¿Coartada o alternativa al liberalismo?

¿Qué tienen en común el Crédit Agricole, banco que administra alrededor de 1 billón de francos, con sus 15,5 millones de cuentas, y el Teatro del Sol de Ariane Mnouchkine, cuyos efectivos ascienden a 49 personas? Nada, salvo que pertenecen a un mismo sector, el así llamado de la "economía social". Criticado en ocasiones como paliativo o prótesis del capitalismo salvaje, presentado por otras voces como una alternativa al neoliberalismo, el potente sector europeo de la economía social se encuentra en una fase decisiva de su inserción y crecimiento.

La economía social hunde sus raíces en la Edad Media¹. Las guildas, cofradías, corporaciones y gremios constituyen sus ancestros lejanos. Surgido en el siglo trece, el gremio se mantendrá bajo el Antiguo Régimen como la principal forma de organización de los obreros profesionales franceses y sobrevivirá hasta nuestros días. Sin embargo, los filósofos de las Luces verán en las corporaciones una traba a la libertad individual y la Revolución Francesa negará toda legitimidad a los cuerpos intermediarios entre el individuo y la nación. Así, la ley Le Chapelier de 1791 prohibe todo agrupamiento voluntario basado en la profesión. Recién en 1884, por iniciativa de Waldeck-Rousseau, se acuerda la libertad de constituir sindicatos profesionales. En 1898 se votará la ley fundacional de la mutualidad y luego, en 1901, aquella que autoriza la libertad de asociación.

Los primeros teóricos y las experiencias iniciales de la economía social surgen a principios del siglo diecinueve, como reacción a la brutalidad de la revolución industrial. Frente al pensamiento liberal, el socialismo utópico de Saint-Simon (1760-1825) da forma a la visión de un sistema industrial cuyo objetivo sería procurar el mayor bienestar posible a las clases trabajadoras unidas en asociaciones de ciudadanos, dejando en manos del Estado la redistribución igualitaria de la riqueza. En la misma época, Charles Fourier (1772-1837) inventa el falansterio, donde la distribución de bienes se efectúa según el trabajo provisto, el capital aportado y el talento.

Pierre Proudhon (1809-1865), crítico radical de la propiedad privada, será el precursor de un sistema de mutualismo en que el dinero se reemplaza por "bonos de circulación" y los miembros intercambian servicios. Pero, tratándose de un pensador anarquista, rechaza toda intervención del Estado. Por el contrario Louis Blanc, en su libro La organización del trabajo, publicado en 1839, describe una sociedad renovada, basada en la creación de cooperativas, en la que el Estado tiene la responsabilidad de extender ese sistema al conjunto de la producción².

Otra gran fuente de inspiración de la economía social: el cristianismo social, que deriva del pensamiento reformista representado en Francia por Frédéric Le Play (1806-1882) y Armand de Melun (1807-1877).

Inseparable de la historia del movimiento obrero, de sus divisiones y de la resistencia a la construcción de una sociedad fundada en el provecho, la economía social, o "tercer sector", agrupa actualmente estructuras muy distintas, por la envergadura y naturaleza de sus actividades. Ya sea que revistan la forma de mutuales, cooperativas, asociaciones o fundaciones, en Francia, Italia, España y Alemania, o de self-help organizations, de charities o non-profit organizations en el voluntary sector de Gran Bretaña, todas estas instituciones afirman compartir cinco principios sagrados, un objetivo fundamental y ciertas exigencias sociales.

La independencia con respecto al Estado, la libre adhesión de los socios, la estructura democrática del poder (una persona, un voto), el carácter inalienable y colectivo del capital de la empresa y la no remuneración del capital: he aquí los principios³. El objetivo fundamental se define por el abastecimiento de bienes y servicios al mejor costo, de modo de servir al interés mutuo de los adherentes o, en términos más amplios, de prestar un servicio de interés general que el Estado no quiere o no puede asumir. En cuanto a las exigencias sociales, éstas imponen a la empresa del tercer sector no sólo el respeto del derecho al trabajo, sino además la contribución, por su organización equitativa, al desarrollo, la educación y la formación de todos aquellos que trabajan en ella, asalariados o voluntarios. En suma, las empresas de la economía social pretenden no ser empresas como las demás⁴.

