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El precio de la convertibilidad

Como una bomba de efecto retardado, el debate sobre la convertibilidad estalló en los medios de comunicación, sindicatos y partidos políticos apenas instalado el nuevo gobierno. Más allá de los intereses políticos en juego, subsisten interrogantes de fondo de angustiosa actualidad. ¿La convertibilidad conviene al país? ¿Podrá sostenerse?¿Es un remedio de emergencia o constituye un cambio duradero? ¿Cuáles son los costos de mantenerse y quiénes los pagan? ¿Cuáles los de salir y quiénes deberían pagarlos? ¿Cómo salir y cuándo? ¿Podrá superar el Mercosur su marasmo actual si Argentina sigue atada a la convertibilidad? Todas las variables de la economía argentina, menos la inflación, están en rojo: presupuesto, deuda externa, balanzas comercial, de pagos y de cuenta corriente; recesión. El mercado interno está comprimido hasta la exasperación, el desempleo y la marginalidad aumentan, la mayoría de las provincias en crisis, los mercados externos están vedados por la sobrevaluación del peso. Extremadamente dependiente de los volubles capitales externos, la convertibilidad plantea, en el fondo, el dilema de la dependencia o la soberanía; del modelo de país.

Michel Aglietta, uno de los economistas más importantes de la teoría de la regulación, señala en un reciente libro la importancia de la moneda como un elemento básico en la estructuración de las sociedades1. La Argentina de la hiperinflación, a principios de 1991, fue un buen ejemplo de esa tesis, cuando los ciudadanos asistieron impotentes a la evaporación de su sueldo y sus ahorros; una época de pánico colectivo e incertidumbre económica. El derrumbe de la moneda ya había generado en 1989 un principio de caos social (los asaltos a supermercados) y fragilizado las instituciones: el presidente Raúl Alfonsín debió ceder prematuramente su investidura. Luego, el ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, utilizó los primeros tiempos de su gestión para elaborar e instrumentar una respuesta a esa crisis: la "convertibilidad", respaldada por una ley para encausar la economía.

La Ley de Convertibilidad rige desde el 1-4-91. En sentido estricto, establece un régimen cambiario y monetario en el cual el Banco Central está obligado a comprar y vender sin restricciones los dólares que se ofrezcan y demanden, a una tasa de cambio de 1 peso por 1 dólar, fijada por ley y congelada. Además, hay un compromiso de no emisión de base monetaria más allá de una cierta proporción de las reservas internacionales, cercano a la relación de 1 dólar en las reservas contra el equivalente a 1 dólar de base monetaria.

Esta descripción escueta de la convertibilidad no alcanza para comprenderla y evaluarla en toda su magnitud. En los hechos, es mucho más que el instrumento que se utilizó para controlar la alta y persistente inflación que afectó a la Argentina en el decenio de 1980 y que culminó con las hiperinflaciones de 1989 y 1990. Ese fue su objetivo primario. Pero lo que debió haber sido una herramienta monetaria de emergencia comenzó a adquirir permanencia, al punto de convertirse en el eje del modelo neoliberal, que puede sintetizarse así: apertura externa comercial y financiera, privatizaciones, disminución sustancial de las actividades del Estado, ejecución de políticas que infundan confianza a los inversores externos. Esta ligazón entre convertibilidad y modelo se manifiesta en varias dimensiones. En particular, la convertibilidad no permite financiar los desequilibrios fiscales más que con deuda o privatizaciones; hace depender la estabilidad de precios de la entrada de importaciones baratas, así como el nivel de actividad económica se establece en función de la entrada de capitales. De allí que en la actual realidad argentina, la convertibilidad no sea sólo una forma de actuación del Banco Central, sino un modo global de conducción de la economía.

Este sistema simple genera una serie de problemas complejos. La convertibilidad implica definiciones políticas tanto internas -sobre el reparto de la riqueza y el poder- como en la articulación externa de la Argentina, en particular el endeudamiento y la integración en el Mercosur. La convertibilidad, presentada en principio como la panacea para la inflación y devenida promesa de solución de todos los problemas, implica pagar una serie de costos.

Para que la convertibilidad funcione, uno de los requisitos políticos más importantes es inutilizar los instrumentos de política económica que puedan esbozar un cambio, por más leve que sea. Esto significa la renuncia a políticas cambiaria, monetaria y financiera; tiene su aplicación a través de la "independencia" del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las comillas obedecen a que el BCRA es en efecto independiente de los demás poderes del Estado, pero no así de los grandes grupos financieros, para quienes es un resguardo y un baluarte: actúa a favor de la concentración y extranjerización del sistema bancario. En la convertibilidad, el BCRA queda reducido a una caja de conversión que emite o absorbe moneda en función de las variaciones de las reservas de divisas2. A más divisas, más moneda en circulación, a menos divisas, menos circulante. Así, al responder sólo al mercado, el gobierno pierde un instrumento sustancial de política económica

Se trata de un hecho político de trascendencia. Desde 1912 -año en que por primera vez hubo elecciones limpias en Argentina- hasta 1989, las pugnas políticas entre la industria y el campo, entre las mayores regiones urbanas y la pampa húmeda, se resolvían por elecciones entre los partidos políticos. Cuando al grupo más poderoso no le alcanzaban los votos, aparecieron el fraude electoral y los golpes de Estado. Pero el elemento decisivo era, en cualquier caso, el control de los poderes públicos, porque eran las instituciones las que incidían con fuerza en la estructura de los precios relativos.

