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Asesinatos en serie en la India

La tradicional devaluación de la mujer en todos los estratos de la sociedad india y la vigencia de instituciones como la dote, pese a su ilegalidad, se combinan con el consumismo creciente para multiplicar una forma específica de violencia contra las jóvenes recién casadas, tradicionalmente hostigadas por su familia política. Ese hostigamiento encuentra su excusa en la demora o fallas de entrega de la dote, se transforma en un crescendo de malos tratos y culmina con la muerte en las llamas, que se hace pasar por accidente, ante la pasividad social y la complicidad de policías, jueces y médicos.

Para celebrar el nuevo milenio, las autoridades indias decretaron que el año 2001sería "el año de la atribución del poder a la mujer" (Womens's Empowerment Year). La decisión suena sensata en un país cuya población femenina asciende, como mínimo, a 500 millones. Desde la diosa Kali hasta Indira Gandhi, la India pasa por ser un país respetuoso de los derechos de la mujer y dispuesto a su promoción.

Esta amable fachada no hace más que volver todavía más chocante la persistencia de tradiciones criminales, en particular la de la dowry death (la muerte por dote), que año a año cuesta la vida a miles de mujeres jóvenes, en circunstancias atroces. Lejos de retroceder, el fenómeno se incrementa en medio de la impunidad y la indiferencia. Sin embargo, el código penal lo define como un acto criminal: "Cuando la muerte de una mujer es causada por quemaduras o heridas corporales, o cuando se produce en circunstancias anormales en el transcurso de los siete años siguientes al matrimonio y cuando se demuestra que, poco antes de la muerte, la víctima padeció actos de crueldad o acoso por parte de su marido o de la familia de su marido, relacionados con una demanda de dote".

La dote, cuyo fundamento se encuentra en la tradición hinduista, se proponía originalmente compensar mediante una dotación en dinero, oro y joyas, a las jóvenes que no heredaban patrimonio en bienes raíces. Con el tiempo, la dote sufrió una transformación mercantilista que favorece la extorsión, la crueldad y crímenes de la peor especie, sin distinción de clases sociales.

Durante mucho tiempo, la envergadura del fenómeno fue difícil de evaluar: las estadísticas oficiales siempre fueron sucintas y los medios guardaron silencio. En la actualidad, a partir del trabajo del equipo de Vimochana, asociación de defensa de los derechos de la mujer con sede en Bangalore, ha dejado de ser así.

Hace años que las estadísticas de la policía concernientes a las mujeres muertas "de causa no natural" en la ciudad y sus alrededores habían despertado la intriga de las voluntarias. En 1997, año en que se inicia la investigación, los 1.133 casos registrados se distribuyen del siguiente modo: 157 crímenes, 546 suicidios (224 de ellos por fuego) y 430 accidentes (en su mayoría "accidentes de cocina" debidos a la explosión de hornos a petróleo). Se trata de hechos perturbadores: más de dos tercios de las víctimas mueren quemadas; se trata, en su gran mayoría, de jóvenes de entre 18 y 26, casadas hace poco tiempo, de modo tal que parecen ser las únicas presas de esta ola de "accidentes de cocina" que, curiosamente, no afecta a sus suegras y cuñadas. Esto no es todo: rara vez la policía encuentra los hornos causantes y en muchos casos las jóvenes tenían el cabello embebido en querosén y marcas de golpes al ingresar al hospital. Parecía mucho. Pero no lo suficiente como para atraer la atención de los poderes públicos, del cuerpo médico y la prensa.

"Angustiadas por estas muertes atroces y convencidas de que los accidentes y suicidios eran en realidad asesinatos premeditados, empezamos a buscar la verdad oculta detrás de cada uno de estos casos", relata Donna Fernandes, una de las fundadoras de Vimochana, que en 1997 puso en marcha un estudio sistemático que se prolongará durante más de dos años. Trabajo tanto más significativo cuanto que se concentra en la ciudad de Bangalore, la "Silicone Valley" de la India, capital del Estado sureño de Karnataka, donde la tradición de la dote es menos fuerte que en el norte y donde el gobierno local realiza esfuerzos visibles por la causa de las mujeres1.

A medida que se va desarrollando la investigación, las estadísticas de la Brigada Criminal se irán completando con las del hospital Victoria (véase recuadro: "Antorchas…"). También con los diálogos con las familias de las víctimas, para incitarlas a quebrar la ley del silencio. "Al principio los padres se negaban a recibirnos y a hablar con nosotras. Por miedo y también por fatalismo. Decían: la policía es corrupta y la justicia no nos devolverá a nuestra hija. Déjennos en paz.", relata Kavitha, una de las voluntarias de Vimochana.

