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Recuadros:

La guerra de las palabras

¿Para qué sirve la comunicación? Se intenta convencernos de que serviría para unificar y pacificar el mundo. Que bastaría que la comunicación se globalizara –gracias, en particular, a la conexión entre computadoras y teléfonos, y al auge de internet– para que los conflictos sociales, políticos o militares se apaciguaran y desaparecieran. Se trata de un mito, obviamente, que difunden aquellos que poseen el control de los conceptos. De allí la enorme importancia de la batalla acerca del sentido de las palabras que se lleva a cabo actualmente.

El empobrecimiento de los conceptos que nos sirven para designar tanto el estado del mundo como su futuro se acentuó a medida que el mercado de las palabras tendió a reducirse a las palabras del mercado. La noción mecánica de información como cúmulo de datos -de data-, que surge de la ingeniería de las telecomunicaciones, desempeñó el papel de caballo de Troya. Al separarse de la cultura, en tanto producción de sentido y memoria, esta definición de la nueva materia prima "inmaterial" reverberó sobre los dos términos restantes de la trilogía: cultura y comunicación. Por esta razón la Organización Mundial del Comercio (OMC) pudo reivindicar el derecho a ocuparse de la "cultura", clasificada como un "servicio", patrocinando una doble Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.

En el terreno de las palabras, la friabilidad del suelo originó un estrato nebuloso de neologismos amnésicos que producen "efectos de realidad" por medio de modelos de acción que son encuadrados y promovidos como los únicos posibles 1. El movimiento multisecular de unificación del mundo se vio despojado de su historia y de su geopolítica conflictiva, quedando reducido a un fenómeno que data de hace apenas dos décadas.

Historia reciente

En el corazón de esta novlang reinan las nociones de "sociedad de la información" y de "sociedad global de la información", erigidas en paradigmas dominantes del cambio social y garantía de un mundo más transparente. Ambas aparecen en los siglos XVII y XVIII con el pensamiento de lo calculable y mensurable como prototipo de todo discurso verdadero. Su historia más reciente empieza a fines de la Segunda Guerra Mundial y se prolonga durante las dos décadas siguientes. Por último, su historia de corta duración, el espacio-tiempo que los historiadores llaman el "presentismo", opera bajo la influencia de la carrera por la actualidad.

Nadie habló mejor de larga duración que el escritor argentino Jorge Luis Borges, al referirse al mito de la construcción de una lengua artificial compartida por todos como fundamento de una comunidad universal, de una comunicación perfecta. Es el "Congreso" imaginado por Alejandro Glencoe en El libro de arena. Es la quimera de la construcción arbitraria de una lengua analítica que John Wilkins describió en Enquêtes. Si en 1948 Norbert Wiener, el inventor de la cibernética, designó a Leibniz como santo patrono de esta nueva ciencia, es precisamente porque no sólo inventó el lenguaje binario y el cálculo diferencial, sino porque mediante su proyecto de automatización del razonamiento pretendió también crear una lingua characteristica, una lengua "artificial" libre de los defectos de las lenguas naturales, fuente de desacuerdo y discordia, susceptible de contribuir a la creación de una comunidad universal.

La historia a mediano plazo debe leerse en el contexto de la Guerra Fría. A partir de los años '50 se delinean en Estados Unidos las premisas teóricas de la "sociedad postindustrial" que, a partir de la década de 1970, se metamorfoseó en "sociedad de la información". Se estableció entonces un discurso de combate que concierne a la sociedad, orientado hacia la primacía de la ciencia y la inteligencia artificial, y basado en el anuncio de "fines": de la ideología, de la política, de la lucha de clases, de la intelectualidad contestataria y en consecuencia del compromiso, a favor de la legitimación de la figura del intelectual positivo, orientado hacia la toma de decisiones.

En los años '60 la tesis principal era que la convergencia del teléfono, la televisión y la computadora estaban en vías de transformar el planeta en una "sociedad global". Pero la única potencia que alcanzó esta fase fue Estados Unidos. Sus industrias culturales y sus redes de información y comunicación vehiculan los valores de un nuevo universalismo. La sociedad global será pues la extrapolación del arquetipo nacido en Estados Unidos. Ya pasó el tiempo de las relaciones de fuerza imperiales. La "diplomacia de la cañonera" va a dejar lugar a una "diplomacia de las redes", y la atracción natural ejercida por un modelo de vida que hizo sus pruebas va a reemplazar a las estrategias coercitivas 2.