Ahora, la situación ha cambiado. El campo y la industria han quedado relegados. Los grupos hegemónicos compuestos por las grandes empresas extranjeras y unas pocas nacionales, tienen su actividad principal en el sector servicios, en particular el financiero y los servicios públicos privatizados. Con el mecanismo automático de las reglas del mercado (que funcionan mientras no haya crisis) y el control del Banco Central con independencia del gobierno, el problema está resuelto. No importa quién gobierne; los mecanismos de política están neutralizados: ya no hacen falta generales que den golpes de Estado y no es necesario que el establishment propicie golpes de mercado; basta con los acuerdos stand-by del Fondo Monetario Internacional.

Para que el sistema funcione y no se genere un problema de sobreendeudamiento explosivo, en la convertibilidad no deben existir déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos (que incluye los saldos de mercancías, servicios reales y financieros), ni fiscal. En otras palabras, las exportaciones deben generar las divisas que aseguren el equilibrio externo. Cuando esta condición no se cumple, el sistema entra en un círculo vicioso: hay que endeudarse en divisas, provocando así mayores desequilibrios y promoviendo un efecto de "bola de nieve" que demanda siempre más entrada de capitales. Este efecto aumenta su impacto cuando el tipo de cambio continúa retrasándose por la devaluación de clientes y competidores con respecto al dólar (al que la economía está atada). Esta es la situación actual. Si no entran suficientes capitales, las importaciones caen, el producto disminuye y desciende la recaudación fiscal. De tal modo, el dilema planteado por la convertibilidad es de hierro: capitales externos en cantidad, a través del endeudamiento sin límite, o ajuste por recesión.

En la historia de la economía política el endeudamiento ilimitado no aparece como alternativa viable. Basta imaginar qué pensaría un banquero de un cliente que paga deuda con más deuda o, peor aún, si paga sus intereses con más dinero prestado. Mientras el negocio sea beneficioso para el banquero, puede funcionar un tiempo. Pero no hay nada más miedoso que el dinero, más desconfiado que un (buen) banquero, más sospechoso que un deudor que toma más deuda como si no hubiese mañana. El señor Ponzi, un respetable irresponsable estadounidense, practicó en los años ´20 la "gimnasia financiera" de endeudarse, después pedir créditos mayores para pagar los intereses de la deuda anterior y disponer del saldo, operación que repitió tantas veces como pudo, antes de desplomarse en la insolvencia y la quiebra. El economista Hyman Minsky bautizó esta situación como la Ponzi finance, en homenaje al insolvente. En el caso de Argentina, como en el de Ponzi, puede resultar trágico confundir timba financiera con piedra filosofal.

Aunque no es en el terreno filosófico, sino más bien en el psicológico que la convertibilidad ha tenido éxito. En efecto, permite creer que la moneda nacional tiene respaldo en reservas internacionales. Los ciudadanos creen en la existencia de ese sostén para su salario y ahorro: "un peso vale un dólar"; "se puede cambiar cuando uno quiera"; frases tan comunes como los comentarios sobre el clima, pero que no se corresponden con la realidad.

Lo que está garantizado con las reservas es sólo la moneda circulante y los depósitos de los bancos en el Banco Central. ¿Qué pasa entonces con los depósitos bancarios, de ahorro, plazo fijo y cuenta corriente? Pues este es un problema de los bancos que reciben esos depósitos y responderán por ellos en la medida de su solvencia, como en cualquier otra sociedad del mundo…

En marzo de 1999, las reservas internacionales argentinas eran de 23.600 millones de dólares, que respaldaban 14.500 millones de pesos de circulante, así como 9.100 millones de pasivos del BCRA con los bancos. No estaban cubiertos los depósitos bancarios en pesos, que eran de 34.400 millones y no están comprendidos en la ley de convertibilidad, ya que son responsabilidad de los bancos. La experiencia del "efecto tequila" mostró que quienes van a demandar dólares no lo hacen con la moneda circulante, que necesitan para vivir, sino con los depósitos bancarios, que son, vaya casualidad, los que no tienen respaldo3.

En el cuadro 1, que resume diversos rubros de la entrada y salidas de capital, se advierte la magnitud del movimiento de capitales que se proyecta para el período 1999-2002 y la gravedad de la situación argentina. En efecto, si se dejan de lado las amortizaciones de la deuda externa que se refinancian, se advierte una suma elevada de intereses (que oscila alrededor de los 12.000 millones de dólares anuales) y sobre todo la duplicación en tres años de las remesas de utilidades y dividendos, que pasa de 2.400 millones de dólares en 1999 a 5.100 millones en 2002. De tal modo, el compromiso de transferencias directas y líquidas es de más del 40% del total de las exportaciones.

