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La puja por el manejo de la energía

El autor, que participa del debate energético en Argentina, sostiene que éste forma parte de una tendencia mundial, aunque exacerbado por particularidades internas. Agudo desde la crisis de 2004, se intensifica ante las elecciones de este mes y pone a la sociedad ante una disyuntiva estratégica para el país: optar por una participación estatal integrada a la región o mantener la desregulación de la década de 1990.

Es sabido que desde 2004 a la fecha la demanda de gas natural, de ciertos productos derivados y de electricidad superó a la oferta durante los meses de mayor consumo. Los medios masivos de comunicación y la mayor parte de las apariciones públicas de los referentes políticos y de economistas parecieron agotar el debate, restablecido ahora por las elecciones.

A primera vista, la sociedad argentina parecería contar con una interesante variedad de nuevos proyectos energéticos. Un análisis más abarcador, es decir político además de meramente técnico, demuestra lo contrario. Al margen de pensar si tantos "megas" (megawatts) son compatibles con las tasas de crecimiento económico, si las energías renovables convienen más que la nuclear, etc., conviene pensar las plataformas energéticas desde otra óptica. Una mirada que, enfocando la cuestión desde la vilipendiada seguridad jurídica y energética de la sociedad, identifique los grandes intereses y actores en pugna. A saber: renta, Estado y mercado; modelo productivo o exportador de commodities.

El partido político empresario

A pesar de haber satisfecho la casi totalidad de sus aspiraciones políticas, impositivas, fiscales y de provisión de hidrocarburos, autorizadas por la continuidad de leyes y decretos del gobierno de Carlos Menem, pero también como respuesta defensiva a la creciente regulación estatal 1, las compañías energéticas (distribuidoras, generadoras, servicios públicos, transportadoras y productoras de petróleo) no cejan en su propósito de ir por más. Valiéndose de un selecto equipo de "especialistas" -en su abrumadora mayoría ex directivos de empresas estatales y/o ex funcionarios del sector 2- y con el objetivo de alcanzar la rápida implementación de medidas que consideran pendientes, presionan desde de su "propio partido", desde la mayoría del espectro político opositor de derechas.

Entre sus objetivos de mínima: aumentar las tarifas de los combustibles líquidos y la electricidad; incrementar (o dolarizar) el precio del gas en boca de pozo y eliminar las retenciones a las exportaciones de crudo y derivados. Entre los de máxima: renegociar automáticamente sus contratos; reponer las reglas básicas de organización del mercado de electricidad y gas natural previstos en los marcos regulatorios de los '90; promulgar una nueva ley de hidrocarburos a imagen y semejanza de la legislación minera vigente 3; controlar el mercado de importación de hidrocarburos y productos derivados; cancelar los acuerdos energéticos con Venezuela y Bolivia y anular la molesta y progresivamente poderosa competencia de ENARSA.

Resulta por demás ilustrativo citar la posición del ingeniero Carlos Bastos, secretario de Energía y de Obras Públicas del primer gobierno de Menem (1991-1996) y ministro de Infraestructura de la Alianza (2001), respecto de la política energética del gobierno de Néstor Kirchner. Bastos, que también fue director ejecutivo de Enron América del Sur (2000), y fue investigado por enriquecimiento ilícito (sumario 5.926/04, juzgado federal 11), además de procesado por presunta malversación de caudales públicos (sumario 9.040/02) 4 resume la política energética kirchnerista como de intervención "en la operación de los mercados, subsidio al sector eléctrico y la creación de los fondos fiduciarios para costear nuevas inversiones en gasoductos y ampliaciones del sector eléctrico". Medidas que "no han hecho más que sacar de su tumba al fantasma del Estado empresario, cuyo hedor (sic) se condensa en las actuales sospechas de corrupción que pesan sobre algunos funcionarios (del actual gobierno)" 5.

Fiel a su estilo, el autor intelectual de las privatizaciones de SEGBA y Gas del Estado y testigo en tres de las empresas que demandaron al Estado ante el CIADI 6, plantea como alternativa correcta "tratar de recrear condiciones de mercado que permitan que vuelvan las inversiones del sector privado, (previa aplicación de) tres medidas: llevar los precios y las tarifas a su real valor; crear un mecanismo de subsidios transparentes para los sectores de menores recursos y elaborar un sistema de garantías que disminuya a los inversores el riesgo del cambio de reglas en el futuro. No obstante, el Gobierno será reacio a seguir este camino. Primero, por razones ideológicas: descree de los mecanismos de mercado. Segundo, porque el aumento de precios y tarifas tendría un elevado costo político en un año electoral" 7. Esta concepción tiene fuerte recepción en las fuerzas de la mayoría del arco opositor.

