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UNICEF denuncia un crimen sin castigo

En los últimos tres años se ha instalado en los medios el enfrentamiento entre vecinos escandalizados y personas que ejercen la prostitución callejera, especialmente travestis. La asunción del nuevo gobierno porteño, a comienzos de agosto último, volvió a dar lugar a múltiples presiones para el establecimiento de una "zona roja" en la ciudad de Buenos Aires, al modo de la ya prevista en Puerto Madryn. Pero la presencia de una travesti de 12 de edad años en el programa "Hora clave" del 1-8-00 apenas suscitó un revuelo sensacionalista, como si a la sociedad le preocupara más el lugar de ejercicio de la prostitución que la existencia de verdaderas mafias que explotan incluso a adolescentes y niños.

La presencia de menores en los circuitos de explotación de la prostitución adulta no es novedad. Sin embargo, para quienes realizaron para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, en la sigla inglesa), la investigación "La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Argentina"1, significó todo un trabajo hacerla visible, dado que en cuanto se pretende encararla parece desvanecerse en el aire. El fenómeno obedece a una organización sistemática: los chicos en cuestión no eligen la prostitución, son elegidos por reclutadores profesionales. Buena parte de la investigación se ocupa de poner en evidencia los mecanismos que vuelven invisible ese operativo. Dada la casi inexistencia de información institucional y el carácter clandestino del negocio de la prostitución en la Argentina, la investigación, de carácter sociológico, optó por un enfoque cualitativo antes que cuantitativo y privilegió el método de la información directa: hacer escuchar las voces de los sujetos involucrados.

Realizada en las ciudades de Buenos Aires, Posadas, Resistencia, Córdoba, Neuquén y Puerto Madryn, y localidades del interior de las respectivas provincias desde noviembre de 1998 a marzo de 1999, la investigación comprueba la presencia de niñas, niños y adolescentes en los espacios de prostitución (calles, terminales, baños, burdeles, bares, cabarets, boliches, agencias, departamentos) en todos los niveles (pobre, medio y de lujo), destinados a prácticas hetero u homosexuales según los casos. Marisol, de 14 años "hacía copas"en un cabaret frecuentado por militares y políticos, hasta que la denuncia de su madre, a su vez dueña de otro cabaret, la llevó a un hogar de tránsito. Lorena vivió en un burdel suburbano desde los 14 a los 18 años, cuando un cliente la dejó embarazada y se la llevó a su casa, donde se encuentra virtualmente secuestrada. Laly, de 16 años, "trabaja" para una agencia, donde se siente protegido de los abusos policiales. Marta, de 15, huyó del burdel donde la llevó su madre y prefiere la falta de horarios de la calle. Sandra desarrolla su actividad desde los 15 años -cuando graves conflictos la apartaron de su familia- en discotecas de moda vinculadas con el negocio de la droga.

En prostibulos y otros espacios "cerrados", los menores de edad exhiben documentos falsos que los hacen pasar por mayores, pero cuando esa confusión resulta imposible son "retirados" a tiempo gracias a los sistemas de "protección" que alertan en caso de inspecciones judiciales. De vez en cuando, alguna circunstancia fortuita desbarata las "protecciones", como en el difundido caso del detenido traficante de mujeres Vicente Serio, que explotaba a más de 100 chicas compradas en Paraguay, algunas de 14 años, en tres cabarets del gran Buenos Aires, para lo cual pagaba 18 mil dólares mensuales a autoridades políticas y policiales2.

La visibilidad y el acceso a los ámbitos de explotación se van haciendo más difíciles conforme se asciende de nivel. Resultan más fáciles en la calle, uno de los escenarios habituales de la prostitución pobre, que en los niveles altos, donde se intensifica el ocultamiento y la protección de la privacidad de los clientes. Claro está que chicos y chicas de la calle no se franquean con cualquiera; son muy suspicaces y mientras pueden eluden todo contacto con trabajadores sociales y funcionarios de minoridad. Pero una vez entablado cierto clima de confianza hablan como no lo harían ante un policía o un juez. En cambio Sandra, que pertenece al mismo ambiente de Samantha Farjat y Julieta Lavalle, las jóvenes que tras un fugaz estrellato mediático resultaron condenadas jurídica y socialmente en el caso Coppola3, insiste en la importancia de la discreción para quien no quiera "quemarse" en ese ámbito; al mismo tiempo que deja entrever la alta exposición a la violencia por parte de clientes que "quieren joda sin límites", así como la rigidez del control por parte de los explotadores. Su fragmentario testimonio culmina con la destrucción de una de las cintas, que arranca del grabador. Esta prostitución de lujo se caracteriza no solamente por los altos precios, sino por los pagos en tarjeta de crédito o cheques a domicilio; cuentas abiertas en casas de ropa, regalos costosos, viajes, la inserción en determinados círculos sociales, el contacto con personajes supuestamente deseables. Es el caso del grupo de chicas al que pertenecía Marcela, la estudiante de 17 años que se suicidó en 1993 en una localidad provincial, cuya muerte se relacionó con las extorsiones sufridas ante su voluntad de abandonar el circuito de prostitución y droga donde había ingresado a través de una discoteca local.

