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Recuadros:

México, policía de Estados Unidos

El 22 de octubre pasado, el presidente George W. Bush dio otro paso en su plan de correr la frontera de su país un poco más hacia el sur y de relocalizar sus conflictos en otros territorios. La “Iniciativa Mérida”, un programa de cooperación para luchar contra el crecimiento del narcotráfico y la narcoviolencia, apunta también, al igual que el “Plan Colombia”, a la inmigración ilegal y a la criminalización de las protestas sociales.

El mandatario estadounidense pidió al Congreso un presupuesto de 550 millones de dólares, como "financiamiento de emergencia para otras actividades críticas de seguridad nacional", entre las que mencionó la "asistencia vital a nuestros socios en México y Centroamérica, quienes están trabajando para vencer a los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y detener el tráfico humano. Todas esas son prioridades urgentes de Estados Unidos, y el Congreso debe financiarlas sin demora" 1.

La partida se presentó como anexo de una propuesta por 46.000 millones de dólares para sostener las intervenciones militares en Afganistán e Irak. Todo un símbolo: para Washington, las relaciones con México  son una pieza más del rompecabezas bélico global. La guerra sigue siendo el poder constituyente desde el que quiere trazar la nueva geografía planetaria. El método también  anticipa cómo se van a manejar las cosas: el anuncio de la iniciativa fue unilateral, a pesar de que se trata de un programa binacional.

El proyecto de cooperación fue bautizado como "Iniciativa Mérida", aunque durante meses se habló de la propuesta de colaboración como "Plan México", un título que evocaba, negativamente, al Plan Colombia. Se lo quiere pues presentar como el producto de la reunión efectuada en la ciudad mexicana de Mérida (Yucatán) entre los Presidentes de Estados Unidos y México en marzo de 2007.

Aunque en Estados Unidos la noticia tuvo un perfil bajo, en México provocó un gran revuelo mediático. Legisladores estadounidenses se quejaron de no haber sido consultados. Las Cámaras de Senadores y Diputados de México convocaron a la Canciller para que explique los compromisos asumidos por el gobierno mexicano. 

Cosecha sangrienta 

La cabeza cercenada de Mario Núñez Magaña, comandante de la Policía Federal Preventiva de Acapulco, apareció frente a las oficinas de la secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Guerrero. Era el 20 de febrero de 2006. Un mensaje escrito advertía: "Para que aprendan a respetar". No ha sido la única decapitación de la temporada. Cabezas sin cuerpo han aparecido en otras ciudades mexicanas.

El macabro espectáculo es parte de la guerra entre los más poderosos cárteles de la droga de México, que se disputan las plazas y las rutas de trasiego de las drogas. Sus principales víctimas son sicarios o policías al servicio de las organizaciones criminales.

Según el gobierno mexicano, existen siete grandes grupos de narcotraficantes. Los más importantes, del Golfo, de Sinaloa y de Juárez, están implantados en casi todo el territorio nacional. Recientemente han pactado alianzas entre sí. El cártel de Juárez acordó con el del Golfo. Varios otros más se asociaron en "La Federación".

Mientras tanto, la violencia es incontenible. En los primeros 10 meses de 2007 se produjeron 2.113 "ejecuciones". En 2006 la cifra de muertos también había superado los 2.000. En lo que va de este año fueron asesinados 220 miembros de las fuerzas de seguridad. Cinco estados, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Sonora, concentran los mayores índices. Las bandas han reciclado viejos cultos para honrar a sus muertos. Monterrey, la capital del rico estado de Nuevo León, es sede de una de las más cruentas luchas entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa. Abundan las ejecuciones, balaceras y secuestros. Desde hace tres meses, a 16 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sobre la carretera que va de esa ciudad a Nuevo Laredo (Tamaulipas), aparecieron 21 altares dedicados a la Santa Muerte. En las capillas hay flores, mensajes, tabaco, botellas de licor, rezos, velas encendidas, efigies, fotografías y cuadros de la Santísima Muerte 2.

 Dinero o plomo 

México es un importante productor de drogas y territorio de paso para su distribución en Estados Unidos. Es el principal abastecedor de marihuana y uno de los más importantes proveedores de metanfetaminas. Aunque su producción de heroína es relativamente pequeña, suministra una parte importante de la que se consume en el país del norte. El Departamento de Estado estima que el 90% de la cocaína que se vende en aquel país llega a través de México.

