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Drogas y contrainsurgencia

La legítima preocupación de Estados Unidos por el consumo interno de drogas se traduce en políticas nefastas para la estabilidad y la democracia de los países productores, varios de ellos latinoamericanos. El Departamento de Estado y el Pentágono se involucran cada vez más en términos militares -especialmente en Colombia- enmascarando así su tradicional política contrainsurgente. Esta línea de acción contra el narcotráfico no ha dado ni dará resultado alguno, pero en cambio puede desestabilizar a toda la región.

En el curso de los últimos años, el crimen transnacional organizado en general, y el narcotráfico en particular, han pasado a ser cuestiones prioritarias en las relaciones internacionales. Naciones Unidas dedicó la década pasada a la lucha contra el abuso de drogas. Al mismo tiempo, desde 1987, cada año se celebra el Día Mundial contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito.

En Estados Unidos, el consumo de drogas ilícitas supone un gasto superior a la suma del Producto Nacional Bruto (PNB) de más de 80 países periféricos. Las ventas anuales alcanzan 50.000 millones de dólares en las estimaciones más conservadoras; 150.000 millones según expertos independientes. En ese país hay 14 millones de consumidores de drogas ilícitas1, 5 millones de adictos y 52.000 muertes relacionadas con las drogas al año2. Un tercio de los enfermos de Sida contrajeron la enfermedad debido a un uso inadecuado de las drogas.

En este contexto, y desde que en 1973 Richard Nixon declarara la "guerra contra las drogas", Washington lidera la lucha antidrogas, influyendo poderosamente en las pautas de acción de organismos multilaterales como Naciones Unidas. El principal objetivo de la estrategia estadounidense ha sido, desde un principio, controlar la oferta en los países productores y de tránsito de drogas ilícitas, sobre todo la procedente de los centros latinoamericanos y caribeños de cultivo, procesamiento y transporte. La lógica subyacente es que para eliminar el consumo hay que comenzar por eliminar la oferta.

En los tres países con mayor producción de coca de la región andina, Colombia, Perú y Bolivia, las comunidades cocaleras forman parte de la franja de población más pobre. En estos países el circuito ilegal de coca/cocaína se circunscribe en las áreas de nueva colonización, relacionadas con las migraciones internas que se produjeron a raíz de los programas de ajuste estructural implantados en la década de los ochenta y que continúan en la actualidad.

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., sólo en América del Sur hay alrededor de 2,5 millones de millas cuadradas adecuadas para la plantación de hoja de coca, de las que en la actualidad hay plantadas apenas mil, el 0,04% de la tierra cultivable. La demanda anual de cocaína en EE.UU. puede ser satisfecha con el 14% de los cultivos de coca mundiales, mientras que las amapolas necesarias para el suministro de heroína se pueden cultivar en 20 millas cuadradas. Así, mientras sigan sin poder comercializar los productos legales en condiciones aceptables de ganancia, los campesinos seguirán cultivando plantas ilícitas, a pesar de las estrategias de erradicación de los cultivos.

La estrategia estadounidense de control de la oferta se combina con medidas para controlar la demanda de drogas en el interior del país. Según datos oficiales, en 1998 se arrestó a más de un millón y medio de personas por violar las leyes sobre drogas; el 75% por posesión de sustancias controladas y sólo el 25% por tráfico o elaboración de alguna droga. Son los resultados de una política que criminaliza a los consumidores de drogas en lugar de educar, tratar y rehabilitar a los adictos.

Por otra parte, la guerra contra la droga dentro de EE.UU. se ha transformado también en una guerra racial. Un adolescente afroamericano tiene, en relación con un adulto blanco de edad mediana, la quinta parte del riesgo de morir por abuso de drogas, pero diez veces más posibilidades de ser detenido por el tráfico. El 60% de los prisioneros en las cárceles federales por delitos graves relacionados con las drogas son negros3.

El caso de Colombia

La posición actual del presidente William Clinton tiende a dar más peso a la interdicción que a las políticas sociales, lo que se traduce en un mayor apoyo a la guerra militar en el exterior: asesores militares para batallones especiales, helicópteros artillados Black Hawk, fumigaciones y técnicas de contrainsurgencia.

De esta manera, se consolida la tendencia que empezó en 1989, cuando el Congreso aprobó la National Defense Authorization Act, que convirtió al Departamento de Defensa en el principal actor de la lucha contra la droga. Oficialmente Washington promueve políticas para frenar la droga en su lugar de origen y desalentar el consumo interno, pero el 67% de los recursos se dedican a luchar fuera de EE.UU., especialmente en América Latina. Las principales relaciones bilaterales entre Washington y los gobiernos latinoamericanos se basan hoy en políticas contra las drogas4.

