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Desafío regional a Estados Unidos

Desde fines de la década del ’90 Washington ha sufrido varios reveses en América Latina. Fracasado el ALCA, proyecto de mercado desde Alaska a Tierra del Fuego, ha surgido una alianza energética Venezuela-Bolivia-Argentina, un Banco del Sur, opuesto al FMI y al Banco Mundial, la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), el esbozo de un “socialismo del siglo XXI” en Caracas, La Paz y Quito. Washington trata de frenar esta emancipación promoviendo tratados de libre comercio, legitimando un “derecho de injerencia democrático” y fortaleciendo la cooperación militar en nombre de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, en defensa de la democracia de mercado.

"América Latina es un continente perdido", afirmó Moisés Naim, director de la revista Foreign Policy. Aunque menos categórico, el presidente del Inter-American Dialogue, Peter Hakim, expresa la misma inquietud cuando se pregunta: "¿Washington no está perdiendo a América Latina?" 1. En la última década, Estados Unidos sufrió numerosos reveses en esa región del mundo. El rechazo a las políticas neoliberales llevó al poder a coaliciones de izquierda, radicalizadas o moderadas, que indicaron en diferentes grados su independencia. En abril de 2002 fracasó el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez. A partir de entonces, la fuerza del movimiento indígena fue considerada de tal envergadura, que el Departamento de Estado hizo a un lado la idea de interrumpir en Bolivia el proceso electoral que llevó al poder a Evo Morales. A pesar de las múltiples presiones ejercidas, Estados Unidos no pudo tampoco evitar la elección de Daniel Ortega en Nicaragua, ni de Rafael Correa en Ecuador 2. ¿Había entonces que intervenir de una manera más enérgica? El fracaso de la expedición iraquí hace poco probable, al menos por un tiempo, un compromiso militar en otro frente.

Sin embargo, a pesar del rechazo creciente de que es objeto, lo esencial del marco neoliberal conserva su vigencia. Es cierto que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), gran mercado continental que debía ir desde Alaska a Tierra del Fuego, iniciativa lanzada con bombos y platillos por William Clinton en la Cumbre de las Américas de Miami, a fines de 1994, no pudo concretarse. Pero según Carlos Gutiérrez, secretario estadounidense de Comercio, las firmas de su país invirtieron 353.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe en 2005. Sus filiales emplean en esa región 1,6 millones de personas. En 2006, las exportaciones estadounidenses aumentaron 12,7% y las importaciones 10,5%.

El fracaso del ALCA no debe ocultar los avances de los acuerdos bilaterales o multilaterales, en particular los concretados a través de tratados de libre comercio (TLC). Pues el atractivo del mercado estadounidense constituye una baza poderosa: "Nuestro país debe hallar en las relaciones con todos los países del mundo, y en particular con Estados Unidos, la fuerza que su tamaño no le brinda", afirmó el ministro de Economía uruguayo Danilo Astori, seducido por un TLC con Washington, una de cuyas consecuencias sería un conflicto con el Mercosur, lo que no disgustaría a Estados Unidos. Las dirigencias latinoamericanas, aunque se las califique de centro-izquierdas, capitulan fácilmente ante la ofensiva neoliberal.

Con el paso del tiempo, el terreno político de los TLC se fue ampliando. Y el 23 de marzo de 2005, en Waco, Texas, marcó un nuevo avance en la versión estadounidense de la integración continental. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) consagró la creación de una comunidad económica de seguridad entre Estados Unidos, Canadá y México. Para el jurista Guy Mazet "la novedad de ese acuerdo reside en la introducción de la noción de seguridad en la lógica de los procesos económicos y comerciales, y en la institucionalización del poder de las empresas y del sector privado por encima de las políticas públicas" 3. Cabe interrogarse sobre la legitimidad jurídica de ese acuerdo, negociado al margen de los parlamentos nacionales. "El sector privado aprovecha el marco internacional para tratar de ejercer una mayor influencia sobre las políticas nacionales", estima Mazet.