Es de destacar cómo las circunstancias más opuestas sirven para intentar eludir la calificación de "prostitución" para esa actividad: uno de los médicos forenses vinculados con el caso Marcela pone en duda que pueda llamarse prostitución a esa actividad en un nivel tan alto. En un programa de televisión una chica de 20 años que se había prostituido en la adolescencia dijo: "no era prostitución, era necesidad".

Una actividad organizada

Esta actividad, que abarca desde chicas de la calle que aprenden a vestirse, calzarse y relacionarse con otros al ingresar en la prostitución hasta adolescentes sofisticadas reclutadas para los negocios de la noche y la droga, no resulta de una suma fortuita de circunstancias y decisiones personales por parte de quienes ejercen la prostitución, sino de la actividad de organizaciones articuladas con actividades legales: empresas inmobiliarias, hoteleras, bares, discotecas, agencias de viaje, etc. Uno de los indicios de esto es el reclutamiento dirigido en muchos casos a púberes, lo que explica que la edad de ingreso a la prostitución se ubique como promedio en los 13 años, como lo corrobora no sólo la presencia de chicos de esa edad sino también el relato de personas mayores en ejercicio de la prostitución que cuando cuentan su historia hacen remontar su iniciación a esa edad. Una vez reclutados protagonizan una dinámica compleja de adaptación, rechazo, resignación, resistencias, a través de los cuales persisten en su orgullo, su energía, su ansia de libertad, aun transpuestos los límites últimos de destrucción personal. El reclutamiento suele combinar dosis de persuasión y violencia, o transfomarse en violencia sólo cuando la persona reclutada pretende salirse del circuito donde ha ingresado. En más de una historia el reclutador es identificado como la salvación en un callejón sin salida: Patri, por ejemplo, está agradecida a las dos mujeres que tras ocuparse de atenderla de las consecuencias de un autoaborto la ingresaron a un burdel cuando ella tenía 13 años y ya no podía volver a su casa. Ahora, a los 33 años, es una reclutadora que lleva al burdel donde se gana la vida a Marta y Sharon, adolescentes que viven en el mismo conventillo que ella en un barrio de Buenos Aires. Marcela, por su parte, fue reclutada -como muchas de sus compañeras- por un preceptor de su escuela, que al mismo tiempo era encargado de relaciones públicas en la discoteca de moda del lugar.

Otros indicios de organización son el tráfico interno e internacional de personas. Cada uno de los equipos que integraron la investigación, asignados a diferentes regiones del país, dan cuenta de una intensa circulación de chicas de una zona a otra y de un país a otro.

En el caso de las chicas, su explotación suele comenzar por parte de "novios", que en determinado momento las entregan a burdeles o cabarets, o pierden control sobre ellas a favor de esos espacios. En este sentido es paradigmática la historia de Sharon: para sobrevivir en la calle, gana la "protección" de su novio sometiéndose sexualmente a los clientes que éste le consigue; cuando el novio cae preso por otro delito, aprecia por primera vez las ventajas de quedarse con el dinero que ella misma gana, hasta que Patri la recluta para un cabaret.

En este nivel de explotación más informal, los prostituyentes pueden ser también padres, madres, parientes que sólo albergan o alimentan a su hijo o hija si se aviene a esa explotación. Uno de los clientes entrevistados se refiere a un barco donde se realizaban fiestas orgiásticas que cerró a raíz de la muerte de una niña de menos de 10 años. Su padre, un isleño del Tigre que la entregaba, ni siquiera denunció su muerte. Marta es llevada al burdel de Patri por su madre Elsa, que considera que la adolescente tendrá más posibilidades que ella para sostener la actividad y además la califica de incapaz de hacer otra cosa.

