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Pesca milagrosa en los puertos de Colombia

El gigantesco fraude en torno del operativo de privatización de cinco puertos de Colombia, que involucra a trabajadores, sindicalistas, jueces, abogados, intermediarios, funcionarios y políticos, no constituye una excepción en América Latina, donde las privatizaciones hechas en nombre de la globalización económica muchas veces constituyen un descarado saqueo en perjuicio del Estado.

Hubo una época en que ondeaba en el Caribe la bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas. En aquellos tiempos, oro, plata, piastras y escudos caían en los sacos sin fondo de la hez de la Tierra: corsarios, piratas y filibusteros. Flagelo de esos mares agitados, tanto capturaban un galeón -esperanzado, el inconsciente, en llegar a Sevilla atiborrado de las riquezas arrancadas a la América hispana- como saqueaban algún puerto de esas tierras lejanas, ricas y cálidas: Maracaibo, Portobelo, o la hermosa Cartagena de Indias, joya de la Nueva Granada (que se transformaría en la actual Colombia)…

Sorprendiendo a su gobernador en pleno banquete, un francés, Robert Baal, logró apoderarse en Cartagena de 310 kilos de oro. Poco después lo seguiría una caterva de forajidos aventureros: los ingleses John Hawkins (1567) y Francis Drake (1586), los franceses Jean-Bernard Desjeans y Jean Ducasse (1697), el almirante Edward Vernon (1741). Cuando este último quedó fuera de combate, la perla del Caribe, protegida por sus imponentes murallas, creyó haber puesto fin a la cohorte de piratas decididos a desvalijarla. Hasta que a fines del siglo XX aparece un tal… César Gaviria.

Miembro del Partido Liberal, electo presidente de la República el 27 de mayo de 1990, Gaviria decide apostar a la receta neoliberal, a la apertura comercial y a la globalización. Colombia posee por entonces cinco puertos marítimos nacionalizados -Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en la costa caribe, y Buenaventura y Tumaco, sobre el Pacífico- todos administrados por un mismo organismo, Colpuertos1. Con mucha habilidad, el presidente Gaviria genera una campaña de prensa: la situación de los puertos es caótica, conviene privatizarlos. Y así se hace, luego de firmarse la Ley Primera de 1991.

En la mejor tradición de las liquidaciones estatales, los activos desaparecen sin que se proceda a ningún inventario de las instalaciones. Tampoco hay llamado a licitación. La adjudicación queda librada a la discrecionalidad de un funcionario -el superintendente portuario- que adjudica el contrato a quien le place. Se lo permite el artículo 12 de la ley: "Dentro de los cinco meses posteriores a la fecha del pedido (de concesión), el superintendente general de puertos dictará una resolución indicando los términos en que se acordará la concesión".

Nada más. Y es pura casualidad si, detrás de los testaferros que se lanzan al jugoso negocio, se halla la crema de los dos grandes partidos políticos (el Liberal y el Conservador), responsables políticos como Luis Eduardo Vidas Lacouture o Dávila, las poderosas familias de la costa -como la de Francisco Villas Cos-, los amigos del poder y los que le deben favores al Presidente.

Por una suma insignificante, las instalaciones son atribuidas a sociedades surgidas de la nada, a particulares desprovistos de toda experiencia en ese tipo de actividad. Claro que, previsora, la ley había considerado esa hipótesis en su artículo 30: "Las sociedades portuarias pueden trabajar por medio de subcontratistas (…)". Todos esos afortunados incompetentes podrán así volverse multimillonarios de un día para el otro. Los puertos son un excelente negocio, puesto que facturan sus prestaciones en dólares.

Hasta aquí, nada inusual en ese gran juego de El Estanciero de la llamada economía de mercado. Ocho años más tarde, la senadora Ingrid Betancourt denuncia en Bogotá: "El caso no termina allí, pues esa privatización fue en realidad una maniobra de diversión para poder organizar el más grande robo de la historia de Colombia."

Al momento de ser privatizados, los cinco puertos colombianos empleaban a más de 15.000 trabajadores organizados en ocho sindicatos y una federación que consiguieron importantes privilegios y que, se dice, "llevaron por la nariz a todos los sucesivos gobiernos". Para el presidente Gaviria se trataba entonces de evitar cualquier reacción violenta de los trabajadores ante la privatización. Con ese objetivo… se los despide, pero ante la sorpresa general, no se produce ni una sola manifestación de protesta. Ya se verá por qué.

