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La nueva "conquista del agua"El mes pasado se celebró en la Haya un Foro Mundial para debatir la problemática del agua, un recurso estratégico en este nuevo siglo. Mientras la tendencia mundial es a privatizar su administración, se alzan cada vez más voces para lograr que el acceso al agua sea considerado un derecho universal. En este sentido, las conclusiones del Foro resultaron decepcionantes, aunque se avanzó en la conciencia del problema.Del 17 al 22 de marzo pasado tuvo lugar en La Haya el segundo Foro Mundial para el Agua, organizado por el gobierno holandés por iniciativa del Consejo Mundial del Agua (CMA), al que asistieron varios miles de personas. Implementado en 1994 con la ayuda del Banco Mundial (BM), de ciertos gobiernos (Francia, Países Bajos, Canadá…) y empresas (como Suez-Lyonnaise des eaux), el CMA se impuso como meta definir una "visión mundial del agua" a largo plazo, con el acuerdo y la colaboración de Naciones Unidas1Con este objetivo, el BM también apoyó, más o menos en la misma época, la creación del Global Water Partnership (GWP) cuya tarea consiste en favorecer el acercamiento entre autoridades públicas e inversores privados, especialmente en el marco de los programas y de los proyectos que financia. El GWP está presidido por el vicepresidente de inversiones del BM. Los trabajos del CMA y del GWP no resultaron del todo satisfactorios, entre otras razones por su falta de coordinación. En agosto de 1998 se creó la Comisión Mundial para el Agua en el Siglo XXI, bajo la presidencia del presidente del GWP, para poner en evidencia la urgencia de hacer progresar la famosa "visión mundial". La comisión lanzó una amplia consulta institucional a propósito de una nueva versión de la "Visión 2020"2, y le encomendó al GWP acompañar dicha "visión" con un trabajo de índole operacional titulado "Un marco para la acción". La "visión" y el "marco" en cuestión fueron presentados en La Haya. Se suponía que los ministros que participaron de la conferencia ministerial (más de 100 países representados) debían aprobar una declaración para garantizar la legitimidad de la "política mundial del agua" para los 15 o 20 años venideros. En el transcurso de la década pasada se implementó una suerte de estado mayor mundial del agua. Aunque formalmente las empresas privadas sólo están representadas dentro de estas diferentes estructuras por el presidente de Suez-Lyonnaise des eaux (en tanto que miembro de la Comisión) y encumbrados responsables de Vivendi-Générale des eaux, el mundo de los negocios y de las finanzas está omnipresente por medio de los "expertos". De esta manera, el capital privado está sólidamente instalado en los ámbitos de decisión. Las teorías y las propuestas presentadas en La Haya3, se inscribieron en el marco de esta nueva "conquista del agua" llevada a cabo desde principios de la década del "70, a partir de tres principios que constituyen otras tantas dinámicas: la comercialización, privatización e integración oligopólica mundial entre los distintos sectores (agua potable, agua embotellada, tratamiento de las aguas, bebidas gaseosas), en un contexto de luchas por la hegemonía de los mercados y de conflictos de poderes entre Estados. Para el estado mayor mundial del agua, resulta necesario que ésta sea tratada como un bien económico, pretendiendo que es la única manera para luchar eficientemente contra la penuria y el acelerado incremento de su valor. El agua se ha tornado cara y lo será aún más en el futuro, lo que la convertirá en el "oro azul" del siglo XXI. De acuerdo al proyecto de declaración ministerial, sólo la fijación de un precio de mercado para el costo total de las prestaciones proporcionadas (el supuesto "precio justo"), podrá garantizar el equilibrio entre la oferta y una demanda en fuerte crecimiento, así como limitar los conflictos entre campesinos y habitantes de las ciudades; agricultores e industriales; ecologistas y consumidores responsables; regiones "ricas" y "pobres", o entre Estados pertenecientes a las mismas cuencas hidrográficas. La idea es que exportar y comercializar el agua, aun sobre grandes distancias, de acuerdo a las reglas del libre comercio y en el marco de la libre competencia, permitiría no sólo obtener (muchas) ganancias, sino asimismo eliminar los conflictos4… Estos son los principales ingredientes de la "administración integrada de los recursos de agua" (IWRM en inglés), propuesta por el GWP como concepto clave de las políticas que deben ser aplicadas en los distintos niveles territoriales de intereses y de competencia. La privatización del conjunto de servicios (captación, depuración, distribución, conservación, tratamiento), se