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Recuadros:

El polvorín bancario mexicano

La dimensión de la crisis financiera mexicana ha alcanzado niveles inéditos en la historia del país. Desde la explosión de la crisis del "tequila" en diciembre de 1994, el poder político no parece encontrar los mecanismos adecuados para fortalecer una de las bancas más débiles de América latina. Mientras el sistema lucha por obtener importantes inyecciones de capital, los escándalos por la ingerencia del narcotráfico en la banca y en la política son moneda corriente.

Con el costo de la quiebra del sistema bancario de México -equivalente al producto bruto interno (PBI) de Colombia- se podría pagar el total de la deuda pública externa mexicana. Financiar 2,7 veces la reconstrucción de Yugoslavia. Multiplicar por ocho el capital de todos los bancos que operan en México. Esa es la magnitud del problema que enfrenta la economía mexicana, cuya previsible solución será estatizar la cartera de créditos incobrables (85.000 millones de dólares, 20% del PBI), de hecho ya transferida al Estado en diciembre de 1994, en una desesperada acción para evitar que el sistema se paralizara. El monto del rescate bancario mexicano es el quinto más alto de los registrados en las últimas dos décadas. Según el Banco de México (Banxico), sólo es superado por el costo de la crisis financiera en Indonesia, 65% del PBI; en Corea del Sur, Tanzania y Chile, 33%; en Japón, 31% y en España, 22%.

Para entender la crisis financiera mexicana es necesario tener en cuenta la compleja red de actores y situaciones entre los que intervienen la globalización de la economía, y un sector público que dice haberse modernizado, pero en el que las viejas prácticas y la corrupción siguen pesando. La penetración del narcotráfico en el tejido social e institucional agrava el cuadro.

En diciembre de 1994, a pocos días de asumir el nuevo presidente Ernesto Zedillo, la moneda mexicana se desplomó de 3,5 pesos a 7 pesos por dólar y las tasas de interés subieron del 17% a más del 100% anual. A fines de 1994 y comienzos de 1995 los bancos no podían cubrir sus posiciones en el mercado de dinero. Sus líneas de crédito en el exterior se habían cerrado y sus clientes no podían devolver el dinero tomado en préstamo. Muchas empresas aprovecharon la oportunidad de evitar regresar los préstamos declarándose en insolvencia o quiebra, otras no tuvieron otra alternativa y a un millonario número de familias que se habían aventurado a realizar el sueño de la casa propia la suba de las tasas de interés y la fuerta caída del salario real les esfumó la ilusión. Un alto porcentaje de la cartera de créditos pasó a la categoría de morosos, que en poco tiempo más se transformaron en incobrables.

Para enfrentar esta coyuntura, la autoridad económica utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un fondo de contingencia creado en 1990, durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari, para hacer frente a una posible crisis económica y bancaria. Los bancos transfirieron allí toda su cartera con problemas, en el supuesto de que la crisis era pasajera y que los deudores normalizarían sus pagos una vez que se recuperara el crecimiento de la economía,. La historia fue otra. En 1995 el PBI cayó 4,35% en promedio por trimestre.

Ante el fracaso de todas las medidas para normalizar la situación, el gobierno optó por proponer la conversión de la deuda bancaria en deuda pública. Se creó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) que cumple la misma función del Fobaproa, pero además se encargará de administrar y vender los bancos en quiebra. Por primera vez en la historia bancaria de México, este año se contrató a un especialista para auditar todo el sistema bancario. En julio, el canadiense Michael Mackey documentó "el registro de múltiples irregularidades cometidas entre 1991 y 1994 ", a pesar de que sólo pudo trabajar en forma parcial, debido a que una parte de las carpetas de concesión de créditos (posiblemente destinados a la financiación de las campañas del gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI) no le fueron entregadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, amparadas por el secreto bancario. Según el informe de Mackey "la banca mexicana olvidó las buenas prácticas financieras y optó por la irregularidad y el rescate de las instituciones crediticias. Fue un escandaloso fraude, porque muchos bancos aprovecharon la oportunidad que abrió el gobierno con el Fobaproa para resolver sus problemas"1.

La banca mexicana es uno de los sistemas más débiles de América Latina. A casi cinco años de la crisis financiera iniciada en diciembre de 1994, los bancos comerciales que sobreviven aún se encuentran en fase de reestructuración y consolidación. Según la opinión de sus directores, la única solución es que el sistema financiero recupere el nivel de crédito, que cayó un 68% entre 1995 y 1999. La captación de depósitos ha caído de un máximo histórico de 36,6% del PBI en 1995 a 26,4% en abril de 1999. El saldo del crédito de la banca en 1999 apenas representa 10,8% del PBI, es decir, 5,4% menos que el registrado en 1997 y tan sólo la tercera parte de lo que se otorgó en 1994. Esta proporción es la más baja de los últimos 18 años.

