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Salud, medio ambiente y desarrollo

Los días 28, 29 y 30 de octubre se realizaron en la provincia de Salta las Primeras Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, Ambientales, de Salud y Desarrollo Sostenible en el Noroeste Argentino (NOA). La reunión fue organizada por la Universidad Nacional de Salta y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la participación de un vasto arco de instituciones 1. El papel del Estado y las empresas.

Concebidas como un homenaje a la activista Olga Aredes 2 y a su doble lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos bajo la última dictadura y contra la contaminación ambiental ocasionada por el Ingenio Ledesma (San Martín, provincia de Jujuy), estas jornadas se inscribieron en la problemática de la región Noroeste Argentino (NOA), con el propósito de correlacionar derechos que a menudo sólo tienen una existencia retórica con realidades y prácticas muchas veces muy distantes de las normas. Al mismo tiempo, en un intento de superar la simple "denuncia", se planteó explorar las posibilidades realistas de políticas y acciones alternativas.

Dentro de los temas generales se analizó el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente vigente en los cuatro Estados miembros del Mercosur. Este Acuerdo no es coercitivo, sino enunciativo, ya que marca principios y propósitos generales y promueve el uso de instrumentos tendientes al desarrollo humano y sostenible de la región.

Se advirtió, sin embargo, sobre la existencia de una densa red de tratados internacionales multilaterales, plurilaterales y bilaterales de carácter económico, comercial y financiero que, en muchos casos, subordinan los instrumentos básicos de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Por ejemplo, los 56 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TPPRI) que Argentina firmó con otros tantos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza (todos aprobados por el Congreso argentino, lo que no ocurrió en Brasil con ningún tratado similar), no contienen obligaciones medioambientales a cargo del inversor extranjero.

La normativa vigente sobre medio ambiente en los países miembros del Mercosur podría subordinarse a los tratados internacionales, convertidos en una suerte de constituciones globales con jerarquía a veces igual o incluso pretendidamente superior a las de las constituciones nacionales de los Estados miembros. Dichos acuerdos consagran los "derechos del inversor" en forma amplia y sin exigencias de carácter medioambiental. Es por esta razón que se planteó la necesidad de renegociarlos o eventualmente denunciarlos para hacerlos compatibles con la normativa regional e interna, que garantiza la producción sostenible.

Empresarios responsables

Otro de los temas expuestos en la reunión estuvo relacionado con los derechos humanos y la responsabilidad social empresaria. Se indicó que la empresa es un actor que tendría que insertarse responsable y éticamente en otro marco operativo, con fines más amplios, como "buen ciudadano empresario", promoviendo un desarrollo económico, social y ambiental sostenible. Precisamente, Naciones Unidas ha elaborado una normativa dirigida a la empresa y a su obligación de cumplir con pautas básicas de derechos humanos y protección ambiental. Aun cuando es el Estado el responsable de la garantía de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, la empresa se encuentra inserta en círculos concéntricos de responsabilidad legal, que parten desde la normativa local hasta la nacional, regional, interamericana y universal.

En efecto, anteriormente, la empresa entendía su "responsabilidad" como un acto voluntario que beneficiaba a la sociedad, tal como suministrar medicamentos, construir albergues para niños de la calle o donar alimentos. Pero casos como los ocurridos en Asia y África, donde empresas como Nike, Shell, Levi Strauss y Reebok empleaban niños y adultos en condiciones cercanas a la servidumbre, o donde personal contratado por esas empresas asesinó a personas que manifestaban oposición a su desempeño, dieron nacimiento a un movimiento y una noción titulados "Responsabilidad Social Empresarial" (RSE).

Existe una tendencia y consenso internacional que va llegando a Argentina: las empresas deben realizar una actividad sostenible en lo ambiental, social y económico. Existen estándares que ayudan a educar a la empresa y a medir su impacto en el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como los indicadores de la Global Reporting Initiative 3, la OECD Guidelines 4, las normas AA1000 5 y otras.

Propuestas

¿Qué pasos deben seguirse para avanzar? Primero, reafirmar el papel del Estado como garante de los derechos humanos, que controla y sanciona a las empresas que incumplen sus obligaciones. Segundo, considerar a la empresa inserta en un marco obligatorio de respeto de los derechos humanos. Tercero, alentar la participación activa de la sociedad civil, para educar y diseñar sistemas de monitoreo tendientes a vigilar el cumplimiento de las obligaciones y a favorecer la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Finalmente, y en esto se presentaron experiencias concretas, es posible defender los derechos violados por las empresas mediante la Justicia.