La economía de la convertibilidad funcionó en los primeros años porque entraron suficientes capitales para financiarla. Primero fueron las privatizaciones y después la inversión directa extranjera, pero cuando se fueron agotando esos recursos empezó a crecer la parte del endeudamiento externo en el financiamiento de la convertibilidad. Ahora, con un tipo de cambio sobrevaluado que actúa como subsidio a las importaciones; con las empresas extranjeras con su fuerte vocación importadora como ejes del aparato productivo y con un déficit estructural en la cuenta corriente de la balanza de pagos (en 1998, de 14.500 millones de dólares), no se vislumbra cómo puede cambiar la situación.

La necesidad imperiosa de allegar fondos externos para alimentar a la insaciable convertibilidad lleva al aumento permanente de la deuda externa. Así como la deuda externa del período militar fue contraida para financiar la evasión de capitales, pagar intereses y comprar armas4, la actual es un requisito para el mantenimiento de un modelo económico que requiere una entrada permanente y creciente de capitales. Como el saldo de mercancías, servicios y rentas de la inversión genera déficit y no existen instrumentos de política cambiaria, para mantener la convertibilidad no hay más salida que el endeudamiento.

La convertibilidad ha provocado la subordinación de la política fiscal y presupuestaria a las necesidades de pago de la deuda externa… lo que genera un fuerte endeudamiento. Es como si alguien programara el gasto de sus ingresos en función del pago de su deuda, en tanto concibe nuevas maneras para endeudarse aún más. Peor aún: como si alguien vendiera su casa y se fuera a vivir a un hotel "cinco estrellas". Vivirá muy bien mientras le dure el dinero; después, el hotelero lo sacará a la calle. Se trata de un sistema que se encarece constantemente: la deuda externa pasó de 60.000 millones de dólares en 1990 a 140.000 millones en 1999. A este aumento deben sumarse los ingresos por privatizaciones, que fueron de 26.300 millones. En definitiva, se gastaron 106.300 millones de dólares.

Asimismo, existe una influencia directa sobre el presupuesto nacional. En 1999, los pagos por intereses de la deuda externa ascendieron a 8.663 millones de dólares, el 17% del total de gastos de la administración nacional. Debe aclararse que los pagos por intereses constituyen pagos corrientes del gobierno, que deben ser generados por recursos genuinos y que desde el punto de vista presupuestario tienen la misma naturaleza que los gastos en sueldos, salarios y seguridad social. De tal modo, el 17% de intereses redunda en mayores impuestos, en menores gastos en otros rubros… o en mayor deuda.

Esta cifra supera en 30% el gasto en personal de toda la administración nacional, que es de 6.636 millones de dólares. Conviene entonces dedicar un pensamiento emocionado a aquellos analistas económicos o peor, decisores políticos, que insisten en que todo el mal viene del alto costo de los empleados públicos. No es cuestión de defender el clientelismo político, que durante décadas ha atiborrado de holgazanes e ineptos el aparato de Estado, pero es más fácil pedir la expulsión de los empleados públicos que atacar las causas del déficit.

En cuanto a las consecuencias políticas, se manifiestan en las condicionalidades incluidas en los acuerdos stand-by con el FMI, de donde surgen dos secuelas principales. En primer lugar determinan la orientación general de la política económica; luego, inciden sobre la estructura del poder.

Hace tiempo ya que las misiones del FMI no tienen como eje el examen de las posibilidades del repago de los préstamos externos: ahora imponen medidas de política, tales como la estructura del presupuesto nacional, la privatización de empresas y de bancos5, el desmantelamiento de proyectos no gratos a Estados Unidos, la flexibilización laboral. El FMI insiste sobre la flexibilidad laboral y el ajuste del sector público, pero dice poco (o nada) sobre el sector externo y el impacto del endeudamiento creciente sobre la economía argentina.

Para considerar la influencia del FMI en las decisiones fundamentales, así como en el día a día de la política argentina, valgan las declaraciones del viceministro de Trabajo del nuevo gobierno, Jorge Sappia. A la pregunta: "¿Por qué la Alianza se propone llevar el período de prueba a seis meses, sin derecho a la indemnización de despido?", la respuesta fue: "Porque lo pide el FMI"6.

Es evidente que no se trata de los requerimientos normales, aun imperativos, de un acreedor ansioso. Son cuestiones que hacen a la autonomía nacional, que quedan en manos de funcionarios menores del FMI y que nada tienen que ver con repagos de deudas. En el plano personal, es normal que el gerente de un banco pida al deudor la justificación de sus ingresos. Pero ¿qué pensaría el cliente si el banco le ordenara que mande a sus hijos a determinados colegios, se haga hincha de tal club de fútbol, le venda la casa y el auto (baratos) a un amigo (del banco), lo obligue a comer sólo una vez por día y le exija que su esposa se acorte la falda? Las condiciones impuestas por el FMI no sólo afectan a la política económica, sino también a la distribución del poder. Consolidan el proceso de concentración y transferencia del poder económico, hacen viables determinadas políticas y abortan cualquier opción autónoma, de mediano o largo plazo.

Por otra parte, todas estas recetas son recesivas. La historia mundial hubiera cambiado si el FMI hubiera existido en 1930 e impuesto su política durante la Gran Depresión. En ese momento, la política de ajuste era la que aplicaba el presidente estadounidense Herbert Hoover, quien confundía obstinación con decisión y adustez con rigor en el análisis, mientras caminaba con gran decisión hacia el desastre.

