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Recuadros:

Gobiernos que no escuchan

“Todos somos Mercosur, porque el Mercosur es de todos.” Hace dos años, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, daba el puntapié inicial para que los movimientos sociales y las ONG de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay asumieran un rol más protagónico en el proceso de integración. Así nacía en Montevideo el Programa “Somos Mercosur” para “inundar de ciudadanía” el bloque regional 1.?Sin embargo, la alianza entre los representantes sociales y autoridades no ha sido aprovechada en su real dimensión por los gobiernos.

A dos años de aquella iniciativa, y cuando el resto de los países ya ha asumido la presidencia temporaria del Mercosur para brindar su aporte a la propuesta uruguaya, se advierte que ese intento ha sido más retórico que efectivo. La alianza entre representantes sociales y autoridades, algo inédito en los procesos de integración, que podría haberse convertido en una fabulosa herramienta política y social capaz de inmunizar al Mercosur ante sus recurrentes crisis, no ha podido ser aprovechada en su real dimensión por los gobiernos, al parecer más pendientes de otras urgencias y otros debates.

La crítica no alcanza a los movimientos sociales, puesto que han hecho su parte. Las mismas organizaciones que se habían enfrentado en los '90 a los gobiernos de la región que danzaban al son del Consenso de Washington, acudieron rápidamente al llamado de los nuevos "compañeros presidentes" del Mercosur. Pero hasta ahora no han obtenido resultados concretos en retribución a su aporte.

"Hace unos años estábamos en lucha, nuestra estrategia era de confrontación directa y movilización callejera. Teníamos un esquema combativo, que no incluía discutir con los gobiernos, puesto que eso legitimaba su accionar. Pero ahora es diferente, sobre todo después de la Cumbre del ‘No al ALCA' de Mar del Plata. Ahí comprobamos que compartíamos nuestras ideas con los gobiernos progresistas de América del Sur. Pero con eso no alcanza", advierte el argentino Gonzalo Berrón, que en San Pablo coordina la Secretaría General de la Alianza Social Continental (ASC), la extensa red de organizaciones y movimientos sociales progresistas de América Latina creada en 1997 para "cambiar las políticas de integración y promover la justicia social" 2.

Kjel Jakobsen fue el cerebro de la ASC. Nació en Dinamarca, pero a los nueve años llegó a Brasil con su familia. Trabajó en una fábrica de Campinhas, empezó a militar en el sindicalismo y más tarde ingresó al Comité Ejecutivo de la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1991. En ese lugar, donde conocería a un tal Lula, gestó la alianza de trabajadores, campesinos y otros dirigentes sociales que se erigiría como la última -y única- barrera que encontró la embestida neoliberal en la región.

Hoy dirige el Observatorio Social, un centro de investigación vinculado al sindicalismo. "No quedan dudas de que ahora hay mucha más participación social. El Mercosur ha creado un espacio muy importante para las organizaciones de la sociedad civil de la región. Pero esa voluntad política choca con el modelo decisorio del bloque, que es muy centralizado y donde todo tiene que ser acordado por los Presidentes. Si no se cambia ese esquema, seguiremos teniendo más fracasos que aciertos", afirma.

Los comienzos

Los primeros pasos para la apertura social de la región habían sido dados hace dos décadas, cuando la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) reunió a los trabajadores de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay para que unificaran sus estrategias frente a los patrones regionales. Su trabajo fue el que posibilitó la creación de espacios dentro del Mercosur para los que habían quedado fuera del triángulo que tomaría las decisiones: multinacionales, burocracias y Presidentes. En ese orden.

