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Chile: la democracia en el cepo

El autor, destacado intelectual y dirigente político chileno, sostiene que la necesaria conciliación, al cabo de 17 años de dictadura y otros tantos de gobiernos democráticos, arroja un resultado entre dulce y amargo: un importante crecimiento económico, una muy desigual distribución del ingreso y una democracia política incompleta, uno de cuyos resultados es la creciente indiferencia ciudadana por los asuntos públicos.

La dictadura de Augusto Pinochet ha condicionado hasta hoy la naturaleza de la democracia chilena. Instaló tempranamente un modelo extremo de libre mercado y promovió su acelerada expansión sin establecer mecanismos reguladores elementales. De este modo cambió sustancialmente el perfil económico del país: abrió unilateralmente la economía para promover una variada oferta exportadora, destruyó los emprendimientos más débiles, descargó los costos del crecimiento en los sectores populares y extendió progresivamente la lógica mercantil al tejido cultural. El régimen militar, por otra parte, sólo pudo ser desplazado mediante un proceso de reposición democrática limitada.

La transición se nutrió de factores contrapuestos. Por un lado, de la vigorosa y creciente demanda democrática expresada en las masivas protestas y las diversas formas de rebeldía, resistencia u oposición protagonizadas por actores sociales y partidos políticos que, en la primera mitad de los '80, lograron pasar de una fase defensiva de supervivencia a una de mayor activismo. Por otra parte, la transición respondió también a los intereses y temores de núcleos autoritarios, en particular de los nudos de poder económico, tanto los históricos como los conformados bajo la dictadura al calor de las privatizaciones, que acabaron aceptando formas democráticas pero con garantías tales -algunas vigentes hasta ahora- que desfiguran el contenido de la democracia.

Entre el brío de un mercado muchas veces descontrolado ("cruel", lo llamó el ex presidente Patricio Aylwin) y la pugna no resuelta entre el viejo autoritarismo y las demandas libertarias e igualitarias, la transición chilena puso en evidencia las complejas facetas que habitan la tortuosa relación entre la democracia y el mercado. Es preciso no olvidar que la democracia se funda en un supuesto artificioso -uno de los frutos más apreciados de la civilización moderna- cual es el principio de igualdad: un hombre, una mujer, un negro, un blanco, un rico, un pobre, valen cada uno un voto. El mercado, en cambio, funciona sólo si trabaja con un criterio realista pero contrapuesto al principio de igualdad: todas las diferencias, incluidas todas las indeseables, deben ser consideradas en lo que valen. Un hombre, una mujer, un negro, un blanco, un rico, un pobre, tienen tantos "votos" en el mercado como dinero tenga cada uno.

La derecha chilena

La derecha impuso condiciones para la transición gracias a su fortaleza histórica, generalmente no reflejada en su fuerza electoral, y a su identidad de objetivos con las Fuerzas Armadas, gobernantes en la dictadura. Buscó impunidad y garantías para sus negocios, mientras las Fuerzas Armadas hacían otro tanto para los culpables de las violaciones a los derechos humanos. Desde 1938, año del triunfo del Frente Popular, hasta 1973, la derecha chilena gobernó sólo una vez. Con Pinochet gobernó diecisiete años consecutivos: fue su tiempo de gloria. Desde fines de la dictadura, restablecido un sistema de registros electorales para el plebiscito de 1988, la derecha acumuló sólo derrotas en más de una decena de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, a manos de la poderosa alianza de centro-izquierda constituida por la Concertación 1.

En la esfera de la "representación", la derecha asumió durante la dictadura la totalidad de las alcaldías -nominadas entonces directamente por el poder central-, la totalidad de la "función legislativa" mediante "legisladores" nominados por el gobierno, y, una vez recuperada una democracia básica, logró a través de normas constitucionales establecidas ex profeso sesgar la representación mediante el sistema electoral binominal 2 y los senadores "designados" y vitalicios 3. Es decir que con representantes -electos o no- la derecha tuvo a partir de 1973 un espacio privilegiado, siempre mayor que su fuerza electoral, en el ámbito de las instituciones.

Sin embargo, hay que consignar que se fortaleció durante la dictadura y aumentó sus votos. De un tradicional tercio del voto ciudadano antes del golpe militar de 1973 ha llegado a bordear, en elecciones presidenciales, la mitad del electorado.

