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Los designios ocultos de la lucha contra la corrupción

Estados Unidos y Holanda organizan y en parte financian el Foro Global sobre Lucha contra la Corrupción y por la Preservación de la Integridad que se desarrollará en La Haya del 28 al 31 del mes de mayo, y cuyo objetivo es elaborar la futura convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Esta es sólo la última de una multitud de iniciativas a nivel internacional contra la corrupción de los últimos tiempos, con gran protagonismo de Estados Unidos, cuyos alcances y móviles cabe poner en duda: el discurso moralizante oculta una fría defensa de los intereses de industriales y financistas estadounidenses.

Si la tasa de crecimiento de la cantidad de artículos que responden al término clave de "corrupción" en las bases de datos de la prensa constituyera un barómetro confiable, deberíamos pensar que desde hace varios años este flagelo aumenta en una progresión geométrica. Y nos veríamos tentados de establecer una relación de causa y efecto entre la difusión dada a estas prácticas delictivas y la multiplicación de los instrumentos jurídicos internacionales que apuntan a combatirlas. Pero esta correspondencia no resiste el análisis… sencillamente porque sólo siete de la docena de instrumentos registrados desde 1995 tienen valor coactivo; y entre estos últimos, sólo dos -los de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)- fueron ratificados hasta la fecha.

Es más razonable pensar que en el Norte el número creciente de escándalos es menor que el número de los que "salen" en los medios, y esto por buenas o muchas veces no tan buenas razones. Otro factor explicativo: una vez retirada la placa de plomo que pesó sobre los países del bloque soviético, convirtiéndolos oficialmente en zonas de "tolerancia cero", entran nuevos "actores" en escena. En el marco de la euforia por el ingreso en la economía de mercado, se asiste a la proliferación de predadores, nacionales y extranjeros de los recursos y empresas públicas del Este, que retribuyen generosamente a sus cómplices ubicados en posición hegemónica. La Rusia de Boris Yeltsin constituye un ejemplo de manual a este respecto. Pero a partir de la proclamación del modelo ultraliberal impuesto por las "terapias de choque" occidentales, las inescrupulosidades son tratadas como simples errores de juventud que no ameritan más que una reprimenda paternal. En los países del Sur, los abusos de este tipo son considerados como fenómenos parasitarios que no implican ninguna revisión de los planes de ajuste estructural.

Limpiar su propia casa

En este contexto, cabe preguntarse cuál es el alcance real de las múltiples iniciativas internacionales contra la corrupción, y, por ende, cuáles son las verdaderas motivaciones de sus inspiradores, a cuya vanguardia se encuentra Estados Unidos. En este país la élite de las multinacionales industriales y financieras, las fundaciones empresariales y una agencia gubernamental financian holgadamente a la Organización No Gubernamental (ONG) anti-corrupción Transparency International1, luego de haber impulsado su creación en 1993; Estados Unidos también fue pionero en la adopción, en 1997, del acuerdo "sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales" de la OCDE.

Y la cruzada continúa: Estados Unidos y el gobierno holandés son los organizadores, al tiempo que financian un tercio de los gastos, de un "Forum global sobre la lucha contra la corrupción y para la preservación de la integridad" que tendrá lugar en La Haya entre el 28 y el 31 del próximo mes de mayo. En la reunión de Okinawa de julio de 2000 lograron convencer a sus socios del G8 de apoyar el antedicho Forum en el que se confeccionará el futuro acuerdo de las Naciones Unidas contra la corrupción. El inicio de estas maniobras tendrá lugar durante la próxima reunión anual de la Comisión de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y la justicia penal, que se realizará en Viena entre el 8 y el 17 de mayo de este año.

No deja de extrañar semejante activismo por parte de un país donde la política está sometida al poder ilimitado del dinero. Los grupos de presión gastan oficialmente miles de millones de dólares en el lobbying que realizan en torno a los miembros del Congreso, o en apoyo a sus campañas electorales. El nuevo presidente George W. Bush y su vicepresidente Richard Cheney no disimulan sus íntimos lazos con las grandes petroleras, que demostraron su generosidad como proveedoras de fondos. Además, Bush retribuyó inmediatamente sus favores, con la derogación de las medidas de protección ambiental tomadas por su predecesor y su negativa a firmar el protocolo de Kyoto que lo comprometía a reducir las emisiones de gas con efecto invernadero.