Vicente Valdir Barros es el secretario general de la CCSCS. Tiene 68 años y una dilatada carrera sindical en la Confederación General del Trabajo (CGT) de Brasil. "Ahora hay más armonía, y a diferencia de los '90, hoy no necesitamos hacer tanto ruido porque la sociedad civil y los gobiernos están involucrados en un mismo proceso; ya no estamos en veredas separadas. Hace unos años había muchos sindicalistas alineados con los gobiernos neoliberales; eso no puede volver a pasar. No nos vamos a quedar callados cuando se equivoquen, porque nosotros somos trabajadores y ellos Presidentes."

Sergio Haddad tiene 57 años y es el director de Relaciones Internacionales de la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (ABONG), una red especializada en derechos sociales que reúne a más de 300 organizaciones. Junto a otros grupos, fueron los encargados de organizar el Foro Social Mundial de Porto Alegre. "Estamos frente a una novedad que no debemos dejar pasar, pero también sabemos que se puede convertir en una decepción si la dimensión de las demandas no son atendidas. El riesgo de nuestros países es la muerte de la sociedad civil, porque los gobiernos pasan, pero las desigualdades persisten", señala.

El Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil es, sin duda, uno de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica. Y en San Pablo tiene sede, una pequeña casona instalada en los suburbios paulistas. "Por un Brasil sin latifundios", se lee en un cartel colgado en un amplio patio protegido del sol por una parra. Delvek Mateus es coordinador nacional del MST y responsable de organizar los nuevos asentamientos y los cursos de capacitación política y técnica que se dictan para los militantes, cada vez más numerosos. En las últimas dos décadas, el MST logró que 370.000 familias encontraran tierra para vivir y trabajar.

Mateus afirma que "no se han producido las reformas que se precisan. Esperábamos más de este Presidente. Pero somos conscientes de que éste es un gobierno popular, y nosotros tenemos que apoyarlo. Además, observamos con mucha esperanza la integración de los movimientos sociales, los pueblos y los campesinos de América del Sur. Aunque falta mucho para alcanzarla plenamente: la lucha no ha terminado".

No al ALCA

La historia reciente de las organizaciones sociales del Mercosur demuestra que han sido el mayor obstáculo para la instauración del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la región. La iniciativa de invitar a los actores de la sociedad civil a la mesa de las negociaciones había sido promovida, de manera paradójica, por el presidente estadounidense, Bill Clinton. No se trató de un repentino interés por una agenda social, sino del intento de neutralizar la resistencia de los sindicatos y asociaciones estadounidenses, que se oponían al acuerdo a partir de su experiencia con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde el 1 de enero de 2004), a la vez que le permitía generar nuevas alianzas que excedieran a los gobiernos latinoamericanos que no comulgaban con el acuerdo de libre comercio.

Pero la intención de lograr el proceso de integración más asimétrico de la historia con ayuda de las ONG, terminó generando efectos contrapuestos para los intereses de Washington: alentó a los movimientos sociales a articular sus estrategias y presentar una plataforma intercontinental, que más tarde derivaría en la conformación del Foro Social Mundial de Porto Alegre y de las Cumbres Paralelas que cuestionarán el sistema de acumulación capitalista.

Los gobiernos del Mercosur de entonces atravesaban una coyuntura muy distinta a la actual. El modelo de integración propuesto en los '90 privilegiaba los intercambios comerciales entre los socios a través de la concreción de una unión aduanera que, básicamente, repitiera el esquema que proponía el ALCA. No existía en ese formato la capacidad de articular estructuras productivas, de profundizar una alianza geopolítica más abarcativa, y mucho menos había espacio para la participación efectiva de representantes de la sociedad civil.

En ese contexto, los actores no gubernamentales del Mercosur demostraban poco interés en participar de aquellas primeras negociaciones de integración. Los empresarios presentaban un "posicionalismo defensivo" a causa de su desconfianza en el proceso, mientras que los dirigentes sindicales cuestionaban desde la CCSCS un modelo de integración que no proponía avanzar más allá de pautas comerciales 3.

