A 10 años de un genocidio anunciado

¿Un millón de muertos en cien días y el mundo no sabía nada? Desde la independencia, en 1962, todos los que se interesaban en Ruanda sabían que algo se estaba tramando. La indiferencia, la ceguera y los intereses de las grandes potencias se entramaron de tal modo que resultó imposible impedir uno de los genocidios más fulgurantes de la historia. A una década de los hechos, las autoridades ruandesas se esfuerzan por recomponer el país en un contexto regional complejo, mientras las potencias asumen tibiamente su responsabilidad.

Ya en 1959 los hutus, asistidos por los belgas -que habían apostado a esa mayoría étnica- habían echado del país a más de 300.000 tutsis. Desde que, en octubre de 1990, entró en la guerra el Frente Patriótico Ruandés (FPR, una organización político-militar que luchaba por el retorno de los exilados y cuyos miembros, refugiados en Uganda, hablaban inglés) cada avanzada se tradujo en masacres de tutsis.

En agosto de 1993, bajo presión de los prestamistas internacionales, se firmaron acuerdos de paz en Arusha, Tanzania. Estos acuerdos preveían la instalación de un gobierno de transición, en el que estaría representado el FPR junto a la oposición política, con la garantía de una fuerza de paz de la ONU. En ese momento sólo los diplomáticos extranjeros se mostraban optimistas. Tanto que los países miembros del Consejo de Seguridad pensaron que era suficiente dotar a Ruanda de un destacamento de 2.548 hombres (en lugar de los 4.500 que reclamaba el comandante de la Misión de Naciones Unidas en Ruanda (MINUAR), el general canadiense Romeo Dallaire) y limitaron su acción al capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la fuerza. Es cierto que Ruanda, pobre y aparentemente desprovista de interés estratégico, sufrió el contragolpe de la derrota de Estados Unidos en Somalia unos meses antes, y también que nadie, aparte de los belgas y los franceses, deseaba comprometerse realmente ¹.

Sin embargo, no faltaban indicios inquietantes: en julio de 1993 los "duros" del régimen contribuyeron para lanzar la Radio Televisión de las Mil Colinas, que denigraba los acuerdos de paz, lanzaba al aire una propaganda rencorosa contra el FPR, los tutsis en general y el contingente belga, acusado de parcialidad a favor del FPR. A partir de febrero de 1993 decenas de miles de jóvenes hutus fueron reclutados y entrenados en el manejo de armas de fuego y de machetes, en campos que se divisaban desde la ruta. ¿Cómo podían ignorar esta movilización los cooperantes militares belgas y franceses, que mantenían a sus gobiernos informados del menor movimiento de tropas?

En la misma época fueron desviados créditos adelantados por el Banco Mundial para comprar armas de fuego y azadas. Gracias a fondos garantizados por el Crédit Lyonnais, Egipto había efectuado varias entregas de armas y municiones. En octubre de 1993 el asesinato en Burundi por militares tutsis de Melchior Ndadaye, un presidente hutu legalmente elegido, contribuyó a aguzar las tensiones en Ruanda.

Abandono de civiles 

En enero de 1994 las sospechas se transformaron en certidumbre cuando un informante confirmó a la MINUAR que todos los tutsis habían sido debidamente registrados. El informante describió el entrenamiento de los Interhahamwe (los que matan juntos) y la instalación de depósitos de armas y municiones, y suministró la prueba de sus dichos conduciendo a los cascos azules a un subsuelo, en la sede del partido presidencial, transformado en escondite de armas. Señaló también las amenazas que pesaban sobre los cascos azules belgas.

Pero el telegrama codificado que el general Dallaire envió a Nueva York el 15 de enero, pidiendo autorización para desmantelar los escondites de armas, no obtuvo la respuesta que se descontaba: el Departamento de operaciones para el mantenimiento de la paz, dirigido en ese momento por Kofi Annan, le prohibió cualquier acción ². Lo más que hicieron los embajadores occidentales fue informar del problema al presidente Juvenal Habyarimana y éste, negando las evidencias, hizo distribuir las armas en todas las comunas del país.

A pesar de las advertencias formuladas en febrero en Kigali por el ministro belga de Relaciones Exteriores Willy Claes, a pesar del asesinato de Félicien Gatabazi, ministro de Obras Públicas y dirigente del Partido Social Demócrata, a pesar de las cartas que varios oficiales superiores dirigieron al general Dallaire denunciando un "plan maquiavélico", a pesar de la multiplicación de atentados y del incremento casi tangible de la violencia, nada cambió. El mandato de la MINUAR no se modificó, y el 17 de febrero el Consejo de Seguridad se limitó a expresar su "inquietud".

