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Lucha contra la impunidad

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, que declara inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo 1002/89 que dispuso el indulto del ex comandante Santiago Omar Riveros, precisa cuestiones de importancia institucional. Otro fallo, en que la Corte considera que la Cámara de Diputados carece de facultades para rechazar el diploma de un legislador electo, Antonio Bussi, contrasta con el anterior.

El fallo de inconstitucionalidad del indulto al ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros establece en primer lugar la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Precisamente la integración de los principios del derecho internacional con el derecho interno fue uno de los fundamentos de la Reforma Constitucional de 1994. En este fallo la Corte sostiene que al Poder Judicial le corresponde ejercer una suerte de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta referencia a un "control de convencionalildad" acentúa la necesidad de referirse a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno reciente en la materia es el caso "Almonacid" referido a Chile y el decreto-ley de amnistía del ex dictador Augusto Pinochet 1.

El juez Carlos Fayt, de la Corte Suprema argentina -que votó en disidencia en el caso Riveros- aseguró que "los instrumentos de derechos humanos, si bien contienen la obligación de proteger los derechos que amparan, no incluyen la obligación de juzgar penalmente a quienes los infringen".

Precisamente, en su fallo en el caso "Almonacid" la Corte Interamericana afirma lo contrario: "La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el Artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos".

La mayoría de la Corte argentina no acepta la querella de escuelas -uno de los argumentos de la defensa de Riveros- según la cual se utilizan "principios ius naturalistas para desconocer el derecho positivo". En realidad, el consenso universal evidenciado en la codificación de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial le resta actualidad a esa vieja polémica.

Lo que está en juego es una interpretación de la Constitución. En efecto, en su disidencia el juez Fayt invoca un principio básico para su argumentación, el que prohíbe ser juzgado dos veces por el mismo delito, y reconoce que la Constitución no lo previó expresamente, pero que surge de los derechos y garantías implícitos (Art. 33 de la Constitución Nacional). ¿Por qué negar que el acceso a la justicia para las víctimas de delitos atroces y aberrantes es también un derecho implícito nacido del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, conforme al mismo principio?

De igual forma, el voto minoritario de la Corte y determinadas críticas al fallo se han efectuado en base al carácter pretendidamente intangible de la "cosa juzgada". Se trata otra vez de una elección entre valores en conflicto. A la "seguridad jurídica", que garantiza la cosa juzgada, se contrapone en este caso el "principio de justicia" en la lucha contra la impunidad de crímenes atroces.

Tal como señala la Corte Interamericana en "Almonacid", el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa -relacionado con la cosa juzgada- no es absoluto. Existe la cosa juzgada "aparente" o "fraudulenta". ¿No es precisamente lo que ocurre en un país en que rigieron leyes de impunidad como la de "Obediencia debida" y normas como los posteriores indultos a procesados y condenados?

En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales" 2.

Esta concepción afirma la necesidad de investigar y sancionar crímenes gravísimos, como parte de toda estrategia de restablecimiento de la confianza en el seno de una sociedad. Conforme a este criterio, la recuperación del Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, constituyen requisitos necesarios de un sólido y duradero consenso social. Esta visión, basada en el restablecimiento de la confianza, se contrapone a la que propicia el perdón y olvido de crímenes de lesa humanidad como camino de la reconciliación nacional.

El fallo ha reavivado también la discusión sobre el sujeto que puede cometer el crimen de lesa humanidad. Autores prestigiosos han requerido la presencia de un elemento estatal. Así, el juez Cançado Trindade, de la Corte Interamericana, ha entendido que los crímenes de lesa humanidad "son perpetrados por individuos pero siguiendo políticas estatales" 3. En "Almonacid" la Corte Interamericana resaltó la obligación de investigar "especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales".

La autoría del crimen de lesa humanidad puede abarcar a grupos no estatales, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, conforme al Estatuto, el crimen de lesa humanidad, esté presente o no el elemento estatal, se comete siempre como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Discutibles fundamentos

Contrasta con el fallo de la Corte Suprema en materia de indultos su pronunciamiento respecto del diploma de Antonio Domingo Bussi. En efecto, los argumentos de la mayoría de la Corte para considerar que la Cámara de Diputados carece de facultades para rechazar el diploma de un legislador electo, no tienen en cuenta la ruptura político-jurídica producida mediante la Reforma Constitucional de 1994, que introduce un nuevo paradigma institucional. Este nuevo paradigma está constituido tanto por el capítulo sobre nuevos derechos y garantías, comprendido el Artículo 36 sobre atentados contra el orden constitucional y las respectivas sanciones, como por la jerarquización constitucional de instrumentos fundamentales de derechos humanos en el orden internacional (Art. 75 inciso 22).

La Cámara de Diputados argentina rechazó el diploma de Antonio Bussi el 10 de mayo de 2000. Esa decisión fue precedida por un amplio debate. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento había aconsejado al plenario el rechazo del diploma en base a la participación de Bussi como funcionario en la dictadura militar y por violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 24 de marzo de 1976.

Contra lo que afirma la mayoría, sostiene el ministro Juan Carlos Maqueda en su disidencia que el Art. 64 de la Constitución Nacional hace a cada Cámara del Congreso juez exclusivo de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Igualmente decisiva es su referencia a las consideraciones de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento sobre "la quiebra del eje ideológico del pensamiento jurídico tradicional argentino" que representa la Reforma Constitucional de 1994: "A diferencia de las líneas interpretativas del derecho argentino formadas en la doctrina de la Corte sobre la continuidad jurídica del Estado, después de 1994 la Constitución Nacional de los argentinos sólo reconoce una legitimidad, la que emerge de la legalidad constitucional", sostiene el Ministro.

En última instancia, después del fallo de la Corte Suprema argentina podría solicitarse una opinión consultiva sobre el fondo del asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió, el 12 de octubre de 1993, un informe en el que consideró válida, frente a la Convención Americana, la inhabilitación electoral del ex dictador de Guatemala José Efraín Ríos Montt. En dicha oportunidad entendió que los principios de rechazo a la ruptura del orden constitucional, inhabilitación de sus líderes para altas magistraturas, y no reelección, fueron adoptados por considerarse principios jurídicos de relación internacional y de defensa común de la consolidación democrática en la región 4.

  1. Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Almonacid Arellano y otros vs. Chile". Sentencia del 26-9-06.
  2. ONU, "Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad", Resolución 2583 (XXIV) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15-12-1969.
  3. A. Cançado Trindade: ver su voto razonado en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Goiburú y otros vs. Paraguay", del 22-12-06. Ver también M. Cherif Bassiouni, "Crimes against humanity in Internacional criminal law", Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1992.
  4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 30/93. Caso 10.804, Guatemala, 12-10-93.
Autor/es Rodolfo Mattarollo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 98 - Agosto 2007
Páginas:40
Temas Ciencias Políticas, Política, Estado (Política)
Países Argentina