En este sentido el instrumental del Programa Acceso a la Justicia del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), difundido durante las Jornadas, promueve los recursos jurisdiccionales para víctimas de la degradación ambiental, el "cabildeo" para promover políticas públicas favorables al desarrollo sustentable y la capacitación de diferentes actores (sociedad civil, Estado, víctimas de empresas) sobre la relación entre degradación ambiental y la realización de los derechos humanos.

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente es un laboratorio de práctica y reflexión jurídica que trabaja sobre casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con la degradación ambiental, que impactan en el interés público. Los ejes temáticos son, entre otros, la gestión de residuos patógenos, los basurales a cielo abierto y el agua y los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Chacras de la Merced (a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba) la Justicia decretó una medida cautelar que otorgó la provisión de 50 litros de agua potable diarios a favor de cada afectado y una sentencia posterior que obligó al municipio a detener la contaminación del río y los pozos de agua. La resolución igualmente dispuso que la provincia debe proveer 200 litros de agua potable por día para cada familia afectada, hasta la solución definitiva del problema.

El derecho a la información y a la participación así como el derecho de acceso al agua y su gestión a cargo del Estado fueron otros de los temas analizados. Varios expositores se refirieron a cuestiones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y a la relación entre el derecho al trabajo, el derecho a la salud integral, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y el derecho al desarrollo humano y sostenible conforme a los estándares internacionales, con especial referencia a la producción de ciertas empresas en el NOA, como el Ingenio Ledesma en Jujuy y la Trinidad en Tucumán, donde esa relación estructural entre los derechos humanos, "indivisibles e interdependientes", según la Conferencia Mundial de Viena (1993), se encuentra seriamente comprometida.

El encuentro culminó precisamente en la localidad jujeña donde se encuentra el Ingenio Ledesma, con la firma de una "Declaración de Salta y de Ledesma, sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano y Equilibrado, el Derecho a la Salud y el Derecho al Desarrollo Humano y Sostenible." Expresión de un compromiso a la vez gubernamental y no gubernamental, la Declaración fue firmada por los representantes de la Universidad Nacional de Salta y de la Secretaría de Derechos Humanos, por la doctora Olga Aredes y numerosos activistas y representantes de las ONG presentes. Este documento se inspira, entre otros precedentes, en el proyecto de Declaración sobre el tema presentado por la relatora especial sobre el derecho al medio ambiente de Naciones Unidas, M. Ksentini, hace ya diez años, que aún está pendiente de consideración por la Comisión de Derechos Humanos de esa organización mundial. 

  1. Participaron también el Ministerio de Salud de la Nación; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; las Secretarías de Derechos Humanos de Tucumán y de Santiago del Estero; la Universidad Nacional de Buenos Aires; la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); la Asociación AMERSUR; Olga Aredes; Oscar López Goldaracena de la Universidad de la República (Uruguay); Gustavo Masmud de la provincia de Tucumán y movimientos sociales y organismos de derechos humanos del NOA y otras regiones.
  2. Esposa del médico y ex intendente de Ledesma Luis Aredes, detenido y luego desaparecido durante la dictadura militar; organizadora de la manifestación anual conocida como "Marcha del Apagón" en conmemoración de la desaparición de más de treinta activistas de la localidad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, más conocida como "Ingenio Ledesma".
  3. ONG creada en 1999 que trabaja en la elaboración de un estándar, aceptado por las corporaciones empresarias, para  idear una "memoria de responsabilidad social corporativa". En esta "memoria", la compañía respondería a las exigencias externas y daría cuenta de su desempeño social y medioambiental.
  4. Directrices para  proteger a los consumidores de las prácticas empresariales fraudulentas y engañosas, de alcance transfronterizo.
  5. Por ejemplo, admiten el proceso de consulta con la población afectada por el desempeño social y ambiental de una empresa
Autor/es Rodolfo Mattarollo, Alberto J. Sosa
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 66 - Diciembre 2004
Páginas:8
Temas Desarrollo, Medioambiente, Salud
Países Argentina