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El fenómeno en Occidente

Instituciones como la dote o el honor no tienen vigencia en el mundo occidental desarrollado, aunque no cabe descartar que sus rémoras persistan en actitudes y costumbres que pautan las conductas más allá de las normas escritas. La violencia contra las mujeres no es en absoluto una exclusividad de sociedades tradicionalistas fundadas en principios religiosos: en un Congreso de 300 mujeres juristas europeas celebrado en Palma de Mallorca en mayo de 2000 1, ese fenómeno fue considerado "un problema de orden público" en la secularizada Europa, a cuya erradicación debiera destinarse el 1% de los presupuestos generales de cada Estado. En Argentina el fenómeno es aun más agudo.

Es cierto que en Occidente el accionar de los movimientos feministas en los últimos 40 años ha instalado la noción de violencia de género como estructural del sistema patriarcal, una noción que ha ido incluyendo, además de la violencia conyugal -que es su manifestación más primaria y reconocida- una multitud de conductas que hasta hace sólo unas décadas también estaban (y en muchos casos siguen estando) naturalizadas cultural y socialmente: las múltiples formas de coacción y abuso sexual, incesto, acoso, la imposición de la heterosexualidad mediante la persecución abierta o encubierta de la homosexualidad, la discriminación institucional y laboral, la prostitución, vinculada o no con el tráfico de personas, la negación del derecho a optar o no por la maternidad. Las concepciones feministas, además de arrancar las diferentes prácticas abusivas del marco privado que garantiza su impunidad, establecen vínculos no siempre evidentes entre todas ellas.

Si nos circunscribimos a la violencia conyugal propiamente dicha, ese Congreso de juristas propuso el establecimiento de una casa refugio para mujeres maltratadas por cada 5.000 habitantes en todo el territorio de la Unión Europea (UE). La demanda es proporcional a la envergadura del fenómeno: en España hay una mujer asesinada por su marido o pareja cada semana; en Gran Bretaña de 3 a 7 mujeres cada semana; en Francia tres cada quince días; en Finlandia una cada dos semanas, en un registro que sólo tiene en cuenta las muertes y omite las múltiples agresiones que las precedieron, o las que no necesariamente culminen en muerte2.

Según un estudio del Instituto Médico Legal de París, la mitad de las mujeres asesinadas en Francia en los últimos diez años perdieron la vida a manos de sus maridos o parejas. Una encuesta nacional realizada en diciembre de 2000 por la Secretaria de Estado de los derechos de la mujer, Nicole Pery, indica que una de cada diez mujeres que viven en pareja padece violencia conyugal3.

El problema en Argentina

En este país las cifras aproximativas indicarían una proporción mucho más alta: el 40% de la población femenina sufriría maltrato "físico y psíquico" por parte de sus parejas, sin distinción de nivel socioeconómico, según el informe del Consejo Nacional de la Mujer elevado en 1998 a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU4.

La violencia de género fue instalada en Argentina como cuestión política y pública por activistas y profesionales feministas a partir de 1983, con la restauración de la democracia. La respuesta institucional, fragmentaria, se ha orientado a la violencia doméstica, reconociendo este problema específico y sus insospechadas dimensiones. Esta respuesta institucional es insuficiente y tardía a nivel nacional, más desarrollada a niveles provincial y municipal y de las ONG, según el informe de consultoría "Violencia de género" elaborado por la socióloga Silvia Chejter para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo5.

Aparte del marco jurídico proporcionado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que se ha otorgado rango constitucional, las principales herramientas legales para encarar los casos de violencia doméstica son la ley nacional 24.417, sancionada en diciembre de 1994, y leyes provinciales vigentes en 20 provincias. Estas leyes provinciales se inspiran en la nacional, pero algunas, especialmente la de Buenos Aires, que data del 6-12-2000, intentan superar rasgos muy criticados de aquélla, entre ellos: regir solamente para la Ciudad de Buenos Aires; establecer medidas cautelares (fundamentalmente exclusión del hogar del agresor), pero no sanciones, que en cambio incorporan algunas leyes provinciales, consistiendo en primera instancia en la realización de trabajos comunitarios; establecer una controvertida instancia de mediación que la ley de la provincia de Buenos Aires ha hecho desaparecer. Un rasgo común a estas leyes es que abarcan todas las formas de violencia intrafamiliar, con el resultado de que la violencia de género queda subsumida en otras que plantean problemas diferentes, igualmente delicados.

