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Estados Unidos, un Estado ilegal

En el pasado mes de junio, el Departamento de Estado excluyó de su lenguaje diplomático la expresión "rogue state", que puede traducirse como "Estado ilegal", para adoptar la categoría más vaga de "state of concern" ("Estado fuente de preocupación") con el fin de obtener una mayor flexibilidad en su relación con los países así calificados. La denominación de Estado ilegal designaba a Corea del Norte, Cuba, Irak, Irán, Libia, Sudán y Siria, que según Washington, sustentaban el terrorismo y que por consiguiente la Casa Blanca sometió y sigue sometiendo unilateralmente a sanciones.

El concepto de "Estado ilegal"1 cumplió un papel esencial en el análisis y la estrategia política estadounidenses. El ejemplo más conocido es la crisis iraquí, que perdura desde hace exactamente diez años (la invasión de Kuwait por Irak data del 1-8-1990)2. Washington y Londres decretaron entonces que Irak era un "Estado ilegal", que constituía una amenaza para sus vecinos y para los demás países y era una "nación fuera de la ley" conducida por una reencarnación de Hitler que debía ser mantenida a raya por los guardianes del orden internacional: EEUU y su aliado británico.

La característica más interesante de este debate sobre los "Estados ilegales" reside precisamente en que nunca se produjo, dado que las discusiones quedaron circunscritas a límites que impiden que se formule la respuesta evidente : EEUU y el Reino Unido deben actuar conforme a sus leyes y a los tratados internacionales que suscribieron.

El marco legal pertinente es la Carta de las Naciones Unidas, fundamento del derecho internacional y, para EEUU, la Constitución estadounidense. La Carta estipula que "una vez constatada la existencia de una amenaza en contra de la paz, de una ruptura de la paz o de un acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada deben adoptarse (…) Si esas medidas resultan inadecuadas, el Consejo puede emprender cualquier acción que juzgue necesaria para el mantenimiento o el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales".

La única excepción admitida figura en el artículo 51: "Ninguna disposición de la presente Carta atenta contra el derecho natural de legítima defensa, individual o colectiva, en el caso de que un miembro de las Naciones Unidas sea objeto de una agresión armada, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Existen pues vías de recursos legítimas para hacer frente a las numerosas amenazas que pesan sobre la paz del mundo, y ningún Estado tiene autoridad para actuar a su antojo por medio de medidas unilaterales. EEUU y el Reino Unido no son una excepción a la regla, aun cuando tuviesen las manos limpias, lo cual está lejos de ser el caso. Ni los "Estados ilegales" -por ejemplo el Iraq de Saddam Hussein- ni EEUU, aceptan estas exigencias. Así fue como en el curso de una primera confrontación con Iraq, la actual Secretaria de Estado, en esa época embajadora ante la ONU, Madeleine Albright, no tuvo prurito en declarar frente al Consejo de Seguridad: "Actuaremos de manera multilateral cuando podamos, y unilateralmente cuando lo juzguemos necesario", porque "consideramos que la región del Cercano Oriente es de vital importancia para los intereses nacionales de EEUU".

Reiteró esta posición en enero de 1998, en momentos en que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, emprendía una misión diplomática en Bagdad: "Le deseamos buena suerte, y a su regreso veremos si lo que trae es compatible con nuestros intereses nacionales". Cuando Annan anunció que había logrado un acuerdo con Saddam Hussein, el presidente Clinton declaró que si Iraq no lo respetaba -siendo Washington el único juez en la materia- "todo el mundo entendería que EEUU, y es de esperar que todos nuestros aliados, tendríamos el derecho unilateral de replicar cuando, donde y como lo decidamos". El Consejo de Seguridad de la ONU confirmó por unanimidad el acuerdo firmado por Annan y rechazó de plano las exigencias de Londres y de Washington en el sentido de verse autorizados a hacer uso de la fuerza si no fuese respetado. En esta última hipótesis, Iraq se expondría sin embargo "a las más graves consecuencias", tal como lo indicaba -sin mayores precisiones- la resolución del Consejo, que decidió permanecer en asamblea permanente. En el contexto de la Carta de la ONU, se trataba exclusivamente del Consejo de Seguridad3.