¿Será más grave recibir alguna coima que tomar medidas excesivamente beneficiosas para los grupos que lo ayudaron a uno a ser lo que es? Este es el argumento no oficial de los diplomáticos del Sur, cuyos países son acusados por los acuerdos elaborados en ciertos círculos de los que ellos no forman parte. Algunos de ellos se complacen en agregar que si el Norte se preocupa tanto por la integridad moral como lo proclama, debería limpiar primero su propia casa, restituyéndole al Sur las fortunas -depositadas en bancos de países miembros de la OCDE (Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo, entre otros) o en sus sucursales sitas en ciertos paraísos fiscales- desviadas por sus ex mandatarios, incluidos aquellos democráticamente electos.

Los gobiernos saben muy bien que tanto en lo que se refiere a Estados Unidos como a las instituciones multilaterales cuyas políticas dicta -OCDE, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, entre otros-, por un lado está el atuendo mediático y por otro lado está la realidad. El discurso moralizante dirigido a la opinión pública nacional e internacional no es sino una cortina de humo que encubre una fría defensa de los intereses de los industriales y financistas estadounidenses, que pasa esencialmente por la imposición de una creciente "liberalización" y apertura de los mercados de los países en vías de desarrollo o en "transición". Frente a este consolidado objetivo, los demás países pueden clasificarse dentro de dos categorías: los que son socios y competidores al mismo tiempo y los que son únicamente blancos financieros y comerciales. Los primeros -a grandes rasgos, los demás miembros del G7- enfrentan a Estados Unidos en el mercado mundial, pero hacen causa común con él en la negociación del Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los segundos prácticamente no tienen voz en el campo de la corrupción, donde se encuentran permanentemente a la defensiva.

Sociedades pantalla

El acuerdo de 1997 de la OCDE apunta esencialmente al "desarme" de los competidores de las empresas estadounidenses2 mediante la prohibición del pago de comisiones a los funcionarios extranjeros que obtienen contratos importantes (sistemas de armas, energía, transportes, telecomunicaciones, obras públicas, etc.). Por ejemplo en Francia, esas comisiones eran perfectamente legales y deducibles de beneficios gravados con impuestos. A partir del 29 de septiembre de 2000, fecha de la entrada en vigencia del acuerdo y de la ley de trasposición, esto deja de ser así, y todo denunciante extranjero puede iniciar procedimientos ante un tribunal francés. Este mismo acuerdo fue ratificado el 10 de noviembre de 1998 por el Congreso de Estados Unidos, modificando un texto ya existente: la ley federal sobre las prácticas de corrupción en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA). Pero en lo que respecta a su aplicación, la diferencia con Francia es considerable: según lo estipulado por el FCPA, el único organismo competente para iniciar un procedimiento y eventualmente, para declarar improcedente una denuncia o negociar una transacción (plea bargaining) es el Ministerio Federal de Justicia.

Los industriales no estadounidenses no se abstienen de denunciar este tipo de asimetría que cede todo el margen de apreciación a un poder político susceptible de invocar, llegado el caso, el imperativo de la "seguridad nacional". Añaden que el sistema planetario de espionaje Echelon permite a sus competidores estadounidenses conocer el estado de sus negociaciones comerciales con sus clientes y que, además, la existencia de las sociedades de ventas en el extranjero (Foreign Sales Corporations o FSC) vuelve irrisoria toda posibilidad de controlar el pago de comisiones. Las FSC, sociedades pantalla filiales de los grandes grupos estadounidenses, creadas para actividades de exportación y establecidas en paraísos fiscales (Barbados, Islas Vírgenes, Guam) permiten a estos grupos colocar allí una parte de sus ganancias y luego repatriar estos fondos eludiendo el pago de impuestos.