Por suerte para Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt aplicó la política opuesta, la de reactivación, sobre la base de una fuerte expansión del gasto público y ¡horror! del déficit fiscal. Así comenzó ese país a salir de la depresión. En la Argentina ocurrió un fenómeno paralelo: la política recesiva de ajuste del ministro Alberto Hueyo (1932-1933), fue reemplazada por la política expansiva de Federico Pinedo (1933-1935) quien además ¡horror bis! creó juntas reguladoras de la actividad económica. Los analistas económicos argentinos de la actualidad están como Hoover durante la crisis de 1930: repitiendo que la prosperidad está a la vuelta de la esquina.

Todo el poder al establishment

La aplicación de la convertibilidad y de las medidas conexas del modelo económico provocaron un aumento explosivo de la desocupación7. La rápida apertura de la economía, la subvención a las importaciones (que surge de la sobrevaluación del peso), los menores requerimientos de mano de obra por el aumento de la productividad, la redistribución regresiva del ingreso que contrajo la demanda de bienes-salario (que en general son intensivos en mano de obra), el difícil acceso al crédito para las PyMES y el hecho de que gran parte de las nuevas inversiones se realizaran en empresas ya existentes. Este conjunto de factores generó la desocupación. Algunos son muy negativos en sí mismos y otros por la forma en que se los instrumentó. Un grupo de empresas aumentó sustancialmente su productividad -las privatizadas y las adquiridas por el capital extranjero- mientras otras desaparecían o se hacía precario el empleo y bajaban las remuneraciones, con condiciones muy adversas para su funcionamiento y modernización.

La sobrevaluación del peso y la apertura económica abrupta y sin defensas, barrieron a las PyMES. Por supuesto, no se trata de defender la ineficiencia productiva, cuando la hay; pero mucho más ineficiente en términos de la economía global es mandar a la quiebra a una masa de pequeños y medianos productores y a la desocupación a sus obreros y empleados.

En agosto de 1999 los desocupados llegaban al 14,5% de la población económicamente activa y los subocupados al 14,9%. Es decir, que casi el 30% de la población en edad de trabajar tiene problemas de ocupación. Estos porcentajes abstractos tienen personas concretas detrás: se trata de 1.900.000 desocupados y 2.000.000 de subocupados. Al principio de la convertibilidad, en octubre de 1991 había 6% de desocupados y 7,9% de subocupados, es decir, 695.000 y 869.000 personas.

La flexibilización laboral más eficaz se implantó de hecho. El desocupado o subocupado suele aceptar "empleos basura" y la docilidad de los ocupados es simétrica al temor al desempleo. Así se comprende que la desocupación no sea resultado del supuesto alto precio de la mano de obra nacional, ni de la inflexibilidad de las relaciones laborales, sino otro costo de la convertibilidad. Con un tipo de cambio fijo, se ajusta por nivel de actividad. Toda crisis externa impacta sobre el empleo.

Por otro lado, uno de los inconfesos objetivos de fondo de la convertibilidad es la consolidación del poder económico del establishment. Los esfuerzos por alejar para siempre el riesgo de un control de la economía por las instituciones democráticas se intensificaron a partir de 1976, en base al concepto de que la democracia capitalista es el gobierno de los grandes grupos económicos, aunque, como es obvio, sean minoría. No debe permitirse que la mayoría de la gente decida sobre la política económica, a través de las instituciones republicanas. Esta ofensiva culmina con la convertibilidad, que implantó en Argentina una apertura sin inteligencia que costó la destrucción de miles de PyMES y la renuncia a la política económica; neutralizó al Banco Central; impulsó la privatización generalizada -en algunos casos muy desventajosa- de empresas públicas; dio nuevos y exclusivos dueños a la renta de los recursos naturales y entregó una masa de usuarios cautivos a diversos monopolios u oligopolios con ganancias garantizadas.

Veamos los hechos. Hasta 1995, el proceso de privatizaciones provocó modificaciones consistentes en el avance de las asociaciones de grupos económicos nacionales con conglomerados de capital extranjero y empresas extranjeras. Este grupo, que no existía antes de las privatizaciones, concentraba en 1995 el 20% de las ventas y el 30% de los beneficios de las doscientas empresas más grandes del país. Después de 1995, cuando estaba casi agotado el proceso de privatizaciones, se produjeron importantes operaciones de compra de bancos y empresas privadas nacionales grandes por empresas extranjeras. Ahora son de propiedad extranjera la casi totalidad de los bancos privados más importantes y el Banco Hipotecario Nacional; en el sector industrial y de servicios quedan muy pocas empresas nacionales grandes. El poder económico reside ahora casi íntegramente en grupos extranjeros. Este es el nuevo establishment. Nació en 1976 con Alfredo Martínez de Hoz, y hoy se plantea como dueño del país.

¿Qué significa la convertibilidad?