El fenómeno de mayor interés en la historia reciente de la derecha chilena es su proceso de reconstitución política en torno a sus dos partidos, Renovación Nacional, más liberal culturalmente, más abiertamente empresarial, y la Unión Democrática Independiente, más católica e integrista, más pinochetista, con fuertes vínculos financieros y económicos, pero también con sensibilidad social de corte asistencial. Fue con Joaquín Lavín, candidato a Presidente en 1999, que la derecha política dejó de ser una mera representante de intereses económicos para convertirse en una fuerza con una propuesta y presentación atractivas capaz de atravesar las resentidas identidades sociales. Desde las elecciones de 2005 ambos partidos han mostrado capacidad de levantar liderazgos y, a pesar de sus disputas y de una mediocre evaluación ciudadana, la derecha mira el futuro con nuevas esperanzas.

El malestar del mundo de la izquierda, aunque de gradación distinta, ha sido general y comenzó tempranamente 4. Quizá nadie pensó en 1989 que la compleja transición chilena terminaría (ya no tiene sentido seguir discutiendo si terminó o no) en una democracia incompleta, resguardada, limitada o "semi-democracia", como quiera que se la denomine. La transición terminó, terminó en lo que terminó, no pudo más, y ahora se trata de proyectar otra fase que permita alcanzar una plenitud democrática.

Proa al centro

La izquierda sufrió a partir del golpe de Estado de 1973 procesos de cambio en sus dos espacios históricos: el de la renovación, protagonizado fundamentalmente por el Partido Socialista (PS), y el de la resistencia, cuyo actor principal ha sido el Partido Comunista (PC). En el curso de la transición, la renovación de los socialistas ha ido más allá que los propósitos originales y suscita creciente polémica en su interior.

Por su parte, la defensa de su identidad sostenida por el PC para enfrentar una grave crisis luego de su desfavorable proyecto insurreccional y del inicio de la transición pactada, le restó durante los años '90 márgenes de flexibilidad que le permitieran un grado mayor de influencia bajo las nuevas circunstancias y una capacidad de juego político que diera profundidad al intento de rescate de ciertas banderas históricas de la izquierda.

Entre la "sobrerrenovación" socialista y la petrificación comunista, la izquierda anterior a 1973 ha enfrentado no sin dificultades el desafío propuesto por fuerzas centristas o por nuevas corrientes y tendencias que postularon una mayor plasticidad como disposición política para competir por los decisivos votos del centro.

La irrupción virulenta del mercado, los límites de la democracia, la sagacidad de la derecha, la penuria de la izquierda, han conmovido como nunca al centro. No podía ser de otra manera: una de las tendencias más marcadas en el último cuarto de siglo es la definición del centro como ambicionado territorio, como espacio a conquistar prioritariamente.

Este fenómeno surgió con mayor transparencia en Chile cuando el Partido por la Democracia se convirtió con éxito en fuerza política con perfil propio o, al menos, con la ambición de poseerlo, y sugirió una aspiración competitiva frente a la Democracia Cristiana. Y luego, con el cambio que significó el triunfo del socialista Ricardo Lagos en las primarias de la Concertación al modificarse uno de los supuestos implícitos del proceso de transición: la hegemonía de la Democracia Cristiana en la alianza. Simplificando, el mapa político dejó entonces de ser el de una fuerza de centro con capacidad expansiva hacia ambos flancos para dejar lugar a una configuración marcada por la derecha y la izquierda de la Concertación disputando el centro.

El resultado fue entonces una campaña presidencial en la que tanto la candidatura de derechas como la de la Concertación, encabezada por un hombre de su izquierda, desdibujaron viejas banderas. La derecha mostró menos inquietud frente al ambiguo discurso de su candidato o a los rasgos populistas de su oferta programática, en tanto que resultó evidente la incomodidad de algunos sectores de la Concertación frente a la indiferenciación aceptada por su propia campaña o al ecumenismo de sus propuestas.

Seis años después, la votación de la actual Presidenta, la socialista Michelle Bachelet, en la primera vuelta presidencial de 2005 fue más baja que la de Lagos en 1999, pero en segunda vuelta fue varios puntos superior. Dos candidatos en la derecha -lo que le permitió ampliar el espacio electoral- y una votación de cerca de un 10% de la izquierda no concertacionista, pueden explicar ambos resultados. Lagos triunfó en la segunda vuelta gracias a los votos comunistas y Michelle Bachelet se benefició seis años más tarde de un llamamiento oficial de la dirección comunista a apoyarla en el ballottage.