"Kit" neoliberal

La Unión Europea presentó una denuncia contra estas ayudas disfrazadas de exportación en la OMC y -una vez no significa costumbre- obtuvo un fallo favorable que le permitió imponer sanciones de 4.000 millones de dólares a Estados Unidos. Sin embargo, al igual que en el caso Echelon, Bruselas teme a su propia sombra, y sus sanciones siguen sin aplicarse. El representante europeo competente Pascal Lamy (ex administrador de la sección francesa de Transparency International) proclama por todas partes la amistad que lo une a su homólogo estadounidense, el representante del Presidente en el área de comercio internacional Robert Zoellick. ¿Tan deshonesto sería hablar de dinero entre "amigos"?, se preguntan los representantes de los grandes grupos europeos, que tienen la clara impresión de pagar el pato en la farsa del acuerdo de la OCDE. Hasta el punto de que piensan en la creación de sus propias FSC para pagar con total impunidad sus comisiones y restablecer una cierta paridad. Paridad que no se alcanzará nunca dado que, en lo concerniente a los mercados públicos, Washington dispone de una fuerza política de ataque directo o indirecto sobre los gobiernos, que se ejerce en especial mediante ciertas "condicionalidades" impuestas por un FMI que no puede negarle nada al Departamento del Tesoro.

Ningún gobierno se atrevió a defender oficialmente el pago de comisiones por parte de "sus" empresas. Aquél que lo hiciera se vería expuesto a una violenta campaña moralizante de Washington que encontrará repetidoras en todas partes, en la medida en que estas comisiones regresan en parte a los países de los que provienen y nutren el ítem de los escándalos de las coimas y del financiamiento ilícito de los partidos. Estados Unidos tiene su juego facilitado y además, puede contar también con sus socios para imponer en forma conjunta al resto del mundo su concepción de la lucha contra la corrupción en tanto pieza fundamental del "kit" neoliberal. Este es, precisamente, el objetivo del Forum global de La Haya.

Este Forum es el segundo que lleva ese nombre. El primero, más conocido con el nombre de Forum Al Gore, fue convocado personalmente por el entonces Vicepresidente, en febrero de 1999. A la hora de su campaña presidencial, Albert Gore, deseoso de tomar distancia de las inconductas de William Clinton, mató dos pájaros de un tiro: al pedir auxilio a Moisés y Confucio, y hacer desfilar en la tribuna a un monje budista, un rabino, un pastor y un arzobispo para explicar que la corrupción responde al Mal, limpió su imagen "moral" y al mismo tiempo ungió de Bien a las "reformas estructurales en los mercados emergentes, con el fin de eliminar la incitación a la corrupción y crear un clima favorable a la inversión, al comercio y al crecimiento económico" (discurso de Stuart E. Eizenstat, entonces subsecretario de Estado de Economía y Agricultura). En La Haya hay que adoptar "por aclamación" una declaración final cuyo objetivo declarado es lanzar las bases (building blocks) del futuro acuerdo de las Naciones Unidas. Esta es una forma suplementaria de convertir a la ONU en un estudio de grabación de las voluntades estadounidenses.

Este procedimiento es idéntico al que presidió la realización, siempre a instancias de Estados Unidos, de la conferencia sobre la democracia y sus perspectivas, que tuvo lugar en Varsovia en junio de 2000. Allí se trató de crear una "comunidad de democracias" que se comprometieran en el mantenimiento de "buenos gobiernos" y cuya composición sería homologada por Washington. La declaración final fue adoptada por unanimidad por los Estados representados (entre los cuales se contaban modelos tan irreprochables como los de Albania, Qatar, Rusia y Túnez) menos un voto, el de Francia. Hubert Védrine, Ministro de Relaciones Exteriores, se negó a prestarse a semejante farsa, lamentando que los occidentales den a veces la impresión de utilizar "la aspiración universal a la democracia y al respeto de los derechos humanos (…) con fines de influencia o dominio político, económico o cultural"3. ¿Habrá en La Haya una voz que denuncie la superchería política de la "dupla" lucha contra la corrupción/neoliberalismo que Estados Unidos quiere imponer al resto del mundo sin por ello aplicarla a sí mismo?

  1. Pierre Abramovici, "La opacidad de Transparency", en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, 11-2000.
  2. Pierre Abramovici, "Los mecanismos ilegales del comercio internacional", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, 11-2000.
  3. Le Monde, 20-6-2000. También el artículo de Hubert Védrine "Refonder la politique étrangère française", Le Monde diplomatique, París,12-2000.
Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:12, 13
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Corrupción, Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Paraísos Fiscales, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política), Medioambiente
Países Estados Unidos, Albania, Túnez, Barbados, Francia, Holanda (Países Bajos), Luxemburgo, Rusia, Suiza, Qatar, Guam