Para el ex ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, "los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos y concesiones deben asegurar la estabilidad jurídica y tributaria, asignando la responsabilidad regulatoria a entes federales". El PRO de Mauricio Macri, por su parte, propone dar continuidad a los marcos regulatorios 24.065 y 24.076 de los '90. Es decir que las reglas básicas de organización del mercado de la electricidad y de gas natural sean asignadas por el mercado. El rol del Estado es el mismo propuesto por Daniel Montamat: simple ente regulador, con el agravante, en el caso del PRO, de que la función de contralor se estaría provincializando. En materia de hidrocarburos, "el sector debe contar con un marco legal que consolide la desregulación de la industria (...). Debe mejorarse la competencia en el mercado de combustibles, combatiendo al mercado informal y activando el negocio de oportunidad del mercado externo. Debe revisarse el régimen tributario sobre los combustibles, que introduce distorsiones en el parque automotor y en el proceso de refinación por la baja carga impositiva del gasoil, en relación con las naftas". De estas líneas se desprende, en primer lugar, la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que consolide las políticas neoliberales de los '90. En segundo lugar el aumento de tarifas para los derivados de petróleo y la elaboración de una legislación volcada a su exportación. Cabe aclarar que el PRO se opone a la retención a las exportaciones de crudo (45%) y a la de productos derivados (5%). En relación al gasoil, el problema es el alto consumo interno y no la libre refinación de productos derivados, es decir, la libertad de las refinerías (Shell, ESSO, Petrobras y Repsol-YPF) para elaborar productos en función de las exportaciones y no del mercado interno. En opinión del asesor del PRO en materia de energía, ingeniero Emilio Apud, "el sistema de intervención estatal ya lo tuvimos y no funcionó" 8.

Lavagna y la crisis

El plan energético de la fuerza política opositora de Roberto Lavagna, aunque concreto, adolece de serias contradicciones y fallas. Elaborado por Gustavo Bianchi, ex director de Tecnología de Repsol-YPF y ex investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, su base es la diversificación de la matriz eléctrica, con una planificación para los próximos 10 años y en función de un crecimiento de la potencia instalada del 25% entre 2007 y 2011. Para ese año, el plan propone alzarse con la siguiente composición de la matriz: 48% de hidrocarburos, 40% hidráulica, 7% nuclear y 5% renovable. Visto que la configuración de la matriz a diciembre de 2006 indicaba las siguientes participaciones por fuentes primarias: 41% hidroelectricidad, 52% termoeléctrica y 7% nuclear, el plan prevé mantener el aporte nuclear e hidráulico y disminuir el porcentaje de combustibles fósiles a expensas del aumento de las fuentes renovables. Algo lógico, dado que los tiempos de construcción de nuevas centrales nucleares y represas no permite finalizarlas para 2011. Pero al margen de la propuesta técnica -como dijimos, lógica- el autor, candidato a ocupar la cartera de energía de Lavagna, opina que la "crisis energética que el país está advirtiendo hoy comenzó en realidad en el año 2004" 9. Asimismo, atribuye a las "malas políticas del Estado" el estancamiento o el descenso desde 2002 de "la producción, capacidad instalada y reservas de petróleo, gas y energía eléctrica" 10. Al afirmar que la crisis comenzó en 2004 se está avalando indirectamente el proceso de desregulación del sector energético de los '90. Presunción confirmada por el mismo Bianchi al señalar que el Estado es "ineficaz, incapaz de planificar, ejecutar y cumplir objetivos" 11.

Establecer como punto de partida del descenso de las reservas de petróleo y gas el año 2004 es un engaño. En primer lugar, y en base a datos de la Secretaría de Energía (SE), las inversiones exploratorias (las únicas capaces de aumentar las reservas), cayeron un 80% entre 1989 y 2004. En materia de construcción de gasoductos, entre 1990-1999 la totalidad de los construidos (9 en total) se destinaron a la exportación. Pero muy a pesar de estos datos, Bianchi propone "inversiones fundamentalmente privadas" como "combustible" de su plan. La experiencia de los '90 indica que resulta imposible edificar un plan energético cuyo principal afluente de capital resulte el sector privado.