Las lenguas se irán desanudando paulatinamente y las confesiones se transformarán en una letanía de dramas estereotipados. El casamiento para vivir mejor y luego, muy rápidamente, para lo peor. La codicia de la familia política y los golpes del marido, por dinero, por un aparato de televisión, por un puñado de rupias. La negativa desencadena una crueldad llevada hasta la muerte: riegan a la víctima con una sustancia inflamable y le prenden fuego, o la fuerzan al suicidio.

Entre los dramas que refieren las mujeres de Vimochana y los padres de las víctimas, encontramos el de Prema (23 años), casada con un primo alcohólico que la golpeaba cuando su padre no le daba dinero. Este último, que ya había perdido una hija en circunstancias trágicas, pagaba. Hasta el 1º de noviembre de 2000. Ese día, se niega a entregar 50.000 rupias a su yerno. Por la noche, su hija es hospitalizada con quemaduras graves. Según el marido, que desapareció inmediatamente, se trataba de un "accidente". Antes de morir, Prema tendrá fuerzas para decir que su marido, con la ayuda de su hermano, la amordazó y ató antes de arrojarla a las llamas.

Luego será un campesino, de nombre Anjenappa, quien cuente que tuvo que ir a rescatar el cuerpo de su sobrina, Manjullama, de 18 años, de un pozo de su pueblo. Los suegros hablaron de suicidio. La policía no fue más allá. Desde que se casó, seis meses antes de su muerte, Manjullama vivió un infierno. Había suplicado a sus padres que pagaran la moto que su marido reclamaba. Pero éstos no contaban con los medios para hacerlo. La mediación del Consejo del pueblo no dio ningún resultado. Y como el lugar de una mujer está junto a su marido, Manjullama volvió con el suyo. Esa misma noche, éste la golpeó hasta matarla y la arrojó al pozo. La autopsia reveló la mandíbula fracturada, hematomas y quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. "Todo el pueblo lo sabía, pero nadie lo dirá", nos dice este hombre tímido que sin la ayuda de Vimochana no se hubiese animado nunca a recurrir a la justicia.

La asociación relevó centenares de dramas como éstos. La prensa, durante mucho tiempo discreta, desde entonces se refiere a ellos a diario. Así, en el Deccan Herald del 11 de febrero de 2001, se informa que "un joven funcionario del servicio de Impuestos, Sathish Kumar, fue acusado de causar quemaduras mortales a su mujer, Lakshmi, porque ella no podía entregarle el dinero de sus padres"2. Según la policía, Sathish, casado con Lakshmi desde hacía un año, recibió en esa ocasión oro y joyas por valor de 200.000 rupias.

Un tabú aceptado

Las investigaciones de Vimochana confirman su hipótesis de trabajo, a saber, que la gran mayoría de los casos registrados como accidentes y suicidios en Bangalore (alrededor de cien por mes) son en realidad crímenes premeditados y ejecutados a sangre fría. "Esto es particularmente cierto en el caso de las clases medias y altas, que utilizan su fortuna para ejercer influencia sobre la concreción de los vínculos", señala Donna Fernandes. Mientras tanto, el comisario adjunto Rudrappa, funcionario encargado de supervisar estos casos, nos dirá que "en realidad, no más del 2% de los accidentes presentados como tales son accidentes domésticos, el 98% restante son crímenes".

La investigación demuestra que los padres suelen estar al tanto. Pero prisioneros de una cultura patriarcal y de convenciones sociales profundamente arraigadas, sobre todo en el campo, se encuentran paralizados. Sathya, que también trabaja para Vimochana, cita el caso del exasperado padre que le decía a su hija: "Nos das vergüenza, regresa junto a tu marido, es tu deber. Y si te mata, mala suerte". Es así como, pese a los evidentes sufrimientos y los riesgos mortales, padre y madre generalmente devuelven a su hija a la casa del marido. Sathya agrega: "Lo esencial es el respeto de la tradición y del orden social. En este sistema, la mujer cuenta poco y difícilmente se critica al hombre. Si mata a su mujer, habrá muchos que tratarán de justificarlo. Dirán que ella era demasiado sensible o coqueta. En suma, dirán que si sucedió, será porque algo en ella no andaba bien".

Si bien en muchos casos la dowry death es un tema tabú, no deja de estar ampliamente aceptada. "Concierne a todo el país y a todos los medios sociales", afirma Kavitha, para quien "esta práctica se ve favorecida por la complicidad real de los poderes públicos, en particular de la policía y la justicia, que juega a favor del asesino. En muchos casos, la inacción de la policía hace que ni siquiera se asiente la primera constatación (First Information Report), de la que dependen los procedimientos policial y judicial. Se disuade a los padres de hacer la denuncia, las investigaciones son saboteadas, los procedimientos se retrasan. En agosto de 2000, al expedirse sobre el caso de una joven quemada por su familia política, la Corte Suprema de Karnakata criticó el trabajo de la policía y los magistrados, subrayando que el 94% de los juicios por dowry crimes no logran resultado alguno porque los procedimientos están mal hechos".