Ante la explosiva situación de 1991, podían haberse elegido varios métodos de lucha antinflacionaria, cada uno con sus beneficiarios y perjudicados. Se eligió la convertibilidad y obtuvo un resultado de indudable trascendencia: la estabilización de precios. Para su implantación se procuró aprovechar las condiciones existentes en 1991: indexación de los precios sobre el tipo de cambio, capacidad ociosa, excedente comercial y, sobre todo, abundante oferta de capitales externos. Estos elementos permitieron fijar el tipo de cambio, estabilizar los precios, reactivar la economía y aumentar la recaudación impositiva8.

El mecanismo funcionó con éxito ante la inflación, pero la convertibilidad es desde entonces promocionada como sinónimo de estabilidad, que no es lo mismo. En modo alguno se logró la estabilidad de la economía real. Argentina es el país latinoamericano con mayor variabilidad de su Producto Bruto Interno en los años noventa. Todas las variables, menos la inflación, están en rojo: presupuesto, deuda externa, balanzas comercial, de pagos, de cuenta corriente, recesión… El mercado interno está comprimido hasta la exasperación, la mayoría de las provincias en crisis, los mercados externos están vedados por la sobrevaluación del peso. La inestabilidad de la economía real tiene costos elevados, puesto que incrementa la incertidumbre, inhibe la inversión y genera una sucesión de booms y de crisis. Durante los booms se acumulan proyectos y deudas que se vuelven inviables o impagables durante la depresión; cada vez que se cierra una fábrica o que una persona pierde su trabajo se pierden capital físico y humano y conocimientos acumulados.

En 1991 nadie pensó en el precio a pagar. Esto se manifestó después, cuando a la euforia inicial siguieron los problemas, y los interrogantes: ¿cuánto dura la convertibilidad? ¿Es un remedio de emergencia o constituye un cambio duradero?

Cuando se implantó, rompió las expectativas inflacionarias y cumplió con sus finalidades. Después, ¿debía volverse a una política monetaria activa, con prestamista en última instancia y recuperación del manejo de la política cambiaria, o se estaba frente a un sistema durable, apto para regir de modo automático la política monetaria? La respuesta la dieron los hechos: nueve años de convertibilidad, elevada a la jerarquía de tótem. Se cumple así con la premisa de Henry Simons, para quien "es necesario diseñar y establecer un sistema monetario lo bastante bueno como para poder, a partir de ese momento, aferrarnos a él irracionalmente -por la fe- como a una religión"9.

Esto es lo que ocurre ahora, cuando ya no existen las condiciones iniciales y la convertibilidad se ha convertido en un laberinto inextricable10, pero funcional a las necesidades del establishment, ya que sus principales puntales son aquellos que se benefician con el tipo de cambio de un peso por un dólar. En primer término, las empresas que remiten al exterior intereses y utilidades ganados en la Argentina: es el caso, sobre todo, de las empresas privatizadas, cuyas utilidades en pesos le permitieron aprovechar su sobrevaluación. En 1998, los intereses pagados fueron de 10.188 millones de dólares, y las utilidades y dividendos pagados, de 3.248 millones11. Las proyecciones para el cuatrienio siguiente figuran en el cuadro 1 y marcan, en conjunto, un aumento de 13.500 millones en 1999 a 17.200 millones en 2002. En segundo término se beneficiaron los importadores; los grupos financieros, en especial los fondos de inversión en dólares; el 10% de la población con capacidad de ahorro.

Debilitado el poder del Estado y destruidos sus mecanismos operativos, eliminadas las empresas públicas, captada en su provecho la renta de los recursos naturales y convertidos los ciudadanos en sus usuarios cautivos, la clase dirigente actúa a través de la convertibilidad con notable coherencia en el manejo de sus intereses. El establishment restableció, para su provecho absoluto, ese lazo social fundamental que es la moneda.

De allí que toda propuesta para salir del laberinto de la convertibilidad, desde la reactivación del mercado interno hasta la devaluación, es presentada como una herejía. La convertibilidad se convierte en un tótem, todos sus defectos son tabú. Las preguntas quedan sin respuesta, el pensamiento mágico en economía arrasa con las decisiones de fondo y los analistas mediáticos del establishment son como personajes de Molière, esos médicos que sólo atinaban a sangrar y purgar al enfermo, aunque estuviese anémico.

