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La información contra el Estado

En la década de 1970 comenzó en Estados Unidos una reflexión sobre la articulación entre las nuevas tecnologías de la información y las políticas gubernamentales, con un doble objetivo: debilitar la tutela del Estado e instalar el modelo liberal competitivo. Ello comienza con la aplicación de la electrónica a las "necesidades sociales" y termina, provisoriamente, en mega-fusiones como la de las firmas Vivendi-Canal Plus y Universal, operaciones que amenazan actualmente la diversidad cultural.

En 1970 el presidente Richard Nixon revoluciona el organigrama de toma de decisiones gubernamentales en el terreno de las tecnologías del cable, de la informática y del satélite. Se crea una oficina de coordinación dependiente de la Casa Blanca, el Office of Telecommunications Policy (OTP), cuya dirección recae en un experto proveniente de la Rand Corporation. Por entonces la consigna es: aplicar la electrónica a las "necesidades sociales". Esta perspectiva inspira al año siguiente el proyecto de un sistema de redes nacionales, formulado por la NASA en un informe titulado precisamente Communications for Social Needs: Technological Opportunities. En su introducción se señala: "En Estados Unidos reconocemos cada vez más que existe una serie de problemas nacionales que podrían ser resueltos a través de las telecomunicaciones". Entre las áreas prioritarias figuran la educación, la salud pública, el sistema judicial, los servicios postales.

Por entonces, el Estado-providencia brilla aún en todo su esplendor. Resulta lógico, por lo tanto, que el informe ponga el acento en las desigualdades escolares que padecen los niños de las minorías étnicas. El objetivo del nuevo sistema de teleducación es "instaurar actitudes que favorezcan el nacimiento de un ciudadano flexible que, como muchos ya lo han presentido, será el ciudadano que necesitará el siglo XXI". Las promesas dadas por cumplidas son del mismo tenor: "En el año 2000 la separación entre el hogar y la escuela desaparecerá en buena medida"; "los edificios escolares deberán ser únicamente centrales de distribución de programas educativos por vía electrónica, centros comunitarios o centros deportivos, laboratorios prácticos y lugares de experimentación artística". De su lado, las grandes firmas de telecomunicaciones vaticinan que tres cuartos de la población activa dependerá del teletrabajo.

El debate sobre la estrategia para construir la sociedad de la información sólo será resuelto al cabo de un itinerario pragmático y sinuoso, que se extiende por más de una década1. En 1969, el presidente demócrata Lyndon B. Johnson había puesto en marcha la maquinaria judicial contra las prácticas anticompetitivas de IBM (la firma controlaba el 75% del mercado estadounidense de computadoras). En 1974, el sucesor de Richard Nixon, Gerald Ford, lanza a su vez una persecución antitrust contra otro gigante, el de las comunicaciones: American Telegraph and Telephone (ATT). La administración Carter (1976-1980), suprime el Office of Telecommunications Policy, remplazándolo por una agencia puesta bajo la autoridad de la Secretaría de Comercio: la National Telecommunications and Information Administration (NTIA). La causa de ese cambio debe buscarse en el modo de regulación imaginado para el conjunto del sistema de comunicaciones.

La guerra de las galaxias

La nueva Communication Act propone, en efecto, la total reestructuración de las reglas de juego definidas por el Acta fundacional de 1934. La idea es terminar con el monopolio "natural" de la ATT y, a la vez, socavar la filosofía que la legitima, a saber, que la preservación del interés público exige una red única bajo el control de un organismo público regulador: la FCC, o Federal Communications Commission. Esa medida, que reduce la esfera de competencia del organismo que controla las telecomunicaciones, se inspira en otra decisión, adoptada también bajo la presidencia de James Carter, a favor de una progresiva retirada del poder público del terreno de la aviación civil y de los transportes terrestres.