El investigador estadounidense Craig Van Grasstek estableció que todos los países latinoamericanos que se sumaron a la Coalición de Voluntarios (Coalition of the Willing) en Irak, se beneficiaron con un TLC con Estados Unidos. Es también el caso en América Latina de Colombia, Ecuador antes de la elección de Rafael Correa, Perú, Costa Rica, Guatemala, que abandonaron el grupo de los 20 (G20) 4. La publicación en el diario español El País del acta de las conversaciones que George W. Bush y José María Aznar mantuvieron en febrero de 2003, muestra la brutalidad de la extorsión del Presidente estadounidense respecto de los países reticentes a apoyar su intervención militar en Irak. Bush había afirmado entonces: "Lo que está en juego es la seguridad de Estados Unidos. (El presidente chileno) Lagos tiene que saber que el TLC con Chile espera la confirmación del Senado. Una actitud negativa podría poner en peligro su ratificación" 5.

Michelle Bachelet, a pesar de ser partidaria de una asociación estratégica con Washington, se ve igualmente expuesta a sanciones, dado que el Congreso chileno ratificó el tratado que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y no acepta garantizar la inmunidad de los soldados estadounidenses ante esa jurisdicción. Se le podría suspender la ayuda militar, y Chile debería entonces pagar una importante suma al Pentágono para entrenar a los pilotos militares de los F-16 que acaba de comprar. Por las mismas razones se suspendieron el entrenamiento militar y los programas de ayuda a Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Uruguay.

 El derecho de injerencia 

La caída de la Unión Soviética sirvió para dar mucho crédito a la retórica democrática de Washington. Quedó atrás la época en que, tras las huellas de Ronald Reagan, Jeanne Kirkpatrick polemizaba con James Carter, acusándolo de hablar por todos lados de "derechos humanos" y de haber socavado así la base de regímenes autoritarios no comunistas, que eran "más compatibles con los intereses estadounidenses". Con el avance del liberalismo se generó la convicción de que la disciplina impuesta por la globalización y el mercado limita el riesgo de toda desviación "populista". Como señala William I. Robinson, con la bandera de la democracia se puede "penetrar la sociedad civil para garantizar el control social" 6 gracias a formas de dominación más consensuales. "Los estrategas estadounidenses se convirtieron en buenos gramscianos, al comprender que el lugar real del poder es la sociedad civil", pero a condición de fragmentarla en grupos y en comunidades con intereses divergentes.

Luego de los atentados del 11 de septiembre, se estableció gradualmente un consenso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA): la defensa del orden democrático va unida al derecho de intervención contra cualquier "alteración" de ese orden. La adopción (por aclamación) de la Carta democrática de la OEA, en 2001, resumió esa ambición bajo la mirada atenta del ministro de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld. La preservación de la democracia, incluso por la fuerza, no es una idea nueva. Pero lo que es más novedoso es que ahora esa idea sea compartida por ciertos sectores de la izquierda en nombre del "derecho de injerencia humanitaria".

No obstante, el papel de la OEA se complejizó a raíz de las nuevas relaciones de fuerza existentes en el continente. El hecho de que no todas las amenazas a la democracia son tratadas de la misma manera provoca tensiones. Durante la 37º Asamblea general de la organización, realizada en Panamá en junio de 2007, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, pidió enviar a Venezuela una comisión investigadora para analizar por qué el gobierno de Chávez se negó a renovar la concesión (que había caducado) de Radio Caracas Televisión (RCTV). Esa propuesta fue rechazada, y la secretaria de Estado, aislada, debió abandonar la Asamblea. 

Ante las dificultades de las relaciones multilaterales, la administración estadounidense cuenta con sus propios relevos: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las fundaciones. La Agencia para el Desarrollo Internacional, (United States Agency for International Development, USAID) es el punto de apoyo de aquéllas, fundamentalmente en lo que concierne a las ayudas financieras. Es "el instrumento más apropiado cuando la diplomacia resulta insuficiente o cuando la utilización de la fuerza militar presenta riesgos", afirmaba el 8 de mayo de 2001 su administrador, Andrew Natsios. Ese análisis se aplica perfectamente a Venezuela, donde la USAID financia numerosas iniciativas y donde ya están trabajando los Democracy builders (constructores de democracia). El Instituto Republicano Internacional (IRI), dirigido por John McCain, candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano, forma parte de las cinco ONG que asignan fondos de la USAID a organizaciones y programas políticos de la oposición venezolana.

