Acabar con el hambre en el mundo

Desde una perspectiva mundial, europea y nacional el autor propone repensar las políticas agrícolas mundiales con fundamento en tres necesidades básicas: la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y la salvaguardia de las sociedades rurales que preserven la diversidad. Necesidad de esbozar una gobernanza mundial y una nueva política europea cuyo deber principal es acabar con el hambre.

¿Puede tratarse a la agricultura como a cualquier otro sector económico? ¿Hay que abogar por la "excepción agrícola"? ¿Cuál es el objeto de las políticas agrícolas? ¿La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene que aplicar a la agricultura la regla general o elaborar un modo de intervención especial? Un observador que intente responder estas preguntas encuentra pocos interlocutores interesados en hablar de la realidad: los especialistas se dedican a las instituciones; los investigadores, al reajuste de las normas existentes, y muy pocos a la invención de nuevas normas. Profesionales, investigadores, expertos y políticos no pueden sustraerse a la presión que ejercen dos elementos antagónicos: los derechos adquiridos y un cierto pensamiento dominante. ¿Cómo actuar de otra manera que no sea empezando por satisfacer necesidades? ¿Pero de qué necesidades se trata, y por dónde comenzar?

Tenemos que pensar simultáneamente en los aspectos mundial, europeo y nacional; agricultores y sociedad global; producción, sociedades rurales, territorio y medio ambiente. Pensar al mismo tiempo en la unidad del mundo y en la diversidad de sus componentes, en el presente y la durabilidad, en las políticas y la Política. Hay que partir de la realidad, tomar conciencia de los problemas que la sociedad plantea a los agricultores y que éstos deben resolver para dar respuestas, pues se trata de encarar un cuasicontrato social.

Señalemos tres necesidades: la seguridad alimentaria y, en esa perspectiva, el fin del hambre; el respeto por la naturaleza y el examen crítico de los efectos actuales y a futuro de las nuevas prácticas y productos sobre los seres humanos y el medio ambiente; y la salvaguardia de las sociedades rurales, cuyas migraciones pueden alterar el equilibrio demográfico. Las dinámicas de la ciencia y del mercado parecen conducir al incremento de la producción agrícola y permitir a los agricultores vivir de sus inversiones y su trabajo. Pero como esas dinámicas no pueden por sí solas garantizar la seguridad alimentaria de la población ni el presente y el futuro de las sociedades y de la naturaleza, hay que instaurar las regulaciones necesarias. La derogación de las normas de competencia, por más legítima que sea, debe estar justificada; y la carga de la prueba incumbirá a los intervencionistas, a condición de que el "juez" sea objetivo.

Una vez identificadas las necesidades, corresponde al político elaborar una visión que, tomando en cuenta la prospectiva y todas las necesidades, sea considerada como hipótesis y sometida a examen, y que conduzca a una forma de diálogo entre un presente conocido y un porvenir elegido. Nunca sacrificar el segundo por el primero. Se dice que las políticas agrícolas tienen como objetivo seducir a los electores rurales. En realidad, están inspiradas en intereses y estrategias conjuntos.

Así, las decisiones de la Comunidad Europea fueron impuestas por sus déficits alimentarios de inicios de la posguerra, y después por el deseo de no permitir que Estados Unidos ejerciera el monopolio del "poder verde". Para compensar su debilidad industrial, Francia exigió que el Tratado de Roma (1957) sentara las bases de la Política Agrícola Común europea (PAC). La posterior modernización provocó un éxodo rural que favoreció el desarrollo industrial. Por su parte, Estados Unidos alentó la investigación y las inversiones agrícolas. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el gran beneficiario de esta política fue, más que la agricultura, el sector agroalimentario industrial y comercial.

Mediaciones difíciles

En la actualidad los países del llamado Grupo de Cairns gozan de ventajas comparativas (sociales, territoriales, climáticas) que, en el futuro inmediato, les permitirían controlar intercambios y precios mundiales; es por eso que esos países luchan encarnizadamente contra las ayudas que se prestan en Estados Unidos y en la Unión Europea ¹. Pero, en resumen, esas ayudas y garantías frenaron la desaparición de agriculturas útiles y contribuyeron a equilibrar tanto las cuentas como a las regiones, porque consideran a los cultivadores factores de producción, a la tierra como yacimiento a explotar, al medio ambiente como un bien inagotable, a la seguridad alimentaria como un privilegio natural. Hay que poner remedio a la situación mediante la elucidación de algunas alternativas esenciales. Sin pretender resolverlas, esbocemos las posibles mediaciones.