Persistente estratificación social

Bachelet trajo aire fresco al alicaído atractivo de la Concertación y agitó los temas de género y de un programa de protección social como sus banderas principales. Desde que asumió, la derecha la ha atacado de modo inclemente. Para los partidarios de Bachelet la actuación del gobierno no ha tenido un sello definido. Por una parte, la Concertación y sus partidos enfrentan una crisis de mística y de ánimo solidario. Por otra, el gobierno fue concebido como una asignación de áreas en que a los "liberales" se les entregó la responsabilidad de la economía, a los "socializantes" las del área social y a los democristianos las tareas políticas principales (gobierno interior y relaciones exteriores). Chile produce hoy día, gracias a políticas fiscales moderadas y al alto precio del cobre, importantes excedentes en sus cuentas. La idea central ha sido intensificar los esfuerzos contra las desigualdades financiándolos con los mayores ingresos. El resultado es que la política económica ha sido algo menos ortodoxa de lo que quisieran los que la dirigen y las políticas sociales menos intensas que lo que se requeriría para darle al gobierno un perfil más marcado y lograr un impacto notorio en las desigualdades. Ha habido una transacción entre dos criterios en el que ninguno de los dos predomina. Por otra parte, el gobierno de Lagos dejó a Bachelet herencias positivas pero también otras tan negativas como el nuevo plan de transporte para Santiago, que ha impactado muy desfavorablemente la percepción ciudadana.

La derecha ha intensificado su línea opositora y, como en otros lugares del mundo, cabalga sobre los temas de la delincuencia y de la corrupción. Chile consigue así uno de los más altos lugares en Latinoamérica en cuanto a presos por habitante 5. Si bien mantiene un ranking bastante aceptable en materia de corrupción 6, el hecho no es suficiente para contrapesar el manejo comunicacional que la derecha acostumbra orquestar frente a irregularidades en el ejercicio de la función pública. En su accionar político la derecha se beneficia de una alta concentración de poder económico y una influencia importante en las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Gracias a las cerraduras institucionales establecidas por el Constitución pinochetista de 1980, ha tenido durante la postdictadura una suerte de veto legislativo sobre todas las materias claves. Puede, además, armar sus campañas porque es dueña de casi todos los medios de comunicación y aquellos que no posee son, de uno u otro modo, neutralizados. Si la derecha llegara a dominar el Poder Ejecutivo, además de los espacios ya indicados, el desequilibrio sería total.

Con un modelo de mercado extendido, profundo e insuficientemente regulado, los gobiernos democráticos chilenos no miden su éxito sólo por la magnitud de sus obras materiales que, sin duda, han sido considerables. Deben confrontarse con las necesidades básicas insatisfechas de un significativo porcentaje de la población que se beneficia marginalmente del crecimiento y con aspiraciones de votantes fuertemente incitados al consumo y al endeudamiento, con temores de perder su fuente de trabajo y con derechos laborales insuficientemente protegidos, pero que han llegado a creer en la mejoría sostenida de su situación y que pronostican un mejor futuro para sus hijos. La cultura mercantil se ha extendido a la vida cotidiana y está establecida más allá de todo límite aceptable en esferas como la salud, la educación y la seguridad social, y en su progresivo avance ha sido capaz de generar los mecanismos de subordinación que posibilitan la continuidad del modelo.

En ese cuadro, se ha consolidado una creciente indiferencia o rechazo de amplios sectores hacia los asuntos públicos, en especial de los jóvenes. Aproximadamente la mitad de los chilenos adultos no hace uso de su derecho ciudadano al sufragio: no se registra o estando registrado no concurre; anula su voto o vota en blanco, o vive fuera de Chile, condición esta última que, por la oposición de los partidos de derecha, le impide sufragar.

Las políticas sociales, ahora dotadas de más recursos y eficiencia de gestión, han logrado mediante el expediente de la focalización reducir significativamente el número de habitantes bajo la línea de la pobreza, pero su impacto en las desigualdades ha sido nulo o menor.

Aunar fuerzas con la izquierda

La fuerza de la derecha y las debilidades de la Concertación mantienen en el cepo a la democracia chilena. La clave ha sido la negativa derechista a aceptar reformas reales a una pieza clave de la arquitectura institucional que le legara Pinochet: el sistema electoral. El círculo vicioso opera eficazmente: la Concertación no tiene los votos necesarios para cambiar el mecanismo que le impide tener los votos necesarios para cambiar el mecanismo. Sin cambiar el mecanismo hay reformas en las áreas económica y social que la Concertación no puede convertir en ley. Debe siempre, como si fuera un sino de la transición, negociar todo con la derecha.