A la vez que permite la transferencia de los activos del Estado a la empresa privada, la Ley Primera prevé, como corresponde, que todo el pasivo quede a cargo del presupuesto nacional. "La Nación asumirá el pago de las jubilaciones de todo tipo, de las otras prestaciones sociales y de las indemnizaciones y condenas a cargo de Puertos de Colombia…" (artículo 35). La máquina infernal ya está en marcha, porque no van a faltar las "condenas".

Durante los últimos meses de vida de Colpuertos, entre mayo y agosto de 1991, se firmaron, curiosamente, seis nuevas convenciones colectivas con los sindicatos que, por medio de "factores salariales", concedieron a los obreros todo tipo de ventajas: unas cuarenta primas y gratificaciones que deberán ser contabilizadas al calcularse el monto de las jubilaciones; pago del desayuno, almuerzo y cena (que ya estaba a cargo de la empresa); primas de transporte, domingos y días feriados, vacaciones, horas extra, enfermedades, accidentes, trabajo insalubre, escolaridad de los hijos y otras más inverosímiles, como compensaciones por periodos de huelga o gastos funerarios, indemnizaciones por despidos sin causa, zapatos para los domingos, primas "de servicio" o de camisa, bonificaciones de la más variada índole… En fin, cualquier cosa.

La máquina echa a andar

A la hora de despedir al personal y de pagar las jubilaciones2, los funcionarios de Colpuertos que debían ocuparse de la operación en cada terminal, cometieron deliberadamente innumerables errores. En especial "olvidaron" tomar en cuenta los famosos "factores salariales". Esas lamentables omisiones permitirán a los trabajadores iniciar juicios contra el Estado, representado por el Fondo del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos), creado luego del cierre de los puertos para liquidar las jubilaciones.

El 27 de noviembre de 1992, muy oportunamente, la dirección general de ese nuevo organismo público había sido confiada por el presidente Gaviria a Hernando Rodríguez, personaje de quien nada se sabe; apenas que es el marido de la muy controvertida Marta Catalina Daniels, congresista "ya reconocida por entonces como una de las personas más corruptas de Colombia". Rodríguez emprende entonces lo que será la parte fundamental de su contribución a la futura obra maestra: la organización de un caos total por medio de la destrucción de la base computarizada que contenía toda la información sobre los trabajadores. "A partir de entonces no se sabe más quiénes son, cuántos son, qué derechos tienen, si han trabajado o no, cuánto tiempo, cuáles son los ´factores salariales´ a los que pueden aspirar. Queda solamente una base de datos defectuosa, que en el mejor de los casos posee informaciones incompletas", confía un funcionario, que conoce muy bien el caso.

Expoliados por las irregularidades cometidas, los trabajadores portuarios manifiestan su desacuerdo con las liquidaciones. Una vez agotados los recursos graciables, lamentablemente sin respuesta, "ponen las cosas en manos de un abogado, quien los pone en contacto con tal o cual abogado de características misteriosas…". Aunque no tanto. Entre la plétora de defensores desinteresados que se presentan espontáneamente, figuran numerosos ex funcionarios de Colpuertos (que ni siquiera son abogados); los mismos que cometieron los "errores" durante la liquidación.

Se presenta entonces una multitud de demandas (30.000 sobre 16.000 trabajadores). A falta de base de datos informática, sólo se pueden reconocer sus fundamentos mediante la presentación de las "hojas de vida", donde figura la trayectoria del trabajador en la empresa. Pero las "hojas de vida" quedaron en los puertos, arruinadas, amontonadas en los contenedores, apocalípticamente apiladas en depósitos inundados. A partir de allí, todos los reclamos son posibles, hasta los más delirantes, los más imposibles de verificar. Se suceden las condenas, sobre la base de juicios sin fundamentos. O con fundamentos, y muy sólidos. Por ejemplo, un grupo de trabajadores representado por su abogado exige 1.550 millones de pesos (unos 800.000 dólares). El juez, en su infinita sabiduría, estima que no es bastante, les concede 2.000 millones de pesos (1 millón de dólares)3… y se queda con la diferencia.