Evolución de la economía social

Sobre los 370 millones de habitantes de la Unión Europea (UE), y teniendo en cuenta que una misma persona puede encontrarse en varias de ellas, más del 30% de la población es miembro de una organización o de una empresa de economía social. Según un estudio publicado por la Comisión Europea en 1997⁵, el conjunto de sus componentes representaba, en 1990, entre el 6 y el 6,5% de las empresas, es decir, el 5,3% del empleo privado; el 6,3% según otras aproximaciones⁶.

Los resultados de gestión de las empresas de economía social a menudo superan a los de las empresas capitalistas tradicionales, en especial en los campos de la banca y los seguros, incluso si no tienen acceso a la financiación del mercado bursátil y pueden tener dificultades para disponer de fondos propios suficientes. No obstante, los bancos cooperativos, con más de un billón de euros de depósitos, cerca de 900 millones de euros de crédito, 36 millones de socios y 601 millones de clientes detentan el 17% del mercado. Las mutuales y cooperativas de seguros, se adjudicaban en 1995 el 29,2% del mercado en Europa occidental, 30,8% en Japón y 31,9% en Estados Unidos⁷.

Las relaciones entre las instituciones de la economía social y los poderes públicos se modificaron profundamente en Europa luego de la segunda guerra mundial. Después del primer impacto petrolero, la crisis económica y el aumento del desempleo contribuyeron a afianzarlas en su rol en todo el continente, adoptando distintas modalidades según los países. En el Reino Unido, ciertas actividades sociales fueron retomadas por el sector privado, en razón de la política de reducción del gasto público llevada adelante por Margaret Thatcher. En España, las restricciones presupuestarias condujeron a las colectividades a privatizar una parte de sus servicios sociales. Las empresas comerciales acapararon entonces el sector lucrativo de la demanda, dejando a las asociaciones el sector no solvente. En Francia y en Italia, en contrapartida, no se constató una merma en el compromiso financiero del Estado⁸.

En 1995, la Comisión Europea registró más de un millón de asociaciones en Europa, que reúnen entre el 30 y el 50% de la población, dependiendo de los países. Los gastos de estas asociaciones representan un promedio del 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Francia, con el 3,3% del PBI, se acerca al promedio comunitario. Sus 730.000 asociaciones emplean a 1.274.000 asalariados por un monto de recursos evaluado en 220.000 millones de francos, proveniente en un 60% de fondos públicos⁹. En los años "80, el aumento del desempleo y la pobreza en Europa provocó la aparición de nuevas empresas sociales. Como herramientas de lucha contra la exclusión y agentes de innovación, éstas representan muy frecuentemente una respuesta a nuevas necesidades, frente a la incapacidad de las administraciones y colectividades locales y territoriales para imaginar y poner en marcha soluciones eficaces. El terreno que quedó libre por esta carencia parcial de los poderes públicos y la marcha atrás del Estado benefactor ante el empuje liberal dieron nacimiento a una nueva forma de economía social: la economía solidaria¹⁰.

Esta nueva economía, en el sentido real del término, se enlaza en algunos aspectos con ciertas tradiciones de lucha del movimiento obrero contra la miseria. En su seno se encuentran las organizaciones más militantes y también las más frágiles: empresas de inserción; direcciones barriales que se preocupan por mejorar la calidad de vida y el medio ambiente; asociaciones intermediarias que contratan a personas en dificultades para cubrir tareas no tomadas en cuenta por el sector privado tradicional; pequeñas cooperativas que prestan servicios localizados; mantenimiento, entrega de alimentos a domicilio para las personas dependientes, planchado, limpieza, costura, ayuda doméstica¹¹.

Un peso pesado

En Italia, la ley de 1991 fortaleció la existencia de lo que constituye una de las innovaciones más interesantes dentro de la economía solidaria -las cooperativas de solidaridad social- así como su agrupamiento en estructuras de segundo nivel: los consorcios¹². En Francia, en el marco de la descentralización, el Estado y las colectividades delegaron una parte de la acción social y del esfuerzo de inserción en instituciones locales de la economía solidaria, sosteniendo al mismo tiempo su esfuerzo financiero¹³.