  1. Michel Aglietta, Régulation et crises du capitalisme, Ed. Odile Jacob, París, 1997.
  2. Los países o economías que tienen un régimen monetario de caja de conversión son Bermudas, Bulgaria, Brunei, Estonia, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Malvinas, Gibraltar, Hong Kong y Lituania. Se trata sobre todo de países pequeños, la mayoría de los cuales son colonias.
  3. Ver Gabriel Grinberg, El polvorín bancario mexicano", Le Monde diplomatique, Ed. Cono Sur, Nº 3, septiembre de 1999.
  4. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en el período 1975-1983 existieron tres grandes causas de endeudamiento: el 44% corresponde al financiamiento de la evasión de capitales por parte de agentes privados, nacionales y extranjeros; el 33% se utilizó para pagar intereses a la banca extranjera; y el 23% se destinó a la compra de armas y otras importaciones no registradas. (Véase Banco Mundial, Economic Memorandum on Argentina, Washington, D.C., 22 de junio de 1984, págs. 17 a 19. Para realizar las importaciones normales bastaba con los recursos obtenidos de las exportaciones.
  5. Hay una presión constante del Fondo Monetario Internacional por la privatización del Banco de la Nación. ¿Estarán en el negocio de transferirlo a grupos financieros adictos, como le vendieron al Sr. George Soros el Banco Hipotecario Nacional?
  6. Entrevista en Clarín, Buenos Aires, 13-1-00.
  7. Véase Alejandro B. Rofman, Convertibilidad y desocupación en la Argentina de los 90. Análisis de una relación inseparable, Colección CEA-CBC, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1997.
  8. Véase Alfredo F. Calcagno, "El régimen de convertibilidad y el sistema bancario en la Argentina", en Revista de la CEPAL, nº 61, abril de 1997, Santiago de Chile, pág. 87.
  9. Henry Simons, "Rules vs. authorities in monetary policy", Journal of Political Economy, vol. 44, Chicago, Illinois, University of Chicago Press, febrero de 1936.
  10. El senador oficialista Leopoldo Moreau afirmó que "salir de la convertibilidad es un disparate, pero mantenernos en estas condiciones también es un disparate". Entrevista en Página 12, Buenos Aires, 24-1-00.
  11. Véase Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Estimaciones trimestrales del balance de pagos y de activos y pasivos externos, 1998 y primeros tres trimestres de 1999.

El deterioro del Mercosur

La situación de la integración regional es grave. Si existe algún consenso en cuanto a la globalización, es el que afirma la importancia de la formación y desarrollo de bloques regionales, tales como la Unión Europea o el ALCA. Sin embargo, la posibilidad para la Argentina de avanzar en el Mercosur está impedida por la propia naturaleza de la convertibilidad.

Existen varias razones que justifican la necesidad estratégica de asociarse entre iguales en el contexto del Mercosur, sin subordinación a potencias hegemónicas. El Mercosur es el ámbito natural en el que se pueden ampliar los mercados, desarrollar la industria y generar empleos de mejor calidad. De allí la necesidad de impulsar su perfeccionamiento, en los ámbitos económico, político y cultural. Si consideramos el aspecto económico, las posibilidades de complementación entre los países que lo componen dependen de una serie de consensos básicos, que pasan por la coordinación de políticas económicas.

Pero la convertibilidad argentina impide, en los hechos y más allá de las voluntades integracionistas, cualquier avance sustantivo. Primero, porque el gobierno argentino ha renunciado a los instrumentos de política cambiaria, monetaria y financiera, con lo cual no puede actuar ni en favor ni en contra de la coordinación. Segundo, porque la inflexibilidad del régimen cambiario impide adecuarlo a las necesidades conjuntas de los cuatro países, así como hace imposible la elaboración de una política cambiaria común.

Aquí observamos el impacto que la convertibilidad alcanza en el ámbito internacional, así como la profunda relación que existe entre política interna y política exterior: no es posible elaborar un proyecto de desarrollo regional sin coordinación de política económica, porque no es posible coordinar aquello que no se maneja.


Proyecto de ley de indemnidad

No habrá escapado al lector el comportamiento del bloque dominante en la Argentina, del llamado establishment. Afirma su poder en los mecanismos reales de diseño, organización e instrumentación de decisiones, con la indiferencia, aquiescencia o complicidad de la clase política. Es una condición fundamental para la reproducción y profundización de su dominio que todos los resortes del poder se encuentren lejos de cualquier institución que dependa de modo directo o indirecto de la voluntad popular, ya se trate del poder ejecutivo, el legislativo o el judicial.

Así se castró al Banco Central. Esto va para el ejecutivo. Pero falta asegurar el frente legislativo y en particular el judicial. Así es como se gesta en estos momentos un proyecto de ley sobre indemnidad, que quiere decir "estado o situación del que está libre de daño o perjuicio", según la Real Academia. Pero si la ley es aprobada, significará que en Argentina la justicia no podrá revisar las decisiones de la superintendencia de bancos del Banco Central sobre entidades financieras ni juzgar a quienes las adopten (con excepción de los casos de dolo o negligencia grave). Este privilegio cobijará también a los funcionarios y las resoluciones de las superintendencias de aseguradoras de riesgos del trabajo, de seguros y de las AFJP.

El argumento esgrimido es que tales funcionarios deben adoptar resoluciones que dependen de su arbitrio personal, sin puntos de referencia claros, tales como salvataje de bancos; y que entonces hay que protegerlos frente a las eventuales responsabilidades civiles y penales. Se trata de una medida impulsada por el establishment financiero en general y por el Banco Mundial en particular.

Con tales padrinos, acaso sea permitido dudar sobre su contribución al bien común. Porque se trata a la vez de una aberración jurídica y de una inmoralidad. Es inconstitucional que se establezca una categoría de ciudadanos que no puedan ser juzgados y que se sustraigan a la justicia una serie de actos de trascendencia pública y de enormes implicancias económicas. Basta pensar en la magnitud de las sumas comprometidas. En México, por ejemplo, el salvataje bancario realizado durante la crisis de 1994/1995, le costó al organismo estatal Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) la bonita suma de 60.000 millones de dólares. Si se aplicara el criterio de la indemnidad a casos análogos, nada podrá hacerse frente a la evaporación de tales sumas.