La cocaína se vende en Colombia a 2.500 dólares el kilo. En México alcanza un precio de 8.500 dólares. Al pasar la frontera con Estados Unidos sube a 12.000 dólares. En los mercados de Nueva York y Los Ángeles llega a 40.000 dólares.

El narcotráfico en México ha cambiado en las últimas dos décadas. Ahora, los cárteles no sólo buscan protección, sino también poder político. Si antes negociaban en una relación de subordinación frente a la autoridad, hoy son capaces de fijar reglas en temas económicos, sociales y políticos. En 1989 se produjo un cambio importante en el modelo de relación entre los cárteles dominantes de la droga -los de Cali y Medellín- y sus socios mexicanos. Hasta entonces, los colombianos pagaban por protección a los mexicanos con dinero. A partir de esa fecha el pago comenzó a hacerse con droga. Se modificó así la dinámica de operación de los mexicanos, que no tenían mucho personal en su infraestructura. La necesidad de comercializar la droga los hizo crecer. A partir de ese momento, México dejó de ser un país de tráfico para convertirse también en uno de consumo 3.

Los cárteles colombianos y mexicanos lavan anualmente en México entre 8.000 y 25.000 millones de dólares 4. Sus ganancias los obligaron a poner en práctica un nuevo esquema de lavado, invirtiendo en una gran cantidad de negocios. El dinero del narcotráfico en actividades lícitas provocó que diversos segmentos de la sociedad se beneficiaran, con mejores precios y condiciones de financiamiento. Ese derrame generó redes de complicidad. Según el National Drug Intelligence Center, quienes dominan el mercado de la droga en Estados Unidos son los cárteles mexicanos. Pero de acuerdo con José Luis Vasconcelos, subprocurador General de la República de México en 2006, son los colombianos quienes mantienen el control del tráfico. El 19 de enero de este año, el gobierno mexicano dio a conocer la extradición de 15 presuntos delincuentes, entre los que se encontraban importantes capos. Entre enero y agosto de 2007 el número de extradiciones llegó a 64, aunque la controvertida medida violentó el marco legal establecido.

Para afrontar el desafío, las dependencias gubernamentales encargadas de enfrentar el comercio de estupefacientes cambiaron sus esquemas de operación. La estructura de la Procuraduría General de la República se modificó. La participación de las Fuerzas Armadas se incrementó, creándose incluso áreas especializadas. Se formó la Policía Federal Preventiva y las autoridades de los gobiernos estatales y municipales tienen ahora mayores funciones en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación e intercambio de información con la comunidad internacional creció. Simultáneamente se modificó el sistema de justicia penal y los procesos penales. Se destinaron más recursos humanos, materiales y financieros. Sin embargo, los resultados fueron escasos. Armados con dinero y plomo, los narcotraficantes penetraron significativamente áreas clave del Estado mexicano.

 El muro virtual 

George W. Bush describió la frontera con México como "peligrosa" y anunció la construcción de un nuevo muro. "Tenemos una cerca -dijo- pero vamos a tener una valla virtual cuando traigamos tecnología y los mejores agentes para custodiar la frontera, por la que lo mismo cruzan almas inocentes que sólo vienen a buscar trabajo, que gente que busca pasar drogas" 5. Para levantar ese nuevo muro Washington gastará 139 millones de dólares. Aviones sin piloto, cámaras infrarrojas y 12.500 agentes fronterizos vigilarán el territorio del país de la Estatua de la Libertad. Una barrera de 12 kilómetros se construirá cerca de la ciudad de San Diego; otras ciudades se protegerán con mallas.

La nueva valla forma parte de una política que hace de la cuestión migratoria un asunto de seguridad nacional, y de los indocumentados, criminales. En los últimos 13 años, desde que entró en funcionamiento la llamada "Operación Guardián", más de 4.000 indocumentados mexicanos han muerto buscando entrar a Estados Unidos. Ahogados, o muertos de sed y calor en el desierto, muchos cadáveres siquiera alcanzan la dignidad de un nombre y son, apenas, una cifra más en la contabilidad de las víctimas. Otros mueren de distinta manera. Como José Alejandro Cruz, muerto a balazos. Lo asesinó un agente de la Patrulla Fronteriza, en El Paso, Texas, el 8 de agosto pasado. Tenía 23 años de edad y era obrero de la maquila. Su delito fue no tener papeles y reclamar la liberación de una mujer, a punto de ser deportada, que la guardia tenía detenida.

México, asegura el Banco Mundial en su Reporte mundial 2006: equidad y desarrollo (en el que, probablemente por modestia, no reconoce la enorme responsabilidad que tiene en la hazaña), es la primera nación expulsora de mano obra en el mundo: 2 millones de personas en el quinquenio 1995-2000. El promedio anual de inmigrantes indocumentados que se dirigen a Estados Unidos es de casi medio millón.

El caso de José Alejandro Cruz es un ejemplo más del pasmo del gobierno mexicano a la hora de defender a sus connacionales en Estados Unidos. Justamente, la Iniciativa Mérida pretende que ese trabajo "sucio" se haga del lado mexicano. A más de 3.000 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos, en Tenosique, Tabasco, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños reciben de la policía mexicana un trato similar al que los mexicanos padecen en Estados Unidos. El 14 de agosto pasado, elementos de la Policía Federal Preventiva y agentes de migración, con el apoyo del ejército, arremetieron contra cerca de 3.000 centroamericanos. Estaban varados en comunidades como Faisán Vía, porque el ferrocarril Chiapas-Mayab suspendió el servicio, luego de que la empresa Genesse & Wyoming se declarase en quiebra. Los agentes de migración quemaron las pequeñas carpas en las que los indocumentados acampaban, mientras les disparaban para evitar que huyeran. Los detenidos fueron golpeados y sus escasas propiedades hurtadas. El drama de los migrantes centroamericanos es más grave del que viven los mexicanos en Estados Unidos. Antes de llegar a su destino final deben atravesar México, sufrir penurias extremas, extorsión de las policías y exponerse a asaltos y a violaciones las mujeres.

Los conflictos armados en la región; los efectos devastadores de los huracanes Match y Stan registrados en 1998 y 2005 y la crisis en los precios del café a partir de 1989 propiciaron el desplazamiento de refugiados hacia México. Entre 2000 y 2006 fueron expulsadas de México más de 1.200.000 personas. Al menos 314 inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras han muerto este año en su paso por México o en Estados Unidos.

En su frontera sur, el gobierno mexicano ya le hace el "trabajo sucio" a la administración Bush. Se ha convertido en su policía: mete en la cárcel a quienes prestan ayuda a los migrantes mientras sus gendarmes se ceban sobre los indocumentados centroamericanos. En eso consiste la Iniciativa Mérida; en acentuar y sofisticar el trabajo sucio en las dos fronteras, dejando el problema, en lo posible, fuera del territorio de Estados Unidos.

 Militarización de la política

 Felipe Calderón comenzó su sexenio, en 2006, con una parada militar. Transcurridos 11 meses desde que el nuevo inquilino de Los Pinos asumió el cargo, lo que sobresale de su mandato es su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las Fuerzas Armadas como telón de fondo. El pasado 3 de enero, en Apatzingán, durante su primera actividad pública del año, Calderón se hizo retratar con uniforme de campaña, con una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional.

Acosado por manifestaciones ciudadanas que impugnaron su triunfo electoral, el Presidente mexicano desea romper su aislamiento social y carencia de legitimidad utilizando como pretexto la guerra al narcotráfico. Desde el inicio mismo de su mandato, Calderón ha pretendido hacer del ejército su principal sostén, enviando mensajes de dominio y disciplina. Cerca de 24.000 soldados y policías federales han sido enviados a nueve estados para enfrentar a los cárteles. La medida, aunque efectiva para hacer creer a la opinión pública que el enfrentamiento va a fondo, ha tenido escasos efectos prácticos relevantes.

Ciertamente, la guerra contra el narcotráfico existe, pero no se trata sólo de un choque entre el Estado y el crimen organizado, sino de un grave enfrentamiento dentro del Estado mismo. Para muestra, un botón: al llegar a la zona de operaciones, lo primero que hacen los militares que participan en operativos contra los cárteles es detener y desarmar a la policía. Ésta es apenas una pálida muestra de la penetración del narcotráfico en las instituciones, a la que el ejército no escapa. La guerra, sin embargo, ha sido claramente utilizada para tratar de disuadir las expresiones de descontento popular.