¿Puede el mundo alimentar a los anunciados nueve mil millones de seres humanos? No existe tal seguridad. Algunos factores de producción pueden incrementarse: hay tierras aptas sin cultivar por poner a producir, progresos técnicos y científicos que difundir, investigaciones que proseguir, una capacitación técnica que alentar. Sin embargo, algunos de esos factores se reducen: entre las mejores tierras, están aquellas amenazadas por el aumento de nivel de los océanos, por la urbanización y las grandes obras, por la sobreexplotación, por la contaminación y por la desaparición de bosques que son reguladores climáticos. El desierto devora espacios que ayer eran todavía fértiles. El agua, un bien escaso, se convierte en elemento conflictivo entre irrigación y necesidades "urbanas". Los capitales a invertir en desarrollo no son inagotables, y la agricultura exige grandes inversiones.

A pesar de todo, podríamos permitirnos apostar por la autosuficiencia general si el mundo tuviese la capacidad política de asegurar mediaciones difíciles: entre el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos y el derecho de los comerciantes a abolir las fronteras; entre un planeta explotado por 300.000 mega-granjas industriales y mil millones de empresas agrícolas familiares; entre una ideología mercantil, para la cual todo es simple, y la aprehensión matizada de un mundo natural, social y políticamente complejo.

En efecto, la seguridad internacional depende de un desarrollo equilibrado en el que la naturaleza esté preservada; en el que las inmensas aglomeraciones y los grandes conglomerados no se comuniquen entre sí mediante vías rápidas que atraviesen espacios desolados; en el que las poblaciones menos favorecidas escapen de la miseria para vivir al menos una pobreza digna.

No se descarta lo peor, ya que estamos pasando de la mundialización de intercambios a la globalización de un modelo al cual gran parte del planeta y la mayoría de los seres humanos no sabrían acomodarse. Obligados a una unidad forzada, estamos amenazados por una uniformación que desafía nuestra diversidad. Ahora bien, si las civilizaciones son múltiples, es porque la naturaleza las hizo así. Uniformar es hacer desaparecer capacidades productivas. Es condenar a la desesperanza -que es mala consejera- a cuatro o cinco mil millones de campesinos o habitantes rurales.

El mundo plantea a la agricultura el desafío de alimentar a nueve mil millones de seres y salvaguardar tanto a la naturaleza como a las sociedades rurales. Al aceptar esas responsabilidades, la agricultura desafía a la sociedad globalizada a que la provea de los medios necesarios; desafía a la Unión Europea ampliada a existir como potencia autónoma, capaz de definir y negociar una política agrícola, alimentaria, rural y medioambiental europea que garantice su seguridad y contribuya al equilibrio mundial; desafía a la OMC a definir normas que tengan en cuenta sus caracteres específicos y su infinita diversidad; desafía a la modernidad para que inscriba el presente en el futuro durable. Aceptar esos desafíos no es algo imposible. Esbocemos entonces los principios de una gobernanza mundial y de una política europea.

Nuestra ambición, nuestro deber es acabar con el hambre, sabiendo que, en veinticinco años, las necesidades alimentarias del mundo serán tres veces más importantes de lo que son hoy día. Dado que las sociedades rurales representan a cuatro mil millones de seres, el aumento de la producción agrícola no puede ser encarado olvidando los enormes problemas que causaría un masivo éxodo rural, cuando las ciudades, la industria y los servicios no le abren los brazos.

El desarrollo de la producción agrícola es favorecido por el progreso, pero está amenazado por la disminución de algunos factores productivos. Y no podría ser promovido en ninguna parte del mundo mediante la apresurada aplicación de descubrimientos y la persistencia de prácticas que amenazan el medio ambiente. La seguridad alimentaria es reconocida como un derecho humano y político fundamental; los pueblos tienen por lo tanto derecho a su propia alimentación, y al mismo tiempo debe prohibirse cualquier subvención a la exportación. Hay que asegurar varias mediaciones: entre las dinámicas científica y mercantil y la fragilidad tanto de las sociedades como del medio ambiente; entre la diversidad natural y cultural de las regiones y la unidad para inventar en un mundo pacificado.

Éstos deben ser los objetivos de una gobernanza mundial y de una política agrícola, alimentaria, rural y medioambiental europea. Tanto una como la otra tienen que inventarse. Ellas desafían a una OMC cuya única vocación es favorecer los intercambios, y a una Unión Europea que tiene que construirse como potencia mundial de un nuevo tipo. Como esas exigencias responden a necesidades y amenazas bien probadas, sería moralmente inaceptable, objetivamente absurdo y políticamente peligroso ignorarlas.

1. El Grupo de Cairns está compuesto por diecisiete países: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.