Washington hizo una lectura totalmente diferente de este texto, que sin embargo no presentaba ninguna ambigüedad. De acuerdo con el embajador Bill Richardson, el acuerdo suscrito "no impedía el uso unilateral de la fuerza", y EEUU conservaba el derecho legal de atacar a Iraq cuando le pareciera. Clinton declaró a su vez que la resolución del Consejo de Seguridad le "confería autoridad para actuar"-por medios militares, especificó su consejero de prensa- en caso de que Irak no respetara sus compromisos. En el Congreso, algunos senadores consideraron que esta posición oficial era aún demasiado respetuosa del derecho nacional e internacional. Así fue como el republicano Trent Lott, líder de la mayoría en el Senado, denunció al gobierno de Clinton por haber "delegado en otros", es decir en el Consejo de Seguridad, su política exterior. Su colega John Kerry, pese a ser una antigua "paloma", agregó que la invasión de Iraq por EEUU sería "legítima" si Saddam Hussein "se obstinara en violar las resoluciones de la ONU".

El desprecio por la primacía del derecho está profundamente arraigado en la cultura intelectual y las prácticas estadounidenses. Basta con recordar, entre otros ejemplos, la reacción de Washington ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986. Se recordará que EEUU fue condenado por "uso ilegal de la fuerza" contra la Nicaragua sandinista y obligado a poner fin a sus actividades clandestinas al servicio de los antisandinistas de la "Contra", así como a compensar financieramente al gobierno legal de Managua4.

En EEUU el fallo de La Corte no fue considerado digno de publicarse y no se tuvo en cuenta, muy al contrario: el Congreso, cuya mayoría era demócrata, destrabó nuevos fondos destinados a los terroristas de la Contra. El secretario de Estado George Shultz, en una declaración de abril de 1986, había formulado la doctrina estadounidense en la materia: "La palabra negociación es un eufemismo por capitulación si la sombra del poder no se ve proyectada sobre la mesa", explicó, fustigando de paso a todos los que preconizaban "medios utópicos, legalistas, tales como la mediación por terceros, la ONU o la Corte de La Haya, ignorando en la ecuación el elemento de poder".

Para justificar ante el Consejo de Seguridad la invasión de Panamá por las tropas estadounidenses en diciembre de 1989, el embajador Thomas Pickering invocó el artículo 51 de la ONU: según él, se trataba de impedir que el territorio de ese país "fuese utilizado como una base para el tráfico de droga con destino a EEUU".

En junio de 1993, el presidente Clinton obtuvo un gran éxito en el Congreso y en la prensa al ordenar el ataque con misiles contra Iraq, que ocasionó numerosas víctimas civiles. Los comentaristas quedaron particularmente impresionados por el recurso de Madeleine Albright al famoso artículo 51: afirmó que los bombardeos constituían "un acto de legítima defensa contra un ataque armado", en este caso un supuesto intento de asesinato contra el presidente George Bush ¡dos meses antes! Responsables de la administración informaron a los periodistas, expresándose en forma anónima, que "este juicio sobre la culpabilidad de Iraq estaba fundado en pruebas y análisis fácticos más que en informaciones sólidas", lo que no impidió que la prensa saludara unánimamente la utilización del famoso artículo 51. En la Cámara de Comunes del Reino Unido, el secretario del Foreign Office, Douglas Hurd defendió también este "ejercicio justificado y medido del derecho a la legítima defensa".

La "teoría del loco"

¿Qué es pues un "Estado ilegal"? La idea que sustenta esta formulación es que aunque la guerra fría (1947-1989) ha terminado, EEUU conserva la responsabilidad de proteger al mundo. ¿Pero contra quién? La "conspiración monolítica y despiadada" de John F. Kennedy y el "imperio del mal" caro a Ronld Reagan caducaron. Hay que buscar otros enemigos5.