Así, luego del abortado golpe de Estado de 2002 contra Chávez, que Bush había aprobado, el Departamento de Estado creó en Caracas una oficina de la Transición, uno de cuyos objetivos declarados es "estimular la participación de los ciudadanos en el proceso democrático": la "resistencia no violenta" sería el método más eficaz para desestabilizar a un gobierno, como preludio a su derribo.

Cabe interrogarse sobre el objetivo real de la campaña de "defensa de la libertad de expresión" en Venezuela, y sobre la instrumentalización política de las reivindicaciones separatistas de la oposición de derecha en Bolivia, que controla cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y bloquea la labor de la Asamblea Constituyente. "Una derecha racista, separatista, violenta y antidemocrática", comenta el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. El hecho de que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador hayan recuperado el control de sus recursos estratégicos -petróleo y gas- en el caso de los dos primeros a través de nacionalizaciones, no es ajeno a la actitud de Washington.

En cuanto a Cuba, mientras que Bush reforzó el bloqueo, los planes para una "transición democrática" se preparan en el seno de una comisión encargada de elaborar propuestas -algunas de las cuales son mantenidas en secreto "por razones de seguridad nacional"- en la perspectiva del poscastrismo.

 Comando Sur 

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southern Command, Southcom), que fue transferido de Panamá a Miami en 1998, es el principal dispositivo militar existente en América Latina. Entre el Southcom y los gobiernos latinoamericanos, los contactos se realizan exclusivamente entre militares, excluyendo a los interlocutores civiles. El Southcom define la agenda de la región de manera unilateral, sin informar directamente al Departamento de Estado. Dado que las agencias de ayuda al desarrollo y a la agricultura fueron relegadas a un segundo plano (la ayuda bilateral se redujo en un tercio respecto de la época de la Guerra Fría) es el Departamento de Defensa el que actualmente toma a su cargo una parte importante de los programas de asistencia al subcontinente. La transferencia no es inocua, ya que el presupuesto de Defensa está menos controlado por el Congreso que los de la ayuda al exterior. Entre 1997 y 2007, Estados Unidos destinó 7.300 millones de dólares a la ayuda militar y policial para América Latina 7.

A falta de una definición común y universal del terrorismo, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) no se molesta en ser muy preciso: la guerra contra ese fenómeno es definida como "una empresa global de duración incierta", "con un alcance global". En esa guerra asimétrica los enemigos son diversos: islamistas, contrabandistas y narcotraficantes refugiados en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay; "populistas radicales", en primer término en Venezuela y Bolivia; "organizaciones terroristas", Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), y paramilitares en Colombia; movimientos sociales; pero también pandillas de jóvenes, refugiados, inmigrantes clandestinos, terroristas "potenciales"...

Para los responsables de Southcom, los intereses estadounidenses ya no están amenazados por una potencia extranjera, pues el subcontinente es una zona desnuclearizada, exenta de armas de destrucción masiva. La principal amenaza emergente, según el general James Hill, ex comandante del Southcom, "es el populismo radical que socava el proceso democrático y restringe los derechos individuales en lugar de protegerlos". Y añade que ese populismo (encarnado por Chávez) logra fortalecerse explotando las "profundas frustraciones" provocadas por el fracaso de las "reformas democráticas" y "estimulando un sentimiento anti-estadounidense" 8.

Por su parte, el general Bantz J. Craddock acusa a "los demagogos anti-USA, anti-globalización y hostiles al libre cambio" de ser responsables de la inestabilidad política. Para hacer frente a ello se impone, en su opinión, consolidar las fuerzas de seguridad en la región y aumentar el presupuesto militar del Southcom, pues "no es posible dejar que América Latina y el Caribe se conviertan en un agujero perdido donde Estados violentos, replegados sobre sí mismos, están cortados del mundo que los rodea por gobiernos populistas autoritarios" 9.

Paralelamente a ese compromiso del Pentágono, hay que señalar la presencia de asesores militares estadounidenses y el creciente papel que desempeñan en Colombia operadores militares privados y actores civiles no estatales de la misma nacionalidad. Las misiones que cumplen esos subcontratistas no pueden ser realizadas por las fuerzas armadas a causa de los límites fijados por el Congreso para la intervención de fuerzas estadounidenses. Las compañías de seguridad privadas, en cambio, pueden participar en operaciones militares sin esa autorización.