Bajo reserva de identidad alguien nos detalla los mecanismos de la maquinaria diabólica. Legalmente, un ex-trabajador en cuya jubilación los "factores salariales" fueron mal calculados o no fueron liquidados, debe presentar una demanda global. En la práctica, los interesados presentan una demanda por cada anomalía registrada (el promedio es de 20 por persona). "En este caso hay cuatro, una da derecho a tal suma, la otra a tal otra suma, la tercera a otra suma…." El total es avalado por el magistrado, quien agrega: "Por cada día de atraso en el pago, el Estado abonará como indemnización el equivalente a un día de trabajo." Si se hubiera presentado una sola demanda, la multa se fijaría "suponiendo un atraso de ocho meses, en 160 días de salario. A razón de unos 7 dólares diarios, serían 1.120 dólares; más los intereses. Pero como el fallo concierne a cuatro demandas separadas, hay que calcular 1.120 dólares multiplicados por cuatro, o sea, 4.480 dólares. A veces hay diez, quince o veinte demandas, y algunos juicios se prolongan por años. Haga usted la cuenta…"

Los abogados piden cualquier cosa, y consiguen cualquier cosa. Las multas y otros "intereses por retroactividad" multiplican el valor de las sumas a pagar4. Aprovechando la falta de controles y la inexistencia de informaciones cruzadas, las mismas demandas se presentan en distintos tribunales (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, etc.). "Para que no se note que son las mismas, los nombres o los números de los documentos de identidad son ligeramente modificados". ¡Reclamos de un millón de dólares presentados diez veces! Jubilaciones que normalmente deberían alcanzar los 150 o 200 dólares mensuales son infladas varias veces, al tiempo que se otorgan pensiones por invalidez a robustos adultos en inmejorable estado de salud…

El más beneficiado de todos fue sin dudas el ex dirigente sindical Arturo Forbes Rye. Contratado el 4 de abril de 1973, cobraba al final de su carrera, como empleado de depósito, un salario de 300 dólares. Su jubilación es ahora de 13.000 dólares mensuales5. Desprovisto de mecanismos de control, sin elementos objetivos sobre la pertinencia de los fallos judiciales, el Estado paga sin chistar las sumas más extravagantes.

Esta maquinación -que para silenciar a los ex portuarios los transforma en el segmento de la clase obrera más rico del mundo- podría hacer sonreír puesto que, en el fondo, no sería más que la democratización de la corrupción. Pero eso es sólo una cortina de humo.

Un funcionario enfurecido explica el mecanismo, que conoce perfectamente: "Toda esa gente son costeños, tienen su cultura, su idiosincracia, pero además, gozaron de la complicidad activa de los… (aquí hace una pausa, mira el grabador, y sin pronunciar palabra escribe sobre un papel ´políticos´, antes de continuar, algo tenso) para saquear el patrimonio del Estado". Otro interlocutor, que posee información de primera mano, había comenzado la entrevista advirtiendo: "Si menciona mi nombre, soy hombre muerto". Otra persona, que conoce a fondo el caso, sostiene con firmeza, pero en voz baja: "Usted no me conoce, no me vio nunca, no me entrevistó jamás". En Colombia, por alrededor de 200 dólares, se puede "contratar" a un sicario para hacer asesinar a alguien. Hay enormes intereses en juego, y en el más alto nivel.

En efecto, la voracidad de los ex trabajadores no alcanza a explicar por sí sola las sumas alucinantes pagadas por el Estado. Por otra parte, "muchos trabajadores nunca supieron que un abogado estaba reclamando sumas en su nombre. En realidad son pocos los obreros que cobraron sumas extraordinarias", nos señala un informante.

"Hasta entonces las comisiones se calculaban en función de las sumas injustificadas pagadas a los trabajadores. Luego, se apoderaban de ellas directamente. Como la ficha no existe, se la llena a voluntad", explica Ingrid Betancourt. Foncolpuertos se transforma así en una "vaca lechera". Todos los días varias personas presentan nuevas demandas contra el Estado. Y todos los días, sin ninguna documentación probatoria, los jueces condenan al Estado. Una cosa explica la otra: Omar Niebles, miembro del directorio de Foncolpuertos, le regala una camioneta último modelo a un juez de Santa Marta, a cambio de un fallo favorable que le permite embolsar la módica suma de medio millón de dólares.

