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Recuadros:

El país de los desiguales

La enorme concentración del ingreso y de la riqueza es una marca registrada de Brasil. El motivo de la perversión distributiva radica en la fragilidad de la democracia brasileña y, consecuentemente, en la concentración del poder. En cinco siglos de historia, Brasil no suma más de 40 años de régimen democrático.

Identificar el ingreso y la riqueza extremadamente concentrados en Brasil no constituye ninguna novedad. Y decir que ello representa una herencia secular de difícil superación tampoco agrega algo nuevo. Pero la comprensión de las principales razones que producen un reparto tan desigual, tanto como el hecho de que el fenómeno continúe actualmente, es de especial interés cuando se trata de investigar la pertinencia de medidas para revertir la situación.

Desde la colonización hasta el presente, y desde que existe algún registro contable de la riqueza 1, ésta viene siendo pésimamente repartida. A lo largo de su proceso histórico, Brasil recorrió distintas fases: Colonia (1500-1822), Imperio (1822-1889), y República (después de 1889). Sin embargo, nunca hubo una modificación sustancial de su perfil distributivo. A pesar de la aparición de nuevos ricos (diferenciados de las familias tradicionalmente asentadas en la riqueza primario-exportadora), como protagonistas del capitalismo industrial (1930-1980) y de la posterior fase financiera (en curso desde 1981), la desigualdad del ingreso permaneció estable. Una pequeña parte de la población se apropia de mucho, mientras que la mayoría de los brasileños se queda con muy poco.

Estabilidad en la desigualdad

Los datos disponibles y confiables indican la persistencia estructural del juego de la distribución personal del ingreso y de la riqueza. El 10% más rico de la población impone históricamente la dictadura de la concentración, pues posee casi el 75% de toda la riqueza nacional; mientras que el 90% más pobre se queda solamente con un 25%. Esto, independientemente de los modelos de desarrollo económico por los que pasó Brasil.

Esta situación se agravó aun más con el fin del ciclo de industrialización nacional (1930-1980), cuando la porción correspondiente al ingreso del trabajo en la composición de la renta nacional disminuyó sustancialmente: un 12% desde el final de la década del '70 hasta la mitad de la primera década del siglo XXI. Simultáneamente, creció el porcentaje relativo a las formas de riqueza asociadas a los propietarios (ganancias, intereses, alquileres, renta de la tierra). De acuerdo con el Atlas, en el país viven aproximadamente 60 millones de familias, pero el 45% de todo el ingreso y la riqueza nacionales es apropiado por sólo 5.000 de ellas.

Este descalabro viene sobreviviendo a todos los cambios históricos: la ruptura con Portugal, el fin de la esclavitud, el establecimiento de la República. También a la sucesión de los distintos ciclos económicos: tanto los primario-exportadores (pau brasil, azúcar, oro, café, caucho), que se prolongan hasta el comienzo del siglo XX, como el desarrollo industrial-urbano subsiguiente, apenas modificaron el panorama.

Desde 1980 se fue imponiendo la fase financiera, cuya lógica implica un retorno al modelo primario-exportador de materias primas y productos agropecuarios (agro-negocios). Al igual que en los ciclos económicos anteriores, el patrón distributivo se mantuvo inalterable... salvo por la profundización de la desigualdad. Entre 1980 y 2000, cuando el crecimiento económico fue insignificante, la riqueza se tornó geográficamente aun más concentrada. Actualmente, sólo cuatro ciudades -San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte- concentran casi el 80% de todas las familias ricas del país.

¿Cómo explicar tal situación? La respuesta tal vez se encuentre en la estabilidad del conservadurismo en el poder. Al igual que el ingreso y la riqueza, el poder se encuentra extremadamente concentrado, debido a que Brasil nunca vivió una experiencia revolucionaria. Hubo levantamientos, pero siempre fueron masacrados por las fuerzas conservadoras. Ni siquiera se produjo una módica revolución burguesa. Asimismo, las reformas civilizadoras del capitalismo contemporáneo también dejaron de ocurrir de manera efectiva. Sin revoluciones y sin reformas considerables, el patrón distributivo no se modificaría.

El desafío brasileño

La ausencia de una democracia consolidada parece ser el gran motivo del conservadurismo y de la concentración del poder en Brasil. En más de cinco siglos de existencia, Brasil no contabilizó más de cuarenta años de régimen democrático. Ciertamente no se puede denominar democracia a lo ocurrido durante la fase imperial del siglo XIX y la República Velha (1889-1930, República Vieja). Se trataba en verdad de un régimen censatario, que solamente permitía el voto a la población masculina con posesiones e ingresos: ¡cerca del 1% de la población!