En los años '70 el discurso sobre la sociedad de la información se tornó performativo; legitimó la formalización de políticas públicas. La crisis que reveló el primer choque petrolero (1973) puso las nuevas tecnologías de la información al servicio de las estrategias imaginadas por los grandes países industriales. En los años '80 las desregulaciones y privatizaciones desestabilizaron la idea de política pública. Los años 1984-1985 marcaron un cambio de dirección. La onda de choque de la desregulación de las telecomunicaciones se propagó de Estados Unidos al resto del mundo. Lo releva en la tarea el régimen neoliberal de Margaret Thatcher.

El fin de la Guerra Fría en 1989 y la irrupción de internet a partir de 1994 propulsaron la información y sus redes al corazón de las doctrinas sobre la hegemonía mundial. En el lenguaje geoestratégico, el control de la información se convirtió en el inicio de tres "revoluciones": en las esferas militar, diplomática y comercial. El control de las redes, la global information dominance, decide nuevas maneras de hacer la guerra (una "guerra limpia"), nuevas estrategias (el soft power) para integrar al conjunto de las naciones en un mercado mundial. A partir de 1995, los siete países más industrializados (G7) ratifican, en la Cumbre de Bruselas, el concepto de "sociedad global de la información". Las "autopistas de la información" son promovidas como vector de un "nuevo orden mundial de la información", título de un discurso mesiánico sobre la unificación de la "gran familia humana" que pronunció Albert Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos. Habrá que esperar hasta 2001 para que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) inaugure la noción de "brecha digital" y proponga una medida estadística con el explícito motivo de dar una "visión más societaria" de las tecnologías de la información y comunicación. Antes de ser definida administrativamente había sido inaugurada en el G8 del año 2000 en Okinawa, acompañada de una "Carta sobre la sociedad global de la información".

Así, la noción y el proyecto de "sociedad de la información" adquirieron históricamente un carácter de evidencia, sin que los ciudadanos hayan podido ejercer su derecho a un verdadero debate.

Rechazo al modelo vertical

Las reglas de juego empezaron a cambiar a inicios del milenio. Tres acontecimientos sirvieron de revelador. En principio, la aparición de un "cognitariado", término forjado por los artesanos de la cibercultura anglosajona para designar al nuevo proletariado del "capitalismo del conocimiento", fuente de nuevas precariedades 3. Por su parte, la global war contra el terrorismo infligió una seria desmentida a la creencia en las virtudes del "todo tecnológico", empezando por los campos de batalla. La representación de una globalización regida únicamente por el recurso inmaterial fracasó ante al redescubrimiento de los problemas geopolíticos a largo plazo vinculados al control del aprovisionamiento energético. El leitmotiv del fin del Estado, del Estado-Nación y de sus poderes regios perdió su crédito. La obsesión securitaria sacó a la luz la cara oculta de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la gestión de las sociedades: la vigilancia. Se agrietaron los postulados de las doctrinas sobre la construcción de la hegemonía mundial, basamento de un nuevo universalismo. La violencia aparece como un agente esencial para realizar el proyecto económico de integración global, más que la "puesta en forma del mundo" (shaping the world), según el lenguaje de los estrategas. El soft power, declinación de la "diplomacia de las redes", desapareció ante el retorno de las versiones hard del poder y de la coacción.

Con el pretexto de perseguir al terrorismo, Estados Unidos se erigió en gendarme de los flujos globales (financieros, marítimos, aéreos e informativos). Así, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2005, consideró inadmisible el cuestionamiento a la reforma del "gobierno de internet". En efecto, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) administra la Red. Dotado con un estatus singular (sociedad de derecho californiano sin fines de lucro), este organismo controla el acceso a cualquier ámbito virtual, ya sea genérico (.com, .org, .gov, .edu, etc.) o nacional. En realidad, en última instancia compete al Departamento de Comercio estadounidense. La extensa alianza entre los gobiernos del Sur y la Unión Europea, movidos cada uno por intereses diferentes, no quebrantó el axioma del control de la Red por parte de Estados Unidos, aferrado a su doctrina de global information dominance.

Por último, la nueva configuración de actores sociales y profesionales empezó a sustraer la cuestión de los nuevos yacimientos de riqueza inmaterial de la influencia de doctrinas y estrategias hegemónicas. Las diferencias de fondo se hicieron evidentes y dividieron el proyecto plural de construcción de "sociedades del saber" para todos y por todos, tanto en la esfera de la circulación como de la producción, y el proyecto unívoco y abstracto de una "sociedad global de la información" que olvida la relación de fuerza entre las culturas y las economías. Las contribuciones de estos nuevos sujetos del espacio público a los debates de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (sobre la "sociedad de la información") y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (sobre la protección y promoción de la diversidad cultural) lo confirman.