¿Cuáles son las responsabilidades de la propia Concertación? Desde la izquierda que no está en el Parlamento y desde la derecha opositora dicen sospechar que la Concertación se ha habituado al sistema binominal que garantiza reelecciones relativamente cómodas a sus propios parlamentarios y le otorga una buena coartada para no emprender las reformas más complejas. Si bien es cierto que la Concertación ha tenido una exagerada preocupación por la gobernabilidad y la estabilidad de la economía, y en esa medida por momentos ha cultivado la búsqueda de consensos con la oposición, es un hecho que la reforma al sistema electoral ha sido y es rechazada por la derecha. Como en muchos otros proyectos de ley, el gobierno debe obligadamente negociar con la oposición incluso antes de que sean aprobados en general, es decir, el articulado debe ser consensuado antes de que la idea de legislar sea considerada.

La única forma de quebrar el poder parlamentario de la derecha es aunar las fuerzas de los partidos de gobierno con las de la izquierda fuera de la Concertación. Hacerlo significaría menos alcaldes y menos parlamentarios para la derecha, abriría el Congreso a las fuerzas políticas excluidas y probablemente permitiría alcanzar los quorum necesarios para las grandes reformas pendientes. Permitiría pensar en una nueva Constitución legitimada por el voto popular en plebiscito libre con contenidos económico-sociales modernos y progresistas, una nueva ley de partidos y nuevas formas de abordar las desigualdades y la provisión de servicios universales en materia de salud, educación y seguridad social.

En fin, sería largo enumerar las posibilidades que se abrirían si la profunda brecha que existe hoy entre la Concertación y los sectores sociales y políticos excluidos se superara y, gradualmente, Chile avanzara hacia acuerdos unitarios, probablemente de niveles distintos, entre las fuerzas de avanzada social, entre partidos políticos y movimientos sociales, entre los partidarios de una democracia plena.

  1. Nombre de la alianza entre los partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Radical Social Democráta y el Partido para la Democracia.
  2. Se eligen simultáneamente dos diputados en sesenta distritos y dos senadores en diecinueve circunscripciones. De esta manera una lista que aglutina un tercio de los votos en cada distrito o circunscripción se asegura la mitad del Congreso. Para que la Concertación pueda elegir a sus dos candidatos debe duplicar a la derecha. Las listas menores quedan sin representación.
  3. Por acuerdo entre la Concertación -que siempre había sostenido su supresión- y la oposición de derecha -que siempre se había negado a dar su acuerdo- se suprimieron hace dos años, cuando correspondían nuevas designaciones que hubieran favorecido a la Concertación.
  4. El Partido Comunista fue crítico del concepto mismo que inspiró la transición, pero su opción insurreccional no tuvo éxito. En la segunda mitad de los '90 las posiciones críticas, de distinta intensidad, comenzaron a surgir en la propia Concertación. Ver Tomás Moulian, Chile: la anatomía de un mito, Ed. LOM/ARCIS, Santiago, 1997; Luis Maira, La transición interminable, Ed. LOM, Santiago, 1998 y Camilo Escalona, La transición de dos caras, Ed. LOM, Santiago, 1999. Para una de las más incisivas a la Concertación, ver Sergio Aguiló, "Chile entre dos derechas". Para una visión del arco de opiniones sobre la transición, ver Jorge Arrate y Eduardo Rojas, Memoria de la izquierda chilena, Tomo II, capítulo 9, "Las Izquierdas en los Gobiernos de Transición", Ediciones B, Santiago, 2003.
  5. Lucía Dammert y Javiera Díaz, "¿Es la cárcel solución para la delincuencia?", Observatorio, Nº 1, mayo de 2005, Programa de Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile. Puerto Rico y Panamá superan a Chile según este estudio.
  6. Chile ocupa el lugar 20 en el índice de 2006 de Transparency Internacional, muy por delante del resto de América Latina.