Debe destacarse también que el proceso electoral no era secreto. Recién a partir de la década de 1930 Brasil avanzó hacia la consolidación del voto universal y secreto, aunque dejaba de lado a la población analfabeta. Pero, justamente en ese período, sobrevinieron dos dictaduras, la del Estado Novo (1937-1945) y la del régimen militar (1964-1985), precisamente cuando se definió un nuevo pacto de poder favorable a la industrialización (década del '30) y cuando el país registró los mayores índices de crecimiento del ingreso (el "milagro económico" de 1969-1973).

En los períodos en que el autoritarismo predominó, los ricos fueron beneficiados, manteniéndose inalterado el modelo distributivo excluyente. Los llamamientos populares y progresistas a favor de una mejor repartición de los frutos del crecimiento económico fueron marginados del núcleo de poder. En los períodos democráticos, la convergencia hacia el desarrollo de un proyecto revolucionario o incluso reformista fue subsumido por la administración de las emergencias y por las articulaciones políticas entre distintos extractos de clases sociales, muchas veces necesarios para la gobernabilidad. Por este motivo, el curso de los asuntos referentes a la alteración del modelo distributivo quedó relegado a un segundo plano.

El conservadurismo de las elites 

Las acciones de gobierno terminan dirigiéndose a tareas de corto plazo, incapaces de alterar la estructura de concentración del conjunto del ingreso y de la riqueza. De forma recíproca, la concentración del poder económico y político impone obstáculos profundos a la gestión del país. El conservadurismo de las elites que concentran el poder ha hecho inviable la concreción de reformas en un ámbito democrático. En ausencia de revolución y reformas, generalmente impedidas por el conservadurismo, las políticas públicas se quedaron en la mitad del camino.

Los gastos públicos en las áreas sociales son significativos, pero insuficientes para la reparación de la herencia originada por el modelo excluyente de distribución del ingreso nacional. La composición agraria sigue siendo muy concentrada. El sistema tributario se mantiene regresivo, con la población pobre pagando más impuestos y los ricos casi incólumes. La estructura social continúa siendo inadecuada para garantizar la universalidad y la calidad de los equipamientos y servicios para toda la población.

Medidas de carácter neoliberal, fundadas estrictamente en la restricción de los gastos sociales, son orquestadas por la lógica de la racionalización de los recursos. Y en nombre de la responsabilidad fiscal, se encuentran vigentes dos sistemas de sostenimiento del ingreso. Por un lado, las tasas de interés básicas establecen el nivel mínimo de garantía de ingreso a cerca de 20.000 familias que viven de la inversión de sus riquezas en el circuito financiero. Desde el final de la década del '90, Brasil viene transfiriendo anualmente del 5 al 8% de todo el PBI en la forma de sostenimiento del ingreso mínimo para los ricos. Por otro lado, desde 2001 creció la difusión de programas de complementación de ingreso mínimo para los segmentos miserables de la población. Cada año menos del 0,5% del PBI de Brasil se transfiere a más de diez millones de familias que viven en condiciones de extrema pobreza. Incluso en la esfera de las políticas públicas siguen vigentes las resistencias a alterar la desigual distribución del ingreso.

  1. Atlas da exclusão social. Os ricos no Brasil, Cortez, San Pablo, 2004.

Costa Rica: un nuevo TLC sí, pero...