Dos principios articulan el proyecto crítico de las lógicas mercantiles que impulsan a la patrimonialización. Por una parte, la filosofía (balbuceante) de los bienes públicos mundiales. Estos bienes se refieren no sólo a la cultura, la información, el conocimiento y la educación, sino también a la salud, el medio ambiente, el agua, el espectro de las frecuencias de radiodifusión, etc.; todos ámbitos que deberían constituir "excepciones" en lo que concierne a la ley del libre comercio. Son "cosas" a las cuales la gente y el pueblo tienen derecho, producidas y distribuidas en condiciones de equidad y libertad, cosas que constituyen la definición misma de servicio público, cualesquiera sean los estatutos de las empresas que aseguran dicha misión. Los derechos humanos universales y ecológicos son su regla, las instituciones internacionales legítimas el garante, la democracia la exigencia permanente y el movimiento social la fuente 4. Y, además, el "derecho a la comunicación". Ironía de la historia, se trata de un concepto que apareció en 1969 y que está de vuelta, con toda su fuerza. Ya lo había adelantado Jean d'Arcy, entonces director de la división de radio y servicios visuales en el Servicio Informativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando en la UNESCO tomaba forma el debate sobre las libertades en el ámbito de la información. En un artículo publicado en la revista de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), d'Arcy afirmaba: "La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace veintiún años establecía por primera vez en su artículo 19 el derecho del hombre a la información, deberá un día reconocer un derecho más amplio: el derecho del hombre a la comunicación... Porque, en la actualidad los pueblos saben, y si son más difíciles de gobernar, quizás sea porque el instrumento de comunicación, información y participación que se les ofrece ya no se corresponde con el mundo actual y los adelantos de su técnica" 5.

Durante la década siguiente iba a desarrollarse en la UNESCO la idea de la caducidad del modelo vertical del flujo de información en sentido único, del rechazo a una comunicación que va desde la elite hacia las masas, del centro a la periferia, de los ricos (en materia de comunicación) a los pobres. A partir de los años '80, las desregulaciones hicieron que se volviese a dejar de lado el concepto, aún embrionario. Pero desde 2001 los cuatro principios clave que fundan ese "derecho a la comunicación" -diversidad, libertad, acceso y participación- están en el centro de los debates que el movimiento social abrió a propósito de la diversidad de las expresiones culturales y mediáticas. Ésta es la gran batalla actual.

  1. Armand Mattelart, Histoire de la société de l'information, La Découverte, París, 2006 y Diversité culturelle et mondialisation, La Découverte, París, 2007.
  2. Zbigniew Brzezinski, Between two ages. America's role in the technetronic era, Viking Press, New York, 1969.
  3. Geert Lovink, Dark Fiber, MIT University Press, Cambridge, 2002.
  4. Ver el sitio aquí.
  5. Jean D'Arcy (1969), "Direct broadcast satellites and the right to communicate", en L. S. Harms (ed.), The Right to Communicate. Collected Papers, University of Hawaii Press, Honolulu, 1977.