Hay juicios iniciados por apoderados en nombre de grupos de 100 trabajadores que nunca existieron. La señora María Teresa Caicedo cobró tres veces la suma de 23.000 dólares gracias a tres documentos de identidad diferentes. Un tal Adalberto Berdugo obtuvo (por medio de las resoluciones 1052, 1059 y 1019, firmadas únicamente por el director general de Foncolpuertos, Salvador Atuesta Blanco) tres pagos de 52.000, 44.000 y 70.000 dólares respectivamente. Cinco "trabajadores" logran cobrar 380.000 dólares de indemnización porque en el cálculo de su jubilación no fueron tenidos en cuenta los 29 días de huelga cumplidos en el puerto de Barranquilla. Presentándose con un documento de identidad número 122.687.993 (en Colombia no existen documentos cuyo número supere los 100 millones) aparece un beneficiario contratado en 18996. Más aún, el señor Osvaldo Brochero, fallecido el 3 de octubre de 1993, firmó tres meses después de muerto un poder al abogado Alfredo Tapia, quien obtuvo para su cliente (acta 1798 bis) 10.000 dólares de pensión mensual (¡hasta su muerte!). Esa conciliación forma parte de un paquete de 471 actas fantasmas por las que se reclaman 275 millones de dólares, entre otros motivos, por la falta de pago de la prima… de descanso, y de la sobreprima por manipulación de sustancias corrosivas (de ese monto, más de 100 millones de dólares ya fueron pagados durante 1998).

Según una investigación preliminar de la Procuraduría General de la República (PGR), se habría pagado a funcionarios de Bogotá7 una comisión del 40% sobre las sumas cobradas en cada caso. La abogada Leydith Correa Laffont logró cobrar, por medio de documentos falsos o adulterados, más de 3 millones de dólares. Más aún que el abogado Dulis Escobar, "el rey de la conciliación", cuyo patrimonio se calcula en 2 millones de dólares.

Adulteración de la base de datos, liquidación incorrecta de prestaciones y de jubilaciones, aceptación de documentos falsificados, pérdidas de facturas, pagos ilegales, sindicalistas comprados, trabajadores que se prestan al fraude, funcionarios corruptos, abogados, jueces, liquidadores, tesoreros, mercachifles diversos; todo y todos llevan a Foncolpuertos8. Y en primer lugar a sus sucesivos directores -Hernando Rodríguez, Deyfan Silva, María Fressia Suárez, Juan Manuel Cubides, Manuel H. Zabaleta, Salvador Atuesta, María Piedad Mosquera- designados por las presidencias liberales de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998).

"Según lo establecido durante los controles de la Procuraduría, casi se puede concluir que la desorganización que llevó a todo este estropicio fue deliberada, que fue cuidadosamente planificada", declara sin rodeos el actual Contralor General de la Nación, Carlos Ossa. Las pruebas están a la vista: sobre los 120 empleados de Foncolpuertos, sólo 11 ejecutivos son funcionarios de carrera. Los otros no poseen ninguna calificación para la compleja y delicada tarea administrativa que deben cumplir. El jefe de la oficina de Prestaciones Económicas es… arquitecto. Entre los liquidadores se pueden encontrar bachilleres, nutricionistas, ingenieros, dibujantes, todos designados por recomendaciones de políticos, lo que algunos califican prudentemente como "relaciones con terceros". No existe ningún manual sobre los procedimientos a seguir ni ningún control interno. Y lo que es peor e increíble, las llaves de acceso a la red informática del Sistema Nacional de Pagos están en poder de nada menos que 61 empleados de Foncolpuertos. Esto permite que se puedan alterar, borrar y manipular los datos de los ficheros utilizados por la administración del patrimonio estatal. Gracias a ello, el dinero corre a raudales, con el mayor provecho para quienes son los instigadores desde las sombras y los inmensos beneficiarios de la hemorragia financiera. "Se ha formado un verdadero cártel, que funciona de esta forma: una suma ínfima para los trabajadores, una suma confortable para el dirigente sindical, un porcentaje para el abogado, el juez y el funcionario, y otro para el intermediario que puso en contacto al funcionario con el abogado, intermediario que -a su vez- paga una parte a la alta clase política."