conjuga perfectamente con el emprendimiento de la IWRM: garantizar la gestión natural de un recurso escaso, por intermedio de la "justa" remuneración de la inversión, lo que -se nos dice- permitiría reducir el derroche y luchar contra la polución y la contaminación. En esta perspectiva, la administración pública directa se revelaría cada vez más inadecuada e ineficaz. Convendría entonces transferirla a las empresas privadas, primordialmente según el modelo francés de administración delegada. Esta política es perfectamente coherente con la desregulación y la privatización de los servicios públicos básicos generalizada en el mundo entero: gas, electricidad, transportes urbanos, telecomunicaciones, correo. La privatización del agua representaría la última frontera del fenómeno de acumulación de capital y de ganancias en manos de la empresas llamadas multi-utilities (multi-utilitarias), de las cuales son un ejemplo particularmente efectivo las compañías francesas, entre las más avanzadas en cuanto a su mundialización. Los interesados conceden que se deben tener en cuenta los aspectos sociales, culturales y éticos. Sobre todo éstos últimos. De allí el lugar importante que ocupan los discursos sobre la ética en los documentos preparatorios y en el programa de eventos del Foro Mundial5Pero cuando hubo que elegir entre la calificación del acceso al agua en tanto que derecho humano y social básico, más que como una necesidad humana básica, los redactores del proyecto de la declaración ministerial optaron por la noción de necesidad. Desde su punto de vista, considerar el agua como un derecho hubiese acarreado obligaciones y restricciones demasiado apremiantes para la "libertad" de los actores, especialmente los privados. La comercialización desemboca en la tercera dinámica, menos avanzada que las dos precedentes, de la nueva "conquista del agua": la integración entre todos los sectores, en el marco de una lucha por la supervivencia y la hegemonía en el seno del oligopolio mundial. Cada uno de estos sectores -agua potable, agua embotellada, bebidas gaseosas, tratamiento de las aguas residuales- tiene por ahora sus actores, sus profesiones, sus mercados, sus conflictos. El agua potable ("los grifos"), por ejemplo, para Vivendi, Suez-Lyonnaise des eaux, Thames Water, Biwater, Saur-Bouygues (y sus filiales). El agua (mineral) embotellada, sobre todo para Nestlé y Danone, respectivamente Nº 1 y nº 2 mundiales, muy por encima de las demás embotelladoras. Entre éstas últimas, Coca-Cola y Pepsi Cola devienen competidores de los "grifos", por el desarrollo y la comercialización -aun mediante pequeños puestos de consumo de agua llamada sintética, purificada, que pretende ser más sana. Por su lado, las empresas de servicio de agua potable están cada día más presentes en el tratamiento de aguas residuales y empiezan a interesarse en las aguas sintéticas y las purificadas. En el futuro podrían tratar de conquistar mercados en el sector de las bebidas gaseosas, cuyos "emperadores-guardianes" son Coca y Pepsi. Si los poderes públicos e internacionales abandonan el agua a las "leyes" del mercado y de la competencia, el surgimiento de conglomerados multi-utilities a escala mundial no hará más que acelerar las lógicas de integración y de enfrentamientos. ¿Qué quedará, en semejantes condiciones, del derecho a la vida representado por el acceso al agua para toda persona y toda comunidad? ¿Qué quedará asimismo del interés general de la colectividad y de la cohesión social y territorial? Por cierto, la nacionalización del agua a manos de poderes públicos dictatoriales, expansionistas, militaristas o corruptos debe ser rechazada en la misma medida que el merchandising la privatización y la integración oligopólica mundial. Por esto resulta urgente definir e implementar, por intermedio de un contrato mundial6, un nuevo servicio público -con diferentes niveles territoriales- de este patrimonio común de la humanidad. Empezando por Europa, donde las colectividades deben garantizar no sólo las funciones de orientación y de control de la propiedad y de los servicios de agua (en el contexto de una lógica de desarrollo sustentable de la sociedad, y no sólo del medio ambiente), sino asimismo su administración directa. Volver a adueñarse de los conocimientos, de las tecnologías y de las capacidades de evaluación de calidad, así como del control de las reservas, se torna indispensable y requiere una enérgica movilización de los ciudadanos. El hecho de que asociaciones como ATTAC empiecen a poner de manifiesto un creciente interés por el agua, ciertamente es una señal promisoria.
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