Mendoza, Argentina: el canal público sin aire

Stancanelli, Pablo

La vara con que los grandes medios de comunicación miden la libertad de expresión parece dirigida más por la mano invisible de los intereses comerciales e ideológicos que por la defensa del derecho a la información. Las reiteradas acusaciones de censura y de ataques al libre ejercicio de la prensa a gobiernos de América del Sur alcanzan una difusión paradójicamente asombrosa, considerando el autoritarismo que describen y del que se consideran víctimas.
Pero el bombardeo mediático no se ve reflejado en un amplio debate sobre el papel y la responsabilidad del periodismo y el marco necesario para una comunicación libre y plural que abarque a la sociedad en su conjunto. De limitarse a los grandes grupos mediáticos concentrados, se corre el riesgo de convencerse de que los derechos de comunicación sólo valen para ellos y no para los ciudadanos comunes que desean ejercer su derecho a recibir y difundir información.
Resulta interesante contrastar el espacio dedicado en los medios argentinos a la decisión del presidente de Venezuela Hugo Chávez de no renovar la concesión de RCTV (Ramonet, pág. 48), con la discreción que mereció la decisión del juez federal de la provincia de Mendoza Raúl Héctor Acosta, el pasado 30 de mayo de 2007, de suspender los efectos de los decretos 2368/02 y 84/05 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y ordenar de manera provisional el cierre de la transmisión de LS82 TV Canal 7 de Buenos Aires en la ciudad de San Rafael.
El decreto 2368/02, firmado el 21-11-02 por el entonces presidente Eduardo Duhalde, modificó el artículo 33 de la Ley Nacional de Radiodifusión 22.285 promulgada en 1980 por el dictador Jorge Rafael Videla, que establecía el carácter subsidiario del Servicio Oficial de Radiodifusión: el canal público sólo podía alcanzar las localizaciones determinadas por el PEN, “cuando así lo exijan razones de seguridad nacional y solamente en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada o tengan una baja densidad demográfica o escaso interés comercial”.
Al eliminar estas “razones”, el decreto firmado por Duhalde devolvía al servicio público de televisión un criterio complementario, en consonancia con la obligación del Estado nacional de fomentar “la amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y de la educación”. Por su parte, el decreto 84/05 promulgado por el presidente Néstor Kirchner asignaba la instalación de repetidoras en 17 localidades a las que Canal 7 aún no llegaba por aire, entre ellas San Rafael.
La medida del juez Acosta respondió a un pedido de amparo de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Uno, propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano –con amplios intereses económicos en la provincia de Mendoza y también accionistas de América Multimedios– cuyo multimedios mendocino incluye al Canal 6 de San Rafael, que monopoliza la televisión por aire en el sur de la provincia.

Reformar la ley. El cese de la señal generó movilizaciones de la comunidad de San Rafael, que en abril de 2006 había presentado al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, un petitorio con más de 10.000 firmas solicitando la llegada de la televisión pública. Distintas personalidades, legisladores y organizaciones también manifestaron su rechazo a la medida del juez, apelada por Canal 7. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el patrocinio letrado de Damián Loreti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentaron un Amicus Curiae en el marco de la causa. Allí señalan las obligaciones del Estado argentino en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que celebró, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recuerdan la opinión de la Corte Interamericana cuando señala 1 que “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” y advierte que no es admisible “que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista”. En apoyo al carácter fundamental de los servicios públicos de radiodifusión también recuerdan la intervención de Zoé Lanara, presidente de la Union Network International-Media, Entertainment & Arts (UNI-MEI), ante la Unión Europea: “Los medios públicos, cuando actúan verdaderamente como tales, son una salvaguarda frente a la homogeneización de la cultura (…). Los medios globales mercadean productos y servicios culturales como si fueran commodities. Esta commoditización es la monocultura uniformada que es fácil de vender por barata, y fácil de digerir por insustancial y vacua” 2. Una definición, dicho sea de paso, que remite a los grandes éxitos televisivos del momento: Gran Hermano y Bailando por un sueño.
El pasado 18 de julio, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación ratificaron en una resolución conjunta la validez del decreto 2368/02, por lo que ya no quedarían trabas para que Canal 7 pueda volver a emitir en San Rafael y continuar con el plan de instalación de repetidoras. Según datos proporcionados por autoridades del canal, al día de hoy 27.404.465 habitantes argentinos reciben la señal de Canal 7, pero 10.041.134 lo hacen a través del cable y la señal satelital y por lo tanto deben pagar para ello. La intención del canal es sumar importantes ciudades del país a las 278 repetidoras de aire ya existentes 3.
Pero la cuestión de fondo, como bien señala Rosario Lufrano 4, directora ejecutiva de Canal 7, sigue siendo la reforma integral de la vergonzosa Ley de Radiodifusión de la dictadura, que el gobierno nacional no promovió 5. Al contrario, a través del decreto 527/05 firmado el 20 de mayo de 2005, renovó por 10 años las licencias de servicios de radiodifusión favoreciendo a los grandes multimedios, que en ese entonces no alzaron sus voces en nombre de la libertad de expresión.

  1. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13-11-1985.
  2. Zoé Lanara, “Public Service Broadcasting: New Challenges for a New Age”.
  3. El plan en el que se encontraba incluida la ciudad de San Rafael abarca Bahía Blanca, Junín, Córdoba, Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza y gran Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y gran San Juan, San Luis, Río Gallegos y San Miguel de Tucumán.
  4. Los Andes, Mendoza, 16-6-07.
  5. Véase el dossier “Contra el monopolio mediático”, y P. Stancanelli, “Una radiodifusión para la democracia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2003 y octubre de 2004, respectivamente.


Autor/es Armand Mattelart
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 98 - Agosto 2007
Páginas:36,37
Traducción Teresa Garufi
Temas Comunicación, Mundialización (Cultura), Medios de comunicación