La Corte extendió su crítica a los médicos, que cumplen un papel crucial al certificar por escrito si una víctima está o no "mental y físicamente" capacitada para hacer una dying declaration (declaración de moribundo). La ausencia de ese documento, esencial para la acusación, conduce generalmente a la anulación del procedimiento. Donna Fernandes no vacila al referirse a "una verdadera industria del dowry crime alimentada por la corrupción". Según ella, "mucha gente -policías, personal hospitalario, magistrados e intermediarios- aceptan sobornos". A veces se prestan a pujas macabras para realizar -o no realizar- tal o cual acto.

¿Cuál es la fatalidad por la cual la vida de las jóvenes casadas se convirtió en objeto de este sórdido comercio y de estos asesinatos inhumanos? Las hipótesis no faltan. Hay quienes invocan el rol purificador del fuego en la mitología hindú, especialmente en el Ramayana3. Otros sostienen que este tipo de asesinatos tendría sus raíces en la práctica hindú del sati, inmolación de la viuda en la hoguera del marido, abolida por los británicos. Otros apelan a la religión. Al parecer se equivocan. Por supuesto que el dowry crime se ve favorecido por el ascenso del fundamentalismo hindú, muy poco preocupado por la mejora de la situación de la mujer. Pero la opinión más generalizada es que el asunto nada tiene que ver con las prácticas religiosas. Hay también quienes consideran que sus principales causas están en la cultura, en la tradición, en el peso del patriarcado.

Donna Fernandes hace valer otros argumentos. Según esta investigadora, "en 1961, un parlamento liberal aprobó una ley que estableció la ilegalidad de la demanda de dote. Pero, por un lado, las mentalidades no evolucionaron y, por otro, nuevos factores socio económicos vinieron a complicar la situación. El casamiento se transformó en sinónimo de dinero fácil y la violencia conyugal se trivializó". Para esta militante cultivada, el incremento de los asesinatos por dote debe mucho a la rápida evolución de la sociedad india hacia el materialismo y el consumismo. Fernandes afirma que "no hay forma de violencia contra las mujeres que esté más directamente ligada a las estructuras económicas que la demanda de dote. Y esta violencia no puede sino aumentar con las nuevas políticas económicas y las medidas de liberalización que consagran la ética del consumismo y la ley del mercado. Desde este punto de vista, la devaluación de la mujer en el mercado del matrimonio es completa, su único valor lo constituyen los bienes que aporta al hogar de su marido. Una vez agotado ese capital, se ve reducida al estado de objeto descartable". Y concluye: "Hoy en día, la indiferencia y la apatía muestran crudamente que la vida de una mujer vale poco una vez que deja de tener un valor mercantil." Para ella, no son los criminales los únicos responsables, "la colectividad en su conjunto está en cuestión".

Por su calidad y alcance mediático, el trabajo de Vimochana suscitó, en abril de 1999, la creación de una Comisión Parlamentaria de investigación sobre las atrocidades contra las mujeres que, en lo esencial, llegó a constataciones similares. En sus conclusiones, la Comisión reclama en especial un mayor rigor policial y judicial, así como la designación de un magistrado y un tribunal especializados.

Las autoridades y la opinión pública tienen de aquí en más a su disposición dos documentos importantes para convencerse de la gravedad del problema. Y sin abandonar la prudencia, ¿cómo evitar la tentación de trasponer la situación de Bangalore, que concierne a 6 millones de habitantes, a la India en su conjunto, que tiene 1.000 millones? Además, se sabe que las muertes por dote no cesan de aumentar desde fines de los años '80 en los estados del norte, tradicionalmente los más afectados (Uttar Pradesh, Rajastán, Madhya y Punjab), pero también en los del sur, del este y del oeste. En mayo de 2000, el ministerio del Interior estimó que en 1998 y 1999 la cifra de estas muertes en todo el país fue de 13.612. Pero sin duda esa no es, por mucho, la verdadera.

De hecho, erradicar esta práctica de otra era no es una prioridad para los dirigentes. El informe de la Comisión gubernamental espera desde hace dos años ser puesto en el orden del día del parlamento de Karnataka. Una vez más según Kavitha: "En los foros internacionales la India es muy fuerte para los discursos. pero en concreto, para salvar de la muerte a miles de mujeres inocentes, todo está por hacerse. La voluntad política no existe".

  1. En virtud de una política de discriminación positiva, el 33% de los escaños de los panchayat (consejos de los poblados) de este estado están reservados por estatuto a las mujeres.
  2. Deccan Herald, Bangalore, 11-2-01.
  3. Leyenda hindú común a los países delsudeste de Asia. La primera versión habría sido escrita entre el 200 a.c. y el 200 d.c.
Autor/es Roland Pierre Paringaux
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:30, 31
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Sexismo, Discriminación, Derechos Humanos, Estado (Justicia)
Países India