Y si algo faltaba para desalentar la participación social "dentro" del bloque regional, la creación del Foro Consultivo Económico y Social (FCES), el mecanismo institucional para ONG ideado por las autoridades del bloque regional, fue como un golpe de gracia. Ocurre que el FCES fue creado en diciembre de 1994 por el Protocolo de Ouro Preto para oficializar la interacción entre las instancias gubernamentales y los representantes sociales y económicos provenientes de sectores no estatales, pero en la práctica no permitió avances para instancias no gubernamentales.

Es que los movimientos sociales y los gobiernos parecen avanzar por sendas contrapuestas. Resulta interesante observar el vertiginoso cambio evidenciado en la región entre la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en octubre de 2005, y la Cumbre del Mercosur de Córdoba, en julio de 2007. En menos de un año, las organizaciones y movimientos sociales pasaron de organizar la "Cumbre del No al ALCA" y de mostrarse reacios a participar junto a los gobiernos, a crear en Córdoba la "Cumbre de los Pueblos por la Integración", con el objetivo de interactuar con los funcionarios en el mismo espacio institucional.

Buena sintonía

Los movimientos sociales de Venezuela tienen una sintonía excelente con el gobierno de Hugo Chávez. Las coincidencias son más que evidentes. "Las organizaciones venezolanas que están contra el Tratado de Libre Comercio sienten que sus posturas están representadas por el Presidente. Los principales activistas que han tenido que ver con el freno al ALCA hoy están, de alguna u otra forma, vinculados al gobierno", sostiene el sociólogo Edgardo Lander, el investigador del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que formó parte del grupo de intelectuales que representó a Venezuela en las negociaciones del ALCA.

Tanta coincidencia entre organizaciones y gobierno generó algunas incógnitas el año pasado, cuanto el Foro Social Mundial se realizó en Caracas. "Había mucho temor en algunos porque pensaban que sería un foro chavista, pero respetamos la regla de oro: fue un espacio de los movimientos sociales. Y resultó todo un éxito, con más 90.000 personas que participaron en 1.800 actividades", asegura Jacobo Torres en su doble función de presidente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, que organizó la última versión del Foro Social, y de asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Julio Fermin es, por su parte, presidente del Equipo de Formación, Información y Publicación (EFIP), una organización que trabaja sobre economía solidaria desde hace treinta años. También fue parte del grupo facilitador del Foro Social Mundial, pero no forma parte del gobierno. Prefiere presentarse como un "chavista crítico", que apoya pero cuestiona. "Nos preocupa la relación que se da entre gobierno y organizaciones sociales, pero son las circunstancias que nos han tocado vivir", asegura. "Porque el chavismo llegó al poder sin estructura y tuvo que recurrir al pueblo para gestionar. Eso es bueno, aunque también presenta un problema serio de autonomía, que en Venezuela antes se daba con los partidos, y ahora llega directamente desde el Estado" (Sanjuan, pág. 16).

En Bolivia se vive un fenómeno similar al venezolano. Pero los contactos son mayores: el gobierno de Evo Morales es fruto de la lucha de los movimientos sociales. Magali Urquidi representa al Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración de los Pueblos Contra el ALCA y el TLC, que el año pasado organizó en Cochabamba la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en el marco de la Cumbre Sudamericana de Naciones. "Seguimos con la resistencia al ALCA, al Banco Mundial y al FMI. Aunque sabemos que las cosas cambiaron: ahora tenemos un Presidente indígena. Pero todavía son veinte años de modelo neoliberal y sólo uno de gobierno popular. Por eso, tenemos que seguir atentos, porque es cierto que los gobiernos ahora acceden a todo lo que exigimos, pero un buen día todo eso puede quedar en palabras", señaló a el Dipló.

