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La dirigencia política y económica argentina en la picota

El informe del Senado estadounidense sobre lavado de dinero -que dedica 48 páginas a Argentina- provocará sin dudas una conmoción en el corrupto sistema político e institucional del país. Este escándalo abre la posibilidad de rehacer ese sistema. Pero las intenciones de EE.UU. podrían ir más allá que acabar con el lavado internacional.

Tiene razón la diputada argentina Elisa Carrió cuando dice que "este es un momento bisagra en la política del país". Autora, junto con su colega Gustavo Gutiérrez, del informe elevado a la comisión del Senado estadounidense -presidida por el demócrata Carl Levin- que investiga el lavado internacional de dinero, Carrió se mostró extremadamente satisfecha en Washington al conocer el informe, que dedica 48 de sus 118 páginas a la operaciones de lavado en Argentina.

A mediados del año pasado, Carrió y Gutiérrez decidieron entregar a Levin el resultado de más de un año de pacientes (y peligrosas, dado el alto grado de contaminación mafiosa de las instituciones y la política argentinas) investigaciones sobre lavado de dinero en el país, en el que estarían involucrados el propio presidente del Banco Central, Pedro Pou, el Citibank de Estados Unidos, su filial de Buenos Aires y sus altos directivos John Reed y Richard Handley respectivamente, entre otros banqueros y funcionarios. El banquero argentino Raœl Moneta, que habría sido el "hombre de paja" (aunque principescamente pagado) en todo este asunto, aparece también seriamente comprometido. Moneta es un hombre a quien se adjudican estrechos lazos con el ex presidente Carlos Menem1, quien comienza así a ver su nombre mezclado en el tema.

¿Por qué entregar el informe a Levin y no a la justicia argentina? Con razón, Carrió y Gutiérrez argumentan que en su país no hay garantías, ni judiciales, ni políticas, ni de seguridad. Desde que en 1989 el ex presidente Carlos Menem y su partido justicialista se hicieron cargo del gobierno al cabo de elecciones democráticas, la decadencia de las instituciones iniciada durante la dictadura militar (1976/83) y apenas frenada durante el gobierno de Raœl Alfonsín (1983/89), se aceleró hasta llegar a niveles esperpénticos2 . En cuanto a la seguridad, a partir de la trascendencia internacional del asunto, un atentado a Carrió, Gutiérrez o cualquiera de sus colaboradores similar a los ya sufridos por jueces, funcionarios y periodistas en Argentina -impunes hasta el momento- haría seguramente trastabillar al gobierno y provocaría una crisis política de imprevisibles consecuencias.

Justamente, tanto el gobierno como el conjunto de la dirigencia política minimizaron al principio las denuncias, seguramente porque saben hasta dónde llega la implicación de muchos de ellos y, también, por el estólido reflejo corporativo de negar los hechos; la política del avestruz. Si Carrió y Gutierrez no hubiesen entregado su informe fuera del país, el "ninguneo" de sus colegas y la inoperancia y corrupción de la justicia hubiesen acabado por colocarlos en el papel de tontos, sino de locos.

Pero este escándalo, que se suma a los incontables ya estallados en el país, ocurre en un momento especial: la economía lleva ya tres años de recesión sin indicios de recuperación a la vista; los índices de pobreza y desempleo no tienen antecedentes; el Estado y sus instituciones están desmembrados y, por si esto fuese poco, a finales del año pasado el vicepresidente de la Repœblica, Carlos Alvarez, renunció denunciando la corrupción en el Senado, del que era presidente. No parece pues haber margen para "mirar hacia otro lado" respecto al tema, tanto por la importancia del lugar desde donde proviene la denuncia, como por el hartazgo de la sociedad argentina.

Carrió y Gutiérrez insisten en que "la batalla recién empieza", y tienen razón: ahora toca tirar del hilo del lavado del dinero en estos años; ir desvelando los nombres de los implicados y llevándolos ante la justicia. El lavado de dinero en Argentina puede obedecer a tres factores: evasión impositiva, narcotráfico y corrupción. En este œltimo rubro, sólo en el proceso de dudosísimas privatizaciones realizadas en los primeros años del gobierno menemista ingresaron al país casi 40.000 millones de dólares; en el mismo periodo, la deuda externa pasó de 62.000 millones de dólares a más de 150.000. Muchos se preguntan adónde fueron a parar semejantes sumas, fuera del pago de los intereses de la deuda y los gastos corrientes. Considerando el altísimo nivel de corrupción existente, no sería de extrañar que este rubro resulte parte importante del proceso de lavado de dinero.

Es evidente entonces que Carrió razona bien cuando afirma que se trata de un momento "bisagra" en la política y para las instituciones argentinas: si el tema es investigado y los culpables -todos- debidamente denunciados y traducidos en justicia, el país podría conocer un vuelco cualitativo y la sociedad recuperar la confianza en los dirigentes y las instituciones; de lo contrario, es muy probable que la frustración disparase una contestación social de imprevisible furor y contenido.

Queda una pregunta por hacerse respecto a este asunto, que por cierto es bienvenido, en la medida en que, aunque no llegue al fondo de las cosas, al menos habrá servido para alertar a la opinión mundial sobre los manejos de banqueros y financistas pœblicos y privados de todo el mundo. La pregunta es: ¿A qué viene el sœbito interés de Estados Unidos por destapar el tema del lavado mundial de dinero y dedicar casi la mitad de su informe a un país como Argentina, cuando es notorio que son sus bancos y su sistema financiero, junto a los de los demás países desarrollados, los que han creado y respaldado el mecanismo y se han beneficiado?

Las respuestas posibles son varias, no necesariamente excluyentes y exceden el propósito de este artículo. Pero sin pecar de demasiada suspicacia, habrá que estar atento a eventuales nuevas presiones internas y externas para dolarizar la economía argentina y a la también eventual presentación de proyectos de ley -en Argentina y otros países- que otorguen a Estados Unidos, con la excusa de vigilar el lavado de dinero, poder de observación e ingerencia sobre sistemas financieros, aduaneros, fiscales, bancos centrales, etc., de terceros países. El camino del infierno, se sabe, está empedrado de buenas intenciones y el diablo, también se sabe, está en los detalles.

  1. Clifford Krauss, "Money-Laundering Report give argentine leader a new woe", The New York Times, 1-3-01.
  2. Le Monde Diplomatique edición Cono Sur se ha ocupado extensamente de este tema. Ver en particular Carlos Gabetta, "La Repœblica en peligro", N¡ 14, agosto 2000; "Decae la Repœblica; se afirma el país mafioso-bananero", N¡ 16, octubre 2000; "Fin de época", N¡ 17, noviembre 2000 y "Repœblica, o país mafioso", Nº 4, octubre 1999.
Autor/es Carlos Gabetta
Publicado en Artículos especiales para eldiplo.org
Número de ediciónNúmero 20 - Febrero 2001
Temas Terrorismo, Desarrollo, Deuda Externa, Mundialización (Economía), Narcotráfico, Nueva Economía, Paraísos Fiscales, Derechos Humanos, Justicia Internacional, Estado (Política), Movimientos Sociales
Países Estados Unidos, Argentina