Si bien el sector de la economía solidaria financiada con fondos privados representa un yacimiento impresionante de militantismo, de iniciativas y de innovación, su peso económico es débil comparado con el de los mamuts de la economía social: mutuales de seguros, bancos cooperativos, grandes asociaciones financiadas por el Estado. ¿Debe concluirse entonces que economía social y economía solidaria pertenecen a dos mundos que se ignoran entre sí? No totalmente: la primera es a menudo solidaria con la segunda en el arranque, el seguimiento y el financiamiento de proyectos. Además de la acción de las fundaciones creadas por los grandes bancos cooperativos y las mutuales -cada una de ellas financia unos veinte proyectos por año- algunas instituciones financieras proponen colocaciones éticas y colocaciones de reparto a los particulares¹⁴. Esas colocaciones, evaluadas actualmente en Francia en 2700 millones de francos, representan una gota de agua en el mar si se las compara con la reserva de ahorro salarial, estimado en 250.000 millones de francos¹⁵. No obstante, mediante este tipo de ayudas se crearon más de 4.000 empresas y 20.000 empleos¹⁶. En otras partes de Europa existen dispositivos análogos¹⁷.

Lejos de ser marginal, el sector de la economía social y solidaria, que por otra parte no deja de extenderse, al menos formalmente¹⁸, es un "peso pesado de la economía" europea, según la expresión de Thierry Jeantet, miembro del Comité consultivo de la economía social. Pero su visibilidad ante los ciudadanos y los poderes públicos no está a la altura de su importancia. El nombramiento a mediados de 2000 de un secretario de Estado para la economía solidaria, Guy Hascoët, traduce sin embargo el interés político que ese sector suscita en Francia, aunque los medios otorgados al nuevo ministro siguen siendo muy limitados¹⁹.

Hascoët se asignó tres objetivos: el voto de una ley sobre economía social y solidaria para principios de 2001; la inclusión de un pliego concerniente al ahorro solidario en el futuro proyecto de ley sobre el ahorro salarial; y la reforma, prevista para julio, del código del mutualismo en el marco de la difícil armonización de la legislación francesa con ciertas directivas europeas de 1992 sobre los seguros. Esas directivas, marcadas con el sello del liberalismo, se niegan a diferenciar entre mutuales que no obtienen ganancias -considerándose a sus clientes como adherentes- y las compañías aseguradoras cuya vocación primordial es obtener beneficios.

Una ley sobre el tercer sector podría definir un "sector de la economía social y solidaria", crear un estatuto de "empresa con fines sociales" y permitiría tomar en cuenta los cometidos de interés general de la economía solidaria en el agregado del informe del diputado europeo Alain Lipietz²⁰. Faltaría además que el concepto de interés general se introduzca en un derecho comunitario enteramente fundado sobre la noción de la competencia…

El explosivo informe sobre ahorro salarial²¹, es decir el ahorro a largo plazo proveniente de un salario diferido aportado por la empresa, utilizado o no para la jubilación, no debería desplegarse exclusivamente en el terreno balizado por los partidos de derecha. La verdadera pregunta es quién debe administrar ese dinero que no es sino un salario diferido: ¿los asalariados, los empleadores, o una tecnoestructura? También de qué manera y con qué objetivo, lo cual hace resurgir el problema fundamental de la apropiación colectiva de los medios de producción e intercambio en el seno de la sociedad capitalista.

En cuanto al informe sobre la armonización europea, ilustra uno de los aspectos del enfrentamiento entre la economía solidaria y la lógica liberal impulsada por la Comisión de Bruselas. Tal como precisa el informe del diputado europeo Michel Rocard²², las grandes federaciones de mutuales francesas querrían que se imponga al conjunto de las compañías europeas de seguros, incluidas aquellas con fines comerciales, la prohibición de procurar información médica con fines de arancelamiento y de todo tratamiento preferencial hacia alguno de sus asociados. También reclaman la gerencia, desde una misma estructura mutualista, de establecimientos sanitarios que formen parte del servicio público, es decir, la posibilidad de utilizar las actividades solventes para equilibrar las prestaciones deficitarias²³.