La argentina Silvia Ferreira organizó por su parte un seminario de las organizaciones sociales en la Cancillería de su país. Se trata de una joven "piquetera". Su organización, "Barrios de Pie", fue una de las que inició la campaña contra el ALCA en la Argentina, junto a "Jubileo 2000", del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el movimiento cooperativo y los trabajadores. Ese núcleo dio vida a la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, la misma que dejó en terapia intensiva al ALCA. "Nosotros ya percibíamos que había un cambio: una Cumbre con Kirchner, Lula, Chávez y Tabaré era muy distinta a todas las que habíamos tenido antes. Estos Presidentes retoman muchas de nuestras consignas y tenemos que apoyarlos. Durante décadas hemos estado alejados del gobierno; estábamos en la vereda de enfrente. Pero ahora hay una alternativa y los movimientos sociales tenemos que dar esa discusión desde adentro", explica Ferreira desde el piso 11 de la Cancillería argentina, donde trabaja.

Otra integración es posible

El debate sobre cómo debían participar las organizaciones de la sociedad civil de la región se produjo pues en un contexto de mayor apertura. A principios de 2006 se realizó una reunión del Grupo Mercado Común del Mercosur, en la que se aprobó la propuesta de Argentina para impulsar actividades en las que estuvieran presentes los representantes sociales del bloque. Así nació el "Iº Encuentro Regional por un Mercosur Productivo y Social", realizado en julio del año pasado en la ciudad de Córdoba, en el marco de la XXXº Cumbre de Jefes de Estado. La iniciativa representó el primer paso dirigido a lograr una mayor participación ciudadana dentro de los órganos institucionales del bloque. Luego sería el turno de las Cumbres Sociales que se realizaron en Brasilia, a principios de este año, y más tarde en Asunción, el mes pasado.

Aunque el proceso es muy incipiente y no es posible establecer aún conclusiones profundas que permitan evaluar el tipo de participación que se está produciendo en el Mercosur, es importante destacar la relevancia del fenómeno. Representantes de sindicatos, pequeñas y medianas empresas, agricultura familiar, cooperativas, organizaciones de género, juventud, ambiente, derechos humanos y otras no gubernamentales, son protagonistas de un diálogo nunca antes visto. Las Cumbres Sociales se vienen realizando en el mismo escenario que utilizaron los presidentes del Mercosur, y ya se vuelve una costumbre la comunión de actividades "gubernamentales" con otras de la "sociedad civil".

Pero no es posible destacar mucho más, lamentablemente. Las conclusiones de los distintos plenarios de las organizaciones sociales están cargadas de proyectos y buenas intenciones, pero no tienen ningún efecto concreto. Es muy alentador que los representantes sociales de la región puedan encontrarse periódicamente y compartir sus inquietudes, incluso es positivo que exista un canal para plantear sus posiciones a los Presidentes. Pero es muy poco lo que pueden influir en la agenda oficial del Mercosur y mucho menos lo que logran entre las reuniones del bloque, que se realizan cada seis meses.

El Estado es un agente indispensable en el establecimiento de ámbitos de participación social, porque a pesar de los efectos del proceso de globalización, sigue siendo un actor clave en la generación, coordinación y ampliación de la intervención ciudadana 4. Pero el límite entre la "participación" y la "cooptación" acaba siendo muy difuso. Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil que tanto han aportado a este proceso de cambio, no pueden caer en la trampa. Si logran salir de ese atolladero, todos, incluso los gobiernos, serán beneficiados. Mientras tanto, el Mercosur cabalga una nueva crisis, sin tener en cuenta las recetas que tiene a mano para evitarlas.

  1. El Programa "Somos Mercosur" se presenta como una oportunidad para que los actores no tradicionales del Mercosur puedan sumar sus voces y sus voluntades en la construcción del proceso de integración.
  2. Declaración fundacional de la Alianza Social Continental, diciembre de 1997.
  3. Mónica Hirst, "La dimensión política del Mercosur: actores, politización e ideología", Documentos e Informes de investigación Nº 168, FLACSO, Buenos Aires, 1995. Aquí se demuestra el avance paulatino del involucramiento de los empresarios en el Mercosur. La CCSCS, en cambio, participa críticamente desde 1986, un año antes del acuerdo entre Argentina y Brasil que daría inicio al Mercosur.
  4. Jean Grugel, "El retorno del Estado al activismo transnacional", Pensamiento Propio, Nº 16, Edición Especial CRIES-INVESP, Buenos Aires, julio-diciembre de 2002.