En relación con sus explotadores, chicos y adolescentes suelen negar su existencia, o referirla muy oblicuamente en sus historias, rasgo en el que no se diferencian de las mujeres adultas y que forma parte indisociable de su situación de coacción y sometimiento.

En el caso de las chicas paraguayas explotadas por Serio, la periodista Miriam Lewin refiere que el cónsul paraguayo se pasó toda una noche hablándoles en guaraní hasta que consiguió que contaran la verdad: que hasta sus pares las amenazaban para que dijeran que estaban allí voluntariamente4.

Familias que por motivos múltiples se vuelven expulsivas, combinadas con la ausencia de adecuadas respuestas institucionales, hacen a chicos y adolescentes más vulnerables a las maniobras de reclutadores y proxenetas, según la investigación. La pobreza por sí misma no determina la expulsión; sí en cambio, aunque no medie pobreza, los malos tratos, el abuso sexual dentro de la familia, la negligencia o el control excesivo, el desapego o la utilización. Los prejuicios sexistas suelen ser determinantes: Patri, procedente de una familia de clase media baja provinciana, es brutalmente maltratada por su padre, a los 12 años, cuando éste se entera de que el novio la entrega a los amigos; además de castigarla la encierra, situación que aprovecha un tío para abusar de ella hasta dejarla embarazada. Los padres de Lorena la castigan y encierran, sacándola de la escuela donde era feliz, cuando la descubren a los 12 años en juegos sexuales con un novio. Laly es maltratado sistemáticamente por su padre, dueño de un taller mecánico, por ser homosexual, y huye de su casa a los 14 años.

La clientela

Pero ni las circunstancias familiares ni la inescrupulosidad de los explotadores alcanzan a explicar cabalmente este fenómeno, cuyo origen está en la demanda específica de cuerpos cada vez más jóvenes por parte de una clientela tan amplia como heterogénea.

En los informes correspondientes a Chaco y a Córdoba, algunos chicos y chicas de la calle refieren haber sido solicitados por mujeres adultas, jóvenes y elegantes. En las historias restantes la clientela es masculina, perteneciente a los más diversos sectores sociales, edades y estado civil; abundan las referencias a clientes maduros. Natalia, de 13 años, alude a clientes adinerados que la sermonean diciéndole que no debiera prostituirse. En una oportunidad se le ocurre preguntarle a uno de ellos por qué recurre entonces a ella. "Porque sé que necesitás plata y no voy a regalar 20 pesos", es la respuesta. Otra niña de 13 años que trabaja en un burdel ve llegar un día al juez de menores que se ocupó de su caso unos meses antes. "¿Qué hacés vos acá?" dice sorprendido el juez. "Usted qué hace acá", refuta rápidamente ella.

La existencia de hombres en busca de niñas y niños pequeños aparece en el relato de chicos de más edad, o de terceros escandalizados, se trate de clientes o de taxistas que funcionan como intermediarios.

La investigación y un seminario (el 17 y 18 de mayo último, en Buenos Aires) fueron realizados por Unicef en el marco del esfuerzo por adecuar legislaciones y políticas públicas a los principios de la Convención sobre Derechos del Niño, que Argentina ratificó en 1990 e incorporó a su nueva Constitución en 1994. La legislación nacional no deja lugar a dudas sobre la índole delictuosa del uso sexual de menores de 18 años por parte de adultos. Una reforma del Código Penal vigente desde marzo de 1999, además de sustituir la arcaica noción de "delitos contra la honestidad" por la más adecuada de "delitos contra la integridad sexual"5, aumentó las penas para la explotación sexual de menores de 18 años, en cuyo caso no se tiene en cuenta el "consentimiento". Sin embargo, quien se atuviera a los datos recabados en instituciones y a los expedientes judiciales, llegaría a la conclusión de que en el país ese delito casi no existe.