En otro registro, cabe señalar que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue condenada en septiembre por un tribunal de Washington a una multa de 25 millones de dólares por haber pagado 1,7 millones de dólares a los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 1997 y 2004, para garantizar la seguridad en sus plantaciones. Los abogados de las familias de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras iniciaron juicio contra Chiquita Brands. Pero un acuerdo negociado con el gobierno estadounidense exceptuó de esas acciones legales a los dirigentes de la firma. "Estoy sorprendido de ver que en Estados Unidos se puede comprar la impunidad por unos millones de dólares", tuvo que limitarse a comprobar el ministro de Justicia colombiano Carlos Holguín Sardi.

Bajo el impulso de Washington, los ejércitos latinoamericanos están nuevamente implicados en tareas de policía interna. En diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón envió 7.000 soldados al Estado de Michoacán para luchar contra el tráfico de drogas. El ejército interviene también en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil; contra las pandillas de jóvenes (maras) en América Central; y para controlar la inmigración en la frontera mexicana. Esa militarización de la seguridad pública no es nueva, pero, favorecida por un reclamo de seguridad ante el aumento del crimen organizado, contradice la tendencia de retorno de los militares a sus cuarteles, observada desde el fin de las dictaduras. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos se muestran preocupadas, pues los "causantes de los desórdenes" son a menudo indígenas, jóvenes sin trabajo o desocupados marginalizados. La intervención del ejército puede hacer aparecer como enemigos a esos grupos sociales, resucitar el antiguo "enemigo interno", y recuperar una capacidad de presión política que evoca un siniestro pasado 10.

Fue en ese contexto que en octubre de 2007 Bush pidió al Congreso que aprobara el Plan México, de ayuda a la lucha contra el narcotráfico. Su presupuesto previsto -1.400 millones de dólares- está destinado a la compra de material militar (helicópteros, servicios de inteligencia) y al entrenamiento conjunto de ambos ejércitos. Los peligros de esa militarización de la lucha anti-droga resultan evidentes, en momentos en que México vive graves conflictos sociales en varios Estados. Otros 50 millones de dólares complementarios de ese presupuesto están destinados a extender la "guerra contra el narcotráfico" a América Central. La reacción del Congreso, con mayoría demócrata, es incierta. 

"Seguridad cooperativa" 

Hace ya tiempo que Estados Unidos preconiza una reforma del papel tradicional de las fuerzas armadas latinoamericanas. Hace hincapié en la cooperación regional y en la interoperabilidad, mientras que durante el período de la Guerra Fría la ayuda militar era casi exclusivamente destinada a la colaboración bilateral. El Southcom tiene como objetivo crear una fuerza de reacción rápida capaz de hacer frente a los nuevos peligros. En 2006, en la reunión de la 37° Asamblea general de la OEA, en Panamá, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, propuso la formación de una alianza de defensa mutua contra las amenazas a la seguridad hemisférica, con el fin de vigilar la política interna de los Estados miembros, y asegurarse que corresponden a las normas democráticas. La propuesta fue rechazada, dado que los latinoamericanos no querían respaldar lo que consideraban una estratagema estadounidense destinada a castigar a Venezuela 11.

La creación de una fuerza de intervención regional parece dudosa, teniendo en cuenta las actuales relaciones de fuerza, ya que Washington necesitaría contar con efectivos sobre el terreno, y con aliados que legitimen su intervención. Sin embargo, el ejemplo de Haití podría reproducirse. William Leogrande analizó el papel de la administración Bush en la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide 12. Aunque estima que su partida forzada se vio facilitada por los excesos del ex sacerdote, recuerda que su derrocamiento estuvo a cargo de una fuerza paramilitar apoyada por la administración Bush: el Frente para el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH). Es decir, una exitosa manipulación del derecho de injerencia... En efecto, resulta sorprendente que ciertos ejércitos del continente participen en la Misión de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) 13 cuando las condiciones de la salida forzada del ex Presidente son muy cuestionadas: Dante Caputo, ex representante del Secretario General de la ONU en Haití, denunció el papel que desempeñó la CIA en la caída de Aristide 14. Una "fuerza de estabilización" como la Minustah podría servir como modelo para el futuro.