En el frente interno, el temor a la criminalidad -y más específicamente a la droga- fue estimulado por "una serie de factores que tuvieron poco o nada que ver con el crimen propiamente dicho". Tal es la conclusión de la Comisión nacional sobre la justicia criminal, que menciona el comportamiento de los medios masivos de comunicación, como asimismo "la manera en que el Estado y la industria privada cultivan el temor en los ciudadanos, explotando las tensiones raciales latentes con fines políticos".

Y es de destacar el prejuicio racial que impera en el seno de la policía y de la magistratura, que desarticula a las comunidades negras y crea un "abismo racial" que expone el país al "riesgo de una catástrofe social". Criminólogos evocaron en tal sentido un "Gulag estadounidense", un "nuevo apartheid" con, por vez primera en la historia de EEUU, una población carcelaria de aproximadamente dos millones de detenidos, en su gran mayoría afroamericanos. La tasa de encarcelamiento de los negros es siete veces superior a la de los blancos, sin medida común con la de los arrestos, los que sin embargo afectan a los negros en proporciones sin relación alguna con las cifras reales del consumo o del trafico de estupefacientes6.

En el exterior, los peligros prioritarios son el "terrorismo internacional", los "narcotraficantes hispánicos" y, más grave aún, los Estados ilegales. Un estudio secreto, que data de 1986 y que fue hecho público recientemente gracias a la ley sobre la libertad de la información, trazaba los grandes lineamientos de la aproximación estratégica en vísperas del nuevo milenio. Encargado por el Strategic Command -responsable del arsenal nuclear estratégico- y titulado Essentials of Post-Cold War Deterrence (Principios básicos de disuasión en la posguerra fría) muestra, según la agencia Associated Press, "cómo EEUU ha modificado su estrategia de disuasión, reemplazando a la Unión Soviética por los estados denominados ilegales: Iraq, Irán, Libia, Siria, Cuba y Corea del Norte". Recomienda que EEUU explote su potencial nuclear para proyectar una imagen de sí mismo "irracional" y "vindicatoria" en caso de que sus intereses vitales se vieran amenazados: "Resulta perjudicial presentarnos como gente razonable, racional o con sangre fría", y peor aún, como respetuosa de niñerías tan irrisorias como el derecho o los tratados internacionales. "Que ciertos elementos del gobierno federal puedan parecer potencialmente imposibles de controlar puede contribuir a crear o a reforzar los temores y las aprehensiones de nuestros adversarios".

Este informe resucitaba la "teoría del loco" de Richard Nixon: los enemigos de EEUU deben entender que se enfrentan con chiflados de comportamiento imprevisible y que disponen de una enorme capacidad de destrucción. El miedo los llevará entonces a plegarse a la voluntad estadounidense. Este concepto había sido elaborado en los años ´50 en Israel por el gobierno laborista, cuyos dirigentes "predicaban a favor de actos de locura", como escribió el ex primer ministro Moshé Sharett en su diario íntimo. Además, estaba en parte dirigido contra EEUU, juzgado como poco confiable en esa época.

Desde el comienzo del gobierno de Reagan, en 1980, Libia fue designada como el Estado ilegal por excelencia. Este país, vulnerable y sin medios de defensa, es en efecto un perfecto punching-ball. Por ejemplo, el bombardeo de 1986 a Trípoli fue el primero en la historia en ser programado para que se viese en directo y en vivo por televisión y para que los escribas del "Gran Comunicador" Reagan pudieran, de paso, movilizar a la opinión a favor de los ataques terroristas de Washington contra Nicaragua. ¿El pretexto? El "superterrorista" Gaddafi "había enviado 400 millones de dólares y un arsenal completo a Managua para llevar la guerra al corazón mismo de EEUU", que ejercía su derecho de legítima defensa contra la agresión armada del Estado ilegal que era la Nicaragua sandinista.

En 1989, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, que puso fin a la amenaza soviética, el gobierno de George Bush presentó al Congreso su pedido anual de un presupuesto gigantesco para el Pentágono: "En la nueva era que se aproxima (…), el empleo de nuestras fuerzas probablemente ya no corresponderá a la Unión Soviética, sino más bien al Tercer Mundo, donde sin duda serán necesarias nuevas capacidades y nuevas modalidades de procedimiento".