En la supuesta "consolidación" del sistema bancario mexicano, quebraron doce bancos y nueve grupos empresariales. De los dieciocho bancos que se privatizaron entre junio de 1991 y julio de 1992, sólo cuatro continúan bajo el control de los accionistas originales; dos se mantienen íntegramente en manos de mexicanos (Banco Nacional Mexicano y Banco del Norte), mientras que el Banco de Comercio y Bital, tienen una participación minoritaria del Banco de Montreal y de los bancos Central Hispano y Comercial Portugués, respectivamente. Pero todavía queda un largo camino por recorrer: ha habido nuevas intervenciones y se liquidarán más bancos.

La banca mexicana no ha superado la crisis generada en 1995 y el problema de fondo que enfrenta es la falta de capital. "Tendrán que transcurrir cinco años para que las instituciones de crédito estén en mejores condiciones y recuperen su condición de prestadoras de dinero a las pequeñas y medianas empresas" opina Ursula Wilhelm, analista de bancos de Standard and Poor´s, quien considera que el sistema bancario tendrá que consolidarse y que sólo quedarán los bancos mas fuertes2.

La imagen del sistema se verá aun más afectada en los próximos meses, ya que se discutirá la legalidad de un número muy importante de operaciones de crédito y su rescate a través de Fobaproa. Mackey no pudo completar su autoría por falta de información sobre el Banco Unión, cuyo propietario, Carlos Cabal Peniche, está preso en Australia en proceso de extradición a México. Detenido en noviembre de 1998, Cabal fue uno de los hombres más buscados por la justicia mexicana. Cuando se conozca su historia se pondrá al descubierto una complicada red de complicidades que incluyen al Vaticano y varias instancias de la política y la justicia mexicana (ver recuadro "De política…"en pág. 12).

Lo increíble de esta historia es determinar cómo un modesto y endeudado productor de bananas en la provincia de Tabasco, pudo adquirir de pronto los bancos Cremi y Unión y luego fusionarlos. Según la Comisión Legislativa que contrató a Mackey, Banco Unión se convirtió en una enorme caja de caudales que repartió 300 millones de dólares a políticos del oficialismo, compró favores del gobierno y lavó dinero. En diciembre de 1994, tres meses después de que el gobierno interviniese el Banco Unión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió convertir en pérdidas o quebrantos unos 300 millones de dólares de créditos otorgados, sin intentar acciones legales de cobro. Los créditos habían sido otorgados a una veintena de empresas, que luego los transfirieron a compañías relacionadas con Cabal, que luego los canalizaban a diversas campañas políticas. Existen pruebas de que entre 1993 y 1994 el PRI recibió 25 millones de dólares para las campañas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo Pintado, candidato a la gobernación de Tabasco y hoy precandidato a la presidencia de la República.

Mientras el grupo de Cabal crecía de la nada y este empresario de 42 años hacía millonarias inversiones en la trasnacional productora de alimentos Del Monte, emprendimientos turísticos y empresas de la construcción, el "cártel" narcotraficante de Ciudad Juárez cuyo jefe era Amado Carrillo (llamado "el Señor de los Cielos" ), estaba en su mejor momento. Al mismo tiempo, comenzaba el derrumbre del cártel del Golfo, liderado por Juan García Abregó, en el que Raúl Salinas (hermano del ex presidente Carlos Salinas y condenado por la justicia mexicana a 23 años de prisión por la autoría intelectual del asesinato del dirigente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu), se encargaba de las relaciones políticas.

Carteles con banco propio

El derrumbre del cártel coincidió con la intervención del Banco Unión y la fuga de Carlos Cabal. La intervención se produjo durante la administración de Carlos Salinas, cuando la Drug Enforcement Agency (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Secretaría de Hacienda de México iniciaron la "Operación Cobra" con la convicción de que Banco Unión lavaba dinero para el cártel del Golfo.

El de Juárez también pretendió contar con un banco. El intento de compra de Banca Anáhuac, que llegó a realizar operaciones de lavado de dinero por 400 millones de dólares, ha sido el detonante para el descubrimiento de una serie de relaciones del narcotráfico con el poder político y económico.

En este caso están involucrados Federico de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, y su sobrino, Jorge Hurtado Horcasitas. El intento de penetración en el banco partió de un movimiento realizado por Jorge Fernando Bastida Gallardo, dirigente del Sindicato de Trabajadores Electricistas y hombre de confianza del actual titular de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leonardo Rodríguez Alcaine.