Contra la integración

La postura del conservadurismo argentino frente al irreversible proceso de integración energética entre Argentina, Bolivia y Venezuela -aunque coincidente- supera la del binomio partidocrático estadounidense. En Argentina, la líder del ARI, Elisa Carrió, tilda de dictatorial y neofascista al modelo bolivariano y como fascista al presidente Hugo Chávez, al que acusa además de ser funcional al gobierno de Estados Unidos 12.

Por su parte, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, rechaza los acuerdos energéticos suscriptos con Bolivia y Venezuela y los califica de competidores comerciales 13. Según el neuquino, Chávez representa "una amenaza sobre la soberanía energética de Argentina" 14.

¿Amenaza para la Argentina o para las transnacionales que operan en su provincia? La única amenaza a la soberanía energética argentina radica en la sistemática caída de la extracción y la sobreexplotación del principal yacimiento gasífero del país: Loma de la Lata, en Neuquén. Desde que Sobisch asumió la gobernación se registra una merma significativa del horizonte de reservas de gas natural y petróleo, en mayores proporciones con respecto a la media nacional.

Conociendo, como seguramente conocen, el crítico panorama de reservas, agravado por el crecimiento del consumo y la dependencia hidrocarburífera de nuestra matriz, ¿cómo pueden exigir distanciarse de la potencia petrolera número uno del globo y séptimo productor mundial, aliada estratégica de su país?

Los empresarios y partidos políticos de derechas anhelan regresar a la total desregulación integral de la industria petrolera, gasífera y eléctrica. Desean el regreso a un sistema que para funcionar y regularse dependa exclusivamente de las señales de precios del mercado.

En estas elecciones, dos modelos energéticos se batirán a duelo. Uno, el oficial, que avanza tibia y muchas veces en forma contradictoria para recobrar la tradición del Estado empresario, propietario, operador y regulador del sistema energético. Otro, el opositor, que persiste en profundizar el modelo del mercado empresario, propietario, operador y regulador del sistema energético, reservándole al Estado el papel de simple regulador y contralor del sistema.

Si al momento de elegir nuevo Presidente la sociedad "piensa" la energía en estos términos, los únicos que se ofrecen, mucho se habrá ganado en condiciones objetivas para instaurar un modelo energético favorable a la defensa de la seguridad jurídica y energética del país. La gran ventaja: no hace falta utilizar el "sentido nacional" para oponerse al lobbysmo, al neoliberalismo del siglo XXI. El ostensible desastre que las reformas estructurales iniciadas en 1989 causaron al país hacen que el "sentido común" alcance y sobre para un análisis crítico.

  1. Por ejemplo: control de precios, negativa a la renegociación automática de contratos, proyecto de ley de Servicios Públicos de 2004, ENARSA como socia obligada en las nuevas áreas exploratorias, disminución de las exportaciones de gas natural y crudo, gestión estatal de las nuevas centrales térmicas licitadas, las andanzas del secretario de Comercio Interior con la ley de abastecimiento, etc.
  2. Si bien es un fenómeno de larga data, el lobby impulsado por particulares se ha exacerbado como consecuencia del retiro del lobbista número uno: el FMI. Federico Bernal, "La tarea de lobby", Página/12, Buenos Aires, 23-9-07.
  3. Nicolás Gutman, "Inversiones mineras en Argentina", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2007.
  4. Clarín, Buenos Aires, 14-5-05.
  5. La Nación, Buenos Aires, 31-5-07.
  6. AES, una energética estadounidense; Camuzzi, una gasífera italiana, (Clarín, Buenos Aires, 14-5-05) y El Paso Energy (Página/12, Buenos Aires, 15-5-05).
  7. La Nación, Buenos Aires, 31-5-07.
  8. Pagina/12, Buenos Aires, 21-10-04.
  9. El Inversor, 18-06-07.
  10. www.presidentelavagna.com
  11. El Inversor, 18-06-07.
  12. Venezuela Analítica, 18-9-06.
  13. Neuquén Hoy, Neuquén, 5-4-06.
  14. Neuquén Hoy, Neuquén, 11-1-07.
Autor/es Federico Bernal
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 100 - Octubre 2007
Páginas:8,9
Temas Desarrollo, Mundialización (Economía), Estado (Política), Geopolítica
Países Argentina