Para apoyar el Plan Colombia del gobierno de Andrés Pastrana, EE.UU. ha preparado un paquete de ayuda de alrededor de 1.300 millones de dólares. Algo más del 60% de esta cantidad estará destinada a recursos militares, lo que situará a Colombia sólo por detrás de Israel y Egipto en la lista de receptores de asistencia militar estadounidense. Los críticos a esta ayuda consideran que servirá para incrementar el conflicto, fortalecerá a las fuerzas armadas colombianas -acusadas de violaciones de derechos humanos y de crear a grupos paramilitares-, dejará a gran parte de la sociedad en el medio del fuego cruzado y situará el desarrollo económico y la consolidación de la democracia del Plan Colombia en un segundo plano.

La frontera entre guerra al narcotráfico y guerra a la guerrilla no está clara, y se teme que EE.UU. pueda involucrarse en un nuevo Vietnam5, o que potencie la guerra entre los colombianos aunque no intervenga masivamente con sus soldados. Por otra parte, toda persecución al cultivo y procesamiento de drogas en Colombia servirá para que la cadena de producción se desplace hacia otros países de la región, como Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela o Brasil. Y algunos miembros de las fuerzas armadas colombianas podrían repetir lo que ocurrió en México: luchar con más medios y participar, al mismo tiempo, en el negocio ilegal6.

Durante los años noventa EE.UU. trató de destruir a los intermediarios ilegales entre los campesinos que cultivan y los millones de pequeños traficantes y consumidores. Pero el resultado ha sido que los grandes carteles se han diversificado, desplazado geográficamente, subdividido y ahora es más difícil controlarlos. Además, las políticas represivas han provocado la criminalización de los pequeños cultivadores de plantas ilícitas.

Los campesinos son las principales víctimas de la estrategia antidrogas ejecutada por el gobierno colombiano a instancias de EE.UU. La herramienta más importante de esta lucha antidrogas es la fumigación de los cultivos con herbicidas químicos. Desde que Colombia puso en práctica en la última década su programa de erradicación química agresiva, se inició un ciclo perverso de desplazamientos de cultivos y poblaciones hacia áreas aún más frágiles, aumentando la deforestación e intensificando el conflicto armado7.

Debido a las críticas que reciben las fumigaciones con herbicidas químicos, en las instancias oficiales se está negociando la "guerra biológica contra la coca" en el sur del país: fumigar con hongos biológicos. Como ya ocurre en Uzbekistán con las plantaciones de amapola, el plan comenzaría con una serie de pruebas de campo, en las que se evaluará la efectividad del hongo para eliminar la planta de coca y los riesgos ecológicos implicados.

El proyecto despierta preocupaciones en cuanto a sus riesgos sociales y ecológicos. Se han denunciado sus efectos perniciosos e, incluso, desde el Senado colombiano se han levantado voces de alterta declarando el hongo como un peligro para la salud humana y para la biodiversidad.

EE.UU. practica en Colombia una estrategia clásica de guerra contrainsurgente basada en algunas experiencias previas, desde Vietnam y Guatemala en los años ´60 hasta El Salvador en los "80, pero mezclada -o enmascarada- con "la guerra contra las drogas". En todos estos casos Washington apostó por el triunfo militar del gobierno aliado como condición previa a cualquier negociación. Los resultados fueron siempre dramáticos para las poblaciones locales y en algunos casos resultaron un fracaso para EE.UU., como ocurrió en Vietnam.

El escenario definido por el Pentágono es el siguiente: Colombia es una gran productora de droga (genera el 80% de la cocaína que se produce en el mundo y más de dos tercios de la heroína que se consume en EE.UU.). El gobierno colombiano es democrático pero débil y se enfrenta a dos fuertes grupos de guerrillas, a las diferentes mafias de la droga y ya no controla a los paramilitares. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían, a la vez, aliados con los narcotraficantes para obtener fondos para su lucha. El gobierno está negociando la paz, pero al entregar a los dos grupos de guerrilla amplias zonas del país se ha acelerado la fragmentación del territorio. La debilidad creciente del Estado y de las fuerzas armadas -continúa el argumento- podría llevar bien a una toma del poder por parte de las guerrillas, o a una situación de caos. En el primer caso, Colombia entraría en una guerra civil y a la vez sería un foco regional de insurgencia. En el segundo, el territorio sería usado como espacio libre por narcotraficantes, comerciantes de armas, guerrillas y terroristas.

