El principal rufián es la policía

El asesinato de la secretaria general de la filial Rosario de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), Sandra Cabrera, el 27 de enero último, es un crimen, uno más, en el que las sospechas recayeron de inmediato en la policía. La reacción gubernamental y la de cierto activismo social indicarían una circunstancia favorable para que algo cambie en la tradicional relación entre poder, policía y proxenetismo.

La muerte violenta de mujeres que ejercen la prostitución se asocia habitualmente con "los gajes del oficio", un "oficio" que el grueso de la sociedad considera al mismo tiempo indispensable, o al menos inevitable, pero a ocultar. Pero en el caso de Sandra Cabrera, en cuyo empuje militante y coraje personal insisten todos quienes la conocieron, la modalidad del asesinato (un tiro disparado por una pistola calibre 32 apoyada en la nuca) y las circunstancias que lo precedieron lo convierten en posible catalizador para revertir una situación de abuso intolerable. En la mira estuvo de inmediato la policía: "Es el mayor proxeneta", acusó Elena Reynaga, secretaria general de AMMAR nacional ¹. En efecto, el asesinato fue la culminación de una escalada de amenazas y agresiones, respuestas a las reiteradas y precisas denuncias de Cabrera sobre extorsiones por parte de la policía a mujeres que ejercen la prostitución callejera, y sobre la responsabilidad policial en la explotación organizada de la prostitución en burdeles clandestinos, cuyos regenteadores prefieren terminar, por razones de competencia, con la prostitución a la vista o ejercida de modo independiente.

El gobernador de Santa Fe Jorge Obeid calificó el asesinato de la secretaria general de AMMAR Rosario como "un quiebre en la historia de la Provincia, que por su gravedad obliga al gobierno a encarar cambios estructurales en la fuerza policial y en la legislación" ². Obeid disolvió de inmediato la división Moralidad, cuya función era precisamente el control de la prostitución en la calle y en clubes nocturnos, y prometió revisar los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas provincial (ver recuadro: "Códigos contravencionales"). En todo caso, resulta novedosa la rápida reacción del gobierno de la Provincia y la del gobierno nacional a través del ministro de Justicia Gustavo Béliz, que envió enseguida al secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Rosario. Novedosa habida cuenta de la indiferencia generalizada que rodeó, por ejemplo, las desapariciones y asesinatos de 32 mujeres, en su mayoría en ejercicio de la prostitución, en la ciudad de Mar del Plata, desde 1996 hasta la fecha, atribuidas durante años a un supuesto "loco de la ruta", que resultó ser un invento policial. Tres de esas desapariciones, investigadas por el juez Pedro Hooft, llevaron a una red constituida por civiles y policías que explotaba a las tres mujeres, además de extorsionarlas con coimas a cambio de "protección" judicial.

También hubo una diferencia cualitativa, originada en cierta reacción pública, visible en las marchas que se realizaron el 5 de febrero en Rosario, la ciudad de Buenos Aires y Salta. Convocadas por AMMAR, estas marchas contaron con la presencia de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde se inscribe AMMAR, organizaciones de derechos humanos, de desocupados, estudiantiles, grupos feministas, partidos políticos. El documento leído en la marcha de Rosario asociaba el asesinato de Sandra Cabrera con la larga lista de crímenes impunes en esa ciudad que llevan el sello del involucramiento o el encubrimiento policial: "los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, las víctimas del gatillo fácil, los presos incinerados en las comisarías", según el documento. Mabel Gabarra, coordinadora de INDESO Mujer (Instituto de Estudios Jurídico-Sociales de la Mujer) de Rosario, señala "un cambio en el tratamiento de la información" respecto de la habitual cobertura mediática de cuestiones policiales, cambio que se reflejó también en la opinión pública. Enrique Font, del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, tambien señala que "ha cambiado mucho la percepción pública, por el aumento del delito y por la fuerte capacidad de organización civil" en la ciudad.

Una vieja rutina

Pero el activismo social movilizado en Rosario ante el crimen de Cabrera recela de la posibilidad de que la policía se investigue a sí misma, suspicacia que lejos de disiparse va en incremento: la disolución de Moralidad no impidió que los miembros de esa división fueran reasignados dentro de la institución policial. El jefe de la policía rosarina, José Manuel Maldonado, a la cabeza de la comisión investigadora del asesinato, concentra múltiples acusaciones en la "historia de impunidad y violencia" que es la historia de la policía de los últimos 20 años. Respecto de los circuitos clandestinos de explotación de la prostitución que desarrollan sin sobresalto sus actividades, indisociables de la trata y tráfico de mujeres del exterior e interior del país (con alto porcentaje de menores explotadas), Maldonado se limitó a decir que clausuraría los locales no habilitados, sin entrar en la cuestión de cómo se logran esas "habilitaciones".