Los partidarios de esta ley alegan que se trata de evitar que esos funcionarios incurran en gastos por los eventuales juicios. Es un argumento de mala fe: quien acepta tales funciones sabe cuáles son las reglas del juego y los riesgos (¿o acaso hay mercado sólo cuando conviene?). La defensa de los funcionarios puede asegurarse a través de un Defensor Oficial, o establecer un seguro de asesoramiento legal a cargo del empleador, tal como la ley de Estados Unidos obliga a hacerlo con los directores de sociedades anónimas. De tal modo, no tendrá que pagar abogados si le hacen juicio. Pero de allí a la indemnidad -que tiene un no sé qué de parecido con impunidad- hay un largo trecho.

En cuanto a las medidas concretas que se adopten, no se advierte por qué no pueden ser revisadas por la justicia. Si se requiere más celeridad, o que se contemplen situaciones especiales, se pueden modificar los procedimientos, pero no eliminar el recurso a la justicia. ¿O acaso se están creando fueros especiales para los bancos y los banqueros? Un esfuerzo más y se llegará al Código de Justicia para Banqueros. Uno de los progresos indiscutidos de la modernidad política fue la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, aunque en la Argentina de hoy existen tantos fueros como privilegios. Lo grave, acaso sin retorno, es inscribirlo como ley de la República. Entramos con orgullo en la era del ciber-feudalismo.

La realidad parece no respetar ninguno de los ámbitos de la ficción; poco queda para los autores de estilo gótico, los maestros de la novela policial, la destreza de los escritores de cuentos de terror.


¿Se abrirían las puertas a la inflación?

Uno de los principales argumentos para mantener la convertibilidad con tipo de cambio fijo es el temor a la devaluación, que abriría otra vez las puertas a la inflación y arruinaría a quienes tienen deudas en dólares. La devaluación es un tema tabú y muy pocos osan plantearlo. El establishment ha sentenciado: el mercado debe regirlo todo, menos el tipo de cambio. Sin embargo, el tema debe analizarse en detalle.

Ante todo debe aclararse que la devaluación no es un acto aislado, sino un instrumento de política que puede servir a distintos modelos globales. El modelo global que adopta normalmente un país democrático desarrollado comporta objetivos de desarrollo acelerado, mejor distribución de la riqueza y el ingreso, industrialización, integración regional, autonomía nacional para decidir. Dentro de este esquema, el tipo de cambio es una variable subordinada; por eso, ante todo, hay que discutir el modelo y determinar cuál es el tipo de cambio más adecuado para lograr sus fines: podrá ser el que establezca el mercado, si se adopta un modelo "libremercadista", o el que fije el gobierno, si el modelo fuera de economía mixta. En la práctica, lo normal es un compromiso: ni el modelo librecambista es en todo libre (aun en esquemas de flotación formalmente libre el gobierno influye con sus compras y ventas en el mercado de divisas y con su política de tasa de interés), ni el gobierno puede ignorar la situación de la balanza de pagos al anunciar un tipo de cambio.

Existen tres argumentos básicos que se esgrimen para mantener la paridad peso-dólar. Primero, las exportaciones argentinas son competitivas con este tipo de cambio (el peso no está sobrevaluado, la paridad es real); segundo, los deudores en dólares no podrán pagar y quebrará el sistema bancario; tercero, se desatará la inflación, por el viejo hábito empresario de ajustar todos los precios por el dólar. Estos argumentos merecen explicación.

Primero: ¿Existe sobrevaluación del peso con respecto a las demás monedas? El último informe anual de CEPAL indica que entre 1991 y 1999 se sobrevaluó 30%.1 Pero eso no es todo. En el último quinquenio, la mayoría de los países devaluó su tipo de cambio con respecto al dólar; algunos de esos casos se muestran en el cuadro 2. Por la influencia que tiene sobre la Argentina, sobresale el caso de Brasil. Basta ver la cantidad de productos importados que sustituyen a producciones tradicionales argentinas, aun en el sector alimenticio, para entender la pertinencia de ese criterio. En cuanto a las posibilidades de exportación, son los mismos empresarios los que señalan sus dificultades cotidianas.

Segundo: los deudores en dólares. Aquí debe reafirmarse el carácter de instrumento técnico que tiene el tipo de cambio. Su significado político -en particular, quién paga los costos de una devaluación- lo fija el gobierno. Si se decide que el perjudicado sea el acreedor local, se establecerá que las obligaciones en dólares se cancelarán al tipo de cambio vigente en el momento en que se contrajeron; si, por el contrario, no se indica nada, el perjudicado será el deudor. Entre estos extremos, existe una amplia gama posible de desagios. Por otra parte, muchos deudores en dólares también tienen acreencias en esa moneda.

Tercero: la inflación. En primer lugar, la devaluación implica un cambio en los precios relativos y deben estudiarse en profundidad las consecuencias de cada una de las medidas a adoptar. Los cambios en los precios relativos favorecieron la rápida recuperación de la industria en Brasil y en Asia del Sudeste. En todos los países, la inflación producida por la devaluación no constituyó la catástrofe esperada, ni la ruina de esos países (ver Cuadro 3).