Pobreza y desigualdad

Arrate, Jorge

Un destacado economista chileno, profesor de Yale, escribió: “Luego de las transferencias del gobierno y del gasto social, en 1990 una familia típica del quintil más pobre contaba con ingresos equivalentes a aproximadamente 100.000 pesos mensuales de hoy. El poder adquisitivo de esta familia prácticamente se duplicó durante los 15 años siguientes. No cabe duda que vivir con 200 mil pesos mensuales conlleva importantes carencias, pero tampoco cabe duda de que dichas carencias son mucho mayores aun con 100.000 pesos mensuales. Y uno de los desafíos que tenemos como sociedad es que esa misma familia cuente, para el 2025, con un ingreso equivalente a 400 mil pesos mensuales de hoy...” 1.
Ésa es exactamente la cuestión que hiere a la mayoría de los chilenos y a la propia coalición gobernante 2. Con ese esquema distributivo, que resulta de proyectar las condiciones de crecimiento y distribución de los últimos lustros, es difícil estar satisfecho a menos que se pertenezca a los estratos altos de la sociedad.
La cuestión es simple: si se supone que la riqueza de cada cual no se toca –un supuesto de por sí fuerte– el tema es cómo distribuir el excedente que se genera con el crecimiento. Si se hace, como ha ocurrido en los largos años en que la distribución porcentual del ingreso se ha mantenido prácticamente constante, el criterio implícito es el de una función lineal, o sea, se distribuye en proporción al ingreso que cada uno gana. Lo que no dice el texto citado es que de esta manera las diferencias absolutas seguirán ensanchándose como ha ocurrido hasta ahora y, en términos absolutos, la “distancia económica” entre chilenos continuará aumentando significativamente. Un estudio reciente, el más agudo publicado hasta ahora sobre distribución del ingreso, del economista socialista Humberto Vega, analiza este fenómeno considerando los ingresos monetarios de hogares y personas, es decir considerando el impacto de los subsidios fiscales y provisión de servicios públicos y demuestra que, aun así, la “distancia económica” continúa aumentando 3.

La cuestión distributiva. La reciente encuesta de hogares revela cambios importantes en la condición de pobreza, que entre 2003 y 2006 se reduce significativamente y un ligero mejoramiento en la distribución del ingreso, por primera vez en muchos años. Los resultados han dado lugar a un debate político y técnico en que los sectores de derecha han intentado minimizar el éxito que el gobierno ha reclamado. Más allá de las pequeñeces de la derecha y de cuestiones estadísticas, que tienen sin duda importancia para perfeccionar la medición de la pobreza efectiva y dotarla de realismo, la comparación temporal indica un avance importante y en esa medida justifica el énfasis que los gobiernos de la Concertación han colocado en el gasto social y las políticas públicas 4. En Chile hay muchos menos pobres o indigentes hoy que cuando terminó la dictadura, aunque los cambios no hayan sido espectaculares y un contingente significativo de chilenos que están ahora sobre la línea de pobreza puedan ser categorizados como “casi pobres” o “menos pobres”.
Pero la cuestión distributiva continúa siendo lacerante y no admite la comodidad. Pone en cuestión el modelo, su política de libre mercado extensiva, su Estado reducido, su carga impositiva baja y su focalización del gasto social que reduce las políticas de contenido universal. Al fin y al cabo los ciudadanos se miden relativamente, unos con respecto a otros, y en esa comparación la riqueza de un 10% que ha estado por largo tiempo capturando más o menos el 45% del ingreso nacional, mientras otro 10% debe conformarse con menos del 2%, resulta obscena.
La transacción entre los libremercadistas y sus críticos no resuelve el problema. Sólo una política gubernamental frontal, que signifique un ataque sistemático y en todos los frentes al mismo tiempo, puede torcer significativamente el mapa distributivo 5.
Es mucho lo que falta por hacer en Chile para que el país, sin sacrificar metas satisfactorias de crecimiento, sea mucho más justo socialmente y más democrático en el funcionamiento de sus instituciones.

  1. Eduardo Engel, “La CASEN: pasado, presente y futuro”, La Tercera, Santiago, 24-6-07.
  2. Roberto Pizarro, “Desigualdad: el verdadero riesgo país”, Revista Avance, Santiago, 8-7-07.
  3. Humberto Vega, En Vez de la Injusticia, Ed. Debate, Santiago, 2007. Otros textos recientes sobre la materia son el de Ricardo French-Davis, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, 3ra. Edición, Ed. LOM, Santiago, 2003 y el de Gonzalo Martner, Remodelar el modelo, Ed. LOM, Santiago, 2007.
  4. Eduardo Engel, op. cit. y Andrés Sanfuentes, “La CASEN 2006: buenas noticias”, Revista Asuntos Públicos, Santiago, 11-7-06.
  5. Dos documentos colectivos, de circulación pública, suscritos por parlamentarios, dirigentes políticos y sindicalistas proponen visiones disidentes de la actual política: “Enfrentar las desigualdades” (2005) y, recientemente, “La Disyuntiva” (2007).


Autor/es Jorge Arrate
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 98 - Agosto 2007
Páginas:12,13
Temas Ciencias Políticas, Estado (Política), Socialdemocracia, Sociedad
Países Chile