Un foro de consulta que no consulta

Lloret, Rodrigo

El Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del Mercosur es una entelequia burocrática y vetusta, creada para ampliar el ámbito de participación social, que no ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Es el único órgano que presenta un espacio institucional para los representantes no gubernamentales, creado por el Protocolo de Ouro Preto en diciembre de 1994 para oficializar la interacción entre las instancias gubernamentales y no estatales. Pero en todo este tiempo no ha generado un espacio importante para los tres sectores que representa: empresarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.
La experiencia del Comité Económico y Social de la Unión Europea (UE), en la que se inspira, se desenvolvió en el contexto de una fuerte expansión del Estado bienestar, con gobiernos socialdemócratas y sus principales componentes: un movimiento sindical con tradición de alianzas sociales superadoras del corporativismo; asociaciones empresariales comprometidas con el esfuerzo de reconstrucción nacional, y organizaciones sociales con acceso a recursos públicos capaces de potenciar su actuación en diversas áreas. El Mercosur, en cambio, tuvo una historia reciente muy diferente que, de alguna manera, podría explicar los fracasos del FCES.
“El reconocimiento de una ‘ciudadanía social’ en el Mercosur no estará asegurada con la sola existencia del FCES tal como hasta hoy existe. Los planteos reformistas orientados a una consolidación del FCES apuntan a demandas superadoras del concepto de mera agregación de secciones nacionales como integrantes del cuerpo”, advierte el politólogo uruguayo Gerardo Caetano. Ocurre que la incorporación de organizaciones vinculados a temas sociales y económicos que excedan lo puramente laboral ha sido muy lenta.
El 31 de mayo de 1996 se realizó la primera reunión constitutiva del FCES, y el 21 de julio de ese año el Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur emitió la Resolución Nº 68, que homologó su reglamento interno. Sus responsabilidades son “analizar y evaluar el impacto social y económico derivado de las políticas destinadas al proceso de integración y las diversas etapas de su implantación, sea a nivel sectorial, nacional, regional o internacional”. Pero lamentablemente no está a la altura de las circunstancias.
Cada Sección Nacional del FCES tiene 9 representantes, los que conforman un órgano de 36 miembros. Las Secciones Nacionales tienen autonomía organizativa, pudiendo definir en forma independiente y de acuerdo con sus propias particularidades internas los sectores económicos y sociales que las componen. También pueden exigir que las organizaciones que lo integran sean las más representativas de su país.
Un rápido repaso por las que integran la Sección Argentina, por ejemplo, demuestra su buen nivel de representación: la Liga de Acción del Consumidor (Adelco), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Caco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pero aunque todas esas organizaciones representan a sectores sociales, no pueden ser consideradas “movimientos sociales”. Las contradicciones de intereses entre, por ejemplo, la UIA y la CGT; o entre la SRA y la FAA no dan lugar, salvo excepciones, a posturas comunes ante las autoridades del Mercosur, con lo cual esta Sección Argentina, resulta una pura entelequia burocrática...
“Es natural que las organizaciones sociales no se sientan representadas por el FCES y busquen espacios alternativos para la participación”, concluye por lo tanto Renato Martins, asesor para Asuntos Internacionales de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, y uno de los mayores responsables de la creación del Programa “Somos Mercosur”.


Autor/es Rodrigo Lloret
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 98 - Agosto 2007
Páginas:8,9
Temas Ciencias Políticas, Desarrollo, Mercosur y ALCA, Políticas Locales, Sociedad
Países Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela