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Antiterrorismo

Las frágiles democracias de América Latina, que tienen vivos en la memoria los recientes regímenes de terror escudados en el objetivo de la defensa de la libertad, asisten consternadas a la instauración de prácticas que se deslizan hacia el terrorismo de Estado en países que se presentan como modelos del respeto a las libertades y derechos. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos y Europa se han sancionado leyes que agrandan el papel de la policía y reducen libertades civiles. ¿Un triunfo del terrorismo?

El terrorismo constituye una forma de lucha particularmente abyecta, puesto que sus víctimas son civiles no combatientes. Ninguna causa, por justa que sea, justifica el recurso a ese despreciable método. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, al igual que los más recientes de Casablanca, Ryad, Estambul, Moscú, Haifa o Jerusalén, sólo pueden despertar repugnancia y aversión. Del mismo modo que el empleo por ciertos gobiernos del “terrorismo de Estado” a manera de represalia.
Conmocionadas por los ataques del 11 de septiembre, tan violentos como inesperados, las autoridades de numerosos países se apresuraron a promulgar leyes que definen nuevos crímenes, prohíben ciertas organizaciones, limitan las libertades civiles y reducen las garantías contra las violaciones a los derechos fundamentales 1.
El primero en adoptar ese tipo de medidas fue Estados Unidos. El 26 de octubre de 2001 el Congreso aprobó una ley bautizada oportunamente Patriot Act (Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) 2. Esa ley otorga poderes excepcionales a la policía y a los servicios de informaciones, reduce el papel de la defensa y pone en tela de juicio el habeas corpus, que garantiza las libertades individuales. Además, autoriza la detención, la deportación y la incomunicación de los sospechosos, mientras que las autoridades pueden encarcelar por tiempo indefinido a cualquier extranjero. Por último, suprime cualquier trámite judicial para proceder a allanamientos, escuchas telefónicas, controles de correspondencia postal y de comunicaciones vía internet.
Profundizando esa tendencia a reforzar la “seguridad”, el presidente George W. Bush firmó el 13 de noviembre de 2001 un decreto que instaura tribunales militares especiales para los extranjeros. Se creó además el penal de Guantánamo 3. Por último, el 5 de enero de 2004, entró en vigor el programa US Visit, que obliga a todos los extranjeros que llegan a Estados Unidos munidos de visa a apoyar sus dos dedos índice sobre un lector de impresiones digitales y a dejarse fotografiar.
Ese arsenal de medidas, insólito en tiempos de paz y propio de un Estado autoritario, rápidamente sirvió de modelo a otros países. Comenzando por el Reino Unido, que no dudó en derogar el artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos 4, y adoptó en 2001 una ley antiterrorista que permite detener de manera ilimitada, sin acusación ni juicio, a cualquier extranjero sospechado de constituir una amenaza para la seguridad del país.
El ministro del Interior, David Blunkett, quiere endurecer aun más esa ley –la más drástica de Europa– y aplicarla también a los ciudadanos británicos. Los sospechosos podrían entonces ser juzgados de manera preventiva en procesos secretos y sin jurado. Los magistrados destinados a participar en esas secciones especiales, al igual que los abogados, serán “seleccionados” por los servicios secretos, a fin de facilitar la condena de los sospechosos. Blunkett pretende además que los pasaportes sean dotados de elementos electrónicos capaces de almacenar impresiones digitales y biometrías de retina...
En este contexto orwelliano, el gobierno francés también reforzó su arsenal de medidas de seguridad, adoptando primero las llamadas leyes Sarkozy (sobre seguridad cotidiana en noviembre de 2001 y sobre seguridad interna en febrero de 2003) y posteriormente, el 11 de febrero de 2004, la denominada ley Perben II 5.
Esta última, que fue denunciada por todas las organizaciones de abogados, se caracteriza por la instauración de la investigación previa: una acción organizada sin que la persona interesada tenga conocimiento; un procedimiento secreto, que no admite cuestionamiento ni tiene límite en su duración. Las personas interpeladas podrán quedar detenidas durante 96 horas. La policía podrá aplicar técnicas especiales de investigación, como las escuchas telefónicas, la infiltración, el control de proximidad por medio de la instalación de cámaras y micrófonos ocultos en lugares privados. También se podrá, en caso de ausencia de las personas sospechosas, efectuar allanamientos durante la noche.
Alentados por el ejemplo de esos gobiernos democráticos, varios de los regímenes más represivos del mundo se apresuraron a subirse al tren del antiterrorismo. En Colombia, Indonesia, China, Birmania, Uzbekistán, Paquistán, Turquía, Egipto, Jordania, República Democrática del Congo, las autoridades califican ahora a los contestatarios de “simpatizantes de los terroristas” para sofocar toda oposición 6.
Tradicionalmente poco sensibles a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, las grandes democracias colocaban hasta ahora la defensa de los derechos políticos en primer plano de sus preocupaciones. ¿La obsesión antiterrorista las llevará a renegar de esa exigencia fundamental? Al decretar el estado de excepción como norma y al erigir a la policía como figura central del sistema, ¿las democracias no se están suicidando ante nuestros ojos?
  1. Cf. Amnesty International, Informe 2002.
  2. “Proporcionar las herramientas necesarias para interceptar e impedir el terrorismo”.
  3. Ver Augusta Conchiglia, “Guantánamo, la ‘legalidad’ imperial”, Le Monde diplomatique, Buenos Aires, enero de 2004.
  4. The Economist, Londres, 6-12-03.
  5. N. del T.: Por los nombres de los ministros que las inspiraron, respectivamente, Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, y Dominique Perben, ministro de Justicia.
  6. Cf. el Informe del International Pen, El antiterrorismo, los escritores y la libertad de expresión, Londres,    noviembre de 2003.
Autor/es Ignacio Ramonet
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 57 - Marzo 2004
Páginas:40
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Terrorismo, Política, Políticas Locales