Cuando se habla de las campañas electorales y del enriquecimiento personal durante la administración de Gaviria, en Bogotá sonríen con amargura: "Se han quedado con un dinero del demonio". En 1994 estalla el escándalo que hará tambalear al presidente Ernesto Samper, acusado de haber recibido casi cuatro millones de dólares de los narcotraficantes del cártel de Cali para financiar su campaña electoral. Desde la cárcel, el ministro de Defensa, Fernando Botero, director de dicha campaña, confiesa: en efecto, el candidato Samper ha pedido dinero a los narcos a cambio de la promesa de no extraditarlos a Estados Unidos9. Juzgado por el Congreso, al término de un más que confuso "Proceso 8000", Samper es absuelto el 15 de diciembre de 1995, ante la sorpresa general.

Por entonces, ciertas personalidades políticas vinculadas al presidente -Marta Catalina Daniels, Carlos Alonso Lucio, "Chucho" Barcilla, Jaime Lara (actualmente en la cárcel por tráfico de drogas), José Name, etc.- cuentan con hombres suyos en puestos claves de Foncolpuertos. ¿Se ha utilizado esa institución para comprar, a un alto precio, la absolución del presidente? "No existen pruebas formales pero es vox populi en el seno mismo del Congreso", se dice. "Heyme Mogollón, quien debía dirigir la investigación contra el presidente, se fue del Congreso con 1.500.000 dólares en sus bolsillos, para convertirse en el rey de su pueblucho en la costa colombiana", afirman algunos.

La senadora Ingrid Betancourt, cuco de la clase política a causa del coraje y de la tenacidad con que lucha contra la corrupción, es la única que se atreve a ir más allá. Con una pila de documentos sobre su escritorio, afirma: "Este paquete corresponde a las ´liquidaciones´ presentadas durante el juicio a Samper. Fueron concebidas como si hubieran sido redactadas en 1993 y presentadas en Barranquilla, pues los congresistas sabían que allí disponían de los jueces más corruptos del mundo. Para su desgracia, acababa de realizarse en Barranquilla una auditoría de la CGR10, comprobando que ese puerto había depurado sus deudas y que todas las liquidaciones habían sido pagadas. Así, de golpe, aparecía de la nada ese montón de demandas, que alcanzan los 575 millones de dólares."

El contralor Carlos Ossa se muestra más mesurado. "Todo el mundo lo dice a media voz, pero nadie, salvo Ingrid Betancourt, lo proclama públicamente." Y agrega, dejando traslucir su sentimiento: "Por mi parte, estoy seguro de que ciertos sectores políticos participaron activamente en el fraude. La investigación en curso seguramente lo probará."

No podía ser de otra manera. La estafa ya había sido detectada en 1993. El 24 de mayo de ese año la CGR entregó al ministro de Economía un informe alarmante sobre el total desorden que reinaba en Foncolpuertos. Pero no se hizo nada. En 1995, una nueva auditoría de la CGR lanza otra advertencia. Sin embargo, no se inicia ninguna investigación, ni siquiera de parte de Francisco Becerra, entonces Contralor General de la Nación, a pesar de hallarse al frente de los servicios que habían dado la alarma11. Los ministros encargados de controlar la transparencia del proceso -que formaban parte de la junta directiva de Foncolpuertos- tampoco reaccionan.

El 21 de enero de 1997 la Corte Constitucional entra en juego y detecta a su vez -cosa nada difícil- varias irregularidades12. El 19 de febrero interviene ante el contralor David Turbay para que se abra una investigación fiscal sobre un primer "paquete" de 34 decisiones judiciales relativas a 470 ex trabajadores, por un monto de 3.500.000 dólares. Cuatro meses más tarde, el 29 de septiembre, la investigación de la Unidad Especial de la CGR13 es suspendida y el caso es archivado por el contralor, "visto que no se detectaron irregularidades de carácter fiscal (…) Y considerando que el Estado ha pagado lo que realmente debía a sus trabajadores, de conformidad con las diferentes prestaciones legales y contractuales (…) Sin que se haya producido ningún perjuicio para el patrimonio público"14.