Las historias concretas de prostitución de menores que se constituyen en casos judiciales son ejemplos de una desprotección criminal por parte de las instituciones. La investigación retoma un caso judicial difundido por la prensa: el de Valeria, una chica que desde su infancia huía del maltrato de su madre y que a los 15 años fue entregada por un juez de menores al tutelaje de su concubino, Oscar Arce, 21 años mayor que ella, un proxeneta que la introdujo a viva fuerza en los circuitos de la prostitución y la droga. La historia se hizo pública cuando un hermano menor de Valeria asesinó al rufián. Retoma también el caso de Juan José Vila, apodado "El Gitano", absuelto pese a las evidencias de que apenas a media cuadra del Congreso de la Nación reclutaba y prostituía a niñas desde los 8 años: las niñas testigos se mostraron aterrorizadas por las amenazas del acusado, que goza de amplia protección policial, y sus testimonios destruidos por la estrategia de la defensa. En el caso de Marcela, instituciones claves como la dirección de la escuela y el cuerpo de médicos de la clínica donde agonizó durante días, colaboraron mediante su silencio con las amenazas del preceptor-proxeneta, que logró que los adolescentes llamados a declarar callaran todo lo que habían revelado en otros ámbitos.

¿En virtud de qué malabarismo hechos evidentes no bien se inicia una indagación se hacen humo y lo que el Código penal define como delito resulta imposible de probar? El juez de la Cámara del crimen de Bariloche, Carlos Rozanski, sostiene que no es capacitación jurídica ni leyes adecuadas lo que falta en el país para concretar acciones eficaces de prevención y combate contra la explotación sexual comercial de niños y adolescentes, sino algo mucho más difícil de lograr: un radical cambio ideológico, tanto en los funcionarios y profesionales del área judicial y de seguridad, como de las áreas de salud, educación, trabajo social, comunicación.

La ausencia de políticas públicas en la materia, la infinita indulgencia hacia los proxenetas6, la exculpación de los clientes, la ineficiencia contra este delito y la connivencia con él, responden a leyes tácitas que se imponen sobre las explícitas. Son las que sustentan el orden sexual vigente, que al haber generado la necesidad de la prostitución la convierte en natural e inexorable. Dentro de ese orden, quienes ejercen la prostitución son los chivos expiatorios de la doble moral y de la asimilación del sexo a lo degradado y lo prohibido. Así es como un adulto que usa a una adolescente embarazada le da lecciones sobre lo que debe hacer una buena madre, y otro abusa de una niña porque se entera de que ya ha sido prostituida.

El compromiso asumido en ocasión del seminario de Unicef por la Procuración General de la Nación, la Secretaría de Politica Criminal y Asuntos Penitenciarios, el Consejo Nacional de la Mujer y el del Menor y la Familia hacia la formulación de políticas públicas en defensa del derecho a la integridad de niños y adolescentes, indica una inédita voluntad política de encarar este abyecto abuso de poder, generacional, económico pero sobre todo sexual, para que empiece a dejar de ser el más tolerado de los crímenes.

  1. "La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes". Informe Nacional, Unicef, 1999. En prensa. Los nombres de las personas prostituidas están cambiados, y se omiten localizaciones precisas de su actividad, por tratarse de menores de edad. Por explotación sexual comercial se entiende el uso por un adulto del cuerpo de un niño/a para obtener satisfacción sexual a cambio de dinero o especies, con o sin intermediario. Por niño/a se entiende toda persona menor de 18 años.
  2. "Telenoche investiga", Canal 13,5-7-00.
  3. Guillermo Coppola, manager del astro de fútbol DiegoMaradona, sospechado del asesinato del empresario de la noche Leopoldo Armentano, fue acusado en 1997 de posesión y tráfico de drogas en unproceso que dio un vuelco por el cual el acusador, el juez HernánBernasconi, terminó acusado de asociación ilícita para inventarpruebas contra ricos y famosos.
  4. "La cámara oculta fue el últimorecurso", Suplemento Las Doce, en Página 12,14-7-00.
  5. Ver Silvia Chejter, "Del honor masculino a la integridad sexual", Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, julio de 1999.
  6. La Cámara penal 1 de Neuquén limitó la sanción a ocho acusados de regentear prostíbulos donde se explotaba a extranjeras ilegalmente ingresadas al país y a menores de edad, al pago de multas de 12.000 a 14.000 pesos en cuotas de 36 meses, con el argumento de que al clausurarse los prostíbulos se habían quedado sin fuente de ingresos. Clarín, Buenos Aires, 25-3-00.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 15 - Septiembre 2000
Páginas:32, 33
Temas Corrupción, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Políticas Locales, Prostitución
Países Argentina, Paraguay