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El caso Argibay

La proposición del gobierno para designar miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la doctora Carmen Argibay, una profesional de frondosos e impecables antecedentes en el país y el extranjero, provocó descomedidas reacciones de la jerarquía católica, a causa de su ateísmo y de su razonada posición a favor del aborto. Un intento de priorizar el “derecho natural” sobre el “positivo”.

Nadie podría discutir el progreso que significa para la democracia (como restricción de un presidencialismo muy concentrado y como oportunidad de fortalecimiento de la participación ciudadana) la instancia de impugnación y audiencia pública interpuesta para nombrar candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procedimiento intenta restaurar la confianza en una institución que alcanzó un muy fundado e inédito grado de desprestigio, pero que cumple un papel de extraordinaria importancia en el sistema republicano. Hasta el presente sólo una mujer (Margarita Argúas) había llegado a ser miembro de la Corte Suprema, hacia el final de la dictadura de Onganía (lo que por cierto le resta lucimiento). Pero el primer nombre femenino que asomó recientemente, el de la doctora Carmen Argibay, provocó un escándalo y un intenso debate, tanto por las vías formales como en los medios de comunicación masiva.
Una primera observación es que aun sus detractores más duros aclararon que no tenían nada que decir sobre su condición de mujer y que incluso les parecía muy bien que una mujer integrara la Corte. Si todos están tan de acuerdo ¿por qué no ocurrió antes? Lo que vuelve más sospechosa aun esta corrección política es que está montada sobre 2.500 años de historia que negaron a las mujeres condiciones éticas, morales y racionales, considerándolas menores de edad perpetuas.
Interesa detenerse en dos afirmaciones de Argibay: “estoy a favor de la despenalización del aborto” y “soy una atea militante”. Con respecto a la primera afirmación, que expresa una opinión jurídica perfectamente defendible y razonable, fue transformada en una posición “a favor del aborto” y “en contra de la vida”, más por mala fe que por incomprensión. El aborto, aun siendo no punible en varias circunstancias según el art. 86 del Código Penal (que hasta el momento no ha sido declarado inconstitucional), no está al alcance de las mujeres y es sobre su cuerpo que pretende penalizarse la práctica. La opinión de Argibay es que las mujeres no deben ser penalizadas cuando abortan.
Pensemos en los dos principales grupos de riesgo para las mujeres que mueren por abortos: adolescentes (a las que les faltó información) y mujeres con más de 3 hijos (a las que les faltó anticoncepción). En ambos casos, precede a la práctica del aborto un incumplimiento por parte del Estado en derechos que asisten a las mujeres. La penalización del aborto clandestiniza su práctica, no la evita. El aumento en las cifras muestra la ineficacia de la represión. Educación sexual temprana y oportuna, información y anticoncepción eficaz, son el camino probado para disminuir drásticamente las cifras de aborto (el Ministerio de Salud lo ha probado con la implementación de la Ley de Salud Reproductiva).
Se argumenta a veces que, puesto que la mayoría de la población es católica, debe respetarse su preferencia moral. Pero despenalizar el aborto no implica que se obligue a las mujeres a practicarlo, por lo que sólo ofende al dogmatismo. Por otra parte, el 60% de las adolescentes que refieren haber practicado un aborto se definen como católicas, lo que vuelve endeble el argumento.
La afirmación de Carmen Argibay de que es una “atea militante” se parece más a una provocación que a una declaración de principios. En primer lugar, el ateísmo (a diferencia del agnosticismo) es un pronunciamiento acerca de la inexistencia, en este caso la inexistencia de Dios. La inexistencia no puede ser epistemológicamente probada, por lo que militar a favor de la inexistencia parece casi una humorada o bien es un dogmatismo de signo contrario.
El problema real que produce alarma con esta afirmación es que para el dogma católico el “derecho natural” tiene prioridad sobre el “derecho positivo”, que sólo vale si se ajusta al primero. De allí la recomendación de un obispo de desconocer la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva, a pesar de su legitimidad jurídica: un llamado a la rebelión y la insubordinación si no mediara la exigencia dogmática de reconocer como válida sólo la ley natural. Si una Corte Suprema está compuesta por jueces que comparten esta convicción, no será necesario ningún pronunciamiento explícito para restringir la interpretación de las normas positivas de modo que se ajusten al derecho natural. Es por eso que la intervención de una “atea militante” es riesgosa; y dicho sea de paso, es por eso que el laicismo es una garantía para la democracia.
La ruptura de puntos de vista hegemónicos en la Corte Suprema de Justicia, la incorporación de perspectivas normativas y morales que representen a sectores abarcativos de la sociedad, son imprescindibles en un Estado de derecho. Y esto es así porque la justicia no sólo certifica la verdad, sino que la produce. No cualquier dato será tomado en cuenta, sino aquellos adaptados a los procedimientos. Y en su interpretación, la Corte Suprema produce la verdad sobre el Derecho y sobre la Constitución: si dice que no se ha violado el derecho de propiedad, no importan las intuiciones del ciudadano común, el derecho de propiedad no se ha violado.
Queremos mujeres en la Corte no sólo por una cuestión elemental de justicia distribuitiva (lo cual sería ya suficiente argumento), sino porque una mirada de género sobre el derecho contribuirá a construir un nuevo pacto social. Es cierto que se nos ceden espacios en territorio arrasado, lo cual es un modo histórico de avanzar para las mujeres. Aceptamos el desafío.
Autor/es Diana Maffía
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 58 - Abril 2004
Páginas:15
Temas Estado (Justicia), Iglesia Católica
Países Argentina