad como un área ineludible de toda política de gobierno, propia de las organizaciones de defensa de las víctimas de las fuerzas de seguridad, sería posible la concepción e implementación de un dispositivo de seguridad acorde con la democracia, que la amplíe en el sentido de fortalecer las garantías personales y avanzar sobre la discriminación.

  1. La Nación, Buenos Aires, 25-6-07.
  2. Saín es interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y está a cargo del programa Verdad y Justicia. Fue asesor del área de Seguridad del candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria Daniel Filmus.
  3. Ignacio Romano, "El desborde piquetero".
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 97 - Julio 2007
Páginas:6,7
Temas Ciencias Políticas, Política, Estado (Política)
Países Argentina