El 6 de abril de 1994 el atentado contra el avión del presidente Habyarimana (cuyos autores y mandantes no fueron nunca identificados) marcó el comienzo del genocidio. La campaña de asesinatos dirigidos contra personalidades hutus moderadas y simples ciudadanos tutsis -operación planificada desde hacía meses y rigurosamente ejecutada- fue presentada como "la expresión de la cólera popular" después de la muerte del jefe de Estado. En ese momento, las fuerzas de la ONU estaban dispersas por el país, les faltaban municiones y efectivos, y cuando el general Dallaire y su adjunto Luc Marchal supieron, en la mañana del 7 de abril, que diez cascos azules belgas encargados de la protección del Primer Ministro estaban en dificultades en Kigali, ni siquiera se plantearon ir a socorrerlos.

Mientras los camiones municipales recogían los cadáveres, los equipos de asesinos recorrían la ciudad y el general Dallaire pedía refuerzos, se trató de repatriar a los expatriados. Con ese propósito, los franceses enviaron 450 hombres, los belgas 450 paracaidistas y otros 500 a Kenya, y 80 italianos se unieron a la operación, mientras 250 Rangers estadounidenses se encontraban en Burundi. Si hubieran unido sus esfuerzos a los de la MINUAR, esas tropas occidentales habrían podido detener las masacres en Kigali, acallar la radio extremista e imponer un cese del fuego. Pero por orden del gobierno estas fuerzas se limitaron a la misión de evacuar a los ciudadanos extranjeros, abandonando a los civiles tutsis, incluidas las parejas mixtas y los empleados de las embajadas, entre los cuales estaba el personal del centro cultural francés y decenas de tutsis que se habían colocado bajo la protección de la ONU. También los cascos azules quedaron abandonados e impotentes. Sin embargo, siguiendo la orden del presidente François Mitterrand los franceses se ocuparon de evacuar a la viuda del presidente Habyarimana, que pertenecía al clan de los "duros", y de poner en lugar seguro a algunas personalidades del régimen.

Ruanda no había llegado todavía al fondo del abandono: el 12 de abril el ministro Willy Claes, traumatizado por el asesinato de diez cascos azules, anunció al secretario general de la ONU Boutros Boutros-Ghali que retiraba el contingente belga de la MINUAR, y se lanzó a una acción diplomática para tratar de persuadir a los demás países de que hicieran lo mismo.

Intervención tardía

En ese mismo momento, el representante de Ruanda, vinculado con los extremistas, ocupaba un lugar en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, representantes de su gobierno eran oficialmente recibidos en París y Francia proseguía con sus entregas de armas vía Goma en el norte del lago Kivu. En cuanto a los estadounidenses y británicos, se opusieron con perseverancia a reforzar los efectivos de la MINUAR, como si la única urgencia fuera no hacer nada. La secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright se ocupó de prohibir el uso del término "genocidio" -que implica la obligación de intervenir- y hacia fines de abril Boutros Boutros-Ghali seguía hablando de "guerra civil". El 21 de abril, la resolución 912 del Consejo de Seguridad optó por una reducción de las fuerzas de la ONU en Ruanda, que entonces iban a disponer de menos de 500 cascos azules que carecían de vituallas, municiones, vehículos e incluso de agua potable. Aunque se encontraban impotentes para socorrer a los civiles que reclamaban protección o asistencia, llevaron a cabo con coraje y éxito numerosas operaciones de evacuación.

Cuando la prensa se interesó por Ruanda fue para filmar, desde Uganda, los cuerpos que flotaban en el lago Victoria o para seguir el éxodo masivo de hutus que, una vez concluido su crimen, huían hacia Tanzania para escapar de las represalias.

Mucho antes, Philippe Gaillard, en nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras (cuyos directivos así como los enfermos bajo su cuidado habían sido masacrados en Butare) ³ y el mismo general Dallaire multiplicaron los testimonios conmovedores y los pedidos de ayuda. Pero hubo que esperar al 11 y 12 de mayo para que el Comisario de la ONU para los derechos humanos, José Ayala Lasso, al visitar el lugar, utilizara finalmente el término genocidio. En ese momento la prensa, en su gran mayoría, hablaba todavía de "masacres interétnicas" y de "luchas tribales". A pesar de que las matanzas eran ordenadas y organizadas por el gobierno provisional instalado después de la muerte de Habyarimana, Ruanda era descripta como un "Estado en quiebra", hundido en una suerte de anomia bárbara. Como si hubiera que transponer a cualquier precio el estereotipo somalí a este país muy jerarquizado, donde los ciudadanos tienen la costumbre de obedecer las órdenes que vienen de arriba.

Recién en junio la tragedia comenzó a conmover a la opinión pública. El Consejo de Seguridad, a pesar de la oposición estadounidense, terminó por votar a favor de una MINUAR 2 reforzada, pero la ONU no encontraba ni los hombres ni el dinero para poner en marcha esa misión. Estados Unidos, que había sido tanteado para la provisión de los vehículos blindados, entendía que debía pagársele por adelantado...