Diversos servicios de detección y atención de situaciones de violencia contra las mujeres son ofrecidos en todo el país por organismos gubernamentales y no gubernamentales; los primeros son más estables y los segundos más precarios y acotados en sus servicios, pero en términos generales unos y otros se caracterizan por su enfoque interdisciplinario (sanitario, legal, psicológico, social, de capacitación) y su carácter interinstitucional. Recurren en gran medida a redes hospitalarias y números telefónicos. Comparten también la dificultad en el seguimiento de los casos y en la evaluación de las intervenciones. Según las concepciones ideológicas, terapéuticas, o aun religiosas que alienten estos actores, la resolución de los casos se dirige a priorizar los derechos de la mujer a su integridad o a preservar como bien superior la unidad familiar6.

"En todas las instituciones todos los servicios y programas tienen una altísima demanda y realizan toda la cantidad posible de prestaciones. A menudo se restringe la publicidad y difusión de un servicio para evitar que sea desbordado por el aumento de la demanda", señala el mencionado informe, que deduce una cantidad muy significativa de casos de distintos tipos de violencia hacia mujeres, pero considera que no hay instrumentos fiables para su medición exacta.

Las violaciones sexuales, pese a su gravedad y frecuencia, no tienen espacios de tratamiento específicos: el Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECyM), una ONG con sede en la ciudad de Buenos Aires, desarrolla una tarea cualitativamente importante de capacitación a profesionales sobre metodologías de intervención en estos casos, que representan un bajo porcentaje de los atendidos en los servicios de violencia. La particular dificultad en la emergencia de denuncias de violación, y en la sanción de los responsables, está estrechamente vinculada con la vigencia de hecho del código de honor, institución fundamental del imperio español, transmitido a sus colonias, en virtud del cual la mujer que denuncia una violación es sospechosa de mentir, y sobre todo de haberla provocado, transformándose los procesos en investigaciones de las víctimas. El Código Penal argentino recién en 1999 sustrajo la violación de la carátula de delitos contra la honestidad para concebirla como delito contra la integridad sexual. La aberrante concepción según la cual el violador puede salvarse de la cárcel casándose con la adolescente o mujer a quien ha violado persiste veladamente aun en la nueva legislación a través de la posibilidad de "avenimiento" en caso de que la mujer tenga más de 16 años. El cambio de mentalidad necesario para hacer valer estas modificaciones es aún más arduo en este campo que en el de la violencia doméstica.

La violencia de género tiene, claro está, manifestaciones menos ocultas que la doméstica. El asesinato en Miramar en febrero último de Natalia Melmann, de 15 años, todavía no resuelto, pero donde hay vívidas sospechas de complicidad y encubrimiento policial, se suma a los asesinatos o "desapariciones" de al menos 42 mujeres en la costa atlántica desde 1996 hasta hoy. El hecho de que una alta proporción de ellas ejerciera la prostitución contribuyó a la impunidad, dado que las autoridades reaccionaron muy tardíamente (a partir de septiembre de 2000, cuando se multiplicaron los asesinatos de mujeres no prostituidas), otra prueba palmaria de que la noción de honor no nos es tan ajena. Sólo una ONG con sede en Mar del Plata, Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada (CAMM), denunció y desafió esa discriminación con su campaña "No hay vidas que valgan más que otras", exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de todas las muertes y la consecuente justicia.

  1. El País, Madrid, 1-5-00.
  2. Ibidem.
  3. Le Monde, 28-2-01.
  4. Página 12, 25-11-1999.
  5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Violencia de género. Argentina. Informe de consultoría", Período 1994-1998.
  6. Ibidem.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:33
Temas Sexismo, Discriminación, Derechos Humanos
Países Argentina, Finlandia, Francia