Por lo demás, la fortaleza del ejército ha sido cuestionada por el secretario de Defensa. A fines de octubre pasado, el general Guillermo Galván Galván advirtió a los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que los equipos y materiales de guerra de las Fuerzas Armadas son obsoletos. Según él, lo único que sirve es el armamento y los vehículos y aviones que se ven en el desfile militar del 16 de septiembre. Las comunicaciones del ejército están atadas a Telmex y satélites privados. "Si quieren, nos espían", advirtió Galván, quien solicitó una ampliación de 3.100 millones de dólares al presupuesto del ejército para adquirir aeronaves, renovar la flotilla de Hummers y cambiar los radares, que actualmente sólo funcionan tres horas al día 6.

 Reformas de seguridad 

El Programa de Cooperación contra el Crimen Organizado, también conocido como Iniciativa Mérida, tiene vínculos con tres instancias de cooperación regional: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN); el Comando Norte y el Plan Antinarcóticos de la Frontera Suroeste. El ASPAN busca establecer una alianza estratégica regional para fomentar la competitividad y la seguridad de la región. Tiene como antecedentes el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, México, Estados Unidos y Canadá) y la propuesta de instrumentar un TLCAN plus.

Hasta el momento se han efectuado tres encuentros en el marco del ASPAN. Sus Declaraciones Conjuntas establecen compromisos para el mejoramiento de la seguridad fronteriza, la seguridad aérea y marítima, la creación de un modelo común para enfrentar amenazas extrarregionales, y alianzas en materia de información e inteligencia. Desde su primer reporte planteó la necesidad de un acuerdo trilateral en materia de seguridad.

En 2002, en el contexto de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos procesó una de sus mayores reformas en el ámbito de la seguridad. Entre los cambios operados se encuentra el establecimiento del Comando Norte, las modificaciones al Centro de Comando de las Fuerzas Conjuntas y la fusión de comandos estratégicos y espaciales. El Comando Norte tiene como antecedente un acuerdo firmado con Canadá, en virtud del cual se creó el Comando Sur, responsable de proteger la zona en los planos comercial, de vigilancia fronteriza, de colaboración tecnológica e informativa y de coordinación de los servicios de inteligencia y espionaje.

En 2002 las Fuerzas Armadas mexicanas establecieron que no se involucrarían en el Comando Norte. Sin embargo, reciben entrenamiento militar en Fort Bragg y Fort Benning, en Estados Unidos. La Fuerza Aérea ha obtenido tecnología para el desarrollo de una plataforma de vigilancia aérea, y la Armada, fragatas destructoras 7.

Distintos analistas han señalado que como resultado de esta influencia, México ha creado cuerpos policiales a semejanza de la Oficina Federal de Investigación (FBI); ha formado cuerpos especiales del ejército y ha establecido instrumentos legales como la Ley de Seguridad Nacional.

El Plan Antinarcóticos de la Frontera Suroeste fue diseñado por un grupo al mando del Departamento de Seguridad Interior, la Oficina Antinarcóticos y el Departamento de Justicia. Aunque funciona desde 2006, su existencia apenas fue dada a conocer en octubre de este año. Entre sus prioridades se encuentra establecer un acuerdo para que oficiales de Estados Unidos aborden embarcaciones con bandera mexicana que se encuentran en aguas internacionales sin necesidad de un permiso específico del gobierno de México. También fijar un programa de monitoreo aéreo de la frontera, suspendido por desacuerdos mutuos relativos al estatus de los operadores.

Un reporte del Congreso de Estados Unidos señala que la operación y estrategia del plan no había sido consultada con México. Asimismo, consigna una queja del Departamento del Tesoro acerca de los impedimentos que la ley mexicana impone a las autoridades estadounidenses para el decomiso de bienes financieros. Menciona además un conjunto de recomendaciones de la oficina de narcóticos de la embajada de Estados Unidos en México, que concuerdan con los lineamientos de la Iniciativa Mérida: asistencia en infraestructura, entrenamiento, coordinación militar y apoyo aéreo para decomiso y monitoreo. Por último, establece la prioridad central del Pentágono: la participación del ejército mexicano en un esquema de cooperación que pase de la fase actual de entrenamiento y disposición de equipo a la de coordinación, que en la doctrina se conoce como interoperabilidad de los cuerpos militares 8.