Un interbloque de oposición (socialistas, radicales y ARI), haciéndose eco del reclamo de la CTA, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, propuso la creación en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de una comisión investigadora independiente de 11 miembros, con participación de los partidos políticos con representación parlamentaria, para esclarecer el asesinato ³.

El 1 de noviembre de 2003 los medios nacionales se hicieron eco de la abierta acusación del presidente Néstor Kirchner contra la policía por su involucramiento en el delito. "En la mayoría de los secuestros extorsivos se ha encontrado involucrado personal policial", dijo. La acusación resultó sorprendente por provenir del Presidente mismo, no por su contenido, que desde hacía tiempo formaba parte de las convicciones colectivas, aunque no estén respaldadas por datos y cifras precisas. Pero mientras que los secuestros extorsivos y otros crímenes violentos intimidan e indignan fácilmente a la población, la relación de la policía con la explotación de la prostitución es una rutina que se remonta a los comienzos de la institución policial, y aunque oculta, sabida y aceptada. Albert Londres dedica el capítulo XVI de su Camino de Buenos Aires a "las resoluciones de la policía sudamericana con los cafiches nacionales e internacionales"; ya a fines del siglo XIX "los tratantes compran desde agentes de policía hasta altos funcionarios del gobierno..." según Rafael Ielpi y Hector Zinni; la "trilogía de la trata de blancas" denunciada por el comisario Julio Alzogaray se integra con los municipios, la policía y los rufianes ⁴.

El ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Sain, insistía en la "fuertísima connivencia policial y política" que tienen "secuestros, narcotráfico, robo de autos y prostitución" ⁵. También Enrique Font, de Rosario, establece una fuerte vinculación entre la recaudación policial ilegal y la financiación ilegal de la política: "Los entes encargados de la recaudación del denominado ‘dinero blanco', ‘la legal' o ‘la histórica' (denominaciones que oponen este dinero al ‘rojo', relacionado con crímenes violentos), son la división Moralidad y la seccional. Un comisario responsable de Moralidad o seccional ‘licita' su puesto, es decir, tiene que recaudar determinada suma semanal o mensual. Parte del dinero ingresa a la financiación política, a nivel de senadores o intendentes, según las dimensiones de la ciudad, y vuelve a bajar, incluyendo a integrantes del poder judicial. (...) Cualquier reforma pondría en crisis la propia financiación, o por lo menos reconfiguraría los recorridos del dinero ilegal", apunta Font, quien actualmente ve en el gobernador Obeid las mismas limitaciones con que tropezó su gestión anterior, cuando proyectaba reformas policiales que eran "cajoneadas" por los miembros de su partido, el Justicialista.

La acción de AMMAR y la reacción de organizaciones sociales y políticas registrada a partir de los hechos de Rosario marcan una ruptura y una conciencia social nueva respecto de la gravedad del delito de explotación de la prostitución, que figura en el Código penal. De acuerdo con el sistema abolicionista teóricamente vigente en Argentina, no es delito en cambio el ejercicio individual de la prostitución, que es precisamente lo que el sistema de "protección" policial impide, tanto en la calle como en privado.

"Sin participación de la sociedad no hay verdaderos cambios institucionales", opina Ana González, asesora en derechos comunitarios y género de la Secretaría nacional de Derechos Humanos. Abocada tradicionalmente a las secuelas del terrorismo de Estado, esta Secretaría quiere abrise a la multiplicidad de violaciones actuales de derechos humanos, entre las que reconoce las padecidas por las prostitutas por parte de explotadores y clientes, así como la trata, tráfico y la incorporación de niños y adolescentes a los circuitos clandestinos. En Santiago del Estero, la presencia de una delegación de esta Secretaría está dando lugar a una avalancha de denuncias que amenazan la continuidad del gobierno provincial. En Rosario, ¿podrá la combinación de una voluntad política gubernamental y la maduración del activismo social lograr una investigación que dé no solamente con los autores materiales del asesinato de Sandra sino también con sus mandantes?

1. Página/12, Buenos Aires, 28-1-04.
2. La Capital, Rosario, 29-1-04.
3. El Litoral, Santa Fe, 15-2-04.
4. Véase Albert Londres, El Camino de Buenos Aires, Legasa, Buenos Aires, 1991; Rafael Ielpi y Héctor Zinni, Prostitución y rufianismo, Ed. Encuadre, Rosario, 1974; Julio Alzogaray, Trilogía de la trata de blancas, Rosso, Buenos Aires, 1933.
5. Pagina/12, Buenos Aires, 29-11-03.