Garita, Nora

A pesar de violaciones sistemáticas al proceso electoral, el “sí” al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por su sigla en inglés), se impuso sólo por 3 puntos en el referéndum del 7 de octubre pasado en Costa Rica.
Se trata del último de los convenios ya aprobados entre Estados Unidos y sus países vecinos: en enero de 1994 se firmó el NAFTA, con México y Canadá; luego con Chile, Panamá y los Países Andinos. En 2004, el CAFTA. Luego con Perú (2006), y con Colombia (2007) 1. A inicios de 2007 todos los parlamentos centroamericanos habían ratificado el CAFTA, con excepción de Costa Rica. Elegido en febrero de 2006, el presidente Oscar Arias 2, que había heredado el tema, lo asumió como eje de su política y lo envió a la Asamblea Legislativa.
El año comenzó con una articulación de los poderes Legislativo y Ejecutivo que opacó la supuesta separación republicana: de hecho se reformó el reglamento legislativo, con un procedimiento especial para acelerar la aprobación del TLC. Diversos grupos, asociaciones, ONG y sindicatos denunciaron que el TLC impone otro modelo de sociedad. En enero, luego de recolectar las firmas del 5% del padrón electoral, el grupo de ciudadanos Convergencia Patriótica (CP) solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocar a una consulta popular. El 12 de abril el tribunal dio lugar al pedido; al día siguiente, Arias decidió convocar él mismo, por decreto, el referéndum ratificado por la Asamblea Legislativa. Quedaron atrás tanto la iniciativa popular como el aval del TSE.
 La campaña previa dividió en dos al país. La Alianza por el “sí” unió sectores empresariales con elites políticas, incluyendo diputados de cinco partidos: Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Libertarios (neoliberales) y dos minoritarios. El “no” fue respaldado por una multiplicidad de actores de la sociedad civil, diputados del Partido Acción Ciudadana y otros más pequeños.

La inequidad mediática. La total simbiosis entre gobierno y Estado colocó al “sí” en posición de privilegio. El Presidente y los diputados visitaron comunidades y fábricas haciendo campaña a favor. La gestión oficial se igualó a la gestión de campaña, con el silencio del TSE. Violando el derecho constitucional a la libertad de cátedra, un magistrado del TSE y una diputada interpelaron a la Universidad de Costa Rica por la supuesta utilización de recursos públicos a favor del “no”...
La Defensoría de los Habitantes, especialistas de la Universidad de Costa Rica y 19 diputados presentaron ante la Sala Constitucional varias consultas de inconstitucionalidad del TLC, pero ésta no encontró contradicciones con la Constitución (aunque dos magistrados votaron en disidencia).
Los temas del “no” fueron: defensa del medio ambiente, de la soberanía y de la institucionalidad. Su estrategia fue la organización de Comités Patrióticos, la creatividad para innovar la comunicación utilizando medios alternativos; siempre con apego a la legalidad del proceso.
La estrategia del “sí” fue la manipulación del miedo. Un memorando titulado “Algunas acciones urgentes para dinamizar la instrumentación del ‘sí’ al TLC” firmado por el vicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando Sánchez, incluía amenazas de despidos, vinculaba al “no” con Hugo Chávez, otorgaba presupuesto sólo a los municipios que lograran la victoria del “sí” en su territorio…
La inequidad mediática entre el “sí” y el “no” fue enorme. La pauta informativa y la línea editorial estuvieron a favor del “sí”, además de las sumas publicitarias invertidas. Entre julio y septiembre, en prensa escrita, el “sí” pautó el 94% de la cantidad de los mensajes, contra el 6% del “no”. En televisión la relación fue del 91% contra el 9%.
El proceso culminó con una violación de la tregua declarada por el TSE: “Durante los dos días inmediatos anteriores, así como el propio día de la votación no podrá distribuirse propaganda”. En plena veda, los medios divulgaron una carta con la posición del gobierno de Estados Unidos, donde se afirmaba que de no aprobarse el Tratado, sería imposible negociar otro. La cadena CNN transmitió de manera reiterada una entrevista a favor del “sí” durante estos días. El movimiento del “no” estuvo imposibilitado de responder o de denunciar el fraude mediático... a causa del período de veda.
La victoria del “sí” por un 3% de diferencia no es tan grande si se miden la magnitud de la inversión y los medios empleados. El movimiento del “no” permanece organizado en Comités Patrióticos articulados por la Coordinación Nacional. A corto plazo, se opondrá a la “agenda de implementación” del TLC: proyectos de ley de aprobación obligatoria para que Estados Unidos certifique que el país cumple con todos los puntos acordados. A mayor plazo, el desafío para el movimiento del “no” será el de articular un proyecto político de cara a las elecciones de 2010.

  1. Con respecto a Perú y Colombia el tratado aún no fue ratificado en el Congreso estadounidense.
  2. Oscar Arias ya había sido presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su acción a favor de una solución negociada en los conflictos de América Central (Guatemala, Nicaragua, Salvador).


Autor/es Marcio Pochmann
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 102 - Diciembre 2007
Páginas:8
Traducción Martín de Brum
Temas Neoliberalismo, Política, Estado (Política), Socialdemocracia
Países Brasil