Todos los ministros de Trabajo, de Desarrollo y de Economía que se sucedieron durante ese largo periodo, fueron alertados del caso. Lo sabían todos los directores del presupuesto; también los funcionarios de alto rango, como Zamora Zúñiga Valverde, magistrado de la Cámara y especialista en derecho laboral ante la Corte Suprema de Justicia (quien, siendo magistrado, hizo pagar falsas indemnizaciones, y cuando se jubiló se transformó en el abogado de los jueces actualmente encarcelados por este caso de prevaricato). "Los presidentes Gaviria y Samper sabían, y tenían sus motivos…" sostiene Ingrid Betancourt. Desde arriba se frena sistemáticamente toda investigación. Pero a pesar de las órdenes en contrario, algunos funcionarios asqueados, muchas veces de segundo rango, siguen trabajando en silencio, reúnen pruebas, desmontan la maquinaria. Son hombres y mujeres anónimos, honor de su país, que siguen hoy el combate, con todos los riesgos que ello implica.

"¿Presiones?, ¿amenazas? Sí, muchas", confirma Ingrid Betancourt, convertida en su abanderada a la cabeza del movimiento Oxígeno verde. "Yo, como senadora, tengo protección policial garantizada por el Estado. No vale mucho. Pero los demás no tienen nada".

El actual contralor Carlos Ossa, designado en 1998, luego de la llegada al poder del presidente conservador Andrés Pastrana, parece ignorar también las presiones. "Mi conclusión, y esto lo dije ante el Congreso, es que hubo una conspiración contra la Nación, conspiración en la que participaron, por acción u omisión, los más altos funcionarios del Estado".

Estafa de miles de millones

Queda por evaluar la magnitud del delito, tarea particularmente ardua. Foncolpuertos evitó cuidadosamente establecer archivos fiables que permitan determinar el valor de las condenas y las sumas que quedan por pagar; ningún servicio ni ministerio dispuso nunca del más mínimo documento contable sobre las sumas pagadas. "El presupuesto nacional ya desembolsó más de 500 millones de dólares, 40% de los cuales, sin dudas, de forma fraudulenta", estima Carlos Ossa. "Pero el problema no termina allí." Según el Grupo Interno que funciona en el Ministerio de Trabajo, existían aún, en junio de 1999, 18.232 juicios en curso y quedaba por pagar el monto de mil conciliaciones (presuntamente falsas) de diciembre de 1993. Una suma estimada por Carlos Ossa "entre 1.250 y 1.500 millones de dólares"15. En total, según una hipótesis conservadora, entre 1.750 y 2.000 millones de dólares16. Para Ingrid Betancourt, el perjuicio podría llegar a los 3.000 millones de dólares. "En un país que tiene un 25% de desempleados y donde el 40 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza, esto equivale a dos veces el presupuesto social, educación, sanidad y vivienda, previsto para el año 2.000. ¡Es monstruoso!"

Monstruoso, pero por ahora sin grandes consecuencias. Fueron detenidos unos cuarenta trabajadores, abogados, jueces y cómplices. De un juicio insignificante a otro, se diluye el caso, en el que los medios de comunicación vinculados con los grandes grupos económicos -y por lo tanto con el establishment político- se interesan bastante poco17. El Consejo Nacional de la Magistratura expresó la necesidad de rever unos 18.000 fallos ya pronunciados. "Pero la justicia está tan implicada que difícilmente podrá acusar a senadores, diputados, ministros y presidentes…"

En cuanto a los organismos de control, siguen estando en manos de personajes cercanos al ex presidente Samper. Durante el "Proceso 8000", Alfonso Gómez Méndez, fiscal de la Nación, que actualmente debe dirigir la investigación, fue abogado de los ministros acusados de haber recibido dinero de la mafia. El procurador Jaime Bernal era, hasta antes de asumir su cargo, el abogado personal de Hernando Rodríguez, primer director de Foncolpuertos y organizador de un saqueo que le habría dejado 10 millones de dólares…18

Por otra parte, acaba de iniciarse un juicio contra Rodríguez, pero éste salió hace dos años de Colombia para comprar cigarrillos y no se lo volvió a ver. Se realizó entonces un embargo de la compañía de construcciones Hermac Limitada, que posee junto a su esposa Marta Catalina Daniels (Hermac: Hernando y Marta Catalina), quien sigue ocupando su banca en el Congreso.