Amortizador de crisis

La economía social y solidaria constituye, en el seno de la sociedad capitalista, una especie de objeto no identificado. Acumula paradojas. Sus grandes instituciones se proclaman diferentes de sus homólogas capitalistas, pero no siempre dan pruebas de ello en forma explícita o convincente. Los grandes bancos y las sociedades mutuales de seguros, así como las cooperativas, tienen estatutos incompatibles con la lógica del mercado. Sin embargo, se ajustan a tal punto al sistema liberal, que no pueden ser fácilmente diferenciadas de las empresas comunes. Es cierto que aportan un discreto apoyo, aunque muy concreto, a empresas de economía solidaria, militantes e inventivas, pero esta ayuda aparece más como una "buena acción" humanitaria que como la voluntad de oponer otro modelo a la sociedad de mercado. Proclaman su apego a ideales comunes, pero aún les queda mucho por hacer para acallar sus rencillas y mejorar su entendimiento.

Las apuestas a la existencia de este vasto sector son profundamente políticas, pero los dirigentes de las grandes instituciones se cuidan muy bien de definirlo en esos términos. Mientras guardan su bandera en el bolsillo, se quejan de su falta de visibilidad: "Yo sólo soy un banquero, no soy un pensador", se excusa Jean-Claude Detilleux, presidente de Crédito Cooperativo, no obstante estar muy comprometido con el apoyo a la economía solidaria. Encontramos la misma modestia en los militantes de base. Lo que para ellos cuenta es el combate cotidiano contra la exclusión. Dejan a los políticos el esmero por inventar otro modelo de sociedad. "La economía social permite amortizar las crisis que surgen en nuestras sociedades. Pero no será ésta la que pondrá en cuestión a la sociedad de mercado", explica Claude Alphandéry, presidente del Consejo nacional de la inserción por la actividad económica.

La economía social mantiene relaciones complejas con los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales, donde se encuentran muchos de sus dirigentes actuales o futuros. En Europa, la fuerza de los partidos socialdemócratas, pero también de los democristianos, descansó tradicionalmente sobre sus relaciones con los sindicatos, las cooperativas y las mutuales. "Sin embargo", observa Jean Christophe Le Duigou, secretario confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT), "los sindicatos y los partidos políticos de izquierda no hacen de la economía social una apuesta social". En Francia, sólo los partidos ecologistas (los "verdes") manifestaron hasta ahora un interés real por ese sector.

De todos modos, el estatuto de la economía social y solidaria sigue siendo ambiguo: prótesis social eficaz, que permite que una sociedad de mercado amortice los perjuicios de la mundialización, del desempleo y la exclusión para unos, coartada de un liberalismo que tolera, por el momento, que entre el 6 y el 10% de su economía escape a la dictadura de los mercados, para otros. ¿Podrá este tipo de economía constituir un prototipo eficaz de empresas que conciben de otro modo las relaciones entre la economía y la sociedad? La economía social deberá elegir su campo de juego y cambiar su discurso, a menos que quiera seguir siendo marginal y fundirse en la economía liberal²⁴.