  1. La Jornada, México, 23-10-07.
  2. El Universal, México, 23-10-07.
  3. Simón Vargas Aguilar, "¿Narcoestado o auge del narcotráfico?", La Jornada, México, 23-9-06.
  4. Collen W. Cook, Mexico's Drug Cartels, CRS Report for Congress, Washington, 16-10-07.
  5. La Jornada, México, 30-11-05.
  6. La Jornada, México, 10-10-07.
  7. L. Carlsen, "El Plan México...", CIP, México, 9-10-07.
  8. "Report to Congressional Requesters. Drug Control"; United States Government Accountability Office (GAO), Washington, agosto de 2007.

La “Iniciativa Mérida”

Navarro, Luis Hernández

Presentada como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”, la Iniciativa Mérida responde a los esquemas establecidos en el marco del Plan Antinarcóticos de la Frontera Suroeste, el Comando Norte y el ASPAN. El paquete erogará aproximadamente 1.400 millones de dólares durante tres años. El porcentaje es 10 veces superior al promedio de asistencia estadounidense en ese rubro durante los últimos años. Hasta ahora, México se encontraba entre los 15 países a nivel mundial que reciben más ayuda militar y policial de su parte, y en cuarto sitio en el hemisferio, luego de Colombia, Perú y Bolivia. Sin embargo, de ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos se convertirá en el programa de cooperación antidrogas más grande en el hemisferio, después del Plan Colombia.
La iniciativa contempla el establecimiento de programas de capacitación de fuerzas antidrogas en México; el fortalecimiento de algunos aspectos del sistema judicial y una mejora de las telecomunicaciones; el uso de tecnologías avanzadas, como el monitoreo del aeroespacio y las vías marítimas. “Estrategia antinarcóticos y antiterrorismo” absorberá 306 millones de dólares. “Seguridad pública”, 56 millones; “Construcción de instituciones y Estado de derecho”, 100 millones. El gobierno mexicano recibirá 10 aeronaves y vehículos blindados.
El plan podría incluir la participación de contratistas militares privados estadounidenses para la capacitación de efectivos mexicanos en el uso de nuevas tecnologías 1. Funcionarios de ambos países han reiterado que no contemplan que tropas o agentes estadounidenses realicen operaciones en México. Sin embargo, la DEA, el FBI y otras agencias tienen ya presencia en México.
En una reunión con Diálogo Interamericano, Stephen Johnson, subsecretario del Departamento de Defensa, vinculó este acuerdo, en términos estratégicos, con la amenaza que Estados Unidos y algunos aliados atribuyen a la Venezuela de Hugo Chávez y a los gobiernos de Ecuador, Bolivia o Nicaragua 2.

Someter al ejército. Al colocar el combate contra las drogas y la delincuencia en territorio mexicano como una de las “necesidades críticas” de la seguridad nacional estadounidense, el Plan México abre las puertas para que actúen impunemente y sin control agentes de su vecino del norte. Estados Unidos, no puede olvidarse, ha utilizado mecanismos de cooperación bilaterales para realizar acciones de espionaje, intervenciones encubiertas en la vida política y chantajes diplomáticos en muchos países y ocasiones.
El plan busca someter al ejército mexicano a los dictados del Pentágono. Hasta ahora, las fuerzas armadas mexicanas mantienen una doctrina militar propia, atravesada por el nacionalismo.
La iniciativa compromete a México con la persecución de los migrantes centro y sudamericanos y, muy probablemente, con el hostigamiento a sus ciudadanos que quieren cruzar la frontera indocumentados.
Es significativo que el plan abarque, sin distinción, narcotráfico, inmigración ilegal y “terrorismo”, con lo que se abre la puerta para que, bajo el pretexto de la lucha contra la inseguridad, se limiten los derechos humanos y se criminalice la protesta social.
El acuerdo fue negociado al margen del Congreso y de la opinión pública mexicanos. Fue presentado como un hecho consumado.
Falta aún que se discuta en el Congreso de Estados Unidos. El debate puede atorarse allí, precisamente porque la iniciativa fue presentada en el marco de una propuesta bélica de más largo alcance y en las cercanías del cambio de inquilino en la Casa Blanca. Mientras tanto, una de sus consecuencias ha sido el rebrote de una actitud antiestadounidense en no pocos mexicanos.

  1. Dallas Morning News, 1-10-07.
  2. El País, Ed. Internacional, México D.F., 21-10-07.


Autor/es Luis Hernández Navarro
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 101 - Noviembre 2007
Páginas:8,9
Temas Política, Geopolítica
Países Estados Unidos, México