Durante este tiempo, y con el apoyo mayoritario de sus pares -en particular del gobierno de Estados Unidos- el ex presidente Gaviria acaba de ser reelecto como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Confrontado a una terrible crisis económica, el actual gobierno colombiano solicitó la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). Así como nunca había oído hablar de los desvíos de fondos que desangraron a Rusia19, el FMI tampoco escuchó nunca hablar de Foncolpuertos y el 20 de diciembre de 1999 le acordó 2.700 millones de dólares a Bogotá (aproximadamente la suma que desapareció en los bolsillos de los dirigentes políticos). Pero puso como condición un severo ajuste: recortes en el presupuesto del Estado, varias reformas (fiscal, de la seguridad social y de las jubilaciones oficiales), flexibilización laboral y -¿hace falta decirlo?- nuevas privatizaciones.

A comienzos del mes de enero, el salario mínimo (150 dólares) fue incrementado en un 9 %. Los parlamentarios y los altos funcionarios de la burocracia estatal, cuyos salarios oscilan entre los 2.000 y los 6.000 dólares se vieron beneficiados con un aumento del 15 %.

  1. Puertos de Colombia.
  2. Por despido: un mes de salario por cada año trabajado, tomando como base el 100% del salario durante los últimos 12 meses. Como jubilación: el 80% del salario, incluyendo -para quienes hubieran trabajado al menos 20 años- todas las primas por "factores salariales", y proporcionalmente para quienes hubieran trabajado menos años.
  3. Para facilitar la lectura, en adelante expresaremos directamente en dólares las cifras dadas en pesos colombianos, sobre la base del cálculo 1 dólar=1.800 pesos.
  4. Un ejemplo: sobre 14 recibos de caja (11 de ellos de septiembre de 1998 por sumas supuestamente pagadas a grupos de "trabajadores") por un monto total de 950.000 dólares, los intereses por pago atrasado alcanzaban a 2.700.000 dólares. Tiempos del Mundo, Bogotá, 7-10-1999.
  5. Posteriormente, el ex sindicalista estudió derecho y se ocupó de defender los intereses de 150 personas.
  6. Esos ejemplos fueron tomados del informe de la Contraloría General de la República titulado: "Foncolpuertos, foco de corrupción. Pruebas y consecuencias" CGR-DSS-Nº 032, diciembre de 1998.
  7. El Tiempo, Bogotá, 8-11-1999.
  8. En agosto de 1998 se comprobó que en una base de datos que contenía 16.515 operaciones, 12.233 registradas por Foncolpuertos con el código 999 estaban desprovistas de fundamentación y no se apoyaban en ningún documento que las justificara. Fuente: "Foncolpuertos, foco de corrupción. Pruebas y consecuencias" , op. cit.
  9. Ese es un tema de perpetua disputa entre Colombia y Estados Unidos. Washington reclama insistentemente la extradición de traficantes de drogas detenidos en Colombia.
  10. Esta auditoría de la CGR sobre el destino de 1.000 millones de dólares, puso en evidencia que había senadores que poseían actas de liquidación y que estas actas eran falsas.
  11. En el marco de sus atribuciones, la CGR puede efectuar auditorías, pero también investigaciones, cosa que no hizo nunca.
  12. Sentencia T-OO1 del 21-1-1997.
  13. Investigación fiscal Nº 00229-97, relacionada con la sentencia T-01/97.
  14. El ex contralor David Turbay, encarcelado en febrero de 1998 en el marco del "Proceso 8000" por enriquecimiento ilícito (50.000 dólares recibidos del cártel de Cali), fue condenado el 29 de diciembre de 1999 a 5 años y 10 meses de prisión.
  15. El actual gobierno de Andrés Pastrana decidió suspender todos los pagos por nuevos reclamos.
  16. La conversión que hacemos de pesos colombianos a dólares es en base a la cotización actual: 1 dólar = 1.800 pesos colombianos. Pero en 1992, cuando este caso comenzó, el dólar se cotizaba a sólo 1.000 pesos, lo que aumenta en esa proporción el monto en dólares.
  17. Carlos Viera de la Fuente, director del importante diario El Espectador, fue abogado de una sociedad que se benefició con la privatización de los puertos.
  18. La Procuraduría tiene a su cargo aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios públicos hallados en falta.
  19. Ver: Jacques Sapir, "¿Caos o complot occidental?", Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, diciembre de 1999.
Autor/es Maurice Lemoine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 8 - Febrero 2000
Páginas:8, 9, 10
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Corrupción, Mundialización (Economía), Privatizaciones, Estado (Justicia), Políticas Locales
Países Estados Unidos, Granada, Colombia, Rusia