La debilidad del sistema bancario de México es un factor que puede neutralizar el Programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000, al que el gobierno bautizó como la política de "blindaje" . Este programa contempla la contratación de créditos por 24.000 millones de dólares, muchos de los cuales son esquemas de refinanciación de vencimientos programados hasta antes del 2000.

Los avances macroeconómicos recientes se lograron gracias al espectacular impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre el volumen de las exportaciones. En 1998 México exportó un total de 117.500 millones de dólares e importó 125.000 millones, cifras que con relación a los últimos diez años representan un crecimiento de cinco veces en las exportaciones y de seis veces en las importaciones, con una tasa de crecimiento promedio del 4%. El diagnóstico para el mediano plazo es de extrema fragilidad, ya que se combinan dos variables fuertemente explosivas: un sistema financiero altamente vulnerable y muy volátil, y un sistema político en plena convulsión.

  1. "Las autoridades no vigilaron a los banqueros" , La Jornada, México 20-6-99.
  2. "Hay exceso de bancos, dice Estándar and Poor´s" , El Financiero, 28-6-99.

Debate acerca de la dolarización

Sólo el 22% de los mexicanos apoya la dolarización de la economía, el 7% ni la apoya ni la rechaza y el 16 % no sabe qué opinar. Los mexicanos reclaman un control de los flujos financieros: 50% considera que el gobierno debe imponer controles a las entradas y salidas de capital y sólo 20% que se les debe dar libertad1. Pero el debate en los círculos de las organizaciones empresariales, bancarias y gubernamentales es otro.

La posibilidad de un cambio en el patrón monetario de México durante los próximos 20 meses es un tema que está fuera de la agenda política. De las cuatro posiciones -caja de convertibilidad, dolarización, unión monetaria o libre flotación- que en términos generales se debatían hasta finales de 1998, tanto las autoridades monetarias como los economistas del sector privado han llegado a la conclusión de que la discusión debe centrarse en la negociación de una unión monetaria en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, en tanto se mantiene el esquema de libre flotación. Otra alternativa es flexibilizar la operación del sistema financiero permitiendo a los particulares tener cuentas en dólares y autorizar a los bancos extranjeros a establecer sucursales y abandonar la figura de subsidiarias. Según los analistas, esto permitiría que el sector bancario ampliara su participación en el PBI, que actualmente representa un modesto 12% en términos de cartera crediticia vigente2.

En México la corriente de opinión tendiente a que se dolarice la economía ha crecido luego de que los empresarios se detuvieron a observar los indicadores de inflación en Argentina. Para Ernesto O´Farrill, presidente de Bursamétrica, cada vez existe una posición más uniforme con respecto al tema de la dolarización. "Las condiciones macroeconómicas permitirían hacer un cambio de moneda modificando el artículo 8 de la Ley Monetaria, que establece que todos los pagos en territorio nacional deben efectuarse en pesos" . O´Farrill menciona las reservas internacionales del país, que tienen una relación de tres a uno con respecto a la base monetaria: 30.000 millones de dólares en reservas contra una base de 10.000 millones.

Hoy no sería posible esta solución, entre otras cosas porque el sistema financiero mexicano se encuentra en una situación de extrema fragilidad y porque para aprobar un cambio en la Ley Monetaria se necesita una mayoria parlamentaria que el partido gobernante no tiene.

Sobre este tema Hector Chávez, jefe de economistas del Banco Santander, considera que "dolarizar la economía mexicana no es díficil, dado que todas las tesorerías de las grandes y medianas empresas se manejan en dólares; nuestro comercio con el exterior es creciente. El problema está en la debilidad del sistema financiero" . La discusión en México sobre si dolarizar es la solución continuará y será uno de los grandes temas económicos del próximo gobierno.

  1. Encuesta realizada por Gallup México para los diarios La Reforma y El Norte en marzo de 1999, sobre una muestra de 1.500 entrevistados.
  2. Unos 56.000 millones de dólares contra 200.000 millones que manejan las tesorerías de las empresas trasnacionales radicadas en México a través de sus cuentas en EE.UU. y otros 200.000 millones de dólares en depósitos en el extranjero de mexicanos.


Autor/es Gabriel Grinberg
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 3 - Septiembre 1999
Páginas:14, 15
Temas Corrupción, Deuda Externa, Mundialización (Economía), Narcotráfico, Neoliberalismo, Estado (Política), Políticas Locales
Países Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Australia, Tanzania, Chile, Colombia, Corea del Sur, Indonesia, Japón, España, Vaticano, Yugoslavia