En esa época, las amenazas contra los intereses estadounidenses no podían ser atribuidas a Iraq, dado que Saddam Hussein era entonces para Washington un amigo cortejado y un socio comercial. Pero su estatuto iba a dar un giro de 180 grados unos meses más tarde, cuando en julio de 1990 Saddam interpretó erróneamente el consentimiento estadounidense a una modificación por la fuerza de sus fronteras con Kuwait como un cheque en blanco para invadir ese país en su totalidad7, es decir, en la perspectiva del gobierno de Bush, para repetir la hazaña que EEUU acababa de llevar a cabo en Panamá, en diciembre de 1989.

Sin embargo, los paralelos históricos nunca son absolutamente exactos. Cuando Washington se retiró parcialmente de Panamá después de haber instalado allí un gobierno fantoche, una ola de ira se desató en todo el hemisferio, incluido Panamá, obligando a Washington a oponer su veto a dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y a pronunciarse en contra de una resolución de la Asamblea General que condenó "la flagrante violación del derecho internacional y la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los Estados" y exigió que el "cuerpo expedicionario estadounidense"se retirara de Panamá.

Todo lo cual alimentó la reflexión de analistas políticos como, por ejemplo, Ronald Steel: "(…) la nación más poderosa del planeta, EEUU, ve su libertad de emplear la fuerza sometida a más restricciones que cualquier otro país". De allí el éxito (temporario) de Saddam Hussein en Kuwait, en agosto de 1990, comparado con la incapacidad de Washington de imponer su voluntad en Panamá.

Antes de Iraq, encabezaron la lista de Estados ilegales Irán y Libia. Pero hubo Estados que no figuraron nunca. Indonesia es un acabado ejemplo, ya que de enemiga, se convirtió en amiga cuando el general Suharto tomó el poder en 1965, después de un baño de sangre fuertemente aplaudido en Occidente8. Suharto se convertiría rápidamente en "un tipo de los nuestros" (our kind of guy), para retomar una fórmula del gobierno de Clinton, a pesar de las agresiones mortíferas y atrocidades sin fin cometidas contra su propio pueblo. Sólo en la década de los "80, 10.000 indonesios fueron asesinados por las fuerzas del orden, de acuerdo con el testimonio personal del dictador que explica asimismo que "se dejan los cadáveres tirados, como una especie de terapia de choque"9.

A partir del mes de diciembre de 1975, el Consejo de Seguridad de la ONU había intimado sin embargo a Indonesia a retirar "sin demora" sus tropas, que habían invadido Timor Oriental, antigua colonia portuguesa, y exigido a "todos los Estados que respetaran la integridad territorial de Timor Oriental, así como el derecho inalienable de sus habitantes a la autodeterminación". EEUU habría de responder a esta decisión de las Naciones Unidas incrementando en secreto sus provisiones de armas a los agresores.

En sus memorias, Daniel Patrick Moynihan, en ese momento embajador ante la ONU, declara estar orgulloso de haberlas vuelto "totalmente ineficaces" en lo referido a Indonesia. Y esto siguiendo instrucciones del departamento de Estado, "que había deseado la evolución que siguieron los hechos, y obrado en consecuencia para que así fuera". Washington aceptó tranquilamente, pese a la transgresión de la legalidad internacional que ello representa, el robo del petróleo del Timor (con la participación de una compañía estadounidense), despreciando toda interpretación razonable de los acuerdos internacionales.