1. Eric Bidet, L'économie sociale, Le Monde Editions, París, 1997.
2. Gérard Delfau y Jean-Louis Laville, Aux sources de l'économie solidaire, Thierry Quinqueton editor, París,2000.
3. Las cooperativas, regidas por la ley del 10-9-1947, modificada en 1992, pueden admitir asociados -personas físicas o morales-que aportan únicamente capitales para alimentar los fondos propios. A estetítulo, pueden recibir una "sobre remuneración". Encuanto a las ganancias no distribuidas bajo forma de dividendos, puedenrepartirse entre los cooperadores bajo forma de comisiones, evaluadas enfunción de la actividad.
4. Eric Bidet, op. cit. Véase la carta de la economía social de 1980 del Comité nacional de relación entre las actividades mutuales, cooperativas y asociativas (CNLAMCA) y la declaración de la Alianza Cooperativa Internacional de 1985.
5. Dirección general XXIII de la Comisión Europea, Le Secteur coopératif, mutualiste et associatif dans l'Union Européenne. Oficina de las publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas.
6. Thierry Jeantet, L'économie sociale européenne, Ciem ediciones, París 1999. Si se clasifica a los sectores de actividades según el número de asalariados, van a la cabeza, siempre en 1990, las asociaciones con 3.284.790 empleos, el comercio con 409.533 asalariados, los bancos con 401.610 personas, las cooperativas agrícolas con 374.992 empleos, seguidos por la construcción y la vivienda que reivindican 338.047 asalariados y finalmente los seguros que dan empleo a 245.136 personas.
7. Thierry Jeantet, op. cit.
8. Jean-Louis Laville y Laurent Gardin, "Les coopératives sociales en Italie", Nouvelles pratiques sociales, Vol 11, Nº 1 y Vol 12, Nº 2, Presses de l'université de Québec, Montréal, 1999.
9. 21.000 asociaciones emplean al 80% de los asalariados. El 80% del empleo se reparte en tres sectores: 40% en el sector sanitario y social, 29% en la educación y la investigación, 14% en lasactividades culturales, deportivas y recreativas. Fuente: Delegación Interministerial de Economía Social, París, 2000.
10. Jacques Defourny, Louis Favreau y Jean-Louis Laville (bajo la dirección de), Insertion et nouvelle économie sociale, Desclée de Brouwer, París, 1998.
11. Le Monde, 5-4-00. En Francia, a fines de 1997, se contaban 800 empresas de inserción que representaban 17.000 equivalentes de tiempo completo, 135 direcciones barriales que agrupan a 4.500 personas y 1.100 asociaciones intermediarias (AI) que no pagan el IVA ni el impuesto a las ganancias.
12. Joan Berney, Isabelle Darmon, Jordi Estivill, Les Entreprises sociales en Espagne, en France et en Italie, Gabinete de Estudios Sociales, Barcelona, 12-1999.
13. Edith Archambaut, Le Secteur sans but lucratif, Economica, París, 1996.
14. Las colocaciones éticas son colocaciones normales efectuadas dentro de empresas en las que los buenos resultados se unen al respeto de ciertas normas éticas, concernientes en particular al medio ambiente, el derecho al trabajo y la política de empleo. El volumen de esos fondos se elevaba, en 1999, a 2.000 millones de francos. Los fondos de reparto se alimentan con la donación que hace un inversor de una parte de los ingresos de sus colocaciones. Su monto se estimaba, en 1999, en 650 millones de francos. La asociación Finansol le otorga una etiqueta a los fondos que cumplen ciertos criterios de solidaridad y transparencia.
15. L'Epargne salariale au coeur du contrat social, opus cit.
16. Expediente "Les placementes éthiques", Alternatives économiques, suplemento práctico Nº 3, París, 1 trimestre 1999. "Investir contre l'exclusion", Economie et humanisme, Nº 352, abril de 2000.
17. Le Courier européen des innovations sociales, enero de 2000, Nº2, Agencia EPICES, 61, calle Víctor Hugo, 93500, Pantin, Francia.
18. La reciente transformación, en Francia, de las cajas de ahorro en mutuales da testimonio de esto.
19. Estos ascienden a 13,5 millones de francos. Le Monde, 18-4-00.
20. Alain Lipietz, L'Opportunité d'un nouveau type de société à vocation sociale, informe de la etapa a Martine Aubry, ministra de Empleo y Solidaridad, 1998.
21. Jean-Pierre Balligand y Jean-Baptiste de Foucauld, L'Epargne salariale au coeur du contrat social, La Documentation Française, París, enero de 2000.
22. Michel Rocard, con Pascal Penaud, Rémy Scwarz, Bruno Bezard, Mission mutualiste et droit communautaire, informe al Primer Ministro, La Documentation Française, París, 1999.
23. Lionel Jospin adelantó una solución ante el 36º congreso de la Federación Nacional del Mutualismo Francés (FNMF) el pasado 8 de junio. Se trataría de acordar ventajas fiscales a las mutuales, en su actividad "complementaria de salud", en la medida en que, contrariamente a los seguros privados, éstas se caracterizan por "el rechazo de toda selección de los riesgos, la ausencia de individualización de las cotizaciones en función del estado de salud y el carácter vitalicio de la garantía". Los aseguradores privados que contraigan los mismos compromisos se beneficiarán con las mismas ventajas. Nada indica, sin embargo, que la Comisión de Bruselas vaya a aceptar esta fórmula.
24. En Gran Bretaña se observó una serie de conversiones de mutuales en sociedades anónimas tradicionales. En Francia, donde ese proceso es imposible por ley, la desmutualización puede efectuarse por compra de filiales que pueden volverse mucho más importantes que la mutual a la que pertenecen. Mediante este rodeo, Claude Bébéar constituyó Axa, una de las compañías más importantes de seguros privados del mundo.