Geopolíticamente vital

El general Barry McCaffrey, director de la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas (recientemente acusado por el periodista Seymour Hersch de provocar una matanza de iraquíes totalmente injustificada al final de la guerra del Golfo)8, considera que "es esencial que el gobierno colombiano restaure la autoridad del Estado en esta importante region". Desde 1999, McCaffrey ha impulsado el programa de ayuda militar, ha convencido a Clinton de aumentar el número de asesores militares estadounidenses y ha medido la disponibilidad (por ahora totalmente contraria) de diversos gobiernos latinoamericanos para intervenir militarmente en Colombia en caso de que la guerrilla tomase el poder.

Colombia ocupa un sitio geopolíticamente central. Está junto a una inestable América Central y el Canal de Panamá. Es vecina de Venezuela y Ecuador, dos países con graves problemas políticos y ricos en petróleo. Forma parte de la zona andina que está en creciente erupción social y linda con la rica y en parte incontrolable Amazonia. Es un país con importantes reservas de petróleo y productor de café y diamantes. Precisamente, estos últimos bienes están ahora en el centro de la discusión sobre su control entre empresas como la sudafricana De Beers, y los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña, ya que sirven como financiación para guerras como la de Sierra Leona y Angola.

Si Colombia estalla podría retrasar la ampliación del Tratado de Libre Comercio (no hay que olvidar que Pastrana ha solicitado formar parte del TLC en las mismas condiciones que México), a la vez que generaría agrios debates entre EE.UU. y los países latinoamericanos sobre qué opciones intervencionistas adoptar para controlar la o las múltiples colombias.

Sin duda la desintegración de Colombia sería una fuente de enorme inestabilidad. La ayuda militar de EE.UU. colaborará a cumplir esa profecía. James C. Jones, ex asesor del Programa de Control Internacional de Drogas de Naciones Unidas, considera que, en cambio, EE.UU. debería ayudar a neutralizar los grupos paramilitares que obstruyen el proceso de paz, impulsar al gobierno de Pastrana a hacer una reforma agraria, consolidar la reforma del Estado y dar más papel a la Unión Europea y a las Naciones Unidas9. La democracia, la justicia y la paz serán las mejores políticas para controlar las drogas.

  1. Mariano Aguirre, "La droga, excusa de Washington enAmérica Latina", Le Monde diplomatique, ed. española, Madrid, abril 1997 y "¿Quién certifica al certificador?", El Nuevo Herald, Miami, 2-3-00.
  2. "Corrige McCaffrey a Davidow: EU, la sede de las drogas", La Jornada, México, 26-2-00.
  3. Paul Lewis y Kendra Wright; Drug War Facts, Common Sense For Drugs Policy Foundation, Washington DC, 1999. En internet(http://www.csdp.org/)
  4. Coletta Youngers, "La guerra contra las drogas deEE.UU. y el debilitamiento de la democracia en América Latina", Papeles de Cuestiones Internacionales, Nº 68, otoño, 1999 y Martin Jelsma y Theo Roncken (coords.); Democracias bajo fuego. Drogas y poder en América Latina, Brecha/Acción Andina/Transnational Institute, Montevideo, 1998.
  5. William Pfaff, "In Colombia, remember: foreignerscannot win a civil war", International Herald Tribune,15-5-00
  6. H. LaFranchi, "Drugs pulling US into Colombia's war", The Christian Science Monitor, Los Angeles, 27-6-1999.
  7. Ricardo Vargas, Fumigación y conflicto, Tercer Mundo Editores/TNI/Acción Andina, Bogotá, 1999 y Martin Jelsma, "Un hongo contra la coca. UNDCP y la guerra biológica contra las drogas enColombia", Boletín Internacional Acción Andina, Nº 9,1-3-00. Accesible en internet: http://www.tni.org/drugs (en inglés) ówww.tni.org/drogas/ (en español)
  8. Seymour Hersch, "Annals of war. overwhelming force.What happened in the final days of the Gulf War?", The New Yorker, Nueva York, 22-5-00.
  9. James C. Jones, "A misguided aid package to Colombia" , The Guardian Weekly, Londres, 13-4-00. Ver asimismo Maurice Lemoine,"Pesca milagrosa en los puertos de Colombia" y "La guerra en Colombia: una nación, dos Estados", en Le Monde diplomatique, ed.Cono Sur, febrero y junio 2000, respectivamente.
Autor/es Mariano Aguirre, Virginia Montañés
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 13 - Julio 2000
Páginas:16, 17
Temas Conflictos Armados, Militares, Agricultura, Deuda Externa, Narcotráfico, Derechos Humanos, Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales, Consumo
Países Estados Unidos, México, Brasil, Angola, Egipto, Guatemala, Panamá, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Uzbekistán, Vietnam, Israel