El Southcom dispone de muchos otros instrumentos convincentes. En 2001, en Santiago de Chile, los países miembros de la OEA adoptaron la noción de "seguridad cooperativa", que favorece "la transparencia de los procedimientos militares" 15. En cuanto a las reuniones regulares de los ministros de Defensa del continente (DMA), afianzan la confianza recíproca. La internacionalización de las operaciones armadas, los ejercicios navales conjuntos, el entrenamiento por parte de Washington de 17.000 militares latinoamericanos (cifra de 2005), y las ventas de armas, crean lazos.

El liderazgo del Pentágono y el peso del complejo militar-industrial se vieron confirmados por el levantamiento oficial del embargo sobre la venta de armas a América Latina, cuando Estados Unidos ya era el principal proveedor de equipamientos de ese tipo en la región. Semejante decisión puede desatar una carrera armamentista: la venta de aviones de combate F-16 a Chile puede llevar a otros ejércitos de la región a querer "modernizarse" 16. El ministro de Defensa de Brasil ya anunció que en 2008 su país aumentará en más del 50% el presupuesto de gastos e inversiones de sus fuerzas armadas, a pesar de que el país mantiene relaciones "consolidadas y pacíficas" con todas las naciones de Sudamérica.

Frente a la estrategia estadounidense de extensión de la democracia de mercado, la izquierda latinoamericana está dividida entre partidarios de una asociación negociada que obliga a limitar las reformas sociales, y defensores de una integración política latinoamericana, cuya primera etapa sería el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) 17. "El imperialismo actual no es el mismo de hace treinta años", comprueba el sociólogo argentino Atilio Borón 18. Las políticas de izquierda deben tener en cuenta esos cambios, y elaborar una estrategia alternativa en el terreno del desarrollo económico y de la democracia social y política.

  1. Foreign Affairs, Palm Coast, enero-febrero de 2006.
  2. Bajo diversas formas y con políticas muy diferentes, la izquierda está en el poder en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. Además, son considerados socialdemócratas los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú (este último desarrolla una política muy conservadora).
  3. Guy Mazet, Centre de recherche et de documentation sur l'Amérique Latine, CNRS, Mimeo Colloque, Ivry, abril de 2007.
  4. Nacido en 1999, el G20 reúne el G8 (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia) y las grandes economías emergentes (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía), además de la U.E.
  5. El País, Madrid, 27-9-07.
  6. William I. Robinson, "Democracy or Polyarchy", NACLA Report on the Americas, New York, enero-febrero de 2007.
  7. WOLA, "US military programs with Latin America 1997-2007", Below the Radar, Center for International Policy, Latin American Working Group Education Fund, marzo de 2007.
  8. General James Hill, House Armed Services Committee, Washington, 24-3-04.
  9. "Posture Statement of General Bantz J. Craddock before the House Armed Services Committee", Washington, 9-3-05.
  10. Lucia Dammert, John Bailey, "¿Militarización de la seguridad pública en América Latina?", Foreign Affairs en español, Palm Coast, abril-junio de 2007.
  11. William Leogrande, "A poverty of imagination: George W. Bush's Policy in Latin America", Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, Reino Unido, 2007.
  12. Ibídem.
  13. La Minustah, una fuerza de ONU, está bajo comando brasileño, y el delegado general es un chileno. Está compuesta por militares brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos, peruanos y ecuatorianos.
  14. Le Monde, París, 18-11-04. 
  15. Richard Narich, "Tendances en matière de sécurité en Amérique latine", y Cristina López, "La politique extérieure des États Unis envers l'Amérique latine", Défense Nationale et sécurité collective, París, noviembre de 2007.
  16. EE.UU. vende aviones F-16 a Chile, pero priva a Venezuela de repuestos para esos mismos aviones que utiliza su fuerza aérea. A raíz de ello, el gobierno "bolivariano" trató con Rusia para adquirir caza-bombarderos Sukhoi.
  17. Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
  18. Atilio Borón, Imperio e imperialismo, Buenos Aires, Clacso, 2002.
Autor/es Janette Habel
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 102 - Diciembre 2007
Páginas:4,5
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Política, Mercosur y ALCA, Política internacional