En Argentina no es difícil determinar si el hábito de la estabilidad de precios del decenio 1990 prevalecería sobre el viejo reflejo empresario de cargar la devaluación a los precios; si influiría la recesión y qué medidas complementarias habría que adoptar para que los perjudicados no resulten los asalariados. La dolarización total, con la desaparición del peso, tendría graves consecuencias. Supone la convertibilidad eterna, una vez agotadas sus ventajas y cuando hay que pagar el precio, cada vez más alto. Además implica la desaparición de la banca argentina, pública y privada, porque el Banco Central no produce dólares y la Reserva Federal de Estados Unidos no está dispuesta a convertirse en prestamista en última instancia de la banca argentina. En consecuencia, cada banco debería tener su propio prestamista de última instancia que lo provea de dólares, requisito que sólo cumple la banca extranjera, aunque no es seguro que las casas matrices lo hagan.

  1. El ndice del tipo de cambio real efectivo de las importaciones", con 1995=100, pasa de 116,3 en 1991 a 89,4 en 1999. Este índice "corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real de la moneda de cada país con respecto a las monedas de los principales países con que cada país tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las importaciones de esos países. Las ponderaciones corresponden al periodo 1992-1996. En todos los países se usaron índices de precios al consumidor". Balance preliminar de la economía de America Latina y el Caribe 1999, CEPAL, Santiago de Chile.


Políticas ante la devaluación

Frente a la devaluación, hay tres políticas posibles. Un ejercicio de "devaluación-ficción" permite atisbar qué le ocurriría al ciudadano común en cada caso.

Si no se devalúa y la situación sigue como hasta ahora, para crecer serán necesarios más préstamos externos, del orden de los 20.000 millones de dólares anuales y la refinanciación de los vencimientos por amortizaciones (otros 12.000 millones por año). Se continuarán pagando, tal vez agravados, los precios de la convertibilidad, sobre todo el 15% de desocupación abierta y otro tanto de subocupación; pero la situación estará bajo control.

Ahora bien: ¿qué ocurrirá si no siguen entrando capitales en la magnitud requerida y ya no hay más empresas públicas que vender? Pues entonces se ajustará por recesión: caerán las importaciones y el PBI, se multiplicará la desocupación, se irá a una deflación, disminuirá la recaudación fiscal y Dios dirá. En esta situación, los grupos de menores ingresos, en especial los desocupados, la pasarán muy mal y se corre el riesgo de un descontrol económico, social y político. Quienes sostienen la posición de no devaluación suponen que no habrá dificultades para conseguir los 20.000 millones por año y que la gente aguantará la continuación de la situación actual; además temen el descontrol que podría generar una devaluación. Por eso, prefieren "hacer la plancha", sin riesgos inminentes.

La segunda hipótesis es la de devaluación como resultado del agotamiento de las reservas, tras enfrentar una corrida con más endeudamiento y subida de la tasa de interés. Es la peor, y conduciría a una catástrofe segura. El problema es que en gran parte depende de condiciones externas, que ningún gobierno controla.

La tercera situación consiste en elaborar una nueva política global, con margen de reservas, capacidad fiscal y créditos. Dentro de ese esquema hacer jugar el tipo de cambio adecuado, que dependerá de las características del nuevo modelo. La alternativa de devaluar o no, como eje de una política económica, está mal planteada. El tipo de cambio es un instrumento, jamás un objetivo. Lo que importa es el modelo global; si es neoliberal, las consecuencias serán parecidas con cualquier tipo de cambio.

Dentro de esa nueva política podrían aplicarse otros instrumentos diferentes de la devaluación, que sirvan, por ejemplo, para frenar importaciones, tales como un aumento importante y selectivo de los aranceles. Según los compromisos asumidos con la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la mayor parte de los productos que importa la Argentina se les puede fijar una tasa de hasta 35% sin contravenir los compromisos ya asumidos. En la actualidad, la tasa promedio se sitúa en torno al 14%. Existe por lo tanto un margen de maniobra menos estrecho de lo expresado oficialmente, más real que imaginario.

En cuanto a la mayor preocupación genuina de gran parte de la población que tiene deudas en dólares (que van desde la hipoteca de la casa hasta el electrodoméstico), se trata de una decisión política: es el gobierno el que debe decidir quién paga y en qué medida, los costos de la devaluación. En un caso se puede establecer que el tipo de cambio es el del momento en que se cerró la operación; en el otro, el de después de la devaluación. Claro que esta decisión política tiene fuertes consecuencias en términos de solvencia del sistema bancario. Este es un tema de análisis y discusión.

En cualquier caso el problema es muy serio y asombra que no existan grupos de economistas, políticos y sociólogos que estudien los diversos escenarios posibles y propongan alternativas (si no por previsión, al menos por curiosidad). Tal vez temen ofender un tabú, cuyo tótem representa intereses muy concretos….


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 8 - Febrero 2000
Páginas:1, 4, 5, 6, 7
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Privatizaciones, Estado (Política), Mercosur y ALCA, Políticas Locales
Países Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Bermudas, Caimán, Chile, Brunei, Bulgaria, Estonia (ex URSS), Francia, Lituania