No fueron los crímenes de Saddam Hussein contra su propio pueblo, especialmente el uso de armas químicas contra los civiles, perfectamente conocido por los servicios de información estadounidenses, los que transformaron al dictador en el "monstruo de Bagdad". Antes de la invasión a Kuwait, EEUU le había manifestado su apoyo, a tal punto indefectible que hasta ignoró el ataque aéreo iraquí contra el navío de guerra USS Stark, que provocó 37 víctimas entre los marinos estadounidenses, privilegio del cual sólo Israel se había beneficiado hasta entonces (cuando atacó "por error" el US Liberty, en junio de 1967, ocasionando 34 muertes). EEUU había coordinado con Saddam Hussein la campaña diplomática, militar y económica que condujo en 1989 a la capitulación de Irán "ante Bagdad y Washington", como lo expresa el historiador Dilip Hiro. Hasta había solicitado a Saddam Hussein pequeñas prestaciones habitualmente llevadas a cabo por un Estado vasallo: por ejemplo, hacerse cargo del entrenamiento de varios cientos de mercenarios libios reclutados por los estadounidenses con el fin de derrocar al coronel Gaddafi, tal como lo reveló un antiguo asesor de Reagan, Howard Teicher10.

Si Saddam Hussein se pasó al campo de los Estados ilegales, es porque demostró desobediencia, lo mismo que ese criminal de menor envergadura, el general Manuel Noriega, de Panamá, que perpetró sus peores crímenes cuando estaba al servicio -remunerado- de Washington. Cuba fue clasificada en esta categoría debido a su presunta implicación en el "terrorismo internacional", pero no así EEUU, que sin embargo durante casi cuarenta años multiplicó los ataques terroristas contra la isla caribeña y los atentados contra Fidel Castro. Sudán fue a su vez clasificado como Estado ilegal, pero no así EEUU, que en agosto de 1998 bombardeó allí una supuesta fábrica de armas químicas, aunque se comprobó luego que en realidad se trataba de una fábrica de productos farmacéuticos, tal como afirmaban las autoridades de Jartum11.

Como se puede ver, el concepto de Estado ilegal, hoy en día oficialmente abandonado, fue particularmente flexible. Finalmente los criterios eran perfectamente claros: un Estado ilegal no era simplemente un Estado criminal, sino un Estado que no se doblegaba ante las ordenes de los poderosos, los cuales se mantenían por supuesto fuera del alcance de esta categorización infamante.

  1. La expresión Estado ilegal "perdió su razón de ser", declaró el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, porque algunos de esos países corrigieron su conducta. Pero esta modificación en la terminología no afecta las sanciones contra los Estados en cuestión. Le Monde, 21-6-00. Cabe señalar que Robert Mc Namara, Secretario de Estado estadounidense de defensa entre 1961 y 1968, evaluó recientemente que EEUU mismo, por su tendencia creciente a actuar unilateralmente y "sin respeto por las preocupaciones de los demás", se había convertido en un Estado ilegal. Ver Flora Lewis, "Some Learn Power´s Hard Lessons Better Than Others", The International Herald Tribune, 26-6-00.
  2. Alain Gresh, "Muette agonie en Irak", os ´20 diplomatique, París, julio de 1999.
  3. Eric Rouleau, "Scénario contrarié dans leGolfe", Le Monde diplomatique, París, marzo de 1998.
  4. Ignacio Ramonet, "La longue guerre occulte contre le Nicaragua", Le Monde diplomatique, París, febrero de 1998.
  5. Philip Bowring, "Rogue states Are Overrated", International Herald Tribune, 6-6-00.
  6. The Real War on Crime: the Report of the National Criminal Justice Commission ( bajo la dirección de Steven Donziger) HarperCollins, New York, 1996.
  7. Pierre Salinger y Eric Laurent, Guerre du Golfe, le dossier secret, Olivier Orban, París, 1990.
  8. Noam Chomsky, "Timor Oriental, el horror y el olvido", en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre1999.
  9. Citado por Charles Glass, Prospect, Londres,1998.
  10. The New York Times, 26-5-1993.
  11. Alain Gresh, "Guerres saintes", Le Monde diplomatique, París, septiembre de 1998.
Autor/es Noam Chomsky
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 14 - Agosto 2000
Páginas:18, 19
Traducción Dominique Guthmann
Temas Armamentismo, Conflictos Armados, Militares, Terrorismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica
Países Estados Unidos, Irak, Cuba, Libia, Sudán, Nicaragua, Panamá, Corea del Norte, Indonesia, Timor Oriental, Irán, Israel, Kuwait, Siria