Lucha de influencias

En cuanto al FPR, que avanzaba lenta pero seguramente hacia Kigali, atenazando a sus adversarios y víctimas, analizaba que ahora una intervención extranjera era inútil. No sólo porque la mayoría de los tutsis estaban ya muertos sino, sobre todo, porque no quería que le robaran su victoria. Fue entonces cuando Francia tomó la delantera: el 22 de junio obtuvo del Consejo de Seguridad la autorización para lanzar una operación prevista en el capítulo 7, que autoriza recurrir a la fuerza.

Si bien era demasiado tarde para salvar a centenares de miles de civiles desaparecidos durante las primeras semanas del genocidio, y aunque sólo entre 10.000 y 15.000 personas pudieron ser recogidas en los campos de Nyarushishi y de Bisesero, aún era posible tratar de salvar la apuesta del gobierno provisional. Éste acogió a los franceses con entusiasmo, esperando que la operación -denominadaTurquesa- detuviera el avance del FPR e impusiera una negociación sobre la base de una distribución del territorio. Pero finalmente el rápido avance de las tropas del FPR y la conmoción de la opinión pública lograron dividir al gobierno francés. En contra de los militares que querían "romperle los riñones al FPR" y que no ocultaban su solidaridad con sus ex hermanos de armas hutus, "francófonos" que habían formado y equipado, el primer ministro Edouard Balladur decidió reducir las ambiciones de los militares de la operación Turquesa. Obligados a tomar contacto con el FPR, éstos debieron contentarse con crear en el oeste del país una "zona humanitaria segura" hacia donde convergieron todos los grupos extremistas así como el gobierno provisional, rodeando así a millones de civiles hutus.

En esta zona los franceses fueron impotentes para impedir numerosas masacres, pero se negaron a desarmar a militares y milicianos, se cuidaron bien de detener a los responsables del genocidio, que luego se refugiaron en Zaire, y no prohibieron las emisiones rencorosas de la radio de las Mil Colinas. Los franceses habían llevado helicópteros de combate, aviones Jaguar y Mirage, un centenar de blindados y morteros, pero muy pocos camiones y medicamentos, por lo que fueron incapaces de enfrentar la epidemia de cólera declarada en Goma, que se llevó a más de 40.000 refugiados hutus.

En ese momento, atraída por la presencia francesa y las facilidades de comunicación y sensibilizada por la tragedia ruandesa, la prensa se hizo presente, así como los socorros humanitarios. El nuevo poder se instaló en un verdadero desierto: los cuadros del Estado habían huido, llevándose expedientes, vehículos y depósitos bancarios, mientras 300.000 huérfanos erraban a lo largo del país. Pero la comunidad internacional se mostró renuente a intervenir y ayudar al FPR; unos denunciaron el "doble genocidio", otros exigieron que el régimen diera "pruebas de reconciliación", mientras los cuerpos yacían todavía en los fosos.

En realidad, a pesar de las buenas relaciones con Estados Unidos y el Reino Unido, el FPR pagó el hecho de haber conquistado el poder en un país francófono, sin haber obtenido el consentimiento de las ex potencias coloniales.

La presencia en los campos de Kivu de más de dos millones de refugiados hutus, rodeados por los autores del genocidio y alimentados por la ayuda humanitaria, desestabilizaría de modo duradero la región. En octubre de 1996, después de haber pedido en vano al Alto Comisariado para los Refugiados (ACR) y a las otras agencias de la ONU que alejaran de la frontera la amenaza que representaban esos campos, Paul Kagame, que dirigía el FPR, lanzó una ofensiva destinada a restringir el retorno de los refugiados ruandeses y a dispersar a los otros a través del inmenso Zaire (que luego se transformó en República Democrática del Congo).

La comunidad internacional, que había sido impotente para evitar un genocidio planificado y anunciado, asistía a un nuevo giro de la rueda de la tragedia: después de siete meses, el mariscal Josef Désiré Mobutu, apoyado hasta el final por los franceses, fue derrocado por Laurent Désiré Kabila y sus aliados de Ruanda y Uganda. Hasta 1998, cuando estalló una nueva guerra, los ruandeses siguieron persiguiendo a los Interhahamwe en fuga y dedicándose de paso, con sus aliados ugandeses, al pillaje de los recursos del Congo. Al millón de muertos del genocidio le seguirían más de tres millones de víctimas congolesas, también olvidadas, rehenes de la guerra, del pillaje de los recursos naturales y de una sorda lucha de influencias entre francófonos y anglófonos por el control del centro de África.

1. Lynda Melvem, A people betrayed, The role of the West in the Rwanda's genocide, Zed books, Londres, 2000; y Gérard Prunier, Histoire d'un génocide, éditions Dagorno, París, 1997.
2. Romeo Dallaire, J'ai serré la main du Diable, la faillite de l'humanité au Rwanda, La Libre Expression, Montreal, 2003.
3. Allison Desforges, "Aucun témoin ne doit survivre, génocide au Rwanda" ("Ningún testigo debe sobrevivir, genocidio en Ruanda") informe redactado para Human Rights Watch y la Federación internacional por los derechos del hombre, París, 1999.