Los procedimientos antitrust contra el gigante de las telecomunicaciones y el de la informática, llegaron a término en enero de 1982 bajo la presidencia de Ronald Reagan. ATT debe deshacerse de veintitrés filiales dedicadas a las comunicaciones telefónicas locales. El procedimiento contra IBM, de su lado, concluyó en un sobreseimiento. La nueva administración republicana abandona bruscamente trece años de juicios y se transforma en defensora de la multinacional, acusada de abuso de posición dominante por la Comunidad Europea (65% del parque de grandes computadoras). Mediando algunas concesiones, dos años más tarde Bruselas lavará a IBM de toda sospecha.

La liberalización de todo el sistema de comunicaciones de Estados Unidos bajo la presidencia de Reagan, coexiste con el nuevo interés del Departamento de Defensa por la innovación tecnológica, a través del proyecto Strategic Defense Initiative (SDI), conocido como "guerra de las galaxias". Presentado el 23 de marzo de 1983, ese proyecto planeaba construir un sistema antimisiles instalado en satélites, capaz de destruir una salva enemiga en el aire. El programa propiamente dicho de escudo electrónico global, digno de la ciencia ficción, no se concretaría. Puesto en hibernación, volverá a ser evocado en el año 2000. En cambio, el maná de las inversiones sirvió para dinamizar las aplicaciones militares de la inteligencia artificial. En efecto, siguiendo los pasos del SDI, se lanzó la Strategic Computing Initiative como complemento vital del primer programa. Los japoneses acababan de anunciar su proyecto de computadora de quinta generación. Los estadounidenses respondieron haciendo cumplir a la DARPA (Defense Advance Research Projects Agency) el papel federador que en Japón tiene el superministerio de Industria. Los sistemas de mando, de control, de comunicaciones y de inteligencia, desarrollados en ese marco, serían puestos a prueba en la guerra del Golfo, en 1991.

Telecomunicaciones liberalizadas

La referencia a la "sociedad de la información" se impone subrepticiamente en los organismos internacionales. En 1975, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que por entonces reúne los veinticuatro países más ricos, estrena la noción y se apresura a solicitar el peritaje de numerosos especialistas estadounidenses. Cuatro años después, el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea también adopta la noción y la coloca como lema de un programa experimental quinquenal (Forecasting and Assessment in the Field of Science and Technology-FAST) que comienza al año siguiente. El Centro de estudios sobre las sociedades multinacionales de la ONU analiza el desequilibrio de los flujos transfronterizos y no ve con buenos ojos la tesis de un desarrollo de los flujos "sin reservas, ni limitaciones", defendida por Washington. El Buró Internacional del Trabajo (BIT) y las confederaciones sindicales manifiestan su inquietud ante las consecuencias de la informatización del empleo.

En 1980, luego de cuatro años de labor, el Consejo de Europa adopta una "convención para la protección de las personas respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal". Sus disposiciones son obligatorias. La innovación capital es que, en su artículo primero, se precisa que toda persona, "cualquiera sea su nacionalidad o su residencia", puede invocar las garantías y los derechos enumerados. De su lado, la OCDE adopta el mismo año una recomendación sobre los "flujos transfronterizos de datos de carácter personal" que va en el mismo sentido, salvo que especifica que no obliga a los estados miembros. Ambos documentos solicitan a cada Estado no dictar reglamentaciones que, bajo pretexto de proteger la vida privada, se opongan a la libre circulación de los datos nominativos.

Unos veinte años más tarde, la evidente ambigüedad de esa cláusula volverá a encender el contencioso euro-estadounidense. La ocasión propicia será la entrada en vigor, en octubre de 1998, de la Directiva de la Unión Europea sobre la protección de los datos personales. Las autoridades estadounidenses y los global marketeers verán en ella un obstáculo a la creación de bancos de datos y a la preparación de perfiles precisos y "trazables", herramientas indispensables del comercio electrónico.

En 1979 dos acontecimientos con fines muy diferentes, la Conferencia Administrativa Mundial de la Radio (WARC), y el proyecto Interfuturos de la OCDE, permiten presentir la complejidad del tema de la implantación de nuevas tecnologías. La primera vuelve a poner sobre el tapete el tema de la redistribución de frecuencias, monopolizadas desde comienzos del siglo XX por las grandes potencias marítimas. Organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la conferencia es un primer indicio del deslizamiento del debate sobre la sociedad futura hacia organismos con competencias técnicas, en detrimento de instituciones con vocación cultural como la UNESCO. El segundo, que tiene por objeto el estudio de la "futura evolución de las sociedades industriales avanzadas en armonía con la de los países en desarrollo", se interroga sobre el "decisivo salto cualitativo" que, desde ese punto de vista, significa la microelectrónica. El subtítulo habla por sí mismo sobre las incertidumbres que cubren el camino hacia la sociedad de la información: "Frente al futuro: por un control de lo verosímil y una gestión de lo imprevisible".

Los años 1984-1985 son un periodo bisagra. De un lado, al abrir sin restricciones el espacio mundial a los movimientos de capitales, la desregulación de la esfera financiera permite tener una primera imagen magistral de las redes de la economía global, al mismo tiempo que surge el riesgo de crisis ante la ausencia de mecanismos de regulación supranacionales. De otro lado, el desmantelamiento de la ATT, efectivizado el 1 de enero de 1984, desata una ola mundial que precipita la liberalización de las telecomunicaciones sobre un fondo de cambio tecnológico (digitalización, redes de alto caudal, electrónica óptica, aumento de la capacidad de las memorias y baja de costos).

En Gran Bretaña, el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher toma la delantera en 1984, privatizando British Telecom. Obligados a obedecer la ley de la competencia, los servicios públicos de telecomunicaciones se encaminan gradualmente hacia un estatuto que les permite operar fuera de sus fronteras. Esto se tornará irreversible en enero de 1998, fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la apertura de los mercados a la competencia, firmado por sesenta y ocho gobiernos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sucesora del GATT. Algunos firmantes se reservaron el derecho de fijar un límite a las inversiones de las firmas extranjeras en el sistema nacional de telecomunicaciones (por ejemplo, Brasil, Canadá y Japón), y en el año 2000 más de la mitad de los 135 miembros de la OMC aún no habían suscrito ese compromiso.

Megafusiones

El paso al modelo competitivo repercute sobre todo en el sistema de comunicaciones. Se desata la batalla para figurar entre los pocos operadores globales, capaces de ofrecer servicios de telecomunicaciones (teléfono, transmisión de datos, etc.) por medio de una red llamada sin costuras. Su campo de acción va extendiéndose. Las fusiones-adquisiciones y las tomas de participación cruzadas imbrican cada vez más las industrias del contenido y los operadores de líneas. Subiendo cada vez más la apuesta, aumentando cada vez más la concentración, renovando cada vez más las tecnologías, esas megaoperaciones bursátiles para el acercamiento de contenidos y de vectores se repetirán a un ritmo tal, que sería aburrido enumerarlas.

El punto culminante en la unión de las redes de la "nueva economía" con las de la "economía real" se registra en enero de 2000, con la compra de Time-Warner-CNN, número uno mundial de los grupos multimedia, por parte de America OnLine, primer proveedor mundial de acceso a Internet. La ambición de AOL se puede leer en las paredes de su sede social: "AOL everywhere, for everyone" (AOL en todos partes, para todo el mundo)2. ¡Se trata de estar presente desde la producción del contenido hasta su difusión, en todos los medios existentes o futuros! A esa mega-fusión replicará, pocos meses después, otra similar a partir del "campeón nacional" francés: Vivendi-Universal-Canal Plus.3.

  1. Armand Mattelart, "Cómo nació el mito de Internet", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, agosto de 2000.
  2. Sobre la fusión AOL/Time-Warner: Dan Schiller"Internet rehén del comercio", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, febrero de 2000.
  3. Sobre la fusión Vivendi-Universal, véase Dan Schiller, "Un prédateur à l´ère d´Internet", Le Monde diplomatique, París, enero de 2001.
Autor/es Armand Mattelart
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 21 - Marzo 2001
Páginas:36, 37
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Internet, Radio, Televisión, Mundialización (Cultura), Tecnologías, Armamentismo, Militares, Neoliberalismo